Comunicado de CGT a todas las empleadas y empleados públicos

Publicada el 13 noviembre, 2014 por SPMujer

Una reflexión crítica y autocrítica sobre nuestra contribución a la transformación social.

No seremos nosotros los que defendamos, desde nuestra posición libertaria anarcosindicalista, la necesidad de mantener una estructura de Estado, pero sí la obligatoriedad de dotar a la sociedad libre, compuesta de hombres y mujeres libres, de una forma de administrar los bienes y servicios que son de propiedad (todos deberían serlo) colectiva o comunitaria. A esta forma la llamamos Administración Pública y las personas que, a pesar de todo, conseguimos que funcione, trabajadores y trabajadoras públicos.

Pues bien, este colectivo de trabajadoras y trabajadores, que consideramos una suerte tener la ocupación de contribuir a la felicidad de nuestros conciudadanos, padecemos una severa desgracia: estar a las órdenes de una cohorte de corruptos y gangsters que atesoran sus infames fortunas negociando con los bienes comunes, con el capital colectivo del pueblo, con la venta de unas propiedades que son de uso común y con la cesión a empresas particulares de la gestión de organismos públicos, empresas de las que también se llevan su buen pellizco ¿Con qué derecho estos ladrones se apropian de unos bienes que pertenecen a todos, y con qué derecho negocian con ellos esos charlatanes encorbatados y sempiternamente sonrientes? Por lo menos, ya sabemos de qué se estaban riendo esos hijos de puta; la última redada, en la que han caído más de cincuenta -y son sólo la punta del iceberg- lo corrobora: de nosotros, de todos nosotros.

¿Tendremos la culpa de algo? Que no nos quepa la menor duda. Tenemos la culpa de haberlos dejado llegar hasta ahí, de haberlos votado y de tratarlos como si fueran grandes señores; tenemos la culpa de haber delegado en esos granujas nuestro poder, de desentendernos de nuestro futuro. Y así nos va. “El precio de desentendernos de la política es ser gobernado por los peores hombres” (Platón)

Pero ya tenemos suficientes pruebas que nos demuestran el tipo de gentuza a la que hemos estado sirviendo. Y, reconozcámoslo, no ha sido al pueblo que nos paga, ha sido a ellos, a los mismos que nos han robado derechos laborales y el 28% de nuestro poder adquisitivo más pagas extras.

Sí, hace tiempo que venimos uniéndonos a las reivindicaciones ciudadanas (Salud, Educación y Cultura, Justicia, Vivienda, etc) pero es hora, también, de convertirse en pueblo, de dejar de ver como un privilegio trabajar para la Administración Pública y verlo como un servicio a la Comunidad, a ese pueblo que ha comenzado a rebelarse contra esos corruptos que, además, son tan ignorantes que no conocen ideas que ya se daban en el Renacimiento: “Un príncipe jamás podrá dominar a un pueblo cuando lo tenga por enemigo” (Maquiavelo) y que maduran con los ideólogos de la Revolución Francesa antes de que se aburguesara: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo el más sagrado e indispensable de los deberes”(Robespierre)

Pero la revolución se aburguesó y, con ella, los llamados a defender y administrar la propiedad común. “Hoy, el Poder Público viene a ser pura y simplemente, el Consejo de Administración de la clase burguesa” (K. Marx)

Y ese Poder Público tenía sus empleados públicos, esas personas que estaban en contacto directo con los ciudadanos y otorgaban o denegaban, en función de preferencias, amistades, relaciones familiares e, incluso sobornos, determinadas prebendas. Estos empleados públicos, además, estaban juramentados con las diversas opciones políticas del momento con el fin de asegurarse el puesto cuando su partido alcanzara el poder. Costó mucho que este método de selección de personal se sustituyera por el de publicidad, mérito y capacidad, tanto que, aún hoy, la designación a dedo y los despidos y ceses arbitrarios se siguen contando por centenares y hasta por miles.

Costó mucho y sigue costando que un empleado público no considere su trabajo como parte de su propiedad privada. Como cualquier otro trabajador debe considerar el desempeño de su función como propio, pero no el trabajo en sí, porque “La propiedad es un robo” (Proudhon) y siempre sale del despojo de los otros. Una vez dicho esto y asumido su significado, tenemos que comprender que nuestro puesto, nuestra lucha, está en el mismo lado que lo tiene toda la demás clase obrera, porque de ella somos y a ella nos debemos. “El Viejo Mundo está en proceso de disolución. Uno sólo puede cambiarlo a través de una revolución integral de las ideas y los corazones” (Proudhon)

Es por esto que, al igual que en el resto de producciones (industrial, agrícola, de servicios) “toda nuestra producción es un contrasentido. “Al negocio no le interesan las necesidades sociales, sólo trata de aumentar las ganancias del negociante. Por eso la industria fluctúa constantemente y está en una crisis crónica” (Kropotkin)

Sí, aquí es donde hemos ido a parar, a que la Administración Pública sea considerada como un negocio por políticos corruptos, altos ejecutivos, cargos nombrados a dedo y otros ladrones que, bajo el amparo de un sistema “democrático”-burgués, y, por tanto, nacido del latrocinio propio de su clase -que se nutre del esfuerzo de los asalariados- se han apropiado de los bienes comunes para sacar de ellos beneficios económicos ilegítimos. Es decir, el auténtico sentido solidario de la propiedad pública ha sido anulado para enriquecer a unos pocos. “La libertad no puede ser realizada más que en sociedad, y sólo en la más estrecha igualdad y solidaridad de cada uno con todos” (Bakunin)

Esta ley solidaria de cooperación (muy superior a la de la competencia) nos la enseña ya la Madre Naturaleza, a la que no le hacen falta complejos Estados jerárquicos para conseguir sus fines. “La gran desgracia es que una gran parte de leyes naturales, ya constatadas por la ciencia, permanecen desconocidas por las masas populares gracias al cuidado de los gobiernos y la iglesia” (Bakunin).

