CGT Cantabria

La primera quedada será el jueves 5 de noviembre a las 19:30h en el Centro Cultural Eureka y versará entorno a la obra «El cazador de rayos» de Kenny Ruiz.

Jueves 22 de octubre, 20 horas
En la Librería La Libre
Rampa Sotileza 1, Santander

[De la contraportada]
la desaparición del campesinado puede entenderse como el fin de un mundo. El punto y final de un relato que prosigue en otras latitudes pero no en la nuestra.
Provenimos de un lugar que no hemos conocido y no serán los campesinos quienes nos cuenten cómo era. No dejaron escrita su historia antes de irse en silencio.
Víctimas de un etnocidio con rostro amable, salvaron los cuerpos, pero su espíritu no resistió el embate de la modernidad.
Los campesinos vivieron siempre a la intemperie. Expuestos a una relación de fuerzas que les sobrepasaba.
Somos sus huérfanos, pero no lloramos la pérdida.
Un muro de contemporaneidad nos impide contemplar las ruinas que explican nuestro tiempo; ningún vínculo nos sujeta al pasado.
También nosotros vivimos al descubierto en un presente continuo y absoluto.

Ponemos un vídeo de una conferencia de Marc Badal sobre «los límites de las estrategias neorrurales» dentro del curso: «Vivir bien (con menos). Explorando las sociedades postpetróleo»que ha tenido lugar en Madrid entre el 2 y el 4 de septiembre de este año:
https://www.youtube.com/watch?v=Y_SfnosMqI8

Hoy empieza el III FORO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN que organiza la COMUNIDAD CRISTIANA DE BASE «Ignacio Ellacuría» con la Mesa Redonda «Es posible otra forma de organizar la sociedad«. El viernes 23 de octubre habrá una segunda ponencia «¿El centro es el empleo o el centro es la vida? Renta Básica de las Iguales». Y por último el viernes 30 de octubre la ponencia «El capital contra el Siglo XXI. Comentario teológico al libro de Thomas Piketty».

Reproduzco una entrevista que, sobre el proceso soberanista en Cataluña, me hizo días atrás un alumno –prefiere mantener el anonimato- de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Aclararé que me limité a responder a las preguntas que se me formularon, no sin suprimir en ellas –aquí- algunas citas, en exceso prolijas, que el entrevistador había sacado de mis libros En defensa de la consulta soberanista en Cataluña (Catarata, Madrid, 2014) y Sobre el nacionalismo español(Catarata, Madrid, 2014).

¿Cómo ves el debate soberanista en Cataluña?

Bien está que hables, antes que nada, de debate soberanista, porque lo común en los medios de incomunicación de ámbito estatal es que se refieran a la amenaza o al desafío soberanistas. Aunque el debate en cuestión reclama de herramientas conceptuales, y de conductas humanas, que no me son próximas, tengo que señalar que creo en el principio de libre determinación, y que creo en él porque me resultaría muy difícil defender lo contrario: como quiera que las instituciones no son sagradas, es de razón establecer mecanismos que otorguen a sus habitantes la capacidad de decidir sobre la inserción de la comunidad política en la que viven.

Y ese principio viene a cuento en la Cataluña de estas horas en virtud de dos razones precisas. La primera es el hecho de que hay una clara mayoría de catalanes que, independentistas o no, desean se les consulte sobre la inserción en cuestión. La segunda la aporta la intuición de que una buena parte –no sé si mayoritaria o no- de la sociedad catalana está por la independencia. Las cosas como fueren, debo subrayar que un referendo de autodeterminación puede dar pie, sí, a un proceso de independencia, de la misma forma que puede ratificar el estado de cosas hoy existente o generar otros horizontes. En este escenario entiendo que mi deber es defender el derecho de los catalanes, o de quienes fueren, a decidir su futuro, desde el respeto que merecen todas las opciones resultantes.

Y, ¿no crees que en relación con el futuro de Cataluña deberían votar, en un imaginable referendo, todos los ciudadanos españoles?

No conozco ningún referendo de autodeterminación en el que haya sido convocado a las urnas el conjunto de la población del Estado afectado. En Quebec han votado los habitantes de Quebec, y en Escocia los escoceses. Pero debo subrayar que el establishment político español, visiblemente hostil a la lógica de la autodeterminación, ni siquiera ampara un referendo en el que pudiesen votar, en efecto, todos los españoles. Sospecho que, sin más, tiene un miedo cerril a que se haga evidente que hay una mayoría de catalanes decidida a abandonar España.

