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1º de Mayo: A la calle a reconquistar Libertades y Derechos

Este 1º de mayo es el cuarto aniversario de la muerte y secuestro de los Derechos Laborales y Sociales, que el gobierno y la Troika nos impusieron por medio de sus leyes liberticidas: La Reforma Laboral, la Ley Mordaza y el Código Penal.

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Tremendas agresiones laborales que han supuesto la devaluación de todas las rentas salariales,robando a las clases asalariadas más de 8 puntos de toda la riqueza producida, para entregársela directamente a la oligarquía y al empresariado, aumentando así, hasta límites insoportables, la explotación de la mayoría social.

Son Derechos que han expropiado a las personas trabajadoras, imponiendo la “flexibilidad” en las empresas, donde las condiciones de trabajo, es decir: jornadas, funciones, salarios, vacaciones, movilidad y disponibilidad, etc…, son administradas y decididas unilateralmente por el capital, provocando que los costes laborales disminuyan significativamente, en especial el despido. Además de la brutalidad que supone despedir sin ninguna causa, se benefician con una indecente rebaja de las indemnizaciones.

Han suprimido la libertad sindical e inutilizado la de Negociación Colectiva, entregando al empresariado la facultad de negar la defensa colectiva de la clase trabajadora y la capacidad de reprimir, de manera totalitaria, la disidencia y la Huelga.

Han condenado a toda una generación (o más de una) de jóvenes al paro, cerca del 50%, a la vez que se nos obliga a trabajar hasta los 67 años, para poder tener una pensión contributiva, la cual también está en duda.

Sobre las personas pensionistas actuales (9,2 millones), se han aplicado auténticas políticas de expropiación, bien congelándolas o bien incrementándolas en un mísero 0,25%. Para los y las pensionistas futuras, un recorte de entre un 5% y un 15%, gracias a las diferentes leyes elaboradas por los dos gobiernos (PP y PSOE) y sus colaboradores, es decir, los sindicatos del régimen.

Han puesto en riesgo todo el Sistema Público de Pensiones, por medio de abaratar los salarios (11,3 millones de personas asalariadas no llegan a los 700€ mensuales), a la vez que se exonera de pago a las empresas de sus cotizaciones sociales hasta los 500€, y se les fija tarifas planas de 100€. También se les exime de pagar cotizaciones hasta el 70% en gran parte de los contratos “basura” (formación, aprendizaje, etc.).

Unos gobiernos y otros, con el apoyo de sus partidos, han anclado a la “Constitución del Régimen”, la regla sagrada del Déficit, donde los estados y sus gobiernos asumen las Deudas de financieros, banqueros y grandes empresarios con el dinero público, garantizando siempre y en cualquier circunstancia el pago de dichas Deudas, por encima de los derechos sociales de todos y todas,tales como  la Educación, la Sanidad, los Cuidados, las Pensiones, etc…

La libertad de Expresión, de Manifestación, de Huelga y de Disidencia, han sido liquidadas con el golpe de estado que suponen las leyes impuestas de Reforma del Código Penal, la Ley Mordaza y la Ley Antiyihadista.

Miles de personas: sindicalistas, desahuciadas y expulsadas de sus viviendas, activistas de las diversas mareas en defensa de lo público, personas de abajo, honestas, luchadoras, etc…, se encuentran encausadas, condenadas o encarceladas por el hecho de defender sus condiciones laborales, sus empleos, sus viviendas, su libertad de expresión…, sus derechos sociales en definitiva, miserablemente  arrebatados.

Sin embargo, los poderosos (empresarios, financieros, banqueros) y quienes actúan como sicarios a su servicio (políticos), que llevan años y años apalancados en un sistema corrupto y criminal, son impunes y se ríen de nosotros y nosotras negando cualquier tipo de responsabilidad.

CGT, en este 1º de Mayo, hace una llamada a todas las personas que están sufriendo esta situación de emergencia social, de exclusión y precariedad, de represión policial, jurídica, laboral y económica,a tomar las calles, conjuntamente con su clase, para reconquistar los derechos y libertades que corresponden a la colectividad.

¡Vivan las personas que luchan!

