En España las opciones de planificar de manera consciente la maternidad con información suficiente, la utilización de métodos anticonceptivos o la interrupción voluntaria del embarazo (solo posible dentro de las 14 primeras semanas) son derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Aun así no hay igualdad de trato para las identidades no normativas que reconoce el heteropatriarcado. Las farmacias pueden hacer objeción de conciencia no facilitando la píldora post coital o preservativo. Una vez tomada la decisión de abortar si acudes a un centro médico has de recapacitar durante tres días en casa. Las menores con 16 y 17 años tienen que ser autorizadas por tutores legales. Pese a que la escolarización obligatoria prevé enseñanza religiosa dentro de un Estado que se declara aconfesional, no se ofrece educación sexual.
Los sectores más rancios y conservadores desde sus élites machistas amenazan con volver a la ley arcaica de supuestos para el aborto de los años 80. Teniendo en cuenta que 400 mujeres perdieron la vida en España en 1979 por serles practicados abortos clandestinos, CGT considera aberrante la sola propuesta, ya que intentar instaurar este cambio normativo revela una clara política de terrorismo de Estado contra las mujeres.
A lo largo y ancho del mundo muchas mujeres ven limitadas y anuladas sus libertades sexuales y reproductivas. Por razones culturales o religiosas están obligadas a llevar el embarazo a término aunque suponga poner en riesgo su vida, a pesar de haber sido este contra su voluntad o incluso en el caso aberrante de una violación. Pueden ser igualmente judicializadas, represaliadas o encarceladas si el aborto es involuntario y espontáneo.
Desde CGT mostramos nuestra solidaridad con la pañolada verde que envuelve al planeta. Aunamos nuestras voces al grito global de las mujeres. Esperamos hacer eco en la conciencia colectiva para que nuestras hermanas y nosotras mismas no veamos reprimidas nuestras vidas, libertades sexuales y reproductivas.
Desde CGT exigimos que los gobiernos no hagan de nuestro útero un nicho de mercado sobre el que ellos y sus intereses capitalistas nos exploten mercantilicen, impongan y prohíban.
La desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa se ha convertido, cuatro años después, en paradigma del patrón de desapariciones forzadas en México perpetradas por el crimen organizado con la connivencia del propio Estado mexicano. Informes de organizaciones internacionales de derechos humanos y, recientemente, una sentencia judicial, han conseguido tumbar la “verdad histórica” fabricada y mantenida por el gobierno de Peña Nieto.
El tiempo corre demasiado rápido pero, seguramente, para las madres y padres de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Estado de Guerrero (México), estos cuatro últimos años habrán sido los más largos de sus vidas: además del dolor por la pérdida de sus hijas e hijos han tenido —y siguen teniendo— que soportar la cruel y desgarradora tortura de no saber qué les pasó y dónde están.Aquella noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa se dirigieron a Iguala para conseguir autobuses con los que poder viajar a Ciudad de México para participar en la marcha anual que conmemora la masacre de estudiantes de Tlatelolco, acaecida el 2 de octubre de 1968. En la terminal de autobuses consiguieron varias unidades —en total cinco— y, cuando se disponían a regresar a la escuela, fueron interceptados por civiles armados y cuerpos de seguridad del Estado: 43 de ellos fueron detenidos y desaparecidos, seis personas fueron asesinadas —tres de ellas estudiantes— y 40 quedaron heridas, dos de ellas de extrema gravedad.La estrategia del Gobierno mexicano se fundamentó en la construcción de una “verdad histórica” sobre lo sucedido, basada en afirmar que los jóvenes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, cerca de Iguala. Verdad desmontada primero por el Equipo Argentino de Antropología Forense en su informe de febrero de 2016, en el que afirmaron que no existían, en el terreno, pruebas de un fuego de la magnitud requerida para la incineración de 43 cuerpos. Más tarde, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en sus investigaciones realizadas entre 2015 y 2016, reiteró con pruebas periciales la imposibilidad de la versión difundida por el Gobierno. Pero, además, en su primer informe explican, de manera detallada, cómo el atentado contra los estudiantes se dio en varios tiempos y lugares y que, difícilmente podía ser “casual” ya que, durante horas, fue controlado un perímetro de 80 kilómetros donde las fuerzas de seguridad de diferentes niveles y competencias —municipales, ministeriales, federales y militares—, así como agentes de inteligencia y narcodelincuentes, coordinadamente, acorralaron y persiguieron salvajemente a los jóvenes. También demuestran que el propio ejército denegó auxilio y asistencia médica a los heridos.El GIEI finalizó su segundo informe señalando indicios y nuevas líneas de investigación: los móviles de algunos de los estudiantes siguieron funcionando