¿Eres partidario de una Cataluña independiente?

Defiendo –ya lo he dicho- el derecho de los catalanes a decidir su futuro. Me parecerá respetable su opción, en el sentido que fuere, siempre y cuando no implique, claro, políticas agresivas y violaciones de derechos.

Otorgar un carácter plebiscitario a unas elecciones autonómicas, ¿no es una forma de trucar el ejercicio de la autodeterminación?

Es, en efecto, una forma retorcida, y poco afortunada, de permitir ese ejercicio. Pero entiendo que la mayor responsabilidad al respecto le toca a quien en su momento prohibió, con todos los resortes a su alcance, la celebración de un referendo en condiciones. Tiene gracia que quienes han desplegado esa prohibición se quejen ahora de los dobleces que nacen de un uso plebiscitario de unas elecciones ordinarias. En este orden de cosas, y por cierto, tiene gracia también el omnipresente argumento que señala que lo primero es respetar las leyes. Lo digo porque la mayoría de quienes se acogen a él señalan, sí, que hay que respetarlas, al tiempo que ocultan que no están dispuestos a cambiarlas para que se reconozca un derecho democrático. En esas condiciones me parece que la desobediencia civil es un cauce insorteable de respuesta.

Diré también que, desde mi punto de vista, la estupidez del establishment político español ha colocado a éste en una situación delicada. Si hubiese asumido tiempo atrás, como lo hizo el gobierno británico, la celebración de un referendo en Cataluña, me parece probable que la causa unionista –la causa defendida por ese establishment– hubiese salido bien parada y la opción independentista hubiese quedado en minoría. Pero la negativa a aceptar la posibilidad de ese referendo ha colocado en manos de las fuerzas soberanistas la potestad de establecer reglas del juego –así, las relativas a porcentajes de escaños o de votos- que no han sido objeto de una previa negociación y que, llegado el caso, pueden no ser razonables. No sólo eso: ha hecho que muchos catalanes inicialmente no independentistas cambien progresivamente de opinión.

¿Son creíbles los pronósticos que anuncian catástrofes encadenadas en el caso de abrirse camino la independencia de Cataluña?

Depende, claro, de la forma, negociada o traumática, que asuma el proceso correspondiente. A la luz de lo ocurrido en otros escenarios tengo, con todo, la impresión de que las catástrofes que se anuncian no serían tales. En cualquier caso, me parece lamentable el argumento que, dando por resuelta desde el principio la cuestión, afirma que esas eventuales catástrofes son suficientes para cancelar, con los instrumentos que sean, el proceso soberanista. ¿Qué dirían de mí si yo afirmase que la inferencia de que un nuevo triunfo electoral del Partido Popular en España sería una catástrofe –algo de lo que no me cabe duda- me invitase a sugerir que deben cancelarse las elecciones?

Por lo demás, estoy obligado a subrayar que en los últimos meses portavoces significados del gobierno español han realizado declaraciones insólitas en las cuales se hacen valer de manera lamentable los adverbios siempre y jamás. El ministro del Interior español se ha permitido afirmar que Cataluña será siempre España o que la guardia civil jamás dejará el País Vasco. Creía uno que en un país democrático –y España presume de serlo- la determinación de una cosa y de la otra debe quedar en manos de la libre voluntad de los ciudadanos. Pero ahí están, para desmentirlo, estos nacionalistas esencialistas, los españoles, que estiman que hay realidades intocables que escapan al escrutinio democrático. Es curioso que los mismos líderes de opinión que identifican, a menudo con argumentos respetables, un sinfín de aberraciones en el discurso del soberanismo catalán cierren los ojos ante las manipulaciones constantes a las que se ha entregado el nacionalismo de Estado español, que al parecer no existe. Si Junts pel Sí quiere arrasar en las urnas lo mejor que puede hacer es desconectar la emisión del TV3 y colocar en su lugar la de Telemadrid: me temo que a muchos catalanes indecisos se les despejaría el panorama. Cómo serán las cosas que el señor Albiol, el increíble candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, parece moderado y tolerante ante la jauría de la derecha ultramontana que se revela en la mayoría de las tertulias radiofónicas y televisivas en Madrid. Los que dividen, en cualquier caso, son siempre los demás: nunca somos nosotros.