¡Viva la Clase Trabajadora!

¡Viva el 1º de Mayo!

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Concentración Domingo 10 de abril

descargaQueremos aprovechar para recordar a tod@s los encausados por las Leyes Mordaza, a los compañer@s sindicalistas, de los movimientos sociales, a Mónica y Francsco, a l@s de la operación Pandora y a tantos otr@s  que sufren las consecuencias de las leyes represoras del Estado.

cartel libertad Andres Bodalo (chapuza), 10-4-2016

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CGT se persona como acusación popular en el Caso Bankia

bankia-ladrones-e1413302178964-150x114Tras la retirada de UPyD como acusación popular en el procedimiento contra BANKIA y sus directivos, en el que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, nos obligaba a comparecer bajo la dirección letrada y representación del referido partido político, finalmente se ha aceptado que la Confederación General del Trabajo (CGT) pueda actuar como acusación popular en esta causa, bajo representación y dirección letrada propia, que será asumida por el letrado del gabinete jurídico confederal Raúl Maíllo.

CGT tiene representación e implantación en las entidades donde se han producido los hechos objeto del procedimiento, siendo las personas trabajadoras de dichas entidades, perjudicadas en un doble sentido, como empleados y empleadas que sufrieron las consecuencias de la reestructuración del sector con múltiples despidos y bajo duras condiciones, y como ciudadanos y ciudadanas, que forman parte de la sociedad que, por parte de una minoría, ha sido objeto de conductas carentes de toda ética, antisociales y delictivas hacia el resto una sociedad que reclama, cuanto menos, un resarcimiento de todo el daño causado.

Tras la aportación de la exorbitada fianza impuesta por el magistrado de la Audiencia Nacional y la retirada de la acusación popular de UPyD, termina ahora la lucha por la exigencia de nuestro derecho para comparecer en la causa y comienza el ejercicio real de la acción penal, por nosotros mismos con nuestros medios, como CGT, al objeto de exigir que de algún modo se repare el daño causado, que los responsables no eludan la acción penal y que se desenmascare a quienes han llevado a que toda la sociedad haya pagado colectivamente las deudas generadas por sectores minoritarios, además de defender los derechos de las y los trabajadores que fueron despedidos en una salvaje reestructuración del sector financiero.

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT

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Nueve medidas que están destruyendo el sistema sanitario público

Cuando se celebra el Día Mundial de la Salud, que movimientos en defensa de la sanidad pública de toda Europa han reconvertido en un Día Europeo contra la Mercantilización y la Privatización de la Sanidad, con diversas actividades de denuncia, la Marea Blanca de Madrid ha aprovechado para denunciar a través de un informe algunas de las medidas que en los últimos años han deteriorado y mercantilizado el sistema sanitario público tanto en el Estado como en la Comunidad de Madrid. Aunque en los últimos años la ofensiva contra la sanidad pública ha sido sistemática, ésta ha sido posible, recalcan en el informe, gracias a leyes como la 15/1997, que abrió el camino a su mercantilización, y a la modificación del artículo 135 de la Constitución, aprobada por PSOE y PP en 2011, y que antepone el pago de la deuda a cualquier gasto público y social.

15310544632_27dbe1698e_zFIN DE LA UNIVERSALIDAD: el Real Decreto Ley 16/2012, que entró en vigor en septiembre de 2012, fue el mayor mazazo contra la universalidad de la sanidad al excluir del sistema sanitario de entrada a 900.000 migrantes sin papeles, además de a otros colectivos vulnerables. Aunque varias comunidades se han declarado en rebeldía a esta normativa y han puesto en marcha sistemas alternativos para atender a toda la población, mientras esta normativa no sea anulada cientos de miles de personas continuarán sin historial médico ni tarjeta sanitaria.

CAÍDA DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO: entre 2008 y 2015, el gasto sanitario ha caído de un 6,8% a un 5,6% del Producto Interior Bruto, más de 10.000 millones menos. Y según el programa de Estabilidad Fiscal y Consolidación Presupuestaria 2015-2018 enviado a Bruselas, en 2018 el gasto público sanitario deberá quedar reducido al 5,3%, lo que supondrá otro recorte de varios miles de millones. Madrid tiene el porcentaje más bajo de gasto sanitario público de todas las comunidades autónomas, un 3,8%, según denuncia la Marea Blanca.