horas y días después de lo sucedido; policías y soldados estuvieron presentes en los lugares de los hechos; señales de torturas en los detenidos autoinculpados y, la más importante: el quinto autobús —inexistente en el expediente oficial y cuya prueba fue alterada— podría servir para el tráfico de heroína de Iguala a Chicago y fue tomado, accidentalmente, por los estudiantes. Este último indicio podría justificar la cacería desatada contra los jóvenes. Hipótesis, por otro lado, confirmada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) al afirmar que las organizaciones criminales transnacionales usan los autobuses de pasajeros para trasladar droga desde México hacia Estados Unidos.Pese a dicho informe, la postura del Gobierno de Peña Nieto ha sido inamovible, intentando cercar las responsabilidades al ámbito local y deslindarse del narcoterrorismo. Además, el ejecutivo mexicano obstaculizó y retardó buena parte de las diligencias solicitadas por el GIEI, impidiendo, por ejemplo, entrevistar a miembros del Batallón 27 del Ejército Mexicano, directamente implicados en los hechos. El propio GIEI sufrió el descrédito por parte del Estado, que sembró difamaciones contra sus miembros, alcanzando también al abogado de las familias, Vidulfo Rosales. Del mismo modo, se ha pretendido dividir al movimiento de padres y madres, comprar su silencio y desgastar unos pies que, pese a todo, no han dejado de peregrinar en busca de verdad y justicia.Así, el día 26 de cada mes han marchado por las calles de Ciudad de México y han tenido que aprender a enfrentarse a una realidad desconocida para ellos: las desapariciones forzadas. En este tiempo, algunos de sus corazones se han apagado, como el de Minerva Bello, madre del desaparecido Everardo Rodríguez Bello, quien murió de cáncer el pasado 4 febrero.Dentro de las recomendaciones del GIEI aparecía la necesidad de realizar un diagnóstico del impacto psicosocial y en la salud de las víctimas de Ayotzinapa que pudiera servir para guiar la política de Estado en la atención a familiares de desaparecid@s. El resultado ha sido el informe Yo solo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, presentado el 14 de marzo de 2018 en Ciudad de México y elaborado por un equipo interdisciplinar, a través del acompañamiento y las entrevistas realizadas a las víctimas. La reparación integral del daño solo tendrá sentido a partir de la verdad y la justicia, concluye el informe. Esta búsqueda de justicia se ha convertido en parte del proceso de duelo, aunque las autoras hablan de “duelo congelado” en los casos de desaparición forzada por cuanto “la impunidad arrebata la posibilidad de duelo”.
LA ESPERANZA ESTÁ EN LA VERDAD
“Renaixem
de la perseverança
de lluitar amb l’antiga esperança
Fills de l’aigua, la terra i el foc
renaixem amb tu
i amb tu vencerem”
Xavi Sarrià
En esta larga noche iniciada en 2014, una pequeña luz apareció el pasado mes de mayo en forma de sentencia. El tribunal federal de Tamaulipas, encargado de resolver los amparos promovidos por los detenidos en el caso, quienes acusaron a la PGR —la fiscalía mexicana— de haber infringido torturas— emitió una sentencia esperanzadora. Exige reiniciar la investigación por la gravedad de las irregularidades cometidas y, además, como proceso alternativo para subsanar la actuación deficiente de la PGR, ordena la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, en la que participen las víctimas, sus representantes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales. Frente a los recursos interpuestos por instancias federales contra dicha sentencia, el Tribunal se pronunció, el pasado 20 de septiembre, para ratificar su fallo y remarcar que el Estado mexicano no puede eximirse de sus obligaciones internacionales arguyendo el derecho interno. Corresponderá al próximo presidente, López Obrador, quien asumirá su cargo el 1 de diciembre, ejecutar dicha sentencia. Ya se ha adelantado a afirmar su compromiso en la creación de la Comisión de la Verdad, enmarcada en su llamado “modelo de justicia transicional a la mexicana”. “Esperanza sí; cheque en blanco, no”, afirman padres y madres de los 43 ante las declaraciones del nuevo presidente.Ayotzinapa visibilizó el nuevo patrón de las desapariciones forzadas en México, donde se da una connivencia entre el narco y las autoridades y cuerpos de seguridad del Estado. “Fue el Estado” o “México es un narco-estado” fueron los gritos lanzados por la multitud en las grandes marchas durante el primer año de búsqueda de los 43. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), existen en México —hasta el 30 de abril de 2018— 37.435 desapariciones denunciadas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció en 2017 la localización de 855 fosas clandestinas entre los años 2006 y 2007. Cifras espeluznantes para un país en guerra no declarada. La tragedia de Ayotzinapa afectó a organizaciones de familiares de desaparecidos y desaparecidas, quienes no solo revivieron su trauma sino que sintieron frustración al no ver avances después de décadas de lucha.
