Día: 22 de agosto de 2018

Desde Yo Sí Sanidad Universal denuncian que el Gobierno del PSOE mantiene fuera del acceso a la sanidad a españoles emigrados y reagrupados. El decreto ley aprobado también obliga a contar con un informe de Servicios Sociales a los menores de edad, embarazadas y personas con urgencias médicas en situación irregular para acceder a la asistencia sanitaria.

Las miles de personas que llevan más de tres meses fuera de España buscando trabajo seguirán sin ser titulares del derecho a la asistencia sanitaria. También las mujeres extranjeras en situación irregular que no puedan acreditar la residencia en el país por al menos 90 días, ni los menores edad en esta situación. Ni siquiera aquellas personas con urgencias médicas, según una valoración del Real Decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez realizada por Yo Sí Sanidad Universal.

El Real Decreto-ley 7/2018, del 27 de julio sobre el “acceso universal al Sistema Nacional de Salud”, publicado en el BOE el 30 del mismo mes, afirma en su preámbulo el “derecho primordial de toda persona” en cuanto al acceso al sistema sanitario, como se reconoce en la normativa supranacional y europea, y sobre el que “no cabe introducción de elemento discriminatorio alguno”. En la declaración de objetivos del texto, el Gobierno de Sánchez incide en la misma idea: “El presente real decreto-ley obedece fundamentalmente a la necesidad de garantizar la universalidad de la asistencia, es decir, a garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español”. Sin embargo, según destacan desde Yo Sí Sanidad Universal, movimiento creado ante el apartheid sanitario implantado por el Partido Popular en 2012, el desarrollo de la norma “tiene importantes defectos que lo sitúan lejos de alcanzar la pretendida universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud”.

El colectivo apunta que el texto legislativo no garantiza el derecho a la protección de la salud “a todas las personas que se encuentran en el Estado Español”. Tampoco que este derecho tendrá lugar en las mismas condiciones para todas las personas.“Con el nuevo RDL 7/2018 propuesto por el Gobierno no solo seguirán existiendo personas que, residiendo en territorio español, encontrarán barreras para acceder al sistema sanitario, sino que, además, en algunos casos, estas barreras serán aún mayores que las que instauró el RDL 16/2012 de exclusión sanitaria del gobierno del Partido Popular”, señalan desde el colectivo.

TITULAR, O NO, DEL DERECHO A LA SALUD

El artículo 3 del RDL 7/2018 señala que “son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todas las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio español”. En la práctica, la normativa exige, para aquellos que no tengan nacionalidad española, el “tener reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en España por cualquier otro título jurídico”.

“El nuevo RDL 7/2018 mantiene inexplicablemente la división entre españoles y personas con permiso de residencia por un lado, y por otro las personas sin permiso de residencia, diferencia introducida por el gobierno del PP”, apuntan desde Yo Sí Sanidad Universal. “El hecho de excluir de la titularidad del derecho a las personas que teniendo establecido su domicilio en España son considerados ‘no autorizados como residentes’ resulta contradictorio con un preámbulo que habla de ‘no discriminación’. De alguna manera, esta discriminación entre diferentes tipos de ciudadanos desmiente que el gobierno socialista esté considerando el derecho a la salud como ‘inherente a todo ser humano”, añaden.

Frente a las declaraciones del Ministerio de Sanidad, desde donde afirman que “no existe ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos”, este colectivo recuerda que la redacción original del artículo 12 de la LOEX 4/2000 —antes de su modificación por el RDL 16/2012 del PP— reconocía la titularidad del derecho a “todos los españoles y extranjeros en territorio nacional”, al igual que en la proposición de Ley 122/000002, presentada al Congreso por el propio PSOE en 2016 para sustituir al RDL 16/2012 cuando ese partido estaba en la oposición.

En cuanto a las personas con permiso de residencia en España, el texto aprobado por el Gobierno de Sánchez, aunque les reconoce como titulares del derecho a la asistencia sanitaria, les añade el requisito de “no tener la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía”. Una modificación que, según apuntan desde el colectivo sobre derecho a la salud, “se hace sin aclarar el cómo y a qué casos se aplica”, y tiene importante trascendencia práctica. Desde Yo Sí Sanidad Universal recuerdan que el decreto sanitario del PP de 2012, aunque reconocía el acceso a las personas con permiso de residencia, supuso que, en la práctica, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) denegara sistemáticamente el derecho a la asistencia sanitaria a extranjeros con permiso de residencia por ser madres y padres de personas con nacionalidad española, situación que ha sido repetidamente denunciada en los juzgados por este colectivo y sobre la que hasta el momento se han conseguido 40 sentencias condenatorias al INSS en al menos ocho comunidades autónomas. “Pese a la contundencia y repetición de los fallos de los tribunales, ni el gobierno anterior ni el actual han ordenado al INSS que cumpla la ley y cese en su persecución a estas familias, tramitando la asistencia sanitaria a la que tienen derecho y reintegrando los permisos de residencia que han sido retirados como estrategia intimidatoria”, lamentan desde Yo Sí Sanidad Universal, desde donde apuntan que, con el nuevo real decreto, dada la ambigüedad del texto, es posible que las comunidades autónomas lo interpreten de forma restrictiva.

