ERE de extinción de los contratos de toda la plantilla de Unipost, y que cuantifican en unas 2.200 trabajadoras y trabajadores, afecta a todos los centros de trabajo.
Tan lamentable como a través de una nota de prensa y por email (así como lo oyen, en lugar de serle comunicado a las secciones en la primera reunión que se celebre del periodo de) el miércoles 11 de octubre de 2017 hemos recibido comunicación oficial de la Administración Concursal -Jausas Legal y Tributario SLP- del registro en el Juzgado nº 7 de lo Mercantil de Barcelona de que Unipost presentó la solicitud de expediente de despido colectivo -tenía 7 días para presentarlo tras comunicarlo también por email a las secciones sindicales el pasado 4 de octubre de 2017- de un ERE de extinción de los contratos de toda la plantilla de Unipost, y que cuantifican en un@s 2.200 trabajadores/as, afecta a todos los centros de trabajo.
Ya conocíamos que el 11 de octubre de 2017 Unipost iba a presentar la solicitud de expediente de despido colectivo, pues debía adjuntar a la documentación el acta de constitución de la mesa negociadora que se levantó tras reunirse ese mismo día las secciones sindicales en Madrid -se negociará por secciones sindicales con una mesa de 13 miembr@s, 5 de UGT, 4 de CGT, 3 de CCOO y 1 de USO-.
Lo que se desconocía era el alcance de la medida, y ahora que se conoce no podemos dejar de calificarla de otra manera que no sea como un nuevo atropello a la plantilla de Unipost, y que vuelve a poner de manifiesto que la lamentable gestión del Sr. Raventós y de la dirección de RRHH ha terminado por poner en juego los puestos de trabajo de casi 2.500 emplead@s directos y otros cuantos indirectos.
La comunicación hace referencia también a una posible continuidad de la actividad de Unipost a través de una venta a otra empresa o a un fondo de inversión. De hecho, la propia Administradora Concursal ASEGURA que en este mismo momento “existen varias ofertas de operadores interesados en la adquisición de la empresa”, y con ello se intentarían salvar gran parte de los puestos de trabajo quedando fuera del ERE y siendo contratados/subrogados por estos terceros.
CGT avisa: no vamos a permitir que la empresa, la administración concursal y el tercero en juego haga y deshaga a su antojo, por lo que desde este mismo instante exigimos que si existe una posible venta de Unipost (de manera pública y transparente) se cumplan las 2 siguientes premisas por las que vamos a luchar:
- La familia Raventós tendrá que vender la empresa a coste 0€, la nueva empresa sólo tendrá que asumir la deuda (y a la espera de la emisión del informe concursal que dicte sobre las posibles responsabilidades sobre el concurso de Unipost del Sr. Raventós). No podemos permitir que una persona que ha llevado a la ruina a 2.500 familias encima especule con la posibilidad de sacar la última tajada.
- La nueva empresa tendrá que subrogar a toda la plantilla y de todos los centros de trabajo (excepto a la dirección culpable de la situación actual), y en las mismas condiciones laborables actuales respetando escrupulosamente todos los derechos de l@s trabajadores/as.
Es hora de que la plantilla de Unipost coja el toro por los cuernos. Debemos mantenernos unid@s y presionar durante los próximos 30 días movilizando a la plantilla para que no nos veamos en 2 escenarios indeseables:
2.500 despidos o 1.000 despidos y 1.500 en otra empresa perdiendo derechos.
¡¡¡NO AL ERE EN UNIPOST!!!
El Estado español ha sido condenado por el Tribunal Europeo, al violar la legalidad vigente en materia de derechos de las personas migrantes, cuando devuelve en “caliente” a las personas que entran por la frontera sur.
Al gobierno español la “estrategia política” que están siguiendo respecto al denominado “el procés» catalán, les permite distraer y esconder los problemas reales que millones de personas están padeciendo ante el deterioro de su situación social y civil, como consecuencia de las políticas autoritarias y de recortes del ejecutivo nacional y de la U€.