Insistimos en que desde este sindicato anarcosindicalista no queremos, de ningún modo, defender la existencia del Estado –nuestro gran enemigo junto al Capital– Ya lo decía el padre del anarcosindicalismo español, Anselmo Lorenzo: “Justificar el Estado es tarea ingrata, imposible, tanto valdría empeñarse en hacer higiénica y habitable una asquerosa cloaca teniendo libre acceso al bosque, a la pradera, al valle, a la montaña, al río, al mar.”

http://fetap.cgt.es/comunicado-de-cgt-a-todas-las?var_mode=calcul

Federación Estatal de Trabajadores de la Administración Pública – CGT

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La armadura jurídica del TTIP

Publicada el 12 noviembre, 2014 por SPMujer

Juan Hernández Zzubizarreta

ALAI, América Latina en Movimiento

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El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) es un acuerdo comercial y de inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Pretende eliminar las barreras arancelarias entre los dos socios y las barreras reglamentarias – las normativas básicas en materia social, medioambiental… – que limitan la acumulación de riqueza de las grandes corporaciones.

Los componentes fundamentales del TTIP son el acceso al mercado, las normas regulatorias, las cuestiones reglamentarias y las barreras no arancelarias; abarca aspectos materiales y formales.

Entre las cuestiones materiales nos encontramos con propuestas relacionadas con la quiebra de los derechos laborales y la normativa europea medioambiental, la desregulación del sector financiero, la apertura al mercado privado de los servicios públicos –el agua, la electricidad, la educación, la salud, el trasporte, la protección social…-, el blindaje de las patentes farmacéuticas, el consumo de productos modificados genéticamente, la contratación pública…

En estas líneas vamos a tratar sobre los aspectos formales y principios jurídicos del TTIP que forman parte de la armadura jurídica que limita el ejercicio de la democracia y de la soberanía de los pueblos. La herencia normativa del capitalismo global – los contratos, normas de comercio e inversiones de carácter multilateral, regional y bilateral y resoluciones de los tribunales arbitrales que conforman la nueva lex mercatoria – condiciona el devenir de las mayorías sociales; así, por poner un ejemplo, el gobierno del presidente Evo Morales y el pueblo boliviano han padecido esta lógica normativa imperial. El TTIP no es sólo un acuerdo comercial, es un nuevo tratado fundacional al servicio de las corporaciones transnacionales.

La técnica jurídica utilizada por el TTIP no es neutral: es una arquitectura construida a favor de las empresas multinacionales y del capital. La desigualdad y la asimetría son elementos constitutivos del Tratado; además, su opacidad, su falta de transparencia y la reinterpretación de los elementos formales que constituyen el Estado de Derecho, deben ser conocidos, desmontados y reapropiados por las mayorías sociales.

La cadena de control normativo que construye el TTIP se puede desglosar en diversos eslabones.

Contexto jurídico sobre el que actúa el TTIP. Los derechos de las empresas transnacionales se tutelan por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones cuyas características son imperativas, coercitivas y ejecutivas -Derecho duro-, mientras que sus obligaciones se remiten a ordenamientos nacionales sometidos a la lógica neoliberal, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos manifiestamente frágil y a una Responsabilidad Social Corporativa (RSC) voluntaria, unilateral y sin exigibilidad jurídica – Derecho blando o Soft law-.

La lógica jurídica contractual asimétrica se impone en las transacciones económicas internacionales. Las relaciones de fuerza impregnan los núcleos esenciales de los contratos formalmente bilaterales, tratados regionales y bilaterales, donde la conformación de voluntades se produce desde la mera adhesión a cláusulas que tutelan, fundamentalmente, los intereses de las empresas transnacionales.

Por otra parte, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria y el Mecanismo Europeo de Estabilidad implican un verdadero golpe de Estado; estos dos textos actúan como vasos comunicantes, ya que, por un lado elevan a la cúspide de la pirámide normativa comunitaria el déficit público y la deuda pública –y, por tanto, la generalización de medidas de ajuste en contra de las mayorías sociales- y, por otro, se establece una intervención técnica de las instancias comunitarias al margen de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo. El debate parlamentario y la deliberación quedan subordinados a reglas rígidas y automáticas establecidas en el diseño de las políticas presupuestarias.

El TTIP forma parte de este entramado jurídico-político de dominación. No hay cruce de caminos entre los derechos humanos y los derechos corporativos; hay una profunda ruptura de la jerarquía y de la pirámide normativa del sistema de protección de los derechos humanos. Además, resulta evidente la debilidad democrática de las instituciones económicas globales, incluidos los tribunales arbitrales alejados de los poderes judiciales

La falta de legitimidad democrática del TTIP. Elsecreto y la opacidad son elementos constituyentes del TTIP. Las normas de comercio e inversiones se elaboran fuera del control parlamentario y de la ciudadanía. Desconocemos los negociadores, los criterios utilizados, las decisiones adoptadas… y se envuelve todo el procedimiento de valoraciones técnicas que “necesitan de la confianza” y “discreción entre los negociadores”; se toman decisiones a espaldas de la ciudadanía y al margen de los procedimientos parlamentarios, “secuestrando” los textos en discusión incluso a los representantes públicos.

El modelo institucional de la UE no se adapta a los modelos tradicionales de democracia parlamentaria. El papel del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales es secundario en el devenir del TTIP. Además, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que “sobre los tratados internacionales se informará con total transparencia y adecuadamente al Parlamento Europeo en todas y cada una de las fases de negociación”. Es decir, se están saltando su propia legalidad. Las prácticas en torno a la elaboración del TTIP colisionan con la propia normativa comunitaria.

Lo que no es secundario es el papel central de los lobbies económicos que representan a las empresas transnacionales y a los intereses de las clases dominantes y de sus representantes políticos. Los asesores, las reuniones, las propuestas y la vinculación del poder político con las empresas transnacionales forman parte “del poder legislativo” de donde emana el TTIP. La opacidad y el secreto no existen para el gran capital.

El Iter normativo del Tratado. Toda la tramitación del TTIP quiebra los principios básicos del Estado de Derecho, es decir, las garantías procesales de la ciudadanía (transparencia, separación de poderes, debates parlamentarios…). Ahora bien, el resultado final de la norma, en este caso del TTIP, es de una gran seguridad jurídica y de obligado cumplimiento. Todo lo contrario que la normas de derechos humanos, cuya tramitación o iter normativo está muy abierta a las propuestas y al debate, pero su resultado final es de una seguridad jurídica muy frágil. ¿Se puede comparar un Convenio de la Organización Internacional del Trabajo con un tratado de comercio o inversiones entre la Unión Europea y cualquier país de la periferia del planeta?