Me siento tentado de agregar que al ascendiente inapelable del nacionalismo español no escapan tampoco quienes se adhieren al vacuo discurso que invoca las bondades de la globalización y del cosmopolitismo: qué fácil, y qué equívoco, es adherirse a una y otro cuando se vive cómodamente instalado en la lógica de un Estado-nación que no es objeto de cuestionamiento alguno.

El proceso soberanista, ¿no es el producto del capricho interesado de Artur Mas y de la burguesía catalana que éste encabeza políticamente?

Creo que es un grave, y desafortunado, error reducir ese proceso a la condición de una persona o, en su caso, de un grupo humano. Hay muchos catalanes que, ilusionados con el proceso en cuestión, ni simpatizan con Mas ni tienen relación alguna con unos u otros segmentos de la burguesía local. ¿Sería razonable reprocharle a Izquierda Unida, o a Podemos, que colabora con la burguesía española sobre la base, en exclusiva, de la constancia de que acepta, como esa burguesía, la existencia de una España independiente?  Pero, y por lo demás, la certificación de que una parte de la burguesía catalana respalda la opción soberanista debe completarse con la de que, del otro lado de la trinchera, la burguesía española, que no es precisamente edificante, ha puesto en marcha toda su maquinaria para frenar una imaginable independencia de Cataluña. Basta con echar una ojeada a las declaraciones de los responsables de los grandes bancos y de las grandes empresas, o al tono de las tomas de posición de los medios de incomunicación. La histeria que el diario humorístico El Paísmuestra en estas horas da para un libro.

¿No te parece problemático que Mas sea principal figura visible en Junts pel Sí?

Lo es, en efecto, y ello aun cuando hay que entender que una buena parte del soberanismo catalán, acuciado por la necesidad de buscar mayorías, se ha inclinado por generar una suerte de ambiciosa gran coalición. La operación es, sin duda, delicada, por cuanto puede echar atrás a muchas personas que, con lógica, consideran indigno votar a una lista en la que Mas desempeña un papel principal. Pero tengo que volver a la carga con un argumento anterior: las miserias que rodean a las elecciones del 27 de septiembre son en buena medida consecuencia de la cerrazón de los gobernantes españoles en lo que respecta a la organización de un referendo en condiciones. Esto al margen, quienes estiman que el debate soberanista plantea una discusión importante en cuanto a la naturaleza de las herramientas económicas y sociales en la Cataluña del futuro nos están diciendo, al amparo de un argumento que es tan comprensible como discutible, que la prioridad de hoy es la consecución de una independencia que airee ese futuro. Y, en ese sentido, y si aceptamos esas tesis, habría que situar las elecciones del 27 en un marco mucho más general en el que el relieve de la presencia o ausencia de Mas sería inequívocamente menor.

¿Qué crees que ocurrirá en caso de que las opciones soberanistas dispongan de una mayoría parlamentaria en Cataluña que les permita sacar adelante una declaración unilateral de independencia?

Francamente no lo sé. A título provisional me parece que el grueso del establishment político español ha tirado la toalla. Eso es al menos lo que parecen indicar las declaraciones del tipo “si Cataluña se declara independiente quedará fuera de la UE”, que suponen, al menos en una primera lectura, una aceptación de facto de la realidad de la independencia. Supongo que en la trastienda lo que se barrunta es la conclusión de que medidas represivas drásticas –desde la suspensión del estatuto de autonomía hasta sacar los tanques a las calles, pasando por el encausamiento de responsables políticos- serían difícilmente presentables en la Unión Europea y suscitarían una más que probable oleada de simpatía por la Cataluña independiente. Pero nada puedo afirmar a ciencia cierta.

La otra posibilidad es que se abra camino una negociación que implique, por ejemplo, la organización del referendo que se rechazó en 2014 o que acarree la asunción, por las autoridades españolas, de determinadas concesiones en provecho de Cataluña. En mi lectura de estas horas este último horizonte, que implicaría que Cataluña seguiría formando parte del Estado español, sería difícilmente defendible a los ojos de muchos de quienes apoyan el proceso soberanista.