Especialmente inhumanas son las políticas sobre migración y refugio que la U€ está imponiendo en todo su espacio de influencia económica y política, y aún más inhumanas las concreciones que el Estado Español está realizando, respecto a su papel de contención en la frontera Sur (Ceuta y Melilla) de cientos de miles de personas, las cuales han sido desplazadas de sus territorios precisamente por la intervención del capital global -U€ incluida- en los mismos, despojando recursos, generando conflictos de guerra y violando los más elementales derechos humanos.
La U€, debiera ser condenada e intervenida, al haberse saltado hasta sus propias reglas respecto a sus políticas de refugio y asilo: todos los países han incumplido las cuotas que ellos mismos fijaron y, especialmente el Estado Español, el cual ni tan siquiera ha acogido a un 15% de los 27.000 migrantes a los cuales se comprometió a acoger.
Esa U€ hipócrita, mercantilista, que solamente utiliza la lógica instrumental del mercado de los negocios (libertad de circulación de los capitales, sin frenos ni reglas), a través de su Tribunal, ha declarado que el estado español ha violado la legalidad vigente en materia de devoluciones de migrantes que entran por su frontera Sur y en consecuencia condena al mismo.
¿Dónde se encuentra el Fiscal General –representante del Estado y en consecuencia del bien público- y por qué no se da la orden por parte del Sr. Maza para que se investigue, se identifique y se persiga con “todo el peso de la ley” a los miembros del gobierno, con Rajoy a la cabeza, que “han decidido” que los derechos humanos, los derechos laborales y los derechos civiles de miles de personas migrantes, no son aplicables y mucho menos compatibles con los intereses de nuestra economía?
¿Dónde se encuentra el Tribunal Constitucional, la RAE, Felipe VI, el empresariado financiero, industrial y de medios de comunicación, los cientos de “tertulianos y tertulianas de la ley y el orden”, las fuerzas
armadas y los cuerpos represivos, garantistas de que se cumpla la ley por todos los medios necesarios, que no decreten e impongan por la “violencia proporcional necesaria”, el cumplimiento de la “Ley”. La farsa, la mentira, es la técnica legal que este sistema capitalista y este régimen anti democrático viene utilizando desde que se constituyó en el 78.
Una vez más, se vuelve a demostrar que es cierto, que cualquier cuestionamiento de los valores de mercado capitalistas o si se quiere, cuestionar las reglas del mercado, la propiedad privada o las “sacrosantas instituciones”con sus propias reglas (ley y orden constitucional), es crear las bases para un golpe de estado y resulta que quien de manera instrumental da “esos golpes al estado constituido”, son los mismos que dicen que es la ley y el orden en cada momento y, cuando toca cambiarlos para garantizar sus beneficios, pues se cambian: se reforma la constitución para desmantelar el estado social (agosto 2011 artc.135); se modifica la ley de extranjería y el código penal; se crea la Ley Mordaza…
Por toda respuesta ante esta violación de los Derechos Humanos más elementales, el gobierno del PP ha declarado que si no se puede “devolver en caliente”, pues nada… se sube la valla de Melilla hasta el infinito y se colocan más concertinas…
La vergüenza que sentimos millones de personas, ante la inhumanidad y la injusticia social, solamente es capaz de mostrar que nos encontramos ante un Estado y una U€ que no garantizan los derechos más elementales que le corresponden a la mayoría de la población que se mueve, trabaja y trata de vivir con dignidad. Ojalá seamos capaces de movilizarnos, ese ingente número de personas, para transmutar nuestra vergüenza en el orgullo de haber extirpado este cáncer asesino llamado capitalismo y, al tiempo, poner coto a sus amos.