La tramitación del TTIP fulmina los principios clásicos del Estado de Derecho: la contractualización de la ley y de las relaciones económicas – se suprimen la normas parlamentarias generales y se sustituyen por sistemas contractuales asimétricos o de adhesión – provoca la anulación de los procedimientos legislativos, se disloca la separación de poderes y la soberanía de los pueblos y naciones.

Por otra parte, la inflación normativa muy especializada, las cláusulas oscuras, vagas, la incorporación de los anexos al TTIP, atentan contra los derechos de las mayorías sociales. Además, la privatización del Derecho mediante las agencias de calificación, el Derecho blando y la emisión de laudos arbitrales por tribunales privados, cierran el círculo infernal de la arquitectura de la impunidad.

El principio de los vasos comunicantes entre normas de comercio e inversiones y entre transnacionales e instituciones, implica que lo que no se obtenga en el seno de la Organización Mundial de Comercio se obtendrá por medio de tratados o acuerdos comerciales o de inversiones de carácter bilateral o regional; esta tupida red da lugar a que cada acuerdo o tratado sea la base para el próximo, lo que genera un modelo de perpetua negociación. Esta guerra tan asimétrica provoca que el abandono de un tratado tenga preparado su sustituto; de ahí que el rechazo debe ser frontal al modelo de comercio e inversiones impuesto por el capital y las empresas transnacionales.

El TTIP combina la desregulación de las obligaciones de las empresas transnacionales con la re-regulación de sus derechos. Se pretende eliminar toda barrera – arancelaria o no- que dificulte el desarrollo del libre comercio y de la inversión. Para eso se procede a la armonización normativa a la baja; es decir, si el control financiero es más estricto en EEUU, se armoniza teniendo en cuenta la regulación europea. Si la legislación laboral es más tuitiva en la Unión Europea, se aplican las normas de EEUU que desregulan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Se armoniza desregulando los derechos de las mayorías sociales en todas las materias susceptibles de “comprarse y venderse”. La compra pública responsable que tenga en cuenta los derechos laborales de sus empleados y de las empresas subcontratadas, la promoción del comercio justo, la eliminación de diferencias entre hombres y mujeres… chocará con la idea de derogar toda reglamentación que sea un obstáculo a la apertura de los mercados públicos al comercio y a las inversiones.

Esta técnica clásica del modelo neoliberal se combina con la re-regulación de los derechos de las transnacionales. Si en los 90 el neoliberalismo se planteaba reducir el Estado y dejar vía libre a los mercados, ahora con el TTIP se busca un Estado fuerte que garantice los beneficios de las transnacionales europeas y estadounidenses. El Estado es imprescindible para la acumulación de riqueza del capital y para dirigir y reformar la sociedad al servicio de la grandes corporaciones. El TTIP fortalece los derechos de las mismas.

Convergencia regulatoria. Además de la armonización de regulaciones por el método de la desregulación antes mencionado, los lobbies transnacionales adquieren por medio del TTIP una presencia insospechada. El Consejo de Cooperación Reguladora -formado por los responsables que establezcan las agencias de EEUU y la Comisión de la UE- es un filtro regulatorio de todas las normas comunitarias – pasadas, presentes y futuras- que colisionen con el Tratado y que implica la presencia directa e indirecta de los lobbies transnacionales. Actúa al margen de los Estados e instituciones; es un poder legislativo supranacional fuera de todo control democrático.

Las empresas transnacionales se introducen en los procesos normativos y penetran en el marco regulatorio abierto a fórmulas de cooperación reguladora y generadora de coescritura de legislación; fenómeno conocido en la elaboración de normas tipo. Además del poder fáctico, los lobbies tendrán presencia directa o indirecta en la elaboración de las normas.

La convergencia regulatoria afecta, además, a todas la Administraciones Públicas (locales, autonómicas y centrales); a la legislación básica, a la ejecución de la misma y a los actos delegados. Las excepciones y defensas genéricas de los derechos sociales que el TTIP prevé quedan subordinadas a “que no comprometan las ventajas derivadas del acuerdo”; la coherencia regulatoria implica que todo tipo de estudio de impacto medioambiental o social, toda evaluación de daños… no debe establecer más “rigor del estrictamente necesario”, es decir, deben ser coherentes con los derechos de las empresas transnacionales.

Por otra parte, la transparencia requiere consultar toda medida potencial a proveedores e inversionistas como si fueran “representantes públicos”, y por último, se pueden ampliar temas no incluidos en el tratado por la vía del nexo normativo al margen del procedimiento de aprobación del mismo; es un texto abierto al servicio de las transnacionales.

Principios normativos del tratado. Son principios demoledores –abiertos a la interpretación creativa y expansiva de despachos de abogados y árbitros favorables al poder corporativo- para los intereses de las mayorías sociales y que dotan de una gran fortaleza a los derechos de las empresas transnacionales. Además, otros principios jurídicos como el abuso de derecho, el enriquecimiento injusto… quedan subordinados al carácter imperativo de los principios recogidos en el TTIP.

Quiebra del principio de igualdad desde las relaciones de poder.

Una interpretación fundamentada en la equidad implica tratar igual a los iguales, pero no igual a los desiguales. No permitir cláusulas de acción positiva a favor de los sectores sociales y económicos más desfavorecidos de los países empobrecidos, significa, en realidad apuntalar prácticas discriminatorias. Firmar contratos, aprobar tratados de comercio e inversiones y aceptar ajustes estructurales bajo la falsa premisa de la igualdad entre las partes, es situar a las relaciones asimétricas de poder en el centro de la técnica jurídica.

El TTIP se sustenta en esta interpretación del principio de igualdad: tratar igual a las empresas transnacionales y a las pequeñas empresas nacionales, lo que es esencialmente discriminatorio.

Trato Justo y Equitativo.Es un concepto jurídico indeterminado que puede adolecer de cierta inseguridad material; pero, enmarcado y dirigido a la protección del inversor extranjero frente al Estado receptor, queda perfectamente delimitado. Por tanto, el Estado receptor no puede discriminar al inversor extranjero y deberá tratarle de manera justa y equitativa. ¿Tratar igual a los desiguales es justo y equitativo?