Como documenta el informe Yo solo quería que amanecira, algunas organizaciones buscaron aunar esfuerzos y otras lamentaban no haber recibido la atención mediática, política y social que Ayotzinapa logró. Sin duda, todas anhelaron que este caso pudiera representar un antes y un después en el drama de las desapariciones forzadas.Las madres y padres de los 43 también han tejido solidaridad con otros movimientos en defensa de los derechos y el territorio comoAtenco y su lucha contra el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la comunidad otomí de Xochicuautla y su resistencia contra la construcción de una autopista que pretende destruir su bosque sagrado o la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán (Ciudad de México), desde donde se oponen al ecocidio inmobiliario y la gentrificación. Fueron también recibidos en territorio autónomo zapatista, donde el Subcomandante Galeano les transmitió el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN): “Su lucha es ya una grieta en el muro del sistema. No dejen que se cierre Ayotzinapa. Por esa grieta respiran no sólo sus hijos, también las miles de desaparecidas y desaparecidos que faltan en el mundo”.Y así es, la guerra no ha acabado, las desapariciones forzadas no descienden y los asesinatos no se detienen. Pero estas madres y padres, desde el dolor, han vencido a un gobierno que pensaba agotarlos con su “verdad histórica”; han traspasado fronteras, poniendo el foco sobre una realidad ocultada a golpe de tratados comerciales; han abierto la puerta a un mecanismo novedoso como el GIEI que enseña otro modo de defensa de los derechos humanos, donde la búsqueda organizada de verdad y justicia y la red de apoyo tejida en el camino, crean una “trama social”, un espacio que ayuda a las familias a nombrar y compartir el dolor, la esperanza, la rabia y el tiempo “detenido”; han conseguido, en definitiva, cuestionar todo el sistema de impunidad que permite la multiplicación de las desapariciones forzadas en México.
Cuando en México desaparecen a jóvenes, estudiantes, periodistas, militantes de movimientos sociales, mujeres y niñas nos están robando el futuro.
SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL DE LA CGT
Cuando en México los malos gobiernos no solo no buscan a los desparecidos sino que forman parte del entramado que permite que el país se llene de fosas y tristeza, están poniendo de manifiesto su intención de destruir cualquier semilla de vida y transformación.
Hoy se cumplen cuatro años de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa y somos miles de personas, millones de muchas partes del mundo los y las que les llevamos en nuestro corazón y seguimos exigiendo su aparición con vida.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos queremos que regresen!
Hoy especialmente nuestro camino se cruza con el de las y los familiares y amigos que siguen incansablemente buscando. Sus hijos son semilla, esperanza y lucha que nos recuerdan la urgente necesidad de seguir en las calles, de organizarnos para parar esta barbarie de desapariciones y muerte. De la importancia de no olvidar.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) nos mantendremos en alerta, atentas a nuestros compañeros y compañeras que siguen buscando a sus hijos, hermanos y compañeros pese a las trabas gubernamentales, las amenazas y coacciones.
Mantendremos nuestro compromiso de seguir denunciando y difundiendo los crímenes perpetrados por el Estado en un intento de frenar los valientes proyectos que tratan de cambiar el rumbo del país para llenarlo de dignidad.
Y nos sumamos al llamamiento internacional por el recuerdo de los 43 estudiantes desaparecidos y en solidaridad y apoyo a las familias y amistades de Ayotzinapa.
Estrenamos esta temporada nuestro programa de Rojo y Negro Lucha sobre los conflictos en:
Vestas: Es una multinacional danesa de aerogeneradores con 20.400 personas en plantilla. A finales del mes de agosto, la dirección comunica el cierre de la planta de Villadando, León, medida que afectará a 362 trabajadores de forma directa y provocará la pérdida de casi 2000 puestos de trabajo en la comarca. Esta empresa ha recibido 13 millones de euros en ayudas y subvenciones por parte de diferentes administraciones públicas. la plantilla afectada reivindica la rentabilidad de la empresa, y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo
Iberia: arrancan las negociaciones de un nuevo convenio colectivo. CGT pone sobre la mesa:
Subida salarial para toda la plantilla
Erradicación de contratos en precario
Prevención y riesgos laborales: mejora de los recursos y materiales (UVI movil y medico 24 horas)
Turnos y horarios: Recuperación de los derechos laborales anteriores al XX convenio
Transcom: Multinacional sueca de Call Center, ha propuesto un ERE en el centro de San Fernando que afectará a 200 personas. Esta empresa, con una plantilla en España de 4800 personas, realizó otro ERE el año pasado que afectó a 280 personas. Desde entonces se han realizado 400 nuevos contratos.
Hacienda confirma que no estudia “modificar ni mucho menos eliminar” la deducción fiscal de los planes de pensiones en el IRPF.
El Gobierno de Pedro Sánchez no aceptará la propuesta de Podemosde eliminar la deducción fiscal de los planes privados de pensiones en el IRPF. El partido de Pablo Iglesias presentó la medida dentro de su batería de propuestas para aumentar los ingresos de la Seguridad Social y señaló que las aportaciones a los fondos de pensiones tienen exenciones fiscales de hasta 8.000 euros anuales.
El ministerio de Hacienda confirmó este sábado que la propuesta no tiene futuro. “Hacienda no está estudiando modificar, ni mucho menos eliminar la deducción fiscal de los planes de pensiones en el IRPF”, afirmaron a Efe fuentes cercanas a la cartera de María Jesús Montero. El Gobierno se enfoca en explorar un incremento del impuesto de las rentas más elevandas, tanto del trabajo como del capital.
Desde Hacienda agregan que las únicas alzas del IRPF que se podrían aprobar serían las que afecten a las rentas superiores a los 140.000 euros anuales y que en el caso de las rentas de capital las modificaciones que se plantearán apenas repercutirán en el 0,1% de los contribuyentes.
