CGT Cantabria

No es la primera vez que el Tribunal Supremo declara la nulidad de la jornada de lunes a domingo pese a que el contrato de trabajo regulaba una jornada de lunes a domingo. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) 116/2023 declaró la nulidad de la imposición de la jornada de lunes a domingo a los teleoperadores/as de la empresa Emergia en campañas para Telefónica y que tenían estipulado en sus contratos una jornada de lunes a domingo. Y todo ello porque en la práctica realizaban jornadas de lunes a viernes con el permiso consciente de la empresa, por lo que ésta, de forma unilateral y sin negociar con la Representación de las Personas Trabajadoras (RLPT), no puede imponer una jornada de lunes a domingo.

Pero antes de comentar esta Sentencia, hay que reconocer y agradecer el incansable trabajo realizado por el abogado Javier Marijuán Izquierdo en este procedimiento, pues ha logrado revocar la sentencia del Juzgado de lo Social nº2 de Valladolid y la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, así como parar los pies a una empresa como Konecta BPO, conocida por los sindicatos y trabajadores/as por su explotación en el telemarketing, y tristemente conocida tras publicarse el fallecimiento de una teleoperadora en uno de sus call center de Madrid, en verano de 2023.

Pues bien, la STS 288/2025, de 4 de abril, continúa insistiendo en que el poder de dirección empresarial no ampara cualquier conducta, y especialmente, aquella que viene a revocar condiciones laborales reconocidas a la plantilla, ignorando a la RLPT. Pero no hay que llevarse a engaño; no es que el contrato de trabajo pueda incumplirse a merced del empresario o del trabajador, es que existe una figura llamada “condición más beneficiosa” que obliga al empresario a respetar unas condiciones laborales por él mismo permitidas, y que son más ventajosas que las establecidas en el propio contrato de trabajo, en el Convenio colectivo aplicable, o en el Estatuto de los Trabajadores. Y esto es lo que ocurre aquí, pese a que el Tribunal Supremo no lo aborde.

El contrato de prestación de servicios entre Konecta y el Banco Santander establecía que la prestación de servicios debía realizarse de lunes a domingo, si bien desde el año 2017 y de forma continuada, los teleoperadores adscritos a la campaña del Banco Santander sólo trabajaban de lunes a viernes por decisión del empleador. De esta forma, Konecta no podía imponer unilateralmente una prestación de servicios de lunes a domingo, aunque así se estableciera en los contratos laborales y en el contrato mercantil de prestación de servicios. Y ¡ojo! El Tribunal Supremo no dice que la empresa no pueda establecer una jornada de lunes a domingo, sino que tiene que acudir al procedimiento regulado en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, de modificación sustancial de condiciones laborales de carácter colectivo, que implica la necesaria negociación con la RLPT y la justificación de las causas de la modificación.

Pero esta Sentencia también tiene una lectura negativa, y es que ampara que un contrato de prestación de servicios de carácter mercantil entre el empleador y otra empresa, pueda justificar el menoscabo de las condiciones laborales de la plantilla, ya que ni los Tribunales ni el Estatuto de los Trabajadores obligan a la empresa a implantar las medidas menos gravosas para la plantilla, porque la realidad es que gobierne quien gobierne, el beneficio empresarial es intocable bajo el mandato de la producción capitalista.

El SFF-CGT mantiene la huelga y exige un análisis riguroso del acuerdo
alcanzado entre el Ministerio, la Generalitat y el resto de sindicatos,
denunciando la imposición de tiempos y la falta de debate con la plantilla
por parte del Ministerio y la Generalitat.
El Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo
(SFF-CGT) mantiene las movilizaciones contra el traspaso de Rodalies, la línea R1 y
la privatización de Renfe Mercancías. No es la primera vez que el sindicato se ve
obligado a luchar contra este modelo de desmantelamiento del ferrocarril público.
En el pasado, se desconvocaron huelgas confiando en la buena fe negociadora y en
el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Sin embargo, en esta ocasión, el SFFCGT no desconvocará sin un análisis riguroso y detenido del acuerdo que se ha puesto sobre la mesa. El incumplimiento de lo pactado en 2023 no es un detalle menor.
El acuerdo alcanzado hoy entre la mayoría de los Comités Generales de Empresa
(CGEs) de Adif y Renfe, las organizaciones sindicales SEMAF, CCOO, UGT, y SCF, el
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Generalitat de Catalunya
debe ser evaluado por la afiliación del SFF-CGT. Será ella quien determine si el
acuerdo ofrece las garantías necesarias para detener las movilizaciones, afirman
desde la organización rojinegra.
UN ACUERDO IMPUESTO SIN CONSULTA NI BUENA FE NEGOCIADORA
Para el SFF-CGT el acuerdo se ha estado trabajando todo el fin de semana con los
ritmos y las premisas que marcaba Esquerra Republicana mientras celebraban su
30º Congreso. Unas negociaciones en las que pedían calma, no les enfademos que
están de Congreso. Unas negociaciones en las que pedían no ser exigentes. Unas
negociaciones que han sido una carrera contra el reloj, con presiones como la
filtración de borradores, orquestado por el Ministerio de Transportes y las
empresas Adif y Renfe para no dar voz a los trabajadores y trabajadoras.