Trato Nacional.Es un principio central en el funcionamiento del TTIP. Toda ventaja concedida a los inversores nacionales debe extenderse a los extranjeros. Es decir, los inversores nacionales no pueden recibir ayuda alguna del Estado ya que implica quebrar el principio de trato nacional. El apoyo de la administración a empresas de economía solidaria o a circuitos cortos de producción se debe extender a las empresas transnacionales de los agronegocios. Con el trato nacional, por otra parte, la privatización de un servicio público hace muy difícil la reversibilidad del mismo.

Nación Más Favorecida. Las ventajas que acuerden mutuamente dos Estados en un tratado bilateral – o entre Estados en un tratado regional- se extiende automáticamente a los tratados que éstos celebren con otros Estados donde se incluya la cláusula de nación más favorecida, cláusula generalizada en la mayoría de los tratados bilaterales. La idea es que en base al principio de no discriminación no se lesione al inversor extranjero. Lo acordado en el TTIP marca, por sus dimensiones cualitativas y cuantitativas, pautas generales para el comercio mundial.

La cláusula paraguas. Permite a las empresas demandar a los Estados no solo por incumplimientos del Tratado si no por incumplimientos contractuales de un acto soberano no comercial, como las políticas públicas. Bajo semejante régimen las empresas pueden contrarrestar las políticas sanitarias, de protección del medio ambiente, de regulación de las finanzas, de las relaciones laborales… reclamando a los Estados daños y perjuicios ante tribunales extrajudiciales de carácter arbitral. La soberanía de los parlamentos queda supeditada a la cláusula mencionada.

Expropiación directa o indirecta e indemnizaciones rápidas, adecuadas y eficaces. Incluye cláusulas sobre las indemnizaciones en caso de expropiaciones u “otras medidas de efecto equivalente”. Se parte de considerar que toda medida, ley, reglamento, acto administrativo… que provoque daño en el patrimonio del inversor debe ser compensado. Además debe tenerse en cuanta tanto el daño emergente como el lucro cesante. Es decir, una inversión paralizada por el poder público debe ser compensada tanto por la cantidad gastada como por el futuro beneficio dejado de percibir.

Mecanismos de resolución de diferencias inversor –Estado

Los tribunales arbitrales nacieron para resolver conflictos entre Estados; el neoliberalismo amplia su labor a conflictos entre Estados y particulares. Las empresas transnacionales – personas de Derecho Privado que representan intereses particulares- pueden demandar a los Estados ante paneles o tribunales arbitrales. Prevalece el interés particular sobre el interés general.

Es un sistema paralelo al poder judicial – se trata de tribunales privados- favorable a las empresas transnacionales que queda al margen de los poderes judiciales nacionales e internacionales. Es una justicia para ricos. Únicamente las empresas demandan a los Estados y no hay previsión formal por la que el Estado receptor puede demandar al inversor extranjero. Las transnacionales eligen la jurisdicción, existen dificultades para que las audiencias sean públicas y no se requieren agotar los recursos internos nacionales. Es más, puede ser incluso una instancia de apelación a las sentencias de tribunales ordinarios y no cabe recurso al fallo arbitral.

Desde el punto de vista material, se aplican exclusivamente las normas del Tratado y no normas sobre derechos humanos.

El procedimiento arbitral no es neutral. Así, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) se encuentra en el seno del Banco Mundial y los árbitros son jueces y abogados, indistintamente. Quince árbitros resolvieron el 55% de las disputas arbitrales en el 2011 y el coste medio de un arbitraje es de ocho millones de dólares; tres firmas de abogados se reparten el 55% de los casos. El procedimiento arbitral es muy costoso, lo que beneficia a las grandes corporaciones transnacionales.

Son numerosos los estudios que ratifican la vulneración de los espacios públicos regulatorios. Los Estados han visto recurridas sus políticas públicas en áreas como el medioambiente, la salud, los derechos laborales, el agua, la agricultura… donde empresas transnacionales han obtenido laudos arbitrales por valor de miles de millones de dólares y muchos más que siguen pendientes de resolución. Además, abandonar esta armadura jurídica no será fácil, ya que se suelen prever prórrogas de jurisdicción de más de 10 años; es decir, que aunque se diera una hipotética denuncia del TTIP por una de las partes, este continuaría en vigor.

Por último, la “amenaza” del recurso transnacional ante tribunales privados provoca, sin duda, el enfriamiento normativo por parte de los parlamentos y de las Administraciones: por ejemplo, se acepta el fracking para evitar futuras demandas arbitrales. Probablemente ni se discuta en los Parlamentos, formalizándose, de esta manera, el enfriamiento normativo. Buena coartada para los partidarios del TTIP que se refugian en las obligaciones impuestas para avalar – sin debate alguno- los objetivos del mencionado Tratado.

Existe un mecanismo añadido al mecanismo de diferencias entre inversor y Estado y que se aplica al conjunto del acuerdo. Permite que las corporaciones privadas actúen, en defensa de sus genéricos intereses, contra los poderes públicos nacionales, autonómicos, regionales y locales. Se pueden recurrir las decisiones políticas que atenten contra el Tratado, siendo sus decisiones de aplicación inmediata y sin apelación. Así, la decisión el Consejo Constitucional de Francia, al declarar conforme a la constitución la ley que prohíbe el gas esquisto, puede dar lugar a la interposición – por un potencial inversor o conjunto de inversores favorables al gas esquisto- de una queja por atentar contra el contenido del TTIP. Es un sistema de arbitraje privado que sustrae de competencias a las instituciones del Estado para el ejercicio de las políticas públicas.

Existe a su vez la posibilidad de generar un panel de arbitraje para resolver los conflictos ambientales y laborales que actúa al margen de las jurisdicciones nacionales y que pierden competencias a favor del sistema arbitral. En el caso del TTIP no está clara su función, pero se puede presuponer que sea un mecanismo de actualización de las armonizaciones regulatorias entre EEUU y la UE. La vigencia y la amplitud del derecho de huelga pueden interpretarse por paneles arbitrales más que por las jurisdicciones nacionales.