No sé qué encaje tiene en este escenario una propuesta que, como la que plantea el PSOE, sugiere la configuración de un Estado federal en España. Si, por un lado, apenas cambiaría la realidad presente –lo cual hace que esa propuesta sea difícilmente atractiva para las posiciones soberanistas, en Cataluña y en otros lugares-, por el otro entiendo que sólo es razonable si se asienta en un previo reconocimiento del derecho de autodeterminación de las partes integrantes de ese Estado federal, algo que el Partido Socialista, sin embargo, no parece contemplar.

¿Qué piensas de la posición de Podemos en relación con lo que aquí nos ocupa?    

Cuando el proceso soberanista tiene ya un recorrido largo, y cuando las autoridades españolas han dejado clara su posición en relación con el derecho de autodeterminación, Podemos parece demandar una operación de marcha atrás que se asienta en la intuición de que una nueva mayoría gubernamental -¿cuál?- en Madrid asumiría en el futuro -¿cuándo?- la organización de un referendo en Cataluña y, por añadidura, y de la mano de venturosas políticas, ganaría para la causa española a muchos catalanes que hoy coquetean con el independentismo. Si a ello agregamos las dosis preceptivas de lerrouxismo, con la invocación de eventuales solidaridades entre las clases obreras de un lado y del otro, en el marco de un discurso que en los hechos aparca la cuestión nacional, tendremos un panorama general que explica por qué, en relación con Cataluña, Podemos es en estas horas en un balón de oxígeno para el establishment político español. En la trastienda intuyo que se hace valer una paradoja: como quiera que Podemos sólo parece interesado en alterar las reglas delrégimen español –no le interesa en modo alguno el sistema articulado en torno al capitalismo, la sociedad patriarcal, la crisis ecológica o el colapso-, al final no faltan las personas que estiman que sus propuestas en relación con la necesidad de acabar con el régimen de la transición son bastante inocuas en comparación con el proyecto que surge del soberanismo catalán.  

Pero, ¿te parece mal que Podemos defienda que Cataluña siga formando parte de España?

En modo alguno. Me parece que es una opción respetable. Faltaría más. Ya he señalado que un referendo debería amparar la posibilidad de adherirse a horizontes que impliquen la secesión y a otros que acarreen el mantenimiento, con los cambios que queramos, de la situación hoy existente. En ese referendo tendrían también la posibilidad de expresarse, y no pienso ahora en Podemos, quienes estiman que la independencia de Cataluña sería esa catástrofe por la que antes me has preguntado.

Eres un libertario. ¿Cómo ven los libertarios el proceso catalán?

Hablo en exclusiva por mí mismo, en la medida en que no represento a nadie. En realidad me cuesta trabajo representarme a mí mismo. Antes que nada debo subrayar que en el mundo libertario la cuestión nacional ha suscitado de siempre visiones enfrentadas. Aunque la mayoría de las posiciones entienden que naciones y nacionalismos son artilugios creados para apuntalar los intereses de las burguesías nacionales correspondientes, hay quienes –es el caso de Bakunin, por rescatar un ejemplo- de siempre han considerado que no pueden menospreciarse en modo alguno las luchas de liberación nacional.

Hace unos meses cayó en mis manos un artículo, publicado en una revista anarcosindicalista, que subrayaba que los anarquistas españoles de antes de 1936 no eran independentistas. El argumento me produjo incomodidad: creo que los anarquistas son, por definición, independentistas, en la medida en que preconizan una radical descentralización del poder, hasta la desaparición de éste. Bien es verdad que su independentismo no se vincula con la institución Estado, sino con la práctica de la autogestión y de la autonomía. Por otra parte, espero que esos anarquistas a los que se refería el artículo en cuestión asumiesen, más allá de una crítica consecuente de las miserias de las clases pudientes en Cataluña, una contestación franca de lo que suponía, y supone, el nacionalismo de Estado español, porque de lo contrario su actitud más bien parecería de colaboración, por activa o por pasiva, con los poderes estatuidos. En cualquier caso, mi posición es la misma que la que postuló buena parte del movimiento libertario catalán con ocasión del fallido referendo de noviembre de 2014: rechazamos la irrupción de un Estado catalán pero defendemos sin cautelas la independencia de Cataluña. Y la de cada de una de las partes que integran esta última.