PÉRDIDA DE EMPLEO PÚBLICO SANITARIO: los recortes en sanidad también se han reflejado en una caída en el número de personal sanitario público. Desde 2012 hasta 2014 la plantilla del Sistema Nacional de Salud se redujo en 28.500 trabajadores. La tasa de reposición de personal ha caído al 10%, según denuncia la Marea Blanca en su informe. En Madrid, entre 2009 y 2014 se han perdido unos 7.500 empleos en la sanidad pública.

REPAGOS: el RDL 16/2012 también introducía el repago farmacéutico y de productos ortoprotésicos para pensionistas y colectivos vulnerables y aumentaba el ya existente para personas en activo. El pasado 5 de abril, el Gobierno interponía un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del País Valenciano de financiar los medicamentos de pensionistas y personas con diversidad funcional para evitarles el copago, una medida aplicada desde el 1 de enero. A las medidas de repago se suma la limitación en la financiación pública de nuevos fármacos, como ciertos anticancerígenos y antivirales contra la hepatitis C. Y un aumento del IVA de equipos médicos, aparatos de diagnóstico, instrumental sanitario o productos farmacéuticos que pasó del 10% al 21% desde el 1 de enero de 2015.

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS y privatización de la provisión de servicios, a través de externalizaciones, subcontrataciones, empresarialización de centros, etc.

A éstas y otras medidas, la Marea Blanca añade otras que en los últimos ocho años han afectado directamente a la Comunidad de Madrid:

CONSTRUCCIÓN DE SIETE HOSPITALES SEMIPRIVADOS, es decir, aquellos con la parte no sanitaria privatizada. Fueron inaugurados en 2008 con una concesión a 30 años. Según el informe publicado por Marea Blanca, y que muestra la evolución de la deuda de la Comunidad de Madrid, ésta se disparó a partir de 2009, precisamente el año en que comenzó a pagarse el canon de estos hospitales construidos por empresas privadas. El intento de privatizar al 100% seis de ellos fue paralizado por los tribunales después de fuertes movilizaciones en las calles de Madrid.

CUATRO HOSPITALES 100% PRIVADOS CON FINANCIACIÓN PÚBLICA:en este modelo, implantado en los hospitales de Valdemoro, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Collado Villalba, el hospital, aunque de titularidad pública, está gestionado al 100% por una empresa. Todos ellos fueron inaugurados entre 2007 y 2014, con un canon a 30 años. Se suman al concierto ya existente con la Fundación Jiménez Díaz, hospital privado gestionado por la empresa Quirónsalud.

PRIVATIZACIÓN del procesamiento de las pruebas de laboratorio; de las mamografías preventivas del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, que pasa a manos de Capio; de la Lavandería Central Hospitalaria, cuya gestión privada está resultando desastrosa, según la propia Consejería de Sanidad; de la donación ambulante de sangre, de la que se beneficia Cruz Roja desde octubre de 2013; de cinco centros de salud mental, lo que provoca «la reducción de plantillas y un descenso de la calidad asistencial», etc.

CONCIERTOS DE DERIVACIÓN: los acuerdos para derivar a clínicas y empresas privadas a pacientes para diagnóstico, pruebas o intervenciones quirúrgicas se han multiplicado en los últimos años.

Ante éstos y otros ataques a la sanidad pública, la Marea Blanca de Madrid no sólo exige, en el Día Mundial de la Salud, la derogación de todas aquellas leyes y normativas que hayan abierto las puertas a la mercantilización y devaluación del sistema sanitario público, o la recuperación del gasto público sanitario hasta alcanzar la media de los países de la UE. Además, considera imprescindible la puesta en marcha de unaauditoría ciudadana de la deuda en sanidad que investigue las conexiones entre el poder político y el económico y determine qué parte de la deuda generada por adjudicaciones de la Comunidad de Madrid en el ámbito sanitario debe ser declarada ilegítima.

Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/global/29937-algunas-medidas-estan-destruyendo-sistema-sanitario-publico.html

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Las ayudas públicas a Bankia pudieron ser de hasta 147.000 millones de euros

Los peritos del Banco de España encargados del caso Bankia, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, han entregado al juez Fernando Andreu un informe en el que elevan la cifra del coste del rescate a Bankia que ha defendido en todo momento el Gobierno y el Banco de España de 23.000 a 46.000 millones de euros. Por otro lado, un informe realizado por la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda y el concejal de Economía y de Hacienda del ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato cifran las ayudas recibidas por Bankia en 147.000 millones de euros.

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Bankia protagonizó el mayor rescate bancario acometido por el Gobierno de España. El banco que resultó de la fusión de varias cajas de ahorro, entre las que se encontraban Bancaja y Caja Madrid, necesitó una inyección directa de capital de 22.424 millones de euros, de los cuales 17.959 se correspondían a inyección directa de capital y 4.465 millones de euros se canjearon por participaciones preferentes convertibles.

Esta cifra de casi 23.000 millones de euros ha sido la que tanto el gobierno como el Banco de España han usado hasta el momento a la hora de hablar sobre el coste que ha supuesto para el contribuyente el rescate bancario y para valorar las ayudas realizadas por parte de las administraciones públicas a dicho banco.

Este nuevo informe, firmado por los peritos del Banco de España encargados de analizar el caso Bankia, ha roto con ese discurso incluyendo las ayudas de la SAREB, también conocido como el “banco malo”, como ayudas públicas a la entidad que presidía Rodrigo Rato. A finales de 2012, la SAREB compró activos a Bankia y BFA, su empresa matriz, valorados por otros 22.317 millones, por los que entregó al banco bonos emitidos por la SAREB y avalados por el Estado. Los peritos elevarían así la cantidad del rescate de 23.000 a 46.000 millones de euros, duplicando la cantidad defendida siempre por el Gobierno y el Banco de España.

El argumento defendido por los técnicos del Banco de España se basa en considerar también como ayudas públicas esta compra por parte de la SAREB, ya que el banco malo fue concebido para liberar a la banca de activos y así sanear sus balances. El banco malo está en manos del Gobierno en un 45% y el 55% restante en posesión de inversores privados. Con esta fórmula el Gobierno evita tratar la SAREB como una empresa pública, elude introducir las deudas de esta en la contabilidad del Estado y escurre el bulto a la hora de contabilizar esta compra de activos por parte del banco malo como ayudas provenientes del sector público, al contrario de lo que dicen ahora los dos peritos del Banco de España.

Créditos fiscales, avales, préstamos y adquisición de activos financieros

La técnica adoptada por Gobierno y por el Banco de España de usar la cifra de los 23.000 millones de euros como las únicas ayudas por parte de las administraciones públicas no deja sólo las compras de la SAREB fuera del cómputo. La Plataforma de la Auditoría de la Deuda (PACD) elaboró un informe en el que valoraban otras ayudas a la banca que no han sido valoradas por las administraciones públicas y que aumentarían esa cantidad hasta los 147.000 millones de euros.

El Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF)

Los activos inmobiliarios no fueron lo único que el Estado adquirió a los bancos privados. El FAAF es una organismo creado para adquirir activos financieros de “máxima calidad” con la finalidad de “apoyar la oferta de crédito a la actividad productiva de empresas y a los particulares” comprando esos activos e inyectando capital a los bancos para que así pueda fluir el crédito. Este organismo adquirió activos financieros, que dudosamente se podrían clasificar de “máxima calidad”, por valor de 21.041 millones de euros, de los cuales se usaron 3.322 millones de euros para comprar activos financieros a Bankia. Ni el gobierno ni los peritos del Banco de España incluyen esta compra de activos como una ayuda pública a la banca privada, a pesar de que se trata de una operación muy similar a la realizada por la SAREB.

Los créditos fiscales

Los créditos fiscales y los activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) son deudas que Hacienda tiene con los bancos debidas a sus pérdidas. A las entidades bancarias se les ha permitido usar esta “deuda” futura como si fuera un activo presente. De este modo han podido usarlo para sanear sus balances, usarlas como aval o incluso venderlas a terceras partes como si se trataran de activos presentes y reales.

