Hay una solución para la sostenibilidad de las pensiones: fallecer. Si se hace en masa es mucho mejor. “Dense prisa en morir”, dijo el primer ministro japonés, Shinzo Abe, a sus mayores en 2013. Para todo lo demás está el factor de sostenibilidad de las pensiones que, casualidad o no, se diseñó y aprobó en España aquél mismo año y que comenzará a aplicarse en 2019. Sí, está a la vuelta de la esquina.
El factor es el resultado de la siguiente fórmula: la cuantía de la pensión que corresponde cobrar, multiplicado por el resultado de dividir la esperanza de vida a los 67 años en 2012 entre la esperanza en 2017. Lo lógico es que se viva más años, por tanto, el resultado será menor que uno, lo que significa que la pensión bajará.
La esperanza de vida se calcula cada cinco años. Para 2019 se ha optado por el periodo 2012-2017, dejando 2018 libre para resolver la fórmula. Todavía no se conoce el resultado, pero la cifra del 0,5%, centésima arriba o abajo, genera un cierto consenso. “El primer año la pensión disminuirá un 0,45%”, matiza y concreta Enrique Devesa, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valencia y uno de los miembros del comité de expertos convocados por el Gobierno en 2013 y que inspiró la última reforma del sistema.
El 0,45% es una estimación. En eso y en lo “oscuro” del cálculo incide Victoria Portas, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. “A día de hoy ya se están haciendo muchas reclamaciones por cálculos mal hechos. No se incluyen complementos a mínimos y otras cuestiones. Ahora, con el factor de sostenibilidad, las reclamaciones aumentarán”.
Dando por buena la cifra del profesor Devesa, un trabajador con derecho a una pensión de 1.000 euros cobrará 995,50 euros si se retira en 2019. Si lo hace en 2020, la paga le menguará hasta los 991 euros mensuales. Se irá añadiendo un 0,45% año a año hasta el sexto, cuando se volverá a hacer el cálculo. Para entonces “creemos que se obtendrá un valor muy próximo a ese 0,45%, con lo cual, al cabo de diez años, en 2028 la disminución será del 4,5%”.
La fórmula afecta al cálculo de la pensión inicial “porque pensábamos que era lo menos gravoso”, argumenta Devesa. Sin embargo, para el miembro de Economistas Frente a la Crisis y Profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid, Borja Suárez, detrás hay “una justificación implícita: el convencimiento de que nuestro país no puede permitirse pagar unas pensiones públicas ‘tan generosas’ como las que perciben en la actualidad los pensionistas”. Lo dice en el artículo El factor de sostenibilidad: ¿el caballo de Troya del sistema público de pensiones?.
Ya en conversación con El Salto, Suárez habla de medidas “inconstitucionales”. Se refiere tanto al factor de sostenibilidad, como a la fórmula de revalorización de las pensiones: la del 0,25%. Esa es la cantidad mínima que pueden subir las pagas mientras la salud del sistema esté resentida. El tope máximo es el IPC más un diferencial del 0,5%. “Precisamente eso, que puedan subir las pensiones por encima de los precios, no se destaca”, contesta Enrique Devesa.
Pero eso nunca ha pasado. Además, queda 0,25% para rato si se atiende a lo dicho recientemente por Pablo Hernández Cos. Para el director de estudios del Banco de España, con los últimos tijeretazos, la Seguridad Social irá reduciendo su déficit a una velocidad de una décima por año. Ese déficit es del 1,5%, así que se tardará 15 años en dejarlo a cero, condición necesaria para que las pensiones aumenten más de lo que lo llevan haciendo los últimos años.
La suma de los dos elementos conlleva una reducción de las cantidades cobradas “que nadie discute y que provoca que haya pensionistas pobres”, sostiene Suárez. Según cálculos del Fondo Monetario Internacional, una revalorización del 0,25% anual a los jubilados de hoy reduciría su poder adquisitivo en un 30% en 2050. El factor de sostenibilidad supone que un trabajador que hoy tenga 48 años sufrirá un recorte del 10% en la pensión inicial cuando se jubile sólo por el factor de sostenibilidad, siempre según el organismo con sede en Washington.
