En el décimo primer programa de Rojo y Negro Lucha se incluyen reportajes de los siguientes conflictos:
Material informativo sobre el TTIP (Pincha en cada punto para verlo):
Un juzgado de Sevilla ha rechazo el recurso de una asociación conservadora de abogados, por entender que en ningún momento los manifestantes pretendieron ofender a los católicos o atacaron sus creencias religiosas.
El Secretariado Permanente de la Confederación General del Trabajo (CGT) valora positivamente que el Juzgado de Instrucción nº 10 de Sevilla haya emitido el pasado 16 de septiembre un auto desestimando el recurso de reforma, presentado ante la Justicia por una denominada Asociación de Abogados Cristianos, contra el auto judicial del pasado 7 de junio por la mencionada instancia judicial, ratificando el archivar la causa abierta contra cinco personas por la conocida como «Manifestación del coño insumiso»; una sátira festiva y reivindicativa consistente en el traslado por las calle sevillanas de una vagina de plástico, de un par de metros de altura, a modo de imagen procesional laica, durante los actos del 1º de Mayo de 2014 convocados en la capital andaluza por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Entre las personas denunciadas por la Asociación de Abogados Cristianos se encuentran Miguel Sevillano y Félix Cervera, en aquel momento secretario general de la CGT en Sevilla y secretario de Organización de este sindicato en Andalucía, respectivamente. No obstante haber sido estos dos militantes y otras tres activistas las personas denunciadas, la CGT ha considerado desde el principio que esta denuncia era un ataque al conjunto de la organización y al derecho de toda la ciudadanía a ejercer la libertad de expresión y de manifestación.
La CGT considera un hito significativo que la magistrada de la Sala 10 de Instrucción de Sevilla recuerde en su resolución que «la Constitución Española garantiza la libertad religiosa en un estado aconfensional, entendiendo en paralelo que esa burla, que pudieron realizar según los denunciantes, no consta se hiciera con el fin de menoscabar, humillar o herir los sentimientos religiosos de terceros, ya que el no creer en los dogmas de una religión y manifestarlo públicamente entra dentro de la libertad de expresión».
Pero en contra de lo que pudiera parecer, esta importante y positiva sentencia, que viene a reconocer el derecho a la libertad de expresión, no significa –ni mucho menos- que la lucha por la aconfesionalidad efectiva de las instituciones públicas y la laicidad de las relaciones sociales esté lograda y garantizada. Muy al contrario, seguimos observando con preocupación la creciente influencia de las jerarquías religiosas (muy principalmente de las católicas) en las decisiones y normas de las diferentes administraciones y en los servicios que éstas han de prestar a la ciudadanía. En las escuelas, en los hospitales, en las propias dependencias oficiales y hasta en nuestras calles continúan existiendo numerosos símbolos religiosos, muy a pesar de que la mayoría de las personas que usan esos servicios no son creyentes.
En otro orden de cosas, asistimos con perplejidad a la intromisión de determinadas autoridades religiosas, de talante reaccionario y poco vinculadas al supuesto nuevo modelo impulsado por el papa Francisco, en las costumbres y en la vida de la gente, incluso sin tener en cuenta que las leyes civiles avalan y garantizan en nuestro país el derecho al aborto, al divorcio, a formar parejas del mismo sexo, a la enseñanza laica, etc. La CGT es una organización que propugna una sociedad libre, igualitaria y agnóstica, pero respetamos el derecho de las personas a profesar y manifestar sus creencias, como expresión de su libertad individual.
Secretariado Permanente de CGT
Gabinete Confederal de Prensa
Dos trabajadoras del Metro de Barcelona ganan sendas demandas contra TMB por vulneración de derechos, tras haber sido relegadas en el escalafón por tener jornada reducida.
En febrero de 2015 la Dirección de Metro decidió que todas aquellas personas con jornada reducida por guarda legal que tenían concedido un horario fuera de su turno asignado pasarían a la cola del escalafón. Ahora año y medio más tarde la sala 13 del juzgado de lo social dicta sentencia favorable a estas compañeras, ya que en ningún caso pueden verse perjudicadas por el hecho de solicitar una jornada reducida.