Los créditos fiscales concedidos a Bankia durante su rescate fueron de 6.957 millones de euros y tampoco han sido contabilizados nunca como una ayuda del sector público por el Gobierno o el Banco de España.

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Elaborado por Carlos Sánchez Mato a partir de datos de Banco de España, FROB, Tesoro y FAAF

Préstamos baratos del Banco Central Europeo

El BCE elaboró un plan para reactivar la economía que trataba de volver a hacer fluir el crédito a PYMES y familias mediante el préstamo de una gran cantidad de dinero a los bancos privados a intereses cercanos al cero. La máxima autoridad en materia monetaria de Europa prestó un billón de euros a tipos de interés del 0’25% y 0’15%. La banca española acudió a esos préstamos para recibir más de 350.000 millones de euros a intereses muy bajos que utilizó para comprar gran parte de la deuda pública que España emitió para poder paliar la crisis, que el rescate a esa misma banca había causado.

En el caso de Bankia, la entidad recibió 58.022 millones de euros a intereses prácticamente nulos que pudo usar para comprar y especular con deuda pública o para prestar a las administraciones públicas locales mediante el plan de pago a proveedores sin necesidad de prestar a familias y empresas.

Avales del estado a los depósitos bancarios

Una de las primeras medidas tomadas por el gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero al estallar la crisis financiera fue elevar por ley el aval que protege los depósitos bancarios de los clientes de 20.000 a 100.000 euros por persona y entidad. Esta medida, mostrada como una protección a los clientes, elevó la cantidad comprometida para avalar dichos depósitos por parte del Estado en 795.135 millones de euros.

De este incremento, 34.768 millones fueron a los depósitos de los clientes de Bankia, lo que la convirtió en un banco “demasiado grande para caer” y justificó su posterior rescate. Estos avales nunca han sido considerados como parte del rescate ni de las ayudas públicas recibidas por parte del Banco de España, al contrario de lo que defienden desde la PACD. “Tanto en el caso de los avales bancarios como en los préstamos del BCE son recursos al que el conjunto de la ciudadanía no tiene acceso. Las entidades financieras reciben un trato de favor por parte de las instituciones publicas supranacionales y nacionales” , explica Guiomar Morales, de la PACD. “Ademas, en el caso de los avales, implica un claro ahorro para las entidades financieras, ya que si hubieran tenido que recurrir al mercado, el coste derivado de contratar dichos avales hubiera sido muy superior”, comenta la activista, “ni que decir tiene, el crédito a intereses prácticamente cero procedente del BCE, el cual podría haber usado ese dinero para financiar directamente a los estados”, concluye Morales.

Rodrigo Rato, Deloitte y la CNMV

Según informa el diario El Mundo, el cual ha tenido acceso al informe, los dos peritos critican duramente el comportamiento del presidente de la entidad durante su salida a bolsa calificándola de una “farsa de Rodrigo Rato y su equipo con la colaboración de la auditoría Deloitte” que provocó un rescate público más caro de lo que defiende el Gobierno.

El informe señala que la salida a bolsa del grupo se realizó cuando BFA estaba en quiebra siendo ocultado a los inversores con el visto bueno de la CNMV. ’Los administradores de BFA y Bankia [encabezados por Rodrigo Rato] prefirieron diferir el reconocimiento de las pérdidas evidenciadas, lo cual fue lesivo para los intereses de los inversores e incluso, como finalmente sucedió, para los intereses del Estado que unos pocos meses después tuvo que rescatar y sanear el grupo BFA’, concluyen los dos peritos.

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Las-ayudas-publicas-a-Bankia

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cartel libertad Andres Bodalo (chapuza), 10-4-2016

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Cartel Manifestación Refugiadxs definitivo 9-4-16

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Apertura de juicio a un antidisturbios por un delito de lesiones a un manifestante

Un auto de 18 de febrero abre juicio oral contra un policía que golpeó repetidamente a un manifestante durante una concentración contra la Ley Mordaza, en diciembre de 2013, provocándole graves daños.

