Los secretos oficiales en España no tienen fecha de caducidad, pero hasta ahora la consulta de material sobre la Guerra Civil eran accesibles a investigadores, fuese clasificada o no. Desde el 2 de abril, y sin previo aviso, el ejército restringe completamente el acceso a una importante parte de esa documentación en sus archivos históricos.
Ya no se pueden consultar los fondos documentales con marcas de clasificación de la Guerra Civil Española del Archivo General Militar de Ávila. Pero éste no es el único caso. Esta restricción afecta a toda la documentación histórica calificada como ‘secreta’ custodiada en cualquier archivo dependiente del Ejército de Tierra y anterior a la Ley de Secretos Oficiales de 1968.
Esta información surge de un irónico tuit de la cuenta @archimiles, cuyos integrantes son funcionarios destinados en archivos pertenecientes al Ministerio de Defensa y que forman parte “de los cuerpos Facultativo y Ayudantes de Archivos”, comentan a Público por correo electrónico. “La mayoría de nosotros, además pertenecemos a Asociaciones Profesionales de Archiveros”, apuntan.
En otro mensaje posterior, estos funcionarios informaban de que “la documentación de la Guerra Civil Española (1936/1939) que tiene marcas de ‘secreto’ o ‘reservado’, que hasta ahora eran de libre acceso, desde el día 2 de abril no se podrán ver ni reproducir, en contra de nuestro criterio técnico”. La orden proviene, según ellos, del Instituto de Historia y Cultura Militar, órgano responsable de protección, conservación, investigación y divulgación del patrimonio histórico del Ejército de Tierra.
Fuentes oficiales del Ejército de Tierra han explicado a Público que el criterio adoptado por el Estado Mayor del Ejército, como respuesta a una pregunta del Instituto de Historia y Cultura Militar, fue el de que “todo documento con marca de clasificación debería tratarse como documento clasificado, excepto si el propio documento contenía referencias concretas sobre la validez temporal de la clasificación”.
Esta restricción afecta, pues, a toda la documentación histórica custodiada en cualquier archivo dependiente del Ejército de Tierra y anterior a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Estos archivos son los generales de Madrid, Guadalajara, Segovia y Ávila, y los llamados archivos intermedios distribuidos por toda la geografía española.
Hay que tener en cuenta que, a diferencia de otros países como EEUU o Francia, los secretos oficiales son potencialmente ‘eternos’ en España, dado que sólo la autoridad que declaró una materia o documento como “clasificado” puede desclasificarlo, tal y como reza la citada Ley 9/1968 de Secretos Oficiales, en su artículo séptimo.
En el Archivo General Militar de Ávila se custodian, entre otros, documentos de la administración republicana anterior a la Guerra Civil, del Ministerio de la Guerra, de la Guerra Civil tanto de la zona Nacional como de la Republicana, de las milicias nacionales e incluso de la División Azul.
“Inquietud” de los archiveros
“La denuncia sobre las restricciones de acceso a documentación de la Guerra Civil, hasta hace poco de libre consulta, en el Archivo General Militar de Ávila responde a una inquietud común entre nosotros por ser coherentes con nuestra profesión”, comentaron los funcionarios integrantes de @archimiles, y añadieron: “Rechazamos todo límite de acceso a la documentación pública que gestionamos habitualmente que no especifique claramente la norma en la que se basa, ni los recursos posibles contra su denegación”.
Sin embargo, desde Defensa matizaron que la decisión “no se ha adoptado con el ánimo de impedir o dificultar la investigación científica de ningún período de nuestra historia, sino con el de ajustar a la normativa vigente situaciones que pudieran no haberlo estado con anterioridad y, según la cual, la desclasificación corresponde, bien a la autoridad que decretó la clasificación, bien al Consejo de Ministros, caso de que la anterior autoridad no sea identificable correctamente”.
Las mismas fuentes oficiales confirmaron que esa decisión ha implicado “la denegación de acceso a los investigadores a una documentación histórica hasta ahora a su disposición”. “Comprendiendo el contratiempo que implica, la medida hay que entenderla como de carácter temporal, supeditada a la conclusión del proceso de revisión normativa en que se halla inmerso el Ministerio de Defensa en estos momentos para la definición de un nuevo marco legal que supere el de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, y que clarificará las condiciones de acceso a la documentación referida”, concluyeron.
El acceso a los Archivos Generales Militares y estatales es libre y gratuito. Pueden tener acceso los investigadores, bien acreditados mediante una tarjeta de investigador –renovable cada tres años- como con un pase temporal de 10 días. La documentación de estos archivos es de libre consulta “con carácter general”, aunque a veces es necesario un permiso especial para acceder a documentos que afecten a materias clasificadas de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales, aquellos cuya difusión pueda entrañar riesgos para la Seguridad y Defensa del Estado, o bien si existen riesgos para la investigación de delitos.
Además, el Reglamento de Archivos Militares (Real Decreto 2598/1998) otorga a los directores de los archivos militares el poder de restringir el acceso a documentos históricos si a su juicio pueden contener información relevante sobre la defensa o la seguridad del estado, o si puedan contener información que afecte al honor, la intimidad o la propia imagen de las personas y no cumplan los plazos establecidos para ser considerados de libre acceso por el artículo 57.1 c) de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.
Los funcionarios que alertaron de la súbita restricción del acceso a la documentación histórica clasificada comentaron a Público que sus opiniones y comentarios en las redes sociales se basan en su trabajo y experiencia personal. “Nosotros sólo contamos lo que nos pasa”, dijeron a este diario, conscientes del riesgo que supone para ellos saltarse los cauces oficiales de comunicación.