Algunas pautas de cómo reinterpretar la armadura jurídica neoliberal que se construye en torno al TTIP

Desde la perspectiva jurídica, el TTIP colisiona frontalmente contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se puede invocar la preeminencia de una norma jerárquicamente superior; así, el artículo 53 de la Convención de Viena establece que todo tratado que afecte a una norma imperativa de Derecho Internacional es nulo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como otros Tratados y convenciones internacionales de derechos humanos y ambientales revisten el carácter de normas imperativas y de Derecho Internacional General.

Se debe efectuar el control de constitucionalidad de los tratados y verificar si existen vicios insanables en su celebración y aprobación, que generan su nulidad.

Hay que restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales, recuperar el papel de los Parlamentos y poner en marcha iniciativas legislativas populares. Y promover normas internacionales que no refuercen la fuerte asimetría existente entre la lex mercatoria y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino que, por el contrario, puedan servir para poner los derechos de las personas y los pueblos, como mínimo, al mismo nivel que los de las grandes empresas. Ahí cobran todo su sentido propuestas alternativas como el Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales.

Hay un último principio que se deduce de toda la impunidad transnacional que el TTIP regula. Es un Tratado tremendamente violento. La violencia estructural del sistema capitalista –que permite la acumulación de la riqueza de unos pocos a consta de la pobreza y la destrucción medioambiental y cultural de los pueblos- se regula de manera transversal a lo largo de todo el TTIP.

Juan Hernández Zubizarreta

Profesor de la Universidad del País Vasco

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El PP quita el TREN para darlo a unos pocos

Publicada el 11 noviembre, 2014 por Renfe-Adif

9.570*MILLONES es el presupuesto 2015 del Ministerio de Fomento, el 54% = 5.199 MILLONES es para el ferrocarril. Bien porque más da la mitad del presupuesto de Fomento vaya al ferrocarril, pero:

El 69% para AVE 3.561 MILLONES

El 9% = 461 millones para Red Convencional
El 3% = 153 millones para Cercanías

El AVE tuvo 25 millones de viajeros/año y se lleva el 69% del presupuesto.

Lo demás sólo el 12% mueven 500MILLONES de viajeros/año.

En 2013 el gobierno del PP eliminó 779 trenes semanales de un total de 3.374 trenes de Media Distancia argumentando “baja ocupación” y ahorro de 51 millones €, afectando a 1 MILLÓN de viajeros. Expulsados del tren por menos del 1% del presupuesto.

El AVE llevaba en 2013**gastados 47.000 MILLONES y no cubre ni 1/3*** de su inversión (#AVEderroche) y la media de uso es de una vez cada dos años. (Hay unos pocos que usan el AVE mucho y muchos que no lo usa nada, pero costeado con el dinero de todos/as)
Ahora****, el PP regala esta inversión a empresas privadas para su beneficio, no exigiendo canon que paga RENFE, ni servicios mínimos.

Tener una Red general con trenes rápidos hasta 200km/h, reapertura de líneas existentes, trenes con parada en todas las estaciones y con más núcleos de Cercanías; todo no llegaría en necesidad presupuestaria ni a la mitad del gasto sólo en el AVE.

* http://www.efeempresas.com/noticia/fomento-invertira-9-570-millones-en-2015-un-66-mas/
** http://www.zoomnews.es/59797/economia/economia-real/alta-velocidad-espana-asume-costosa-factura-liderazgo-europeo
*** http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/50892-la-ruina-del-ave-tras-22-anos-en-marcha-los-ingresos-no-cubren-ni-un-tercio-de-la-inversion
**** http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-10-29/ana-pastor-endulza-el-ave-a-levante-y-no-pedira-pago-de-entrada-ni-servicios-minimos_408713/

Cantabria y Castilla y León.
Regiones maltratada por políticas ferroviarias:

Líneas cerradas: Ruta de la Plata, Línea Ariza, Madrid-Aranda-Burgos, tramos de León.
Zonas ensombrecidas que el AVE no va a alumbrar.

En estas regiones en 2013 se eliminaron paradas en varias estaciones y se suprimieron 228 trenes semanales:
11 trenes León-Gijón, 12 trenes Ponferrada- Palencia-Valladolid
2 trenes León-Palencia-Valladolid, 13 trenes León-Ponferrada, 18 trenes Miranda-Burgos-Palencia-Valladolid, 5 trenes Reinosa-Palencia-Valladolid, 9 trenes Santander-Palencia-Valladolid, 26 trenes Ávila-Valladolid, 14 trenes Salamanca-Ávila, 30 trenes Ávila-Madrid, 88 trenes Segovia*-Madrid *(dejando 10 hasta Villalba y 41 a Cercedilla)

Además, van creando ilusión con el AVE, negado a Cantabria, pero “vendiendo” paradas de AVE en Olmedo, Puebla Sanabria, Venta de Baños y Medina del Campo. Mientras, eliminan paradas de tren convencional y sin núcleos de Cercanías en Castilla y León.

Los recortes del ferrocarril suponen una merma en el empleo ferroviario al eliminar puestos de trabajo y precarizar las condiciones laborales con la subcontratación a la baja con empresas privadas. Todo ello supone crear riesgos en la seguridad laboral y de la circulación.

La sociedad, como dueña legítima del ferrocarril, como sufridora de los recortes, además del tren, en Sanidad, Educación, Serv. Sociales, y como poseedora del dinero que se utiliza, tiene que conocer esta situación, poder expresar su opinión al respecto y ser escuchada.

Valladolid, Estación del tren: 983209630 sffcgtva@yahoo.es

Cantabria Estación del tren: 942018251 sff@cgtcantabria.org

Por un Ferrocarril Público y Social

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CGT presenta ante Ministerio de Trabajo y Dirección de Ordenación de la Seguridad Social escrito «Amianto Asesino»

Publicada el 10 noviembre, 2014 por SPMujer

Reunión con Ministerio de Trabajo y Dirección de Ordenación de la Seguridad Social, sobre presentación de solicitud de coeficientes reductores para la jubilacion a las personas trabajadoras afectadas por el “AMIANTO ASESINO“.

Secretariado Permanente del Comité Confederal

La CGT, hoy día 6 de noviembre de 2014, ha registrado una solicitud para que por parte del poder legislativo se lleve a cabo EL RECONOCIMIENTO DE COEFICIENTES REDUCTORES PARA LA JUBILACIÓN de las personas trabajadoras que a lo largo de su vida laboral han trabajado en procesos productivos y de distribución con el “amianto asesino”.