Aun con Joaquím Forn como presidente de TMB y recién entrado Marc Grau como Director de Metro, la Dirección del área de las personas (entonces con Carmen Macías al frente) y del área de la operación (con Alejandro Egea como responsable) decidieron que para forzar al Comité de Empresa a firmar un pacto, por el cual fuera obligatorio partir las vacaciones y así disminuir la contratación estival, todas las jornadas reducidas que estuvieran trabajando en un turno diferente al asignado pasarían a la cola del escalafón a la hora de solicitar los miniperíodos (el exceso de jornada se nos acumula en días de fiesta que hay que disfrutar juntos en períodos preestablecidos y que se asignan por antigüedad).
Una vez cometido el atropello tuvieron la desfachatez de ofrecer arreglarlo a cambio de firmar ese pacto. Lógicamente el Comité no accedió a tal chantaje.
En mayo de 2015 estas dos compañeras, afiliadas a CGT, interpusieron demanda para poder recuperar los derechos que la Dirección de Metro les había secuestrado. Llegaron las elecciones municipales y tras la victoria electoral de Barcelona En Comú creyeron que un hecho como éste, que afecta mayoritariamente a madres trabajadoras, sería subsanado por los nuevos responsables de TMB.
Nada más lejos de la realidad. Al asumir Mercedes Vidal el cargo de presidenta de TMB y Enric Cañas el de Conseller Delegat han seguido una política como poco continuista de la etapa convergente sobre las reducciones de jornadas por guarda legal de un menor, ya que actualmente se ponen más trabas para elegir horario de trabajo.
La política continuista de Barcelona en Comú
El cambio de responsables en el área de Dirección de las Personas y la Dirección de la Operación, con los nombramientos de Mireia Clua y Jordi Mitjà no supuso ningún cambio en las políticas de conciliación familiar y laboral. La primera porque es un títere en manos del director de Metro, Marc Grau, incapaz de tomar una decisión que no le sea ordenada por otros, con falta de capacidad y de iniciativa para solucionar problemas. El segundo, porque seguramente fue copartícipe de esa decisión, y está más preocupado por ver cómo reduce aun más la plantilla en Metro.
Ninguno de los mencionados anteriormente asumirá la responsabilidad de haber estado relegando en el escalafón a estas compañeras. En el caso de una de ellas vio desaparecer su antigüedad de 17 años en la empresa de un plumazo, gracias al capricho de algunos que seguramente no tengan problemas de conciliación familiar y laboral. Ninguna de estas compañeras verán enmendado el agravio cometido en estos 2 años en la asignación de estos miniperíodos. Lamentablemente la sentencia sólo hace mención al “derecho” y por tanto es a partir de ahora que deberán ser asignadas correctamente.
Es despreciable que desde Barcelona En Comú no hayan querido entrar en este tema en ningún momento. De todos es sabido que Mercedes Vidal solamente se mueve a golpe de titular mediático y con foto por medio. Si es por foto podíamos habernos hecho una. El consistorio ni a través de la Regidora de movilitat y presidenta de TMB, ni a través de Laura Pérez, regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI, también conocedora del caso, quisieron interceder. Desde el ayuntamiento prefirieron dar libertad de acción al neoliberal Grau.
Ahora falta saber si TMB ejercerá su legítimo derecho a recurrir la sentencia. Es posible que la “roja” de Mercedes Vidal quiera presentar ese recurso, al igual que anunció el recurso a los servicios mínimos de las huelgas de junio. Si es así, la ambientóloga “comunista” habrá conseguido todo un hito. Querer limitar el derecho de huelga y represaliar a aquellas que ejercen su derecho a conciliar vida familiar y laboral.
Tras las dos reuniones mantenidas los días 22 y 23 de septiembre, las cuatro Organizaciones Sindicales (CCOO, CGT, USO Y UGT) hemos decidido dar continuidad a paros parciales de la semana del 5 al 9 de septiembre, para lo cual hemos llegado a algunos acuerdos, ya que sólo la continuidad de la presión en Unidad de Acción hará posible hacer frente a la precarización salarial y laboral a la que nos tiene acostumbrados/as la Dirección de Unipost.