EL BABY BOOM: UNA FUENTE DE PREOCUPACIONES
Entre 1957 y 1977 nacieron en España algo más de 14 millones de criaturas. De media son 668.277 al año. La última vez que se superó siquiera el medio millón fue en 2008, y la penúltima en 1982.
Toda esa gente, la generación del baby boom, querrá jubilarse, y lo hará, pero con un factor de sostenibilidad que le restará cuantía a su pensión porque, dicen quienes lo defienden, son muchos y además viven más.
Esta preocupación ya quedaba recogida en la reforma que se aprobó en tiempos de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La de 2011 planteaba un factor de sostenibilidad del sistema que tuviese en cuenta que el Estado debe pagar durante más años las pensiones.
Pero aquella reforma tendría en cuenta la esperanza de vida a los 67 años a partir de 2027 con impacto en 2032 (en pleno proceso de jubilación de la generación del baby boom), y no a partir de 2012 con impacto en 2019, como hace la última. Tampoco la primera impedía que el ajuste se hiciese del lado de los ingresos en lugar de en las pagas, como indica Borja Suárez. Eso se traduciría en “un incremento de las cotizaciones sociales (más plausible a medio plazo) o el recurso a fuentes alternativas de financiación complementaria”. Sin embargo, la última reforma, ya de tiempos de Mariano Rajoy, ajustó directamente por el lado de los gastos.
La reforma del Partido Socialista contemplaba recortes en las pensiones provocados por el retraso paulatino de la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años, o el aumento, también progresivo, del periodo de cálculo de la pensión de los 15 a los 25 años. Hay otra diferencia: el primer gran tijeretazo al sistema lo firmaron junto al Gobierno, las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CC OO.
“Había que mirar el contexto del momento”, dice Anatolio Díez, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT. “Quizá lo miras ahora y a lo mejor piensas que no lo hubieras firmado. Aunque es verdad que aquella reforma incrementó la edad de jubilación y los periodos de cotización, pero no es menos cierto que las pensiones se revalorizaron con el IPC”.
Ese es uno de los grandes ajustes de 2013: subidas del 0,25% de las pensiones mientras el sistema no alcance el equilibrio y un nuevo factor de sostenibilidad. Todo añadido a los recortes de 2011.
El nuevo tijeretazo sí contó con el rechazo de los sindicatos aunque, en el comité que elaboró el informe que inspiró la ley, el representante de CC OO, Miguel Ángel García, votó a favor. Sólo dos miembros de doce votaron diferente. Abstención el representante del PSOE, Miguel Ángel García; y no el de UGT, Santos Ruesga.
Enrique Devesa dijo sí y hoy defiende el resultado de aquél trabajo, incluido el factor de sostenibilidad, cuyos efectos se pueden “compensar” retrasando la edad de jubilación de forma voluntaria. “Hay unos coeficientes que dicen que si retraso un año la jubliación, puedo ganar hasta un 4%, así que compensa”.
Pero, o bien porque no se quiera trabajar pasada la edad ordinaria de jubilación o bien porque no se pueda, las estadísticas no parecen apoyar esa idea. La tasa de actividad en personas de 65 o más años supera ligeramente el 2% a cierre de 2017. Solo 186.400, de una población de 8,6 millones, trabaja o está dispuesto a hacerlo.
Además, algunos pueden evitar el factor de sostenibilidad con un método opuesto: jubilándose antes. Ya. En 2018, a meses de que entre en vigor.
Es una cuestión que se está dando entre los funcionarios, y, en concreto, entre los que todavía cotizan en Clases Pasivas, un régimen en extinción que conserva ventajas para quienes permanecen en él como la de poder retirarse de forma voluntaria a los 60 años si se tienen 30 años de servicios reconocidos al Estado.
Según UGT a partir de los datos del Ministerio de Hacienda, los retiros voluntarios de estos servidores públicos se disparan en 2012 hasta los 13.972, desde los 5.647 del año anterior. El máximo se alcanza en 2013, año de la reforma del PP, con 15.788. Salvo el registro de 2014, desde entonces no ha bajado de 15.000.