Secretariado Permanente de la CGT
Personas y colectivos sociales piden la renta básica frente a las Cortes Valencianas
Reivindican el reparto del trabajo y la riqueza, una vida digna… Y la renta básica. Cerca de 150 personas participaron el 28 de septiembre en una concentración frente a la sede de las Cortes Valencianas convocadas por la Asamblea de Colectivos y Personas por una Renta Básica en el País Valencià. Se agruparon en torno a dos pancartas: “¡Mai esclaves, Treball digne! Renda básica Ja!” y otra del colectivo Sillas contra el Hambre: “¡Ningún parado sin prestación!” Sin apenas presencia policial uniformada, a partir de las 18,30 horas comenzaron a gritar consignas como “Violencia es no llegar a fin de mes”, “El próximo parado que sea un diputado”, “No queremos caridad sino justicia social” o “No somos pobres, nos empobrecen”. Algunos motivos de la protesta los dio la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, el pasado 23 de junio, cuando tras la reunión semanal del ejecutivo reconoció que más de 70.000 hogares en el País Valenciano no tienen a ningún perceptor de ingresos; que más de 1,6 millones de personas (el 32,9% de la población valenciana) se hallan en riesgo de pobreza o exclusión social y que la cifra sitúa al País Valenciano 3,3 puntos por encima de la media española.
En una octavilla repartida durante la concentración la Asamblea resumía, en apenas tres líneas, su propuesta; una renta básica que sea “suficiente”, “individual” e “incondicional”; y que no incurra en el “asistencialismo y la caridad”. Uno de los activistas detalla que éste sería un primer paso para resolver las “urgencias”. El cálculo se realizaría a partir de los indicadores del umbral de la pobreza: “estamos pidiendo 700 euros, una cantidad que te permita vivir con dignidad, de ahí no nos bajamos”. La única condición que debería cumplirse ante la Administración es ser mayor de 18 años y estar inscrito en los servicios públicos de empleo.
Óscar Cusano, migrante argentino de 59 años, participa en el acto reivindicativo. Lleva cuatro años en el paro y explica que sobrevive gracias al trabajo precario de su compañera. En su último trabajo remunerado, en una consultora, duró apenas un mes: “Me marché porque no me pagaron”. Actualmente forma parte de la Asamblea de Paradas del sindicato CGT, y también vende libros. Aventura una explicación general: “Al sistema le sobra mano de obra, por el auge de la robótica”; y otra local, acerca de la predisposición del Gobierno Valenciano a atender las reivindicaciones de la Asamblea: “Los veo receptivos”.
También migrante y precaria, Alejandra, de 62 años, se define como libertaria y feminista. Cobra una prestación por incapacidad –tiene la espalda destrozada- después de laborar desde los 14 años, sobre todo como enfermera y trabajadora doméstica. También le ayudan sus hijas e intenta “rascar” lo que puede en la economía informal. “¿Responsables de la crisis? “El sistema capitalista, que se sostiene sobre el patriarcado y la explotación de la naturaleza”, afirma. ¿Por qué en algunos sectores de la izquierda se recela de la renta básica? “Soy una obrera y pienso en los que son iguales que yo, que han de alimentar a sus hijos y sufren porque están las cárceles llenas; las negativas a la renta básica provienen de la intelectualidad…”. Defiende la idea de comunidad organizada, que decida sobre la sanidad, la educación, la vivienda o el estado de las calles. “El trabajo ha de empezar por los barrios”.
El pasado 30 de junio el Pleno del Consell (Gobierno valenciano) aprobó el Proyecto de Ley de Renta Valenciana de Inclusión, una nueva prestación que sustituirá a la actual Renta Garantizada de Ciudadanía. Según los cálculos oficiales, la nueva modalidad podría suponer el paso de los 25.000 titulares actuales de la renta garantizada, a un total de 45.000 en 2018. En una nota informativa, el ejecutivo valenciano –formado por el PSPV-PSOE y Compromís, con el apoyo parlamentario de Podemos- subraya que se “contempla la posibilidad” de que la nueva renta tenga carácter indefinido, cuanto la vigente tenía un límite de tres años y una carencia de dos. La nueva legislación también tiene previstos diferentes tipos de renta: una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no alcancen el 80% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); y otra de Inclusión Social, “que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos”. El importe ascenderá a 532 euros (en el caso de un titular) frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o acompañamiento como en los que sí lo requiera. Además, informa el Gobierno Valenciano, para el acceso a la renta será necesario un año de empadronamiento (frente a los 24 meses actuales) y se eliminan las limitaciones de edad para percibirla (actualmente para personas entre 25 y 65 años).