La reunion se ha celebrado con la Jefa del Gabinete de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, con la General de Planificación de la Seguridad Social y con el Secretario General de la CGT José Manuel Muñoz Pólíz, acompañado de los Secretarios de Jurídica y Salud Laboral, además de la abogada especializada en el tema de nuestro gabinete jurídico. La reunión ha supuesto una mera toma de contacto y un traspasar la “pelota” a otro departamento, pues ellos dicen que no son los competentes.

Es la Secretaría de Empleo la competente para este tema y, en ese sentido, CGT ya le ha solicitado una reunión para instarle a que se nos dé traslado de toda la información que, a través de la Comisión Nacional de Salud, exista hasta el momento acerca de:

El mapa del Amianto (sectores, empresas y trabajadores/as afectados).
El mapa del desamiantado (sectores, empresas y trabajadores/as afectados).
Requerir a la Secretaría de Empleo que se traslade al Gobierno y al poder legislativo, (los cuales tienen la competencia), la solicitud para la publicación de un RD donde se fijen coeficientes reductores para todas las personas afectadas por el amianto.

La CGT asume la responsabilidad de exigir que cumplan con su obligación el Poder Legislativo y el Ejecutivo ya que, tanto las empresas como las instituciones públicas tenían el deber de velar por la salud y seguridad de las personas trabajadoras, cuando era legal la utilización del “amianto asesino” (hasta el 2001) y también con posterioridad a esa fecha. Así se lo hemos planteado a las interlocutoras del Ministerio.

CGT en este acto comienza una campaña con varias fases:

Información a la sociedad acerca del “amianto asesino” y sus graves consecuencias en la salud de millones de personas, muchas de ellas ya muertas o “asesinadas” por este producto.
Establecer el mapa del amianto y del desamiantado con implicación de todas las personas trabajadoras afectadas.
Exigir responsabilidades en todas las vías jurídicas (civil, laboral y penal) por su “dejación “en la protección de la salud de las personas trabajadoras y de sus familiares, así como de la sociedad en general, la cual se ha visto afectada por la utilización de este “producto asesino”. Como ejemplo están las miles de viviendas en las que este elemento era parte de sus construcciones y también los conductos de aire acondicionado y sus motores.

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Sentencia: Volkswagen Navarra condenada, una vez más…

Publicada el 7 noviembre, 2014 por SPMujer

Como es conocido por esta plantilla, en CGT mantenemos una clara y permanente oposición a las políticas que esta empresa viene desarrollando contra los intereses de l@s trabajador@s, oposición que se materializa en nuestros análisis, planteamientos, y propuestas concretas ante el Comité y ante la propia empresa, en nuestras comunicaciones dirigidas a la plantilla, y en la permanente acción de denuncia pública, sindical, y legal, de todos los atropellos e ilegalidades cometidas en paralelo al desarrollo de esas políticas empresariales.

Pero además, como corresponde en el sindicalismo de clase, siendo coherentes con todo lo anteriormente dicho, y huyendo de la mera acción testimonial que se hace solo para guardar las apariencias, llamamos con frecuencia a la implicación y participación de l@s trabajador@s de esta empresa en la lucha contra las lesivas políticas empresariales e ilegalidades cometidas, con la convocatoria legal de huelgas, ejerciendo nuestro derecho fundamental y constitucional a hacerlo.

Es conocido también que esta empresa no respeta nada, y que dentro de esa intolerable falta de respeto a sus trabajador@s, a la legalidad, y a todo lo que se merece un respeto, tampoco respeta nuestro derecho legal a la huelga, adoptando en cada ocasión medidas para conculcarlo, como lo son las empleadas para la sustitución de l@s huelguistas abusando de la situación de precariedad de otr@s compañer@s.

Por este motivo CGT se ha visto obligada a demandar judicialmente una vez más a la empresa, obteniendo una sentencia que la condena sin paliativos y le obliga por una parte a indemnizar a nuestra organización, y por otra a restablecer a l@s compañer@s huelguistas las cantidades devengadas de sus nóminas por la huelga realizada.

La sentencia del Juzgado de lo Social nº1 de los de Pamplona/Iruña, de fecha de 30 de septiembre de 2014, contiene entre sus muchos contenidos de carácter demoledor para la empresa, los siguientes que extractamos textualmente:

<< FUNDAMENTOS DE DERECHO

TERCERO.-

(…) “En el presente caso la actuación de la empresa constituye una evidente violación del derecho de huelga por cuanto el día 2 de noviembre de 2012 modificó los horarios y/o condiciones de prestación de servicios de 81 trabajadores (ampliando la jornada, adelantando la hora de entrada, retrasando la de salida, asignándoles a otros puestos, etc.) a fin de minimizar los efectos de la huelga legal convocada por el sindicato CGT la cual fue secundada por 92 trabajadores. El Inspector de Trabajo comprobó que dichas modificaciones sólo se habían producido ese día, y no otros, y la empresa no alegó la existencia de ningún motivo que justificara la prolongación de los horarios señalada. De hecho, la empresa no impugnó la sanción administrativa que se le impuso y en el acto de juicio oral no negó la comisión de la infracción ni trató de justificar o exculpar su actuación, oponiéndose sólo al importe de las indemnizaciones reclamadas.

Por todo ello resulta procedente estimar la demanda, declarando la existencia de la vulneración del derecho fundamental de huelga (art.28.2 CE) y la nulidad radical de la actuación empresarial. (…)

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO (y 60 trabajadores huelguistas) contra la empresa VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A., habiendo intervenido el Ministerio Fiscal, debo declarar y declaro la nulidad radical de tal conducta y debo condenar y condeno a la empresa a estar y pasar por la anterior declaración, a indemnizar a cada uno de los trabajadores demandantes en las cantidades que ahora se indican y al Sindicato CGT en la cantidad de 12.000 euros: (la sentencia establece una cantidad a cada trabajador/a según lo devengado en función de la categoría y antigüedad). (…)

VALORACION DE CGT

Por lo visto aquí pasa como en BANKIA: Que l@s directiv@s, más pendientes de ponerse medallas ante Alemania y trincar anualmente sus espléndidos “bonus”, son incapaces de gestionar la empresa dentro de la legalidad. Y así, esta empresa es condenada por despedir improcedentemente de forma masiva a trabajador@s contratad@s “en fraude de Ley”; por vulnerar el derecho fundamental a la huelga; es sancionada y requerida constantemente por la autoridad laboral competente por saltarse toda la legalidad vigente en materia de prevención de riesgos laborales, etc., etc…

No les basta tener el chollo de acuerdos y convenios que les regalan UGT y CCOO (quienes además siempre hacen y harán la vista gorda ante sus ilegalidades); ni les basta tener a su favor toda la legalidad en materia laboral que les proporcionan los gobiernos del PP y PSOE (que reforma a reforma han triturado el Estatuto de los Trabajadores hasta convertirlo en el “Estatuto de los Empresarios”). Con toda la legalidad de su parte tienen que hacer el ridículo una vez tras otra ante los tribunales de Justicia quedando al descubierto su incapacidad, su prepotencia, y su falta de vergüenza.