Podemos se despide de una de sus medidas fiscales
Fuentes de Podemos, la formación que solicitó eliminar las desgravaciones actuales de los planes de pensiones en el IRPF, también confirmaron que la propuesta inicial quedó diluida en la mesa negociadora. Sus otras dos propuestas presentadas el 1 de septiembre fueron destopar las cotizaciones sociales para elevar la recaudación y eliminar las bonificaciones a las empresas por las cotizaciones.
Con respecto a los planes de pensiones, los técnicos de Hacienda (Gestha) habían manifestado que su deducción en el IRPF es regresivas porque beneficia a las rentas más altas. Los ciudadanos que ganan menos de 30.000 euros al año obtienen el 29,3% de las desgravaciones, mientras que el 70,7% restante beneficia a los que ganan más de 60.000 euros al año.
“Con estas medidas se podría avanzar en la estabilidad del sistema de pensiones” dijo Pablo Echenique al presentar las medidas, de las que al menos una ya no será posible.
Cada vez es más frecuente que viejas glorias de los partidos políticos mayoritarios copen las portadas de los medios con declaraciones y opiniones que, en buena lógica, deberían dar a conocer los líderes en activo de tales organizaciones. Los fijos en estas labores son, desde hace tiempo, los expresidentes González y Aznar, tan aparentemente incisivos y brillantes en sus ocurrencias como desmedidos con su ego.
No obstante el eco garantizado de cualquier boutade que salga de estas bocas irrefrenables, lo cierto es que también se suelen sumar al circo revival expresidentes autonómicos (como Bono, Ibarra, Pujol o la siempre locuaz Aguirre) y hasta los exministros se animan a meter baza; generalmente para decir –sin rubor alguno- que ellos lo hacían mejor cuando eran titulares de esas añoradas carteras negras.
No es clara ni unánime la razón que empuja a estos patéticos personajes a salir a la palestra cuando lo más prudente y aconsejable sería permanecer callados. Hay quien piensa que sufren de incontinencia verbal, pero no faltan quienes opinan que se ven empujados a reaparecer, una y otra vez, porque deben considerar que los dirigentes que les han sucedido no tienen su elevado nivel político ni su tirón electoral.
El último en liarla parda, sin que viniese a cuanto, ha sido el ex casi todo Carlos Solchaga, agarrado a los cargos públicos a la temprana edad de 35 años (1979), y sirviendo al pueblo -con muy buenos sueldos, eso sí- ininterrumpidamente hasta 1994. Pero no piense el lector que tras esa dilatada vida laboral Solchaga se acogió a la merecida jubilación; ni mucho menos, su voluntad de aportar saberes y esfuerzos le condujo a montar una asesoría para empresas y a formar parte de los consejos de administración de un puñado de ellas.
A sus 74 años sigue en lo suyo y se embolsa no menos de 900.000 € anuales. Aproximadamente lo mismo que 75 pensionistas.
Sabiendo como él sabe esos datos (para eso es economista) y enterado como debe estar del cabreo de los jubilados por los recortes de las pensiones y la congelación de los aumentos anuales, sorprende y mucho que aparezca públicamente en este momento para decir que los pensionistas no tienen razón en sus demandas y que las movilizaciones masivas de los últimos meses obedecen poco menos que a las confabulaciones judeo-masónicas de otros tiempos.
Desde luego que una persona con el pasado político y el presente empresarial de Carlos Solchaga no era la más indicada para criticar la lucha de los pensionistas. Y no lo es por dos razones. La primera por sus escandalosos ingresos pasados y actuales, y en segundo lugar porque sus críticas son injustas y absurdas. Dice el que fuera ministro de Industria de Felipe González en la etapa en que los socialistas privatizaron casi todas las empresas estatales y, mediante la reconversión industrial, destruyeron prácticamente todo el tejido productivo del país, orientando la economía hacia el sector servicios y el ladrillo, que tantos disgustos nos está dando años después, que los jubilados no hemos aportado ni la mitad de lo que vamos a cobrar y que exigir que las pensiones se revaloricen según el IPC de cada año es una irresponsabilidad que nos puede llevar a la quiebra del sistema público.
Tenemos que discrepar del autor de la famosa frase “España es el país donde más rápidamente te puedes hacer rico” porque los que, al contrario que el señor Solchaga, hemos visto como cada mes, durante más de 40 años, se nos retenía el 20% de nuestras nóminas para contribuir a todos los gastos del Estado (incluidas las pensiones) también somos los que producíamos la parte del león que se quedaba el empresario; la plusvalía que decían estos socialistas cuando todavía leían a Marx.
Solchaga, que también fue ministro de Economía y un alto cargo en el FMI, sabe que si todo lo cotizado a la Seguridad Social durante una larga vida laboral hubiera permanecido en un banco, generando intereses incluso, nos permitiría vivir mejor de lo que viven la gran mayoría de los pensionistas actuales.
Pero en el peor de los casos, en el supuesto de que vivamos más años de los que recomiendan los banqueros y nuestras cuentas con el erario público arrojen un saldo negativo, es incuestionable e irrenunciable que corresponde al Estado cargar con el gasto de las pensiones; igual o con más razón que lo hace con los abultados presupuestos del ejército, la casa real, el clero y la propia clase política.