Falta por conocer el dato de 2017, aunque desde la Federación de Servicios Públicos de UGT calculan que seguirá siendo alto y este año “se superarán con toda seguridad las 15.000 jubilaciones voluntarias”, dice su secretario de Administración General del Estado, Carlos Álvarez. “Esa perspectiva es superior por el inicio de la aplicación del factor de sostenibilidad, que genera la incertidumbre de no saber cuánto van a caer las pensiones”.
NO HAY DINERO
Estaba previsto que todas las pensiones se revalorizasen este año el 0,25%, como ocurre sin excepción desde 2013. Pero las mínimas, las de viudedad y otras hasta los 860 euros subirán entre un 1 y un 3% si se aprueban unos Presupuestos Generales del Estado que ha presentado recientemente el Gobierno sin tener todavía los apoyos parlamentarios necesarios.
Quienes se oponen frontalmente a esas cuentas sacan una misma conclusión: las medidas demuestran que si se quiere, se encuentra dinero. “Es evidente que sí hay dinero y que es posible actualizar las pensiones al IPC”, dijo Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, tras la aprobación del proyecto de presupuestos en Consejo de Ministros. “Rajoy decía, cuando planteamos una subida de las pensiones conforme al IPC, que era una tomadura de pelo. Ahora se ve que la tomadura de pelo no es tal. Si fuera el caso, sí hay posibilidades presupuestarias”, dijo esa misma tarde Manuel Escudero, secretario del Área de Política Económica y Empleo del PSOE.
Sin embargo, una subida puntual de ciertas pensiones puede convivir con el mensaje que unos días antes dejó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate monográfico que se celebró en el Congreso. “Les propongo seguir avanzando sobre lo ya construido y no dar marcha atrás en ninguna reforma. En ninguna. Cuando digo en ninguna, me refiero a las de 2013, 2011 y a todas las que se han hecho los últimos años”.
¿Motivo? “El gasto en pensiones es el mayor de las Administraciones Públicas, y eso nos obliga a actuar con responsabilidad para hacer sostenible el sistema”. O sea, no hay dinero.
Las agrupaciones de jubilados consultadas no ven tampoco que la oposición señale el camino hacia ese remanente necesario para revertir la situación. “Salí muy defraudado de aquél debate”, dice Anatolio Díez. “Se dicen cosas que todo el mundo sabe. Claro que todos sabemos lo que ha subido la luz o la cesta de la compra. Se debió ir con otra serie de planteamientos”.
“La propuesta del PSOE nos pareció muy pobre”, dice Victoria Portas. Se refiere al impuesto que plantean los socialistas para la banca y cuyos fondos irían destinados al pago de las pensiones. “Un poco más acertados estuvieron en Unidos Podemos, aunque no concretaron mucho”. Portas alaba que el grupo presidido por Pablo Iglesias presentase un proyecto de ley unos días antes que incluyese una subida de las pensiones correspondiente al IPC.
“No veo ningún intento de acercar posturas. Lo veo muy complicado”, dice Saturnino Álvarez, de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados.
Entonces ¿hay o no hay dinero? Para comprobarlo quizás convenga salir del Parlamento y revisar toda la baraja, todas las opciones para, al menos, componer una lista más rica que la que se ofreció en el debate. En esa lista cabe, claro, lo más conocido: propuestas que dan por agotado el sistema. El FMI augura décadas de revalorización de las pensiones a razón de 0,25% por año. Sin posibilidad alguna de aumentos superiores, el Fondo propone como alternativa los planes privados, unos instrumentos sobre los que no se advierte que también se puede perder poder adquisitivo.
A veces pasa. Según la patronal Inverco, los fondos de pensiones en España acumulaban una rentabilidad a 20 años del 48,6%, mientras que los precios habían crecido en ese periodo —desde febrero de 1998 hasta febrero de 2018— un 53,7%, según el INE.