Los activistas criticaron que la nueva ley que se debate en la Comisión Parlamentaria de Asuntos Sociales no solucione las necesidades de subsistencia, ya que –consideran- “deja en la cuneta a una gran parte de la población más empobrecida”. Con lenguaje metafórico lo explica el portavoz que interviene nada más comenzar el acto: “No queremos una aspirina para curar un cáncer, sino resolver la enfermedad de una vez por todas; hoy nos ofrecen una renta de inserción que es una miseria, mientras ellos están ahí, votados por nosotros, con todas sus prebendas; ¡Exigimos una renta básica de carácter universal!”.
El intercambio de golpes entre los partidos políticos permite observar la gestión y destino de los recursos públicos. En su comparecencia del 23 de junio, Mónica Oltra se refirió a la parte de la deuda asumida por el Consell de la empresa pública Ciegsa (1.631 millones de euros) y la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (50 millones de euros). Con estas sumas, podrían haberse construido, según la vicepresidenta del Consell, 500 colegios y cuatro hospitales como La Fe, centro hospitalario de referencia en el País Valenciano.
Del grupo de concentrados de las Sillas contra el Hambre toma la palabra Auxi, de 60 años, quien se ha acercado a pedir la renta básica “porque siempre he estado implicada en las reivindicaciones sociales”. Y por la situación en la que hoy vive; es una parada de larga duración, que no trabaja desde 2007 y empezó a laborar con 15 años en la industria textil del municipio valenciano de Alboraya. Ya no confía en encontrar un empleo, y si sobrevive, explica, es gracias a la prestación de 426 euros al mes para mayores de 55 años. “Eso es la precariedad”. Con la prestación tiene que pagarse el alquiler de la vivienda, las facturas de la luz y el agua, los gastos de comunidad y también alimentarse. ¿La renta básica? “Es de justicia, no hay trabajo para todos y no se puede dejar a la gente tirada; nosotros no hemos creado esta situación”. Piensa también que quienes han generado la crisis, se benefician de ella.
Justo cuando las voces empiezan a clamar “¡Ahí está la cueva de Alí Babá!”, señalando a las Cortes Valencianas, y “Queremos la renta básica ya!”, otra integrante de las Sillas contra el Hambre comparte su testimonio. Es Violeta, de 62 años, que además de dos años en las Sillas, participa como activista en la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) del municipio de Alfafar; pide que se especifique, “en el barrio de Orba”. Cuenta que de los 900 euros de la pensión por invalidez que percibe, a veces sólo le quedan –tras ayudar a sus familiares- cerca de 200 euros. “Al gobierno no le interesa sacarnos de esta crisis”, concluye. “A ver si piensan de una vez en los que no tienen para comer, pedimos el derecho a la subsistencia”.
Quien informaba sobre la propuesta de renta básica de la Asamblea era Toni Carrión, de 59 años, parado, precario y sobreviviente con una prestación (estatal) de 426 euros, que con otras palabras insiste en lo que antes han dicho sus compañeras: “Si te niegan la posibilidad de trabajar –por avaricia, egoísmo o lo que fuera-, tendrán que darte dinero para vivir”. Vive en una casa (“medio de okupa”) que le dejan unos amigos. Todos los meses le da 90 euros a su hija pequeña y, cuando cobra el día 10, “empiezo a ‘devolver’ y me quedo sin nada; pedimos justicia social, y que se cambie la forma de redistribución de la riqueza”. Conforman la fotografía de la precariedad, de los empobrecidos y los que apenas cuentan. También de los que consiguen a duras penas respirar, y tienen que arrimar el hombro para que sus familias no se hundan en el pozo.