ANTONIO PÉREZ COLLADO
ASAMBLEA DE PENSIONISTAS DE CGT
Cada día se escuchan más voces que alertan de una inminente nueva crisis financiera. Cuando se cumple una década desde la caída de Lehman Brothers, la inestabilidad en el sistema financiero está lejos de haber sido superada. Lejos quedan las promesas de reformar el capitalismo que líderes occidentales lanzaron al viento en pomposas cumbres tras el estallido de la crisis en 2008. Y lo cierto es que en muchos casos el crecimiento conseguido en algunos países se ha dado a partir de la profundización de las estrategias que nos llevaron a esta última crisis financiera. El proceso insaciable de financiarización de la economía, la especulación financiera, la evasión fiscal, las burbujas inmobiliarias y el endeudamiento sin límites siguen estando a la orden del día, en el Estado español y en buena parte del mundo.
El polémico y multimillonario inversor George Soros dijo hace unos meses en un seminario en París que “podríamos estar ante otra gran crisis financiera”, haciéndose eco de la fuga de capitales desde economías emergentes como la argentina, la turca o la indonesia, refugiándose en la fortaleza del dólar. Argentina dio ya la primera señal de alarma hace unos meses, culminando con un déjà vu en forma de “rescate” del FMI. La reciente crisis financiera en Turquía tiene muchas posibilidades de afectar más allá de sus fronteras, especialmente a tenedores internacionales de deuda turca, tanto pública como privada, entre ellos el BBVA. Otros apuntan al impacto del fin de la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo (BCE) y la posible subida de tipos de interés como la chispa que hará encender una crisis en Europa que se pueda contagiar a otros países, especialmente a países emergentes.
Dos dirigentes jubilados del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), conocido por ser el banco de los bancos centrales, una institución altamente conservadora, han publicado recientemente un libro en el que avisan de la bomba de relojería que supone el sistema financiero global, debido a las políticas erróneas y temerarias en los países occidentales. Peter Dittus y Hervé Hannoun avisan precisamente de la acumulación de deudas, facilitada por la política monetaria y los bancos centrales del G7 y el de la UE, el BCE.
Según un artículo de Martin Kohr, de South Center en Suiza, las políticas monetarias extremas del G7 han socavado los cimientos de la economía de mercado al manipular los tipos de interés a largo plazo, distorsionar el valor de activos de todo tipo y devaluar los riesgos de la deuda soberana en países occidentales. Considera también que se ha ido demasiado lejos con la política expansiva del BCE, conocida como quantitative easing (QE), y, tal y como advierten economistas de toda índole, la alternativa ahora puede ser desastrosa.
El FMI, como en crisis anteriores, no reconoce la inminencia de una nueva crisis financiera, pero no niega esa posibilidad
El FMI, como en crisis anteriores, no reconoce la inminencia de una nueva crisis financiera, pero no niega esa posibilidad, y sí ha advertido de que los niveles de endeudamiento de los países están subiendo de forma alarmante en algunos casos. El periodo prolongado de tipos de interés bajos ha supuesto un incremento de la deuda global, que ya alcanzó el 318% del PIB mundial al finalizar el tercer trimestre de 2017, 115 puntos por encima del último récord, en 2009. Ante ello, recomienda que los países aprovechen los ciclos económicos positivos para “acumular reservas fiscales para los tiempos tempestuosos que eventualmente llegaran”.
La propia institución dirigida por Christine Lagarde advierte de que la principal economía emergente (aunque dudo de que se la deba seguir llamando así), China, es responsable del 40% del incremento de la deuda, aunque otros países del norte, economías emergentes e incluso países empobrecidos se encuentran en situaciones vulnerables y de riesgo de crisis de deuda. En el caso del gigante asiático, hace años que se va advirtiendo de los elevados niveles de deuda tanto pública como privada (deuda familiar), y el efecto dominó de una crisis de deuda en China puede ser impredecible, siendo este país uno de los principales importadores de materias primas de los países del Sur.
Precisamente la ralentización del crecimiento en China ha afectado fuertemente a países en América Latina y el África subsahariana, que en las últimas décadas habían crecido a fuerza de exportaciones y créditos del gigante asiático. Países como Argentina, Brasil, Ecuador o Venezuela, pero también Chile, Colombia y Perú, hace algunos años que notan el descenso del volumen y precio de las materias primas que hasta hace poco exportaban sin problema a China. El fin del llamado “superciclo de las materias primas” está afectando particularmente a los exportadores sudamericanos de minerales, petróleo o soja. En el caso de México y Centroamérica, hasta ahora la fortaleza del dólar y de la economía estadounidense actuaban como amortiguador, pero la política comercial de Trump puede acabar con ello. Ante ello, la receta de la austeridad ha regresado a países como Brasil, Ecuador o Argentina.