Las cuatro organizaciones sindicales hemos acordado PROSEGUIR LA MOVILIZACIÓN DE MANERA CONTINUADA EN UNA SEGUNDA FASE que se concreta de la siguiente forma:
El día 28 de septiembre hemos sido citados/as por la empresa las cuatro organizaciones sindicales a una próxima reunión en Barcelona en la cual trasladaremos al Director de Recursos Humanos las decisiones tomadas, y a menos que Unipost cambie de postura y asuma sus compromisos, continuaremos con el plan de acción marcado, donde los trabajadores y trabajadoras de Unipost podrán mostrar de nuevo su más contundente rechazo ante la falta de una respuesta seria y garantías por parte de la empresa a nuestras ya de sobra conocidas reivindicaciones a favor del salario, del empleo y los derechos de todos y todas.
Madrid, 23 de septiembre de 2016
“Ya que la riqueza generada en la sociedad es creada por todos los ciudadanos, resulta indigno que una parte de ellos, una parte cada vez mayor, no cuente con los recursos mínimos para sobrevivir”. Con esta explicación se inicia el texto de recogida de firmas para la aprobación de una ley de la renta básica y por el reparto de la riqueza en el País Valenciano, cuya campaña se presentó ayer en Valencia frente a la sede de la Dirección Territorial de Bienestar Social de la Generalitat. Con una escasa presencia policial, cerca de 50 personas emplazadas en la acera gritaron consignas como “pan, trabajo, techo y dignidad”, “Que sí, que sí, que no hay dinero, quién lo tiene, corruptos y banqueros”, “no son suicidios, son asesinatos”, “ei, ei, ei, que trabaje el rey”, “nativa y extranjera la misma clase obrera” y “No hay pan para tanto chorizo”. La primera parte de la iniciativa por la renta básica, que consiste en la recogida de firmas, se prolongará hasta mediados de noviembre; posteriormente se anunciarán nuevas acciones, según confirmaron los portavoces.
La Encuesta de Condiciones de Vida, realizada en 2015 y publicada por el INE en mayo de 2016, señala que el 25,3% de la población del País Valenciano se halla en riesgo de pobreza (la media estatal se sitúa en el 22,1%). Además, el 19% de los hogares valencianos llegan a fin de mes con “mucha dificultad”, lo que representa uno de los mayores porcentajes junto a Canarias y Murcia (el promedio estatal es del 13,7%). Según la encuesta el 44,1% de los hogares en el País Valenciano no puede irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, el 41,4% no dispone de capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 11,7% manifiesta retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal. En cuanto al ingreso medio anual neto por persona, el del País Valenciano se situó en 9.098 euros, lejos del País Vasco (13.836), Navarra (13.300) o Madrid (12.534).
El artículo primero de la propuesta define la renta básica como derecho “individual” (no de carácter familiar”) y “suficiente”, de manera que cubra las necesidades vitales. Fijada en una disposición transitoria, la cuantía de la renta se sitúa en el equivalente al umbral de la pobreza calculado a partir de las cifras anuales del INE: 663,4 euros mensuales en 2015. La iniciativa plantea la aplicación de la renta básica en dos fases. A la primera, que entraría en vigor nada más aprobarse la ley, podrían acogerse todas las personas domiciliadas en el País Valenciano e inscritas en los servicios autonómicos de empleo, que no cuenten con cobertura por desempleo ni otros ingresos; afectará asimismo a todas las personas que estuvieran percibiendo ingresos inferiores a los previstos en la renta básica (se abonaría un complemento hasta llegar a la citada renta). Cuando existiera disponibilidad presupuestaria, se aplicaría la segunda fase: la renta básica como derecho universal e incluyendo al resto de las personas. “Se trata de una propuesta sencilla, fácil de aplicar, sin gasto burocrático y que afronta el problema de la pobreza; sí hay dinero y sí que es posible, lo que no hay es voluntad política”, aseguran los activistas.