Ya en agosto, con la entrada en vigor del texto aprobado por el Gobierno de Sánchez, Yo Sí Sanidad Universal denuncia que tanto el Ministerio de Sanidad como el INSS han continuado en la exclusión sanitaria de las madres y los padres reagrupados en España, exigiéndoles seguros de salud privados. “El actual RDL podría ser usado para dar respaldo jurídico a una práctica que hasta ahora los jueces están declarando como ilegal”, advierten desde el colectivo.

PERSONAS EXTRANJERAS SIN PERMISO DE RESIDENCIA

Las personas extranjeras en situación irregular en España —con la excepción de las mujeres embarazadas, los y las menores de edad y los casos de urgencias—, excluidas del acceso a la salud por el Partido Popular sí tienen ahora reconocida la asistencia sanitaria, pero no la titularidad de este derecho. Desde Yo Sí Sanidad Universal detallan que en el nuevo texto, el acceso a la salud para estas personas está vinculado al cumplimiento de una serie de requisitos entre los que están no tener la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia y no existir un tercero obligado al pago. El texto deja en manos de las comunidades autónomas el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras para poder recibir la prestación asistencial. “Todo ello mina la teórica universalidad de este RDL y establece barreras para el acceso a la atención sanitaria”, apuntan desde el colectivo, que añade que, además, la mayoría de las “pruebas” que tienen que aportar para poder tener reconocido su acceso a la sanidad “están en gran medida fuera del alcance de la persona que precisa ser atendida”.

Como ejemplo citan el documento que certifique no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia o el que acredite que no se tiene cobertura por otra vía. “Es una barrera casi infranqueable”, señalan. “Es importante darse cuenta de que este requisito obliga a personas que han abandonado su país de forma irregular en una situación sanitaria y administrativa precarias a conseguir unos documentos que nadie sabe si se expiden, ni dónde, cómo y quién lo hace. Nos preocupa que las condiciones para el reconocimiento del derecho supongan de facto una imposibilidad para acceder al mismo”, continúan desde Yo Sí Sanidad Universal.

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMO RESPONSABLES

Otro de los puntos analizados por Yo Sí Sanidad Universal de la nueva normativa es que, en contra de lo expresado por la ministra de Sanidad, que mostró su intención de homogeneizar el acceso a la salud en todo el Estado, esta señala a las comunidades autónomas como las responsables del proceso de reconocimiento y acreditación del derecho a la sanidad de las personas extranjeras. “Se mantiene la situación que existe actualmente, en la que todas las comunidades autónomas —salvo dos excepciones— ya tienen sus maneras de acreditar el acceso”.

Y AÚN PEOR…

Desde Yo Sí Sanidad Universal señalan como muestra un informe elaborado por el Servicio Madrileño de la Salud (SERMAS), con título “Informe de situación ante el nuevo RDL” en el que se advierte de que las nuevas exigencias contempladas en el Real decreto del Gobierno de Sánchez “van a excluir del derecho a la asistencia sanitaria incluso a personas actualmente incluidas en el sistema sanitario” y que a partir de ahora podrían tener que asumir facturas por asistencias que hasta el momento la Comunidad de Madrid prestaba con cargo a fondos públicos.

Informe Situación Nuevo Real Decreto en la Comunidad de Madrid by El Salto periódico on Scribd

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/exclusion-sanitaria/los-que-quedan-fuera-de-la-sanidad-universal-del-gobierno-de-pedro-sanchez

Hoy, 17 de agosto, recordamos a los compañeros Delgado y Granado, ejecutados en 1963, y a todas aquellas personas que siguen sufriendo la violencia fascista del Estado. Por otro lado, asistimos a la permisividad con miembros del ejército alabando al franquismo.

En el último año hemos padecido la aplicación de leyes reaccionarias, más propias de una sociedad orwelliana que de un Estado supuestamente “democrático”, que nos han impedido hacer un uso pleno de nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión. También se han producido sentencias condenatorias que han recaído sobre “peligrosísimas” personas que se han atrevido a denunciar a través de su profesión –como raperos, artistas, tuiteros, etc.-, las injusticias del sistema, los abusos y privilegios de los más poderosos y la situación por la que atravesamos como Clase Trabajadora. Por citar algunos ejemplos, estarían los casos de César Strawberry, Pablo Hasel o el rapero mallorquín Valtonyc.

Desde que se anunció la intención de sacar al genocida Franco del Valle de los Caídos hemos sido testigos de intervenciones que, aun considerándolas estrambóticas, tienen una lectura mucho más seria y por lo tanto, no deberíamos quitarles ni un ápice de importancia puesto que ante el fascismo nunca debemos relajarnos ni confiarnos.