Los tipos de interés bajos y el crecimiento de algunas economías, especialmente en África, han llevado en la última década a una lluvia de crédito e inversión, principalmente bajo la forma de alianzas público-privadas
Esta situación afecta también a numerosos países africanos. Hace ya algunos años que activistas contra la deuda advierten de una nueva crisis de deuda especialmente en países del África subsahariana. Este año, el propio FMI ha reconocido que la situación es preocupante, pero la tendencia hace años que se vislumbra. Según la Jubilee Debt Campaign, uno de los grupos que, desde el Reino Unido, hace años que advierten de que la crisis de deuda en los países del Sur no se ha acabado, los pagos de deuda en los países empobrecidos se ha incrementado un 60% entre 2014 y 2017, y se encuentran en su nivel más alto desde 2004. Los tipos de interés bajos y el crecimiento de algunas economías, especialmente en África, han llevado en la última década a una lluvia de crédito e inversión, principalmente bajo la forma de alianzas público-privadas (con deuda en la recámara).
Los créditos a gobiernos de países empobrecidos casi se han doblado, pasando de 200.000 millones de dólares en 2008 a 390.000 millones en 2014, situándose entre 300.000 y 350.000 millones en el periodo de 2015 a 2017. La caída de los precios de materias primas desde mediados de 2014 ha supuesto dificultades para muchos gobiernos, que han visto reducidos sus ingresos y devaluadas sus monedas, por lo que el peso del pago de la deuda aumenta, al estar esta denominada mayoritariamente en dólares. Países como Mozambique, que afronta una particular crisis de la deuda, Túnez, Líbano Ghana, Angola, Chad, Gabón o Gambia en África, Laos y Sri Lanka en el Sudeste asiático, y Granada o Jamaica en el Caribe, son los que acumulan mayores pagos de deuda en 2017. Muchos de ellos recibieron cancelaciones de deuda a principios de los 2000, pero la solución que se les ofreció desde los organismos financieros internacionales fue reducir la deuda para volver a iniciar el mismo ciclo de nuevo.
En definitiva, sea en Europa tras el fin de los créditos del BCE y del tipo de interés barato, en China, en los países emergentes o en África u otros países empobrecidos, lo cierto es que las crisis que vienen no se pueden ignorar. Están a la vuelta de la esquina y se parecen mucho a las crisis que ya vinieron. Ahora, como entonces, serán las clases populares las que acabarán sufriendo sus consecuencias. Como un péndulo en eterno movimiento, las crisis van y vienen cíclicamente, o quizás nunca se fueron… Tal vez debemos plantearnos si se trata realmente de crisis o del funcionamiento sistémico del capitalismo.
Las últimas estadísticas sobre costes laborales unitarios publicados por Eurostat muestran que estos, que miden cuánto se paga a los trabajadores y cuánto aportan los empresarios a la seguridad social y fondos de cobertura privados, no han evolucionado desde la aprobación de la reforma laboral.
España es el segundo país de la Unión Europea en el que se ha producido el menor incremento de los costes laborales unitarios, solo por detrás de Luxemburgo. En el segundo cuatrimestre del año, el incremento de este tipo de costes, que suma salarios con otros factores como el pago a la seguridad social y seguros privados en el Estado español se ha situado en un +0,7%, muy lejos del incremento del 2,2% experimentado en la zona euro y del 2,6% en el conjunto de la Unión Europea en el mismo periodo.
Los datos, aportados por Eurostat el 14 de septiembre, muestran cómo las políticas laborales implementadas en la Unión Europea han rebajado el incremento de costes laborales unitarios (CLU) después de un leve repunte producido entre enero y marzo. En los últimos 20 meses España se ha “apretado el cinturón” en costes laborales al mayor ritmo de la Unión Europea.
El periodo entre 2008 y 2012 se convirtió en el momento de mayor aumento de costes laborales en la historia reciente. El aumento del paro se tradujo, indirectamente, en la ruptura, por primera vez desde que Eurostat publica los informes de costes laborales, de la barrera de los 20 euros por hora trabajada en el Estado español.
Desde entonces, y tras la aprobación de las reformas laborales de 2011 y 2012, la cifra se mantiene estancada en los 21 euros por hora trabajada. Los años pares (2012, 2014, 2016) la cifra exacta fue 21,1 euros, los impares (2013, 2015, 2017) ha sido de 21,2.
Cuantitativamente, la cifra se sitúa en el furgón de cola de los países más “competitivos” de la Unión Europea, con un coste/hora que se cifra en 21,17 euros/hora. Los costes laborales son siete euros más bajos que en Italia, nueve menos que en Irlanda, trece menos que en Alemania y 21 menos que en Dinamarca.
Por sectores, los costes laborales difieren significativamente. Una persona empleada en industria genera unos costes totales de 23,3 euros la hora. Las empleadas en servicios y construcción se sitúan en los 20 euros. Las plantillas de la industria belga son las que más costes laborales generan: 44,8 euros la hora.
COTIZACIONES A LA BAJA
Los costes laborales no salariales se sitúan, sin embargo, en coordenadas similares a la de los países del entorno. Las cotizaciones a la seguridad social, rebajadas en las reformas laborales para aligerar la “carga” de las empresas a través de la rebaja de los tipos de cotización y las bonificaciones de cuotas supusieron una sutil forma de recortes durante el periodo Zapatero-Rajoy de gestión de la crisis.