Entre los promotores de la iniciativa figuran la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alkosa, la Asamblea de Paradas y Precarias de CGT-Valencia, las Sillas contra el Hambre de Valencia, la Asociación de Vecinos de Natzaret, la Asamblea de Parados y Precarios de CGT-Sagunto, la Asociación Vecinal de Desempleados de Llíria y Pobla Llarga, el colectivo Baladre de Xàtiva, Lunes al Sol de Quart de Poblet, Dones i Prou, Assemblea de Parades i Precàries de Benidorm y Marea Roja de Alicante.
¿Dónde obtener los recursos para la financiación de la renta básica? Los activistas instan a la Generalitat a incrementar los ingresos, por ejemplo, mediante una recuperación “real” de los impuestos de patrimonio y sucesiones; también mediante el desarrollo de las competencias en el tramo autonómico del IRPF, lo que debería traducirse -según la propuesta de la Campaña- en un aumento de la cuota a las rentas más altas. Otra de las posibilidades es un impuesto que grave los depósitos bancarios, que ya se ha legislado en autonomías como Extremadura; la idea se completaría con la creación de nuevos impuestos a escala autonómica. Otra fuente de recursos se basaría en “exigir” medidas al gobierno central, como la lucha contra el fraude fiscal, el control de los beneficios de personas o empresas que operen en paraísos fiscales, así como la eliminación de transferencias por culto y “privilegios” impositivos a la iglesia católica. En el cálculo se tienen en cuenta otros dos factores: la renta básica “asimilaría” otras como subsidios de desempleo o pensiones no contributivas, lo que implicaría un importante ahorro para la Administración. Además, apunta el texto, “el aumento de recaudación por la dinamización de la economía”.
Miembros de la Campaña solicitaron ayer por registro de entrada en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat, una reunión con los responsables del departamento que dirige la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra (gobierna actualmente en el País Valenciano la mayoría formada por Compromis, el PSPV-PSOE y Podemos). El objetivo de la reunión sería obtener información sobre los planes de la Conselleria en torno a prestaciones y subsidios para personas en situación de paro y pobreza. Además, los activistas pretenden dar a conocer a los responsables políticos la campaña para reivindicar una ley en materia de renta básica. Hace un año los colectivos y organizaciones mantuvieron ya un primer encuentro con la directora general de Inclusión Social, Elena Ferrando.
Los portavoces de la iniciativa han insistido en la idea de la renta básica como derecho, no como “limosna” ni “ayuda graciable”. Toni Carrión, de las Sillas contra el Hambre, ha justificado la propuesta ante los concentrados: “El trabajo para ganarse la vida es cada vez más una utopía; todos tenemos derecho a existir, trabajemos o no, y la tecnología lleva a que la mano de obra resulte cada vez menos necesaria”. ¿Dónde estaría el potencial de la renta básica? “Contribuye a que la gente pueda defenderse de la miseria”, subraya el activista. Asimismo ha tomado la palabra Rafael Córcoles, presidente de la Associació de Desocupats, Precaris i Veïns de la Pobla de Vallbona, municipio de 22.000 habitantes de la provincia de Valencia. La plataforma se define como “apartidista”, y dedicada a la búsqueda de empleo, autoempleo y formación de los parados. Entre las últimas actuaciones, destaca la recogida de firmas para que parados, jubilados y vecinos en situación de precariedad accedan al transporte gratuito en metro. El objetivo es presentar las firmas ante el ayuntamiento. La asociación ha planteado además tareas de limpieza y replantación en zonas de escombros situadas en el entorno del municipio, así como la posibilidad de adecuar los jardines de la Pobla de Vallbona.