Lo que comenzó siendo un centenar de altos cargos jubilados del Ejército, nostálgicos de “tiempos mejores” declarando a través de un manifiesto la añoranza por un asesino, se ha convertido en toda una declaración de intenciones que ya va casi por el millar de apoyos. En estas circunstancias nos parece especialmente curioso que el Estado, tan obsesionado con los delitos de sedición, permita a quienes forman parte del Ejército español hacer uso del derecho a la libre expresión mientras manda a la cárcel a otras personas cuya única arma ha sido la palabra.

Aquel escrito, publicado por estos melancólicos abuelos franquistas, inicialmente nos generó una sonrisa que ha terminado evolucionando a una tensión muscular de la mandíbula al comprobar que cada día se suman más personas al sentir de aquellos privilegiados de la “bondad” del sangriento dictador.

Según los medios de comunicación los apoyos rozan ya el millar de militares que reclaman, claramente y sin ningún tipo de pudor, la vuelta a un régimen totalitario y fascista, que niegan cualquier tipo de represión sobre los opositores al régimen, que invisibilizan las 4 décadas de falta de libertades y la ausencia de derechos en la sociedad española, etc.

En los pasados días se ha conmemorado la matanza de Badajoz. Una matanza intencionada que no podemos dejar de recordar año tras año ante la prepotencia de los secuaces de Franco, quienes tras el Golpe de Estado del 36 dejaron bien claro que no se trató de ningún hecho casual sino que estuvo premeditado, incumpliendo todas las leyes de la guerra.

Para mayor escarnio de quienes aborrecemos la violencia salvaje del régimen dictatorial durante la Guerra Civil como en los 40 años posteriores, asistimos al circo mediático que lleva montando una señora que se autodenomina orgullosa “la mujer más franquista del mundo”, de televisión en televisión donde se le está permitiendo que lance todo tipo de barbaridades contrarias a los valores en los que en teoría un Estado democrático debería fundamentarse, y ultrajando la memoria y el recuerdo de miles de víctimas inocentes.

Ni a ella ni al millar de militares que con su nombre y apellidos firman el escrito pidiendo que vuelva el horror y la muerte a nuestra sociedad que impuso el General Franco se les ha aplicado ninguna ley mordaza, a pesar de ser manifestaciones que expresamente exigen y esperan un nuevo alzamiento militar que ponga fin a la profanación de la figura del asesino Franco.

Si es grave la declaración de estos militares en la reserva -los que están en activo imaginamos que guardan la ropa para no ser expedientados-, lo es todavía en mayor medida la información que un también militar retirado, , D. Floren Dimas, nos transmitió a través de su carta donde denunciaba las conversaciones de los mandos, fuera de la luz y taquígrafos, durante su tiempo de prestación de servicio en el Ejército del Aire. Declaraciones de apoyo al franquismo sin ninguna duda y faltando al juramento realizado a la Constitución del 78. Esto evidencia, una vez más, que en nuestra “modélica” Transición no se produjo ninguna ruptura en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con el franquismo en el que habían estado a gusto. Aquellos que disfrutaron de privilegios continuaron en los mismos sitios, en los mismos cargos porque ¿acaso pensábamos que la cabeza de quienes habían rendido pleitesía al dictador iba a cambiar de ideas con un cambio de gobierno?

Es bien sabido que quienes conformamos la Confederación General del Trabajo (CGT), rechazamos este sistema corrupto, que bajo la falacia de unas elecciones cada 4 años vende al pueblo la idea de que elige y participa, opina y decide siendo totalmente una mentira y dejando a las personas sin posibilidades reales de intervenir en aquellos asuntos que realmente les afectan en su día a día. Desde CGT creemos que quienes se enorgullecen de la “democracia” de este Estado, de sus leyes garantistas de derechos y libertades, deberían predicar con ese ejemplo que nos imponen en forma de leyes mordazas a quienes cuestionamos el sistema desde otras miras. Deberían ser estos quienes terminaran con la peligrosa permisividad que alienta a los fascistas de uniforme, aquellos que nunca se regeneraron ni aceptaron la democracia a la que juraron lealtad pero que han seguido alimentándose de estas ideas amparados en instituciones del Estado como el Ejército y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y con la complicidad de la Iglesia, otra premiada por ayudar en la cruzada franquista contra los derechos y libertades del pueblo.

Desde CGT volvemos a denunciar la persecución del Estado contra quienes no alaban el sistema y la permisividad con aquellas otras herederas del franquismo. Exigimos una ruptura real y definitiva con todo lo que significó el régimen de Franco y que sus criminales, todavía impunes, sean juzgados. Queremos respeto para quienes disentimos y disentiremos del planteamiento capitalista y esclavista que vivimos los y las de abajo, la clase trabajadora.

Por eso, hoy, 17 de agosto, nos volveremos a acordar de los compañeros Joaquín Delgado y Francisco Granado, porque aunque el Tribunal Supremo, en su sala militar, continúe denegando la justicia para ellos, CGT permanecerá reclamando el reconocimiento de su inocencia y denunciando un crimen de Estado más. Para CGT es urgente reclamar el fin de la impunidad franquista, del antiguo y del nuevo régimen dejado por el dictador en 1975.

Comisión Memoria Libertaria de CGT