Esto ha colocado en el 25% el total de costes laborales no achacables a salarios respecto de los CLU. Es un punto menos de la media de la zona euro y está por detrás tanto de economías avanzadas como las de Suecia y Francia, en las que las cotizaciones se sitúan por encima del 30%, como de otras economías “del sur”, por ejemplo, la italiana o la griega.
PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS
La estadística de Eurostat señala que el análisis de los Costes Laborales Unitarios es un factor clave en la ponderación que hace el Banco Central Europeo para establecer los objetivos de inflación, principal cometido de la institución que dirige Mario Draghi.
De este modo, la actualización de precios y el estancamiento de los costes laborales influye en una rebaja del poder adquisitivo de los salarios, una estadística que en España realiza la Agencia Tributaria. Los últimos datos, referentes a 2016, muestran que desde 2007, año en el que se alcanzó el mayor incremento del poder adquisitivo de la población trabajadora, el índice se ha congelado o ha descendido, tanto en términos porcentuales como en euros brutos. Si en 2011 el salario medio de la población trabajadora se situaba en 19.102 euros/año, desde aquel año no ha superado los 19.000 euros corrientes anuales.
El 15 de septiembre de 2008, el gigante financiero estadounidense Lehman Brothers quebró. Diez años después, la regulación financiera no ha cambiado mucho y las nuevas señales económicas parecen indicar que un nuevo capítulo en la historia de las crisis está por llegar.
El gigante con pies de barro se acaba de desplomar. Uno de los tótems de la economía de mercado ha resultado ser un fraude y se ha roto. Las bolsas de todo el planeta caen como las piezas de un jenga. La economía mundial sufre una recesión financiera que se contagia como una mecha y las bolsas de todo el globo explotan como cargas de dinamita puestas en los lugares clave que hacen volar un edificio que, aunque tuviera una fachada muy cuidada, se cimentaba sobre arenas movedizas.
El “gran jefe” de esa enorme empresa financiera se está comiendo un bistec en el restaurante para directivos de la última planta de su rascacielos. Mastica deprisa, como lo hace un ejecutivo, pero con tranquilidad. Un subordinado se sienta frente a él. Tiene la cara del que sabe que es en parte culpable de la mayor crisis financiera a la que se enfrenta la sociedad moderna. Pero el jefe, libre de cualquier ápice de remordimientos, no deja de comer mientras le dice:
“Sientes tanta lástima de ti mismo que es insoportable… ¿Qué? Tú crees que hoy hemos dejado algunas personas sin trabajo y que no vale la pena… Pero tú llevas haciendo eso cada día hace ya casi 40 años. Y si esto no vale la pena, entonces nada lo vale… Es solo dinero. Se fabrica. Trozos de papel con fotos para que no tengamos que matarnos para conseguir comida. No es malo y hoy no es diferente a lo que ha sido siempre: 1637, 1797, 1819, 37, 57, 84, 1901, 7, 29, 1937, 74… ¡1987! Aquel año sí que me jodió bien… 92, 97, 2000 y como sea que llamemos a este, es siempre lo mismo, una y otra vez, no podemos evitarlo. Y tú y yo no podemos controlarlo, ni pararlo, ni frenarlo. Como mucho alterarlo ligeramente. Solo reaccionamos. Ganamos mucho si lo hacemos bien y podemos perderlo todo si lo hacemos mal. En el mundo siempre ha habido y siempre habrá el mismo porcentaje de ganadores y perdedores. Ricos felices y pobres desgraciados. Peces gordos y perros hambrientos. Sí… Puede que hoy en día nosotros seamos más que nunca, pero los porcentajes son exactamente iguales”.
Puede parecer una película, y lo es. Se trata de una de las escenas finales de Margin Call, dirigida y guionizada por J.C. Chandor en 2011, en la que el gran jefe, interpretado por Jeremy Irons, da una lección sobre los ciclos de crisis financieras del capitalismo a Kevin Spacey. La cinta narra las 24 horas en las que una gran empresa financiera estadounidense descubre que gran parte de los activos que tiene en sus balances no son más que humo y decide venderlo todo antes de que el resto se dé cuenta para salvar lo posible, aunque esa decisión lleve al planeta a una crisis financiera. En ningún momento se nombra en el guion, pero todo el que vea la película sabe que se trata de Lehman Brothers.
El 15 de septiembre de 2008, el gigante financiero estadounidense Lehman Brothers quebró. Dos años antes, muchos hipotecados empezaron a dejar de pagar sus cuotas. Las llamadas hipotecassubprime , aquellas concedidas con altos niveles de riesgo y sin control, empezaron a fallar y a perder su valor. Los grandes bancos se habían dedicado durante esos años a titularizar esas hipotecas, es decir, empaquetar dichas deudas con otros valores y a venderlos como si se tratara de productos totalmente seguros y de alta calidad. Dichos títulos empezaron a perder valor y a ser ilíquidos, difíciles de vender y de convertirse en dinero de nuevo. El subprime panic , como lo llamó el profesor de economía de la Universidad de Yale Gary Gorton, llevó a que los bancos tuvieran dificultades para acceder a nuevos fondos y a que los accionistas y tenedores de los fondos de estos vendieran y se retiraran. La mecha se había encendido. La caída del precio de las acciones de esas grandes empresas financieras provocó que los bancos tuvieran más problemas para obtener capital y hacer frente al dinero que estaban perdiendo con esas hipotecas basura. El problema de liquidez se convirtió en un problema de solvencia.