El Parque Alcosa es un barrio dormitorio adscrito al municipio de Allfafar y ubicado ocho kilómetros al sur de Valencia. Allí viven cerca de 10.000 personas. Muy próximo a una pancarta que reivindica la renta básica, el miembro de la Koordinadora de Kolectivos del Parque Alkosa, Toni Valero, recuerda que el barrio ha mantenido tasas de paro de entre el 30% y el 40% en los últimos 30 años, y que en torno al 70% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. En 1987 se constituyó la cooperativa social de la Koordinadora, que ha desarrollado a lo largo de los años tareas de mantenimiento de los servicios públicos, limpieza y jardinería con grupos en riesgo de exclusión. La continuación de estos trabajos, regulados mediante un convenio entre las partes, se halla actualmente en riesgo por los criterios de selección de personal que plantea el ayuntamiento, explica Toni Valero. Planteado el conflicto, la Koordinadora ha convocado una asamblea abierta el próximo martes, 27 de septiembre, en la plaza del Parque Alcosa; y el jueves los activistas asistirán al pleno municipal de Alfafar. “Estamos viviendo un ejemplo de caciquismo urbano”, resalta Valero, que defiende la “municipalización comunitaria” de los servicios públicos locales. Desde los albores de la crisis, la Koordinadora de Kolectivos ha reivindicado un Plan de Medidas de Urgencia que incluya una renta básica local (aunque no con financiación exclusiva del ayuntamiento).
A los pueblos del mundo
A los medios de comunicación alternativos, libres, autónomos o como se llamen
A la Sexta Nacional e Internacional
Parte de guerra y de resistencia # 44
¿Y los otros 43? ¿Y los que le siguen?
Sucede que este país no es el mismo desde hace dos años en que el mal gobierno cometió uno de sus peores crímenes al desaparecer a 43 jóvenes indígenas estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Este hecho nos hizo darnos cuenta de la profunda oscuridad en la que nos encontramos, y agitó el corazón y el espíritu individual y colectivo haciendo que se iluminara la noche con la rabia, con el dolor y con la esperanza que encarnan ahora los familiares y compañeros de los 43, y que brilla en el rostro de millones de personas en todas las geografías del México y del mundo de abajo, y de la sociedad civil internacional solidaria y consciente.
Como barrios, tribus, naciones y pueblos originarios que somos, miramos y hacemos palabra nuestra mirada, ahora como antes, desde el corazón colectivo que somos.
Desde las geografías y calendarios de abajo, donde se dibujan los espejos de los que somos el Congreso Nacional Indígena con nuestras resistencias, rebeldías y autonomías; desde los confines y rumbos donde somos y entendemos el mundo los pueblos originarios, es decir, las geografías antiguas desde donde no dejamos de ver, entender y resistir a esa misma violenta guerra que los poderosos implementan en contra de todos y todas, quienes sufrimos y resistimos desde lo que somos con un rostro individual o colectivo, miramos y hacemos palabra nuestra el rostro de los 43 ausentes recorriendo los rincones de este país en busca de verdad y de justicia, el rostro que se dibuja con otros millones de rostros y que nos muestra en medio de la noche los rumbos sagrados, porque sagrados son el dolor y la esperanza. Ese rostro colectivo que se multiplica y mira las geografías de resistencia y rebeldía.
Desde las geografías de abajo
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue en la impunidad, y buscar la verdad en medio de la pudrición del poder es esculcar en lo peor de este país, en el cinismo y perversión de la clase política, que no sólo sigue simulando buscar a los compañeros desaparecidos, sino que ante las crecientes evidencias que demuestran la culpabilidad del narco-estado terrorista, se premia a los responsables de mentir y tratar de deformar aún más la verdad ‒como es el cambio de Tomás Zerón, responsable de sembrar supuestas pruebas de su mentira histórica en el basurero de Cocula, a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad‒ dando una vez más cuenta de la naturaleza criminal del mal gobierno.
A la mentira, la simulación y la impunidad, el mal gobierno suma los atropellos e injusticias contra quienes se han solidarizado y manifestado en apoyo a la lucha de los familiares y compañeros de los 43, como el joven Luis Fernando Sotelo Zambrano, solidario siempre con las luchas de los pueblos originarios –como las de Cherán, la tribu Yaqui, los indígenas presos, las comunidades zapatistas-, a quien un juez ha condenado a 33 años y 5 meses por el séxtuple delito de ser joven, ser estudiante, ser pobre, ser solidario, ser rebelde y ser consecuente.