TTIP, CETA, y la connivencia secreta entre los grupos de presión empresariales y los negociadores comerciales -> Resumen Ejecutivo del informe «Public services under attack through TTIP and CETA» (la versión completa en inglés se puede descargar aquí)

Los servicios públicos en la Unión Europea se encuentran bajo la amenaza de las negociaciones comerciales internacionales que están poniendo en riesgo la capacidad de los gobiernos de regular, y los derechos de los ciudadanos relativos al acceso a los servicios básicos como el agua, la salud y la energía, en aras de los beneficios corporativos. El Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá (CETA por sus siglas en inglés), cuya ratificación podría comenzar en 2016, y el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés) en vías de negociación con Estados Unidos representan la culminación reciente de estos esfuerzos. En el peor de los escenarios, podrían imponer la comercialización, de la que no podrán escapar, los servicios públicos, sin importar los resultados perniciosos que puedan tener sobre el sistema de bienestar.

Este informe desvela algunos datos sobre la connivencia secreta que existe entre las grandes empresas y los negociadores comerciales en la confección de los acuerdos comerciales internacionales de la UE. Muestra la agresiva agenda de las empresas de servicios en relación con el TIPP y el CETA, que pujan por una amplia apertura de mercados en áreas como la salud, los servicios culturales y postales, y el agua, lo que les permitiría la entrada y dominio dichos mercados. Y muestra cómo los responsables de las negociaciones por parte de la UE están allanando el camino a la industria de servicios, como se observa en el texto definitivo del CETA, publicado en septiembre de 2014 y los borradores de los capítulos relativos al TTIP, además de los documentos internos de negociación, que reflejan los deseos de los grupos de presión empresariales.

Resultados clave:

•    El TTIP y el CETA muestran rasgos evidentes de ser influidos por los mismos grupos de presión empresariales que funcionan en el área de los servicios y que han sido conformados durante las últimas décadas en conversaciones comerciales anteriores, como el grupo de presión empresarial más fuerte de la UE, BusinessEurope, y el Foro Europeo de Servicios, un grupo de presión amoldado para orquestar el conjunto de las asociaciones empresariales y las principales empresas como British Telecommunications y Deutsche Bank.

•    La relación entre la industria y la Comisión Europea es recíproca, y la Comisión estimula de forma activa las actividades de presión empresariales en sus negociaciones comerciales. Esto se ha denominado “reverse lobbying” (presión inversa, esto es, “las autoridades públicas ejercen presión empresarial para ser presionadas”). Pierre Defraigne, exdirector general adjunto de la Dirección General de Comercio de la UE, habla de una “connivencia sistémica entre la Comisión y los círculos empresariales”.

•    El grupo de presión empresarial ha logrado un enorme éxito al convertir el CETA en el primer acuerdo de la UE con un enfoque de “lista negativa” para los compromisos en materia de servicios. Esto significa que todos los servicios son objeto de liberalización a no ser que se haga una excepción explícita. Determina un abandono radical de las listas positivas utilizadas hasta la fecha en los acuerdos comerciales de la UE que solo incluyen aquellos servicios que los gobiernos han acordado liberalizar, dejando intactos otros sectores. El enfoque de lista negativa amplía enormemente el ámbito de un acuerdo comercial ya que los gobiernos realizan compromisos en áreas que incluso desconocen, como los nuevos servicios que puedan surgir en el futuro. Lo mismo podría ocurrir en el TTIP, donde la Comisión está presionando a los Estados miembros de la UE para aceptar el mismo enfoque arriesgado, satisfaciendo las demandas de los lobbies empresariales.

•    Las grandes empresas han logrado con éxito presionar en contra la exclusión de los servicios públicos en el CETA y el TTIP, ya que ambos acuerdos se aplican prácticamente a todos los servicios. Existe una excepción general muy limitada para los servicios “prestados en el ejercicio de una autoridad estatal”. Pero, para estar cualificado para dicha excepción el servicio no tiene que ser realizado ”sobre una base comercial ni en competencia con uno o más operadores económicos”. Sin embargo, hoy en día, prácticamente todas las empresas privadas dedicadas a los sectores públicos tradicionales coexisten con los proveedores públicos, lo que genera a menudo una fuerte competencia entre estos dos. La capacidad de exención de las autoridades gubernamentales queda realmente limitada a unas escasas funciones básicas que le pertenecen, como son los servicios relativos al orden público, el sistema judicial o el banco central. La llamada exención de los “servicios públicos” presenta problemas similares, ya que solo les reserva a los Estados miembros de la UE el derecho a someter a determinados servicios a los monopolios públicos o a los derechos exclusivos: contiene demasiados resquicios que tampoco permiten una protección adecuada de los servicios públicos.