El caso de Lehman Brothers no fue el único, pero sí obtuvo una respuesta diferente por parte de los poderes públicos. En marzo de 2008, el banco de inversión Bear Stearns quebraba. Con unos balances llenos de hipotecas subprime, el gigante norteamericano no pudo obtener dinero en los mercados monetarios y acabó siendo insolvente. El Tesoro norteamericano y la Reserva Federal maniobraron para que J. P. Morgan se quedara con la entidad a cambio de un préstamo público. Fannie Mae y Freddie Mac, dos grandes entidades financieras con participación pública, también se habían aficionado a jugar en el casino de las hipotecas y las inversiones arriesgadas durante la época de la burbuja. Cuando estuvieron cerca de la quiebra, recibieron apoyo de la Administración estadounidense.
El Gobierno de los Estados Unidos no intervino y la caída la tuvieron que soportar los acreedores e inversores. Los pocos vestigios de confianza en los mercados se esfumaron
Pero a Lehman Brothers se le dejó caer. El Gobierno de los Estados Unidos no intervino y la caída la tuvieron que soportar los acreedores e inversores. Los pocos vestigios de confianza en los mercados se esfumaron. Se congeló el crédito. Arrancaba la crisis.
La Administración norteamericana intentó dar marcha atrás y arrancó un plan de inyección de fondos públicos en los bancos para solventar sus problemas de liquidez, el Programa de Alivio de Activos Problemáticos, mediante el cual los bancos e instituciones financieras llegaron a recibir más de 300.000 millones de dólares durante el comienzo de 2009. Se intentó lanzar el mensaje a los mercados de que ya no se dejaría quebrar a ninguna entidad financiera, pero ya era demasiado tarde. Al mismo tiempo que los empleados de Lehman Brothers salían de sus oficinas con sus pertenencias en una caja de cartón, los bancos de todo el planeta descubrían que entre sus balances había productos financieros que ya no valían nada. “El sistema financiero europeo quedó altamente expuesto a la crisis financiera en Estados Unidos, porque fueron precisamente los bancos europeos los que invirtieron altas sumas de dinero en comprar esos productos derivados”, explica a El Saltoel economista de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) Daniel Munevar. El grifo del crédito se cerraba de golpe y la recesión económica se expandía como el virus de la gripe en una guardería.
TODO CAMBIA PARA QUE NADA CAMBIE
Los gobiernos de varios países se pusieron manos a la obra hacia esa refundación del capitalismo, que diría Nicolas Sarkozy. Las máquinas de crear dinero —BCE en Europa, FED en Estados Unidos y Banco de Inglaterra— comenzaron a inyectar dinero público en las grandes instituciones y a absorber las pérdidas privadas mediante la acumulación de deuda pública. El sistema financiero internacional había fallado (otra vez) y necesitaba ser reformulado (otra vez).
Los dos lados del Atlántico arrancaron una serie de nuevas regulaciones que se basaron en solventar y controlar los problemas que habían hecho quebrar a muchas de las instituciones financieras: la liquidez. Aumentar los márgenes de solvencia de los bancos asegurando que puedan hacer frente a una salida de capitales de sus depositantes o problemas con los créditos ha sido la principal preocupación de los organismos reguladores, por lo que han ido en la dirección de exigir un aumento en los recursos propios o de productos que se puedan convertir fácilmente en dinero que pueda hacer frente a un nuevo problema o crisis financiera. Algo que para la economista y portavoz de Izquierda Unida Madrid Sol Sánchez ha sido un error: “El principal problema es que se ha querido entender todo el tiempo que el problema era de liquidez, cuando en realidad era de solvencia”.
Sol Sánchez: “El principal problema es que se ha querido entender que el problema era de liquidez, cuando en realidad era de solvencia
Para Benoît Lallemand, secretario general de Finance Watch, una organización internacional que se dedica a vigilar y denunciar las malas prácticas de la industria financiera y sus reguladores, el error en el enfoque va más allá. Lallemand declara a El Salto que los organismos internacionales, “en vez de revertir la desregulación de los 30 años anteriores, lo único que hicieron fue intentar hacer el sistema un poco más estable y un poco más seguro”, un punto de partida que considera totalmente fallido y falto de ambición: “Se preguntaron cómo hacemos que el sector financiero no vuelva a hacer daño a la sociedad, cuando la verdadera pregunta debería ser qué hacemos para que el sector financiero sirva a la sociedad”.
¿Y si aun así el banco no aguanta? Las administraciones europeas y estadounidenses han creado organismos y protocolos de resolución de entidades en las que el coste acaba recayendo en los accionistas y bonistas, como se pudo comprobar en la resolución, liquidación y posterior venta al Banco Santander del Banco Popular. Desde la Asociación de Inspectores del Banco de España son claros al explicar lo que, desde su punto de vista, es un error: “Si se sigue dando preponderancia a los requisitos de recursos propios y a las cuotas de deuda que legalmente deban absorber pérdidas en caso de resolución