La Comisión Legal Sol, en un comunicado de prensa, anuncia el inicio del juicio tras más de dos años de la interposición de la denuncia contra el agente. El auto del juzgado de instrucción número 49 señala el inicio del procedimiento contra el antidisturbios.

mani_rodea_juan_zarza_webLos hechos ocurrieron durante una manifestación convocada por la Coordinadora 25S contra la la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, o Ley Mordaza, que estaba pendiente de aprobación durante esos días. Según datos de los convocantes, fueron más de 5.000 las personas asistentes a dicha concentración en la plaza de Neptuno de Madrid, y se quería acabar rodeando el Congreso de forma simbólica conta la aprobación de la ley antiprotesta.

En esta plaza próxima al Congreso se corearon gritos como «No Pasarán» o «No a la ley mordaza», entre otros, en medio de un fuerte despliegue policial que contó con más de 25 grupos de la Unidad de Intervención Policial, integrados por más de 1.250 agentes antidisturbios.

A última hora de la protesta, se produjeron varias cargas policiales de gran violencia. En una de ellas, un agente antidisturbios golpeó  fuertemente con la porra a J.M.F.V. ocasionándole graves lesiones en una mano por los que este manifestante ha tenido que ser operado en varias ocasiones, resultando afectado con secuelas de por vida. En dicha protesta resultaron heridas también otras diecinueve personas y otras siete fueron detenidas. La protesta fue respaldada por diversos colectivos sociales, también por algunos partidos políticos y sindicatos.

Desde la Comisión Legal Sol se señala a este medio que ha sido posible identificar al policía agresor gracias a la colaboración de varios  fotoperiodistas que han aportado abundante material gráfico del momento de la agresión y donde se podía ver el Número de Operativo Policial, NOP, que va gravado en el chaleco y es visible en la espalda del mismo.

La Comisión Legal Sol explica a Diagonal que «gracias a la lucha durante años de diversos colectivos jurídicos y de la ciudadanía en general, se ha conseguido la implantación del NOP y eso ha permitido identificar al agente».

Desde esta organización se incide también en que con anterioridad a la implantación  de número operativo, el chaleco de los policías solía tapar el número de placa y se hacía imposible identificar a los funcionarios de policía, y eso ha servido en muchas ocasiones como excusa para archivar las denuncias.

Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/saberes/29917-apertura-juicio-antidisturbio-por-delito-lesiones.html

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CGT convoca movilizaciones en el sector de telemarketing

El 5 de abril de 2016, se tenía que haber celebrado una nueva reunión de la Comisión Negociadora del Convenio. La semana pasada, por correo electrónico, las empresas de Telemarketing agrupadas en su patronal ACE enviaron un mensaje a todos los sindicatos suspendiendo unilateralmente la reunión por “problemas de agenda”.

309-tu_tienes_mucho_que_decir_WEBDesde CGT llevamos detectando a lo largo de muchas reuniones que la situación ha llegado a un punto muerto. La patronal solo habla de reducir costes, incrementar la flexibilidad y la productividad, y se desentienden de la precariedad y el sufrimiento de l@s trabajadoras/es. Reunión tras reunión se va pasando el tiempo sin avances porque la ACE solo está dispuesta a firmar un convenio a peor. Le va bien este contexto de salarios congelados y de nuevas prácticas explotadoras.

Desde CGT entendemos que ha llegado la hora de actuar en todos los centros de trabajo y que se empiece a escuchar nuestra voz. Otro convenio es posible y quienes somos la voz subcontratada de las grandes empresas tenemos mucho que decir.

CGT, tras un proceso asambleario en sus secciones sindicales en todo el Estado, ha propuesto a todos los sindicatos presentes en la Mesa del Convenio el siguiente calendario de movilizaciones:

20 de abril: coincidiendo con la próxima reunión del Convenio, se convocarán mesas y actos informativos en todos los centros de trabajo de todas las empresas de Telemarketing. Será una jornada de participación e información a los trabajadores sobre la situación actual del Convenio Colectivo y sobre el futuro que nos espera de seguir así las cosas.