•    Probablemente la mayor amenaza de los servicios públicos surja de las disposiciones relativas a la protección de inversiones de gran alcance consagradas en el CETA y previstas también para el TTIP. Dentro de un sistema denominado mecanismo de solución de controversias entre los inversores y el Estado (ISDS por sus siglas en inglés), miles de empresas de Estados Unidos y Canadá (así como las multinacionales con sede en la UE que estructuran sus inversiones a través de empresas filiales del otro lado del Atlántico) podrían demandar a la UE y los Estados miembros por los cambios reglamentarios dentro del sector de servicios que mermen los beneficios empresariales, algo que potencialmente les podría suponer indemnizaciones multimillonarias en compensaciones. Las políticas que regulan los servicios públicos, desde la limitación del precio del agua a las privatizaciones revocadas, ya han sido objeto de demandas de ISDS.

•    Las diferentes reservas y exenciones en el CETA y el TTIP son inadecuadas para proteger de manera eficaz al sector público así como la toma de decisiones democráticas respecto a la manera en que se organiza. Este es el caso concreto, ya que las exenciones no se aplican por lo general a los niveles de protección de la inversión más peligrosos y los ISDS, convirtiendo a las regulaciones de los sectores de servicios públicos críticos, como son la educación, el agua, la salud, el bienestar social y las pensiones, en objeto de todo tipo de ataques de parte por parte los inversores.

•    La Comisión Europea sigue las demandas de la industria de bloquear las liberalizaciones y privatizaciones presentes y futuras de los servicios públicos, por ejemplo, a través de los peligrosos mecanismos de mantenimiento de status quo y de trinquete, incluso cuando las decisiones del pasado hayan resultado en fracaso. Esto podría poner en riesgo la creciente tendencia de la remunicipalización de los servicios relativos al agua (en Francia, Alemania, Italia, España, Suecia y Hungría), las redes energéticas (en Alemania y Finlandia), y los servicios de transportes (en Reino Unido y Francia). El desmantelamiento de algunas de las privatizaciones del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) para fortalecer a los proveedores de asistencia sanitaria sin ánimo de lucro podría considerarse como una violación del CETA/TTIP, como lo podrían ser las nacionalizaciones y re-regulaciones dentro del sector financiero como las presenciadas durante la crisis económica.

•    Dar paso a las demandas de las empresas a favor del acceso ilimitado a la contratación pública estatal podría restringir la capacidad de los gobiernos para apoyar a los proveedores locales y sin ánimo de lucro y promover dentro del sector público la subcontratación de empleo a empresas privadas, donde, a menudo, el personal se ve forzado a hacer el mismo trabajo en peores condiciones salariales y laborales. En el CETA, los gobiernos ya han suscrito la licitación competitiva transatlántica obligatoria para varios sectores a la hora de adquirir suministros y servicios, un medio efectivo de privatización mediante la transferencia gradual de los servicios públicos hacia los proveedores con fines lucrativos. Los grupos de presión de Estados Unidos, como es la Alliance for Healthcare Competitiveness (AHC) y el Gobierno de Estados Unidos quieren que en el TTIP se reduzcan de manera drástica los umbrales para llevar a cabo la licitación transatlántica.

•    Tanto el CETA como el TTIP amenazan con liberalizar la asistencia social, haciendo difícil la adopción de nuevas regulaciones dentro del sector. La oferta de servicios dentro del TTIP en Reino Unido incluye de manera explícita los servicios hospitalarios. En el texto del CETA y en los últimos borradores del TTIP hay al menos once Estados miembros de la UE que liberalizan la asistencia de larga duración, como es la atención residencial para los mayores (Bélgica, Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, España y Reino Unido). Esto podría dificultar las medidas de protección del sector de la asistencia de larga duración frente a las estrategias de alzamiento de bienes de los inversores financieros como las que propiciaron el colapso de Southern Cross en el Reino Unido, por ejemplo.

•    El borrador de texto más reciente sobre los servicios en el TTIP de la UE restringe de manera severa la aplicación de las obligaciones del servicio universal (USO) y reduce la competencia por parte de los operadores postales públicos, reflejando así los anhelos de las grandes empresas postales como UPS o FedEx. Las USO, como es la entrega diaria de correo a áreas remotas sin cargo extra, se orientan a garantizar el acceso universal a los servicios básicos a precios asequibles.