Una de las que se arrima es Isabel Ortiz, de 70 años y miembro de Iaioflautes-Valencians. “He venido por solidaridad”, afirma integrada en el colectivo de abuelos del 15-M, reconocibles por su chaleco amarillo. “A los ejecutivos no les suben el 0.25% la pensión”. Considera que la renta básica puede “hipotecarte ante quien te la concede, hay pros y contras, pero es que hablamos de gente con 55-60 años que no cobra nada y no les contratarán jamás”. Isabel Ortiz ayuda a un hijo en paro; “hemos tenido que acoger a hijos y nietos en nuestras casas y mantenerlos con nuestras pensiones”, recalca; “vuestra generación seguramente no tendrá pensión”. Ni siquiera cuenta con esos apoyos Ricardo Medero, uruguayo de 64 años en desempleo desde 2010. Trabaja en una huerta ecológica y sobrevive como “manitas”, afirma: fontanería, electricidad, chapado, revestimientos… Recibe la cesta de alimentos de la Asamblea de Paradas de la CGT.
La fecha propuesta para la huelga general es el 3 de octubre, y se confirmará hoy en una reunión con otros sindicatos y organizaciones sociales.
La huelga general se convoca a todos los sectores productivos.
En los últimos años las trabajadoras y trabajadores de Catalunya hemos sufrido una importante degradación de nuestras condiciones de vida. Hemos experimentado una caída general de nuestros salarios. Hemos visto como las reformas laborales de los años 2010 y 2012 han provocado un incremento de nuestra indefensión hacia los empresarios, que se ha traducido en mayor precariedad y un empeoramiento general de nuestras condiciones de trabajo. En paralelo, hemos asistido a un incremento de la represión, con huelguistas y militantes sociales juzgados, la imposición de multas en el marco de la Ley Mordaza, etc. Los últimos días y semanas, además, hemos observado cómo esta represión se ha extendido a muchos otros ámbitos de nuestra sociedad, en lo que parece ser un proceso general de suspensión de derechos civiles por parte del estado.
Estas razones han motivado que el Comité Confederal de la CGT de Catalunya, reunido la tarde de ayer martes con una asistencia de prácticamente todas sus federaciones territoriales y sectoriales, haya decidido convocar huelga general para el próximo 3 de octubre. Los motivos que plantea esta convocatoria son, concretamente, tres:
1) Detener la suspensión general de derechos civiles experimentada estos últimos días (con registros, cierre de páginas web, violación de la correspondencia, prohibición de actos colectivos, etc), unos derechos que las últimas reformas del código penal y la » ley mordaza «ya habían dejado muy dañados. Este recorte de derechos erosiona la capacidad de defensa de la clase trabajadora en todos los ámbitos y, específicamente, en el laboral.
2) Rechazar la presencia de cuerpos policiales y militares en muchos puestos de trabajo, como hemos estado sufriendo, imprentas, escuelas, empresas de mensajería, etc., las últimas semanas.
3) Derogar las reformas laborales de los años 2010 y 2012.
Esta huelga general se inserta también en la llamada general efectuada por nuestra organización y de otros movimientos y colectivos sociales a toda la población para la defensa de las libertades públicas. En este sentido, pretende estimular y amparar una amplia movilización social.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT de Catalunya
27 de septiembre de 2017
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Nueva sede de la CGT Cantabria
La Confederación General del Trabajo de Cantabria ha adquirido un local en la Calle Travesía Vía Cornelia interior número 1, en Santander.
En estos días estamos con la finalización de la obra y el traslado de la sede anterior. Si necesitáis algo poneros en contacto con vuestra sección sindical y quien no tenga sección contactar a través de este correo comunicacion@cgtcantabria.org.
En cuanto tengamos la fecha de apertura os la comunicamos.