Esto no puede ser. L@s trabajador@s de VW-NA no nos lo merecemos, pero habremos de ser nosotr@s mism@s quienes lo cambiemos. En eso está CGT, porque esta empresa puede y debe funcionar de otra manera que sea mejor para l@s trabajador@s.

Landaben, 04/11/2014

CGT Volkswagen-Navarra

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Pronunciamiento Frayba: Ni perdón, ni olvido

Publicada el 4 noviembre, 2014 por SPMujer

En Chiapas las personas sobrevivientes y familias de las víctimas siembran amor y lucha en su corazón de memoria viva, en su territorio se crea conciencia, para mantener la verdad que se expande en el horizonte de esperanza, en esta resistencia la solidaridad nacional e internacional contribuye a tejer caminos de construcción de justicia.

A los medios libres, autónomos, comunitarios, independientes
A la prensa nacional e internacional
A la sociedad civil

Porque morir no duele
lo que duele es el olvido
Subcomandante Insurgente Marcos

El pasado 24 de octubre de 2014, a casi un mes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en la comunidad Masojá Shucjá, municipio de Tila, Chiapas se llevó a cabo el aniversario Corazón de memoria, sembrando en nuestro territorio. Conmemoración para recordar a las víctimas ejecutadas, desaparecidas y desplazadas forzadamente dentro del Conflicto Armado Interno no resuelto iniciado el 1º de enero de 1994 con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y para expresar solidaridad a las familias de los estudiantes normalistas.

Con una ceremonia tradicional en la iglesia de la comunidad, llena de símbolos mayas, iluminaron el día con candelas, para calentar el chule’l bajo el ritmo de una intensa y cálida lluvia, que se entrelazaban con las palabras de sobrevivientes y familias de víctimas, para quienes el no olvido, es principio ético. Su denuncia en voz en alto, persistente, sin claudicar y clara mención de las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia (en adelante Paz y Justicia), quienes contaban con la protección del Ejército mexicano, la Policía del estado de Chiapas y funcionarios del gobierno municipal, estatal y federal en la pretensión de exterminar parte del Pueblo Chol.

A un costado del altar principal, se encuentra otro espacio simbólico, construido con las manos de la memoria, expreso para el recordatorio, remembranza, memoria viva que palpita con la madre tierra, el carrizo, palmas y flores amarillas lo adornan, lugar donde con imágenes están presentes los que aún nos faltan, los desaparecidos y ejecutados, quienes con su luz nos llegan desde el cielo triste de la selva norte de Chiapas, ahí están sus fotos con todo el resplandor de su juventud y sus sueños, alumbrándonos el camino de esperanza y paz.

La ceremonia dio inicio con el homenaje al profesor Francisco Ramírez López, originario del ejido Limar, zona de paramilitares en los 90’. El profesor Francisco es uno de tantos hombres y mujeres valientes que defendieron la vida y la dignidad, su coraje y ejemplo nos convoca a seguir, nos dejó con estas montañas y nubes que visten el horizonte el 20 de agosto de 2014. “Nuestro compañero no falleció por enfermedad normal, sino por los efectos de su secuestro realizado por miembros de Paz y Justicia a mediados de 1995, quienes lo llevaron al panteón ejidal y allí lo golpearon y desde ahí se quedó enfermo, por los golpes, por las amenazas de los paramilitares”. El profesor Francisco fue uno de los principales impulsores del trabajo de la memoria que camina, que no olvida, la historia que lacera el corazón de la región, pero también de los hechos heroicos en la zona baja de Tila.

La documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, registra que en la zona baja de Tila, Paz y Justicia cometió al menos 37 desapariciones forzadas, 85 ejecuciones y más de 4,500 personas se vieron obligadas a desplazarse de manera forzada para salvar sus vidas, sufriendo además el hostigamiento, la intimidación, destrucción de sus propiedades, tortura, tortura sexual, detenciones arbitrarias, entre otras violaciones de derechos humanos.

Algunos de los testimonios presentados en Masojá Schucjá en el Aniversario Corazón de memoria, sembrando en nuestro territorio fueron de las víctimas: Héctor Pérez Torres originario de la comunidad Masojá Shuchá, ejecutado el 14 de julio de 1995; Rogelio Jiménez López originario de la comunidad Usipá, ejecutado el día 4 de septiembre de 1995; Sebastián Pérez López originario de la comunidad Masojá Shucjá, ejecutado el día 20 de junio de 1996; Mateo Vázquez Sánchez originario de la comunidad Susuclumil, ejecutado el 17 de julio de 1996; Mateo Arcos Guzman de la comunidad Aguascalientes, desaparecido el día 1 de agosto de 1997; José Tila López García de la comunidad de Ts’ajkil, ejecutado el 21 de febrero de 1998. Así como la desaparición perpetrada el día 20 de junio de 1996, de Minerva Guadalupe Pérez Torres originaria de Masojá Shucjá.

Lamentablemente estás graves violaciones a derechos humanos, han permanecido en la impunidad ya que los autores materiales e intelectuales no han sido verdaderamente investigados ni sancionados de acuerdo a su involucramiento de estos delitos de lesa humanidad. Esta situación ha sido denunciada ampliamente y se ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son 81 casos que dan cuenta de la atrocidad vivida en la región, en extensión hay 122 documentados por este Centro de Derechos Humanos cometidos en la zona Norte, son ejemplos de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno federal y estatal, con el Plan de Campaña Chiapas 94.