1 de mayo: CGT organizará grupos propios con acciones reivindicativas en las manifestaciones del Día del Trabajo convocadas en todo el Estado.

6 de mayo: Paros de 1 hora por turno en todos los centros de trabajo de telemarketing del Estado incluyendo a los trabajadores contratados a través de ETT.

Para estas propuestas y otras nos gustaría poder contar con el resto de sindicatos presentes en la mesa negociadora. Tras 16 meses sin convenio ha llegado la hora de decir basta.

La lucha es el único camino. Otro convenio es posible, tú tienes mucho que decir.

SIN EXCUSAS PARA LA UNIDAD SINDICAL

Desde CGT hemos mantenido diversos contactos con el resto de organizaciones sindicales presentes en la mesa de convenio de cara a confluir en unas movilizaciones que se hacen imprescindibles. Este intercambio de puntos de vista se viene produciendo sobre todo en los últimos meses, siendo el último de estos contactos e intentos de confluencia el de ayer mismo, mediante una carta que podéis ver íntegramente en el código QR que adjuntamos a este comunicado.

No ha sido fácil. Para tratar de llegar a esa confluencia hemos incluso obviado algunas cuestiones fuera de tono, como el último comunicado de UGT cuyo título “Los Anarcosindicalistas Rompen la Unidad Sindical”, que venía a responder a un comunicado de CGT sobre nuestra postura respecto del artículo 17 y los despidos por disminución del volumen de llamadas, y que desde nuestro punto de vista es esencial que desaparezca del próximo convenio porque se ha convertido en un coladero. En modo alguno había en aquel texto un ataque a ninguna organización sindical, así como en ningún otro comunicado informativo sobre la negociación del convenio que venimos repartiendo puntualmente en las empresas. Obviaban por otra parte que salvo UGT, el resto de sindicatos de la mesa negociadora defienden igualmente la supresión del artículo 17 porque, en palabras de CCOO, “ya no tiene sentido su redactado”.

La carta que ayer enviamos al resto de organizaciones sindicales viene precedida, en el caso de CCOO/ UGT, de una reunión en febrero de este año en la que les manifestábamos nuestra preocupación por el estancamiento y maximalismo de la patronal en sus propuestas de cara al futuro convenio. En aquel momento nos indicaban que no veían aún el momento oportuno para realizar movilizaciones, aunque entendían –y así lo expresaron- que había motivos suficientes para ello. Ante esta respuesta, desde CGT les indicamos que, en todo caso, pondríamos en su conocimiento el calendario de movilizaciones que lleváramos a cabo cuando lo decidieran las asambleas de afiliados, a la espera de que valorasen si, pasado un tiempo, ese momento idóneo que no veían a principios de año ahora sí hubiera llegado.

Pues bien, tras 16 meses de negociación y 21 reuniones oficiales de la mesa negociadora de convenio sin una sola propuesta por parte de la patronal que ayude a mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, con constantes cambios de fecha en las reuniones sin ningún otro motivo que dilatar la negociación, y sin dar respuesta a buena parte de las pretensiones de la parte social, desde CGT entendemos que ha llegado el momento de dar la palabra a l@s trabajadores/as del sector.

Por todo lo anterior, hacemos un llamamiento público al resto de organizaciones presentes en la mesa de negociación, así como al resto de organizaciones sindicales presentes en las empresas del sector, de cara a confluir en unas movilizaciones que entendemos ineludibles llegado este momento y ante la actitud de la patronal que busca quitarnos derechos.

Entendemos que no basta con respaldar públicamente unas movilizaciones y que la cosa se quede ahí. Pensamos que hay que trabajar entre tod@s en los centros de trabajo para que los trabajadores y trabajadoras secunden las movilizaciones y fundamentalmente paros, haciendo el mayor de los esfuerzos para explicar a los trabajadores y las trabajadoras que en este convenio nos jugamos mucho. Una movilización por un convenio que garantice una estabilidad y calidad en el empleo, y que permita vivir y tener futuro en él.

Todos los derechos que tiene la clase trabajadora se han conseguido tras la lucha.

Es el momento de dar un paso al frente. Para avanzar hay que parar.