Atendiendo a lo que argumentan muchos organismos internacionales y el propio Gobierno, parece imposible aumentar las pagas conforme al IPC, como se hizo hasta 2013.
Sin salir de la ortodoxia económica, cabe la posibillidad de revalorizar por encima del 0,25% si el sistema dejase de pagar las pensiones de viudedad u orfandad. Son cuestiones que ya discute el Pacto de Toledo. Si esas pagas se financiasen vía Presupuestos Generales del Estado, la Seguridad Social soltaría lastre, y, en consecuencia, “el Índice de Revalorización pasaría en dos años a ser de entre el 0,5% y el 0,7% en lugar del 0,25%”, calcula Devesa.
“La solución pasa por derogar todo lo que se ha hecho. Se han recortado pensiones a la clase obrera. No hay ni una sola medida para incrementar ingresos”, señala Victoria Portas. Tanto la Coordinadora Estatal Por la Defensa del Sistema Público de Pensiones como los sindicatos miran el lado de los ingresos. Desde CGT consideran que los gobernantes “mienten” y que las causas del “desfalco” se encuentran en las subvenciones de cuotas a la Seguridad Social de las empresas, las tarifas planas, las horas de trabajo no declaradas y no pagadas o los topes máximos de cotización, dicen en un comunicado.
UGT y CC OO hacen números. Calculan que por el fin de las ayudas a la contratación a costa de la caja de las pensiones se ahorrarían 3.000 millones de euros. Además, entrarían 7.000 millones en la caja si los sueldos por encima de 3.400 euros mensuales pagaran cotizaciones. Por último, si los gastos de personal de la Seguridad Social los asumiese directamente el Gobierno, se ahorraría otros 4.000 millones. “Con estas tres propuestas sumamos 14.000 millones, mientras que el déficit de 2017 fue de 18.000 millones”, indica Anatolio Díez.
Para Stuart Medina, lo relevante es el empleo y su calidad. “Hemos creado una generación perdida de jóvenes. No están trabajando, no adquieren competencias y tendrán menos productividad”. Este economista cuestiona los escenarios que se plantean a futuro. “A lo mejor dentro de 30 años, la productividad es tan alta que basta con que trabaje una persona por cada pensionista”.
Un informe de Economistas Frente a la Crisis también cuestiona las proyecciones. Su autor, Antonio González, critica que se dé por hecho que en los próximos 30 años la población caiga permanentemente y el PIB esté estancado, y alude a otro escenario que contempla incluso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el policía del déficit impuesto por Bruselas. Ese supuesto alternativo dice que la población crecerá al ritmo que lo está haciendo ahora, lo mismo que la ocupación. Eso da como resultado que, en 2050, el gasto en pensiones equivaldría al 11% del PIB incluso revalorizando las pagas conforme al IPC. Una cifra “asumible”, dice el informe y sólo dos décimas superior al gasto final en Pensiones del periodo 1994-2017.
Pero Medina propone no entretenerse en esos números. Como defensor de la Teoría Monetaria Moderna, sostiene que el déficit de la Administración Pública es un simple “apunte contable” y que implica transferencias a un sector privado muy endeudado.
Por eso aboga por eliminar el sistema de Seguridad Social y que sea el Presupuesto General del Estado el que transfiera las pensiones directamente a los jubilados. “El Estado es emisor de moneda y no se le puede acabar nunca, así que ese ‘no hay dinero’ no es más que una mala excusa”, sostiene. Los impuestos, según esta postura, no financian al Estado, “aunque sea una visión extendida”, simplemente sirven para que la población acepte la moneda.
Esa moneda de curso legal en España se llama euro y conlleva la aceptación de limitar el déficit, algo que esta lectura de la economía ve como el arma apropiada para combatir los tiempos de vacas flacas y no como un problema. “Se está restringiendo la capacidad de creación de dinero de los Estados, lo que resta capacidad de actuación frente a la crisis”, apunta Medina.
Y así es como se compone una lista de ideas más amplia que la que solemos conocer. Mientras, lo expuesto como “la única solución posible”, conlleva que en unos meses comience a hacer efecto el factor de sostenibilidad de las pensiones.