Se suma a esta fila de impunidad los casos de la Masacre de Acteal perpetrada el día 22 de diciembre de 1997 por el grupo paramilitar priísta de Chenalhó; la Masacre de Viejo Velasco perpetrada el día 13 de noviembre de 2006 por 40 personas de la comunidad Nueva Palestina quienes eran acompañados de 300 Policías de Seguridad Pública del estado de Chiapas.

A nivel nacional la sistemática violación de derechos humanos, la situación de desaparición forzada y ejecuciones representa una profunda crisis de Estado, de la clase política y sus instituciones, la cual caracteriza a un Estado corrupto, ineficaz y obsoleto, que desde las heridas históricas, el mantenimiento de la impunidad es el sello del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Manuel Velasco Cuello. Esta situación se agrava con la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre en Iguala Guerrero. La indignación internacional nacida desde las familias y compañeros de los jóvenes desaparecidos, se nutre con acciones solidaridad a las cuales se ha sumado la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia que integra a 32 organizaciones del continente3 con quienes mantenemos la exigencia de presentación con vida y la presión al Estado mexicano como responsable de estos actos considerados delitos de lesa humanidad, de un crimen de Estado.

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1 Informe de Admisibilidad No. 26/131, Caso Rogelio Jiménez López y Otros, México. 20 de marzo de 2013.

2 La Política Genocida en el conflicto armado en Chiapas. Reconstrucción de hechos, pruebas, delitos y testimonios. Febrero 2005. Disponible en: http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/050201_la_politica_genocida_en…

3 #Ayotzinapaeslatinoamerica #43convidaya http://www.frayba.org.mx/archivo/enlaces/141021_ayotzinapaesla.pdf)

http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/141029_ni_perdon_ni_olvido.pdf

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Proclama : Mario Luna, desde la cárcel de Hermosillo

Publicada el 4 noviembre, 2014 por SPMujer

Ante el lamentable y evidente avasallamiento de los poderes en el Estado de Sonora, donde el Legislativo y el Judicial son comparsa de los designios de un Ejecutivo despótico y prepotente, y a 30 días de mi arbitraria e injusta detención; desde el CERESO #2 de Hermosillo, Sonora, manifiesto a los tres niveles de gobierno que permiten mi ilegal e inconstitucional encierro lo siguiente:

Primeramente, reitero que soy un preso político. Asimismo, reitero que la fabricación de los delitos que se me imputan son totalmente al margen de la ley y violan todas las garantías y derechos que como sonorense, mexicano y nativo de estas tierras, me identifican como miembro activo de la Tribu Yaqui, con el cargo de Secretario del pueblo de Vícam.

Efectivamente, reconozco que este cargo que ostento no me lo han otorgado ustedes; es una facultad que mi pueblo en pleno ejercicio de su autonomía, derechos históricos consuetudinarios, derechos constitucionales e internacionales, me han conferido en asamblea y sin yo así solicitarlo.

Igualmente, reconozco que la libertad de acción y defensa de nuestro territorio, conformado por la tierra, el agua, los recursos naturales y los yoemes mismos, no responden a los intereses de los grupos económicos y políticos en el poder; más bien atienden al consejo de los mayores y tropas de nuestra tribu yaqui, que a pesar de mis limitaciones me conceden el honor de ser Secretario tradicional, vocero y representante común de la defensa legal en varios frentes de lucha jurídica a nivel local, federal e internacional, basados siempre en nuestra autonomía y libre determinación.

Es en este sentido que les digo, en pleno uso de mis derechos y facultades físicas y mentales, que ustedes no pueden juzgarme libremente porque ustedes mismos aun sin haber recibido condena de juez alguno, son prisioneros de sus propios prejuicios raciales y afanes de omnipotencia, y sus criterios e interpretación de las leyes claramente responden al dictado de los intereses políticos y económicos que impulsan el despojo de nuestras aguas del Río Yaqui a través del mal llamado “ACUEDUCTO INDEPENDENCIA”.

Asimismo, les digo que para detener la lucha en defensa de nuestra agua y territorio tendrían que encarcelar a miles de yoemes que luchan por su sobrevivencia misma, retrocediendo con esto a las guerras de exterminio orquestadas en el pasado no muy lejano por Porfirio Díaz, Ramón Corral y Álvaro Obregón, entre otros, que pensaban y actuaban exactamente como hoy lo hace el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y su camarilla del “Nuevo Sonora”.

Desde aquí mi solidaridad con el compañero Fernando Jiménez Gutiérrez, preso en el CERESO #1 y con el compañero Tomás Rojo, que sigue en plena defensa desde su trinchera, al lado de miles de hombres y mujeres valientes que ven en la defensa yaqui el anhelo de justicia y libertad para los de abajo, para los “jodidos” que somos los más muchos.

Manifiesto que a pesar de que nuestros mayores y autoridades tradicionales nos guiaron siempre por el sendero del estricto apego a derecho, hasta el día de hoy no hemos sido tratados de igual manera, ya que los ordenamientos judiciales que amparan nuestros derechos como pueblos originarios de estas tierras semidesérticas aun antes de la creación del Estado Mexicano, no se han cumplido a cabalidad; en cambio se manifiesta todo el odio y represión sobre nosotros, contraviniendo las leyes nacionales e internacionales.

Como ya se habrán dado cuenta, mi detención sólo habrá servido para ratificar que en Sonora, como en gran parte del país, la aplicación de la ley es selectiva y profundiza la brecha existente entre la mayoría que exige justicia y libertad y los pocos que piensan que con la represión y el uso “a modo” de la fuerza pública, se mantendrán intactos sus privilegios y feudos de poder.

Hoy como siempre tienen la oportunidad de rectificar, de reencauzar el rumbo de este gran país; sin embargo también sé que no será fácil. Mientras tanto, nosotros acá, desde el CERESO #2 y el #1, y muchos miles de yaquis y no yaquis lucharemos y nos haremos oír para manifestar nuestra firme convicción de cerrar filas por nuestra sobrevivencia misma. Antes como antes y ahora como ahora la tribu yaqui y los compas solidarios decimos ¡¡¡NÁMAKASIA!!!

Mario Luna Romero
CERESO #2
Hermosillo, Son.