Un final de negociaciones en las que cuando desde el SFF-CGT les hemos dicho
que tendríamos que consultar con nuestra afiliación antes de firmar cualquier
acuerdo, han optado por eliminarnos del acta y que no figuremos como
participantes de las negociaciones, denuncian desde el SFF-CGT. Así queda todo
en casa, ¡por unanimidad! Como en los mejores democracias del Siglo XXI, indican
en tono irónico.
Desde el SFF-CGT, reafirmamos nuestro compromiso con la participación de los
trabajadores y trabajadoras en la toma de decisiones. Somos nosotros y nosotras
quienes decidimos el rumbo de nuestras condiciones laborales y el futuro del
ferrocarril.
Desde el SFF-CGT lamentan que, durante estos días, la plantilla ferroviaria ha sido utilizada, una vez más, como moneda de cambio en acuerdos políticos que no
responden a sus intereses, sino a estrategias partidistas. El ferrocarril público
sigue siendo troceado, privatizado y desmantelado, sin preocuparse por el impacto
en las trabajadoras y trabajadores del sector ni en el servicio prestado a los usuarios
y usuarias, indican desde el Sector Federal Ferroviario de la CGT.
El Sindicato hace una llamamiento a la plantilla para secundar la jornada de
huelga, que sigue adelante porque nos estamos jugando el empleo. El SFF-CGT no
se detendrá hasta garantizar que los derechos de las trabajadoras y los
trabajadores no sean vulnerados y que el ferrocarril público no se convierta en una
pieza más del mercado privado.
Desde el Sindicato advierten que esta lucha no es solo por las condiciones laborales actuales, sino por la defensa del modelo de empresa, por los convenios y por el futuro del sector ferroviario.

La Confederación General del Trabajo (CGT) continúa con las movilizaciones para evitar
que se rubrique un acuerdo entre la Directiva de la empresa y CCOO, UGT, CSIF y
Sindicato Libre. Consideran que el documento sobre la mesa contiene graves
retrocesos y recortes para los trabajadores y, al mismo tiempo, pone en peligro la
prestación del Servicio Postal Universal.
Desde la organización convocante de las huelgas insisten que la plantilla de una
empresa designada como “esencial” en momentos tan dramáticos como la pandemia
de la COVID-19 o en los más recientes sucesos asociados a la DANA, no podría cumplir
su cometido si se implantan condiciones laborales aún más precarias y similares a las
del sector privado.
“Jornadas variables e irregulares, salarios ligados al cumplimiento de objetivos de
empresa, turnos de martes a sábado en horario de tarde, movilidad en manos de la
empresa y un drástico recorte de gasto en personal del 20% que pagaremos los
mismos de siempre”, son según CGT, los elementos más negativos del Acuerdo Marco
para modificar el convenio.
Denuncian que el proceso de “amazonización” va en contra no solo de los trabajadores
sino también de la ciudadanía y las instituciones que Correos conecta y cohesiona cada
día en todo el país. Además, transmiten el malestar existente entre los trabajadores por
no haber sido consultados antes de la firma de un acuerdo con afectación general.
El 26 de febrero tuvo lugar una jornada de huelga con un alto seguimiento por parte de
la plantilla y grandes movilizaciones en las calles, con centros de trabajo cerrados
debido a que todo el personal del mismo secundó el paro general.

Es por ello que desde CGT insisten en que la Directiva (comandada por Pedro Saura) y
los dirigentes de los sindicatos firmantes del Acuerdo Marco, deberían escuchar a los
trabajadores y reconocer que el “no al Acuerdo Marco” ya se ha convertido en un
clamor.
Durante los días 5, 6 y 7 de marzo se han llevado a cabo también huelgas zonales –en
el Área Noroeste con manifestación en Santiago de Compostela, en el Área Norte con movilización en Zaragoza y en Área Noreste con protesta en Barcelona- con amplio
seguimiento.
El malestar dentro de la plantilla continúa creciendo cuando se acerca la fecha del 15
de marzo. El calendario de movilizaciones continúa con cinco jornadas de huelga más –
varias de ellas zonales y con movilización en Valencia, Sevilla y Las Palmas- y una
nueva convocatoria estatal para el viernes 14 de marzo, con movilización frente a la
Sede Directiva de Correos situada en Conde Peñalver, 19 (Madrid) a las 11.30 horas.
De manera repentina, la empresa ha citado a los sindicatos a una reunión de la
Comisión Negociadora del IV Convenio Colectivo para el martes día 11 a las 12.30
horas, que podría resultar relevante. En cualquier caso, las huelgas convocadas contra
el Acuerdo Marco se mantendrán salvo que haya un documento en el que empresa y
sindicatos firmantes renuncien al mismo o la Directiva emita un comunicado en el que
traslade que el Acuerdo Marco queda sin efecto y el 15 de marzo no se producirá firma
alguna.