Esto miramos cuando miramos hacia quien arriba es Poder: para quien asesina, encubre y miente, premios y protección; para quien se indigna y protesta contra la injusticia, golpes y cárcel.
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Y cuando nos miramos:
En el sur, la lucha de los pueblos en defensa de sus territorios en contra de caciques y empresas, se disuelve con la lucha por la seguridad y la justicia en contra de las bandas de la delincuencia organizada, cuya íntima relación con toda la clase política es la única certeza que, como pueblo, tenemos hacia cualquier órgano del estado.
La formación de grupos de choque que actúan contra las movilizaciones permean los pueblos y el gobierno juega a generar conflictos que incendien los tejidos internos. Es decir, trata de hacer espejos de su guerra sembrando discordia en las comunidades y apostando a la destrucción en las fibras más sensibles. Nada más explosivo y peligroso para esta nación.
En el occidente, las luchas por la tierra, la seguridad y la justicia se dan en medio de la administración de los cárteles de la droga, que el estado disfraza de combate a la delincuencia o de políticas de desarrollo. En cambio, los pueblos que han resistido e incluso abatido la delincuencia mediante la organización desde abajo, deben luchar por los intentos permanentes de los malos gobiernos para lograr que el crimen organizado, y los partidos políticos de su preferencia, se adueñen nuevamente de los territorios mediante formas diversas.
La organización autónoma de las comunidades, sus luchas irrenunciables por los lugares sagrados y tierras ancestrales no cesan. La defensa de nuestra madre no se negocia. Estamos atentos a la lucha de la comunidad Wixárika de Wauta- San Sebastián Teponahuaxtlán por la recuperación de cerca de 10 mil hectáreas aledañas al poblado de Huajimic, Nayarit, donde, pese a demostrar su derecho en tribunales agrarios, las autoridades judiciales han sido omisas; y los malos gobiernos hacen de las falsas geografías oficiales que dividen los estados, un pretexto para incentivar el despojo a los pueblos originarios. Al pueblo Wixárika, en su rebeldía y autonomía le decimos: estamos con ustedes.
En el norte, donde persisten luchas por el reconocimiento de los territorios, las amenazas mineras, los despojos agrarios, el robo de recursos naturales y el sometimiento de las resistencias por narco paramilitares, los pueblos originarios siguen construyéndose a diario.
Los pueblos originarios de las tribus del norte, donde la nación Siux teje sus propias geografías que van más allá que las falsas geografías oficiales que los sitúan en otro país ‒pero que para nosotros somos hijos de la misma madre‒, están resistiendo a la invasión de sus tierras sagradas, cementerios y centros de oración para la construcción de oleoductos por parte de la empresa Energy Transfer Partners, que pretende transportar por sus territorios el petróleo obtenido mediante el fracking de la región Bakken, en Dakota del Norte, lo que ha motivado la solidaridad y unión de los pueblos originarios del norte. A ellos les decimos que su rabia es la nuestra y como Congreso Nacional Indígena alzamos y alzaremos la voz junto con ustedes. Su digna lucha es nuestra también.
En la península, los pueblos mayas se resisten a desaparecer por decreto, defendiendo sus tierras del ataque de empresarios turísticos e inmobiliarios, donde la proliferación de guardias blancas opera con impunidad para despojar a los pueblos, la invasión por la agroindustria transgénica amenaza la existencia de los pueblos mayas y la inmundicia de los magnates que se adueñan de los territorios agrarios, vestigios culturales arqueológicos e incluso la identidad indígena, pretende convertir a un pueblo tan vivo como la extensión de su lengua, en fetiches comerciales. Los pueblos que luchan contra las altas tarifas de luz son perseguidos y criminalizados.
En el centro, los proyectos de infraestructura, autopistas, gaseoductos, acueductos, fraccionamientos, se están imponiendo de forma violenta y los derechos humanos se ven cada vez más difusos y lejanos en las leyes impuestas. La criminalización, cooptación y división dibuja la estrategia de los grupos poderosos, cercanos todos de manera corrupta y obscena al criminal que cree gobernar este país, Enrique Peña Nieto.