•    El TTIP y el CETA amenazan con limitar la libertad de las empresas de servicios públicos para producir y distribuir energía según los intereses públicos mediante, por ejemplo, el apoyo a las energías renovables en la lucha contra el cambio climático. Muy pocos Estados miembros de la UE se han reservado explícitamente su derecho en los acuerdos comerciales a adoptar determinadas medidas en relación con la generación eléctrica (solo Bélgica, Portugal y Eslovaquia) y las redes de distribución energéticas locales (entre ellos, Bélgica, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia).

•    Estados Unidos apunta hacia una apertura del mercado de la educación a través del TTIP. Desde las formaciones de gestión y los cursos de idiomas hasta las pruebas de admisión en los institutos, las empresas de educación de Estados Unidos que forman parte del mercado europeo como Laureate Education, Apollo Group, y Kaplan Group podrían beneficiarse, al igual que el conglomerado de medios alemán Bertelsmann, que recientemente adquirió participaciones del proveedor de educación en línea de Estados Unidos, Udacity. La Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros de la UE que muestren “flexibilidad potencial” en relación con la petición de Estados Unidos asociada a los servicios educativos.

•    La industria cinematográfica de Estados Unidos quiere que el TTIP elimine las cuotas relativas a los contenidos europeos y otros planes de apoyo encaminados a la industria del cine (por ejemplo, en Polonia, Francia, España e Italia). Como resultado, los grupos de presión como Motion Picture Association of America (MPPA) y el Gobierno de Estados Unidos se han opuesto a que se excluyan del mandato de TTIP de la UE los servicios audiovisuales, algo por lo que lucha el Gobierno francés. Ahora intentan limitar la exención tanto como se pueda, por ejemplo, mediante la exclusión en la definición de servicios audiovisuales del concepto de retransmisión, aparentemente con el apoyo de los grupos de la industria de la UE como BusinessEurope y la Comisión Europea.

•    Los inversores financieros como BlackRock, involucrados en los servicios públicos europeos, podrían utilizar las disposiciones del TTIP y el CETA para los servicios financieros y la protección de la inversión a fin de defender sus intereses frente a las regulaciones “molestas” como son, por ejemplo, la mejora de las condiciones laborales dentro del sector de la asistencia de larga duración. Los grupos de presión como TheCityUK, con sede en Reino Unido y que representa a la industria de servicios financieros, están presionando fuertemente para un TTIP “integral”, que abarque todos los aspectos de la economía transatlántica.

•    Las empresas de servicios de Estados Unidos están también presionando para que el TTIP aborde las “barreras al comercio”, como son las regulaciones en materia laboral. Por ejemplo, la empresa estadounidense Home Instead, un proveedor líder en servicios de asistencia domiciliaria para los mayores y que opera mediante franquicias en varios Estados miembros de la UE, quiere que se aborden en el TTIP las “leyes laborales inflexibles”, que obligan a una empresa a ofrecer a sus empleados a tiempo parcial “amplios beneficios como son las vacaciones remuneradas” y, que según se alega, “acrecientan de manera innecesaria los costes de la asistencia domiciliaria”.

Los acuerdos comerciales como el TTIP o el CETA ponen en juego nuestro derecho a los servicios esenciales, además de nuestra capacidad para que los servicios de todo tipo se orienten hacia el beneficio de la sociedad en su conjunto. Si se dejaran que siguieran su propio rumbo, las negociaciones comerciales podrían imposibilitar en último término la aplicación de decisiones que favorezcan al bien común.

Una medida para la protección eficaz de los servicios públicos frente al enorme ataque comercial sería la exclusión completa e inequívoca de todos los servicios públicos de cualquier acuerdo o  negociación comerciales dentro de la UE. Pero una exclusión así no sería ciertamente suficiente para deshacerse de las restantes amenazas que se derivan del CETA y el TTIP, ya que hay muchas más disposiciones que ponen en peligro la democracia y el bienestar de los ciudadanos. Mientras que el TTIP y el CETA no protejan la capacidad regulatoria en pos del interés público, deben ser rechazados.

Publicado por la Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs (AITEC), Corporate Europe Observatory (CEO), la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP), Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO), Transnational Institute (TNI), la Cámara laboral de Viena (AK Vienna), y War on Want.

(Colaboración en la traducción al castellano: Ecologistas en Acción)