En el oriente del país, la violencia, el fracking, las mineras, el tráfico de migrantes, la corrupción y demencia gubernamental son la corriente contra la lucha de los pueblos, en medio de regiones enteras tomadas por violentos grupos delincuenciales orquestados desde altos niveles de gobierno.
Desde el diálogo y la traición
Al igual como lo ha hecho el magisterio en lucha, los pueblos originarios hemos buscado diálogos con el mal gobierno en nuestras demandas urgentes de respeto a los territorios, de presentación de los desaparecidos, de liberación de los presos, de justicia para los asesinados, de que salga la policía o los militares de nuestras tierras o de nuestras exigencias de seguridad y justicia, pero siempre el gobierno se niega hasta que detienen a nuestros voceros en todo el país, el ejército dispara contra los niños en Ostula, las máquinas destruyen las casas de quienes resisten en Xochicuautla, los federales disparan contra el pueblo digno que acompaña a los maestros en Nochixtlán. Los malos gobiernos hacen como que dialogan y simulan durante años acuerdos con el pueblo Wixárika para lograr la restitución pacífica de su territorio, mientras configuran un reordenamiento violento de la región.
Y el gobierno platica como si no hubiera pasado nada y ofrece voluntad de ceder, siempre que ambas partes acuerden. El gobierno cede una parte de lo que acaba de destruir, libera a un preso, indemniza a la familia del asesinado, finge estar buscando a los desaparecidos. Y a cambio pide a los pueblos ceder su patrimonio colectivo, que es su dignidad, su organización autónoma y su territorio.
En varias geografías de nuestro país estamos recurriendo a las consultas cuando decimos que no queremos sus minas, sus eólicos, sus transgénicos, sus presas y exigimos que debería preguntarse a los pueblos, pero el mal gobierno siempre responde fingiendo que “consulta cómo consultar si consulta o no la forma de la consulta” (o algo así), que está llena de simulación, suplantación de nuestra palabra, manipulación y cooptación de nuestra gente, de amenazas y represión. Y así hasta que dice que ya estuvo y que ya dijimos que sí queremos sus proyectos de muerte, o que estamos divididos y debe atender a todas las posiciones.
Y mientras pretenden mantenernos quietos en su agenda mentirosa y las ongs “expertas” en “consultas” engrosan sus bolsillos, avanzan más rápido para concretar ‒antes de siquiera empezar la supuesta consulta‒ el robo del agua del río yaqui, que las mineras y sus desechos destruyan Wirikuta, que los eólicos invadan todo el Istmo y que los transgénicos se impongan en la Riviera Maya.
Los rumbos del mundo son nuestras geografías y en ellos nos encontramos y reconocemos, porque sabemos que la lucha no es de hoy ni para hoy, no luchamos por poder ni folclor que ofrecen campañas mentirosas, sino por tejer y retejer lo que somos, fuimos y seremos como pueblos originarios.
Los rostros de los 43 ausentes y la tenacidad de sus familiares y compañeros, son los otros 43 partes de guerra y resistencia. A ellas y ellos se suman los dolores, las rabias, las resistencias de los pueblos originarios y las rebeldías de millones en todo México y el mundo.
Y le siguen los partes de guerra y resistencia de lo otro perseguido y estigmatizado, de las mujeres violentadas, desaparecidas y asesinadas, de la infancia convertida en mercancía, de la juventud criminalizada, del trabajo explotado, de la rebeldía perseguida, de la naturaleza mancillada, de la humanidad adolorida.
Con toda esa humanidad, con esta tierra que somos, hoy reiteramos que la verdad y la justicia son una demanda irrenunciable y que el castigo a los culpables, a todos los culpables, nacerá de la lucha de abajo, donde, ahora más que nunca y como pueblos originarios del Congreso Nacional Indígena, sabemos que no cabe rendirse, ni venderse, ni claudicar.
¡Verdad y Justicia para Ayotzinapa!
¡Libertad para Luis Fernando Sotelo Zambrano!
¡Libertad a tod@s l@s pres@s polític@s!
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros.
Congreso Nacional Indígena.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
México, septiembre del 2016.
Viñeta de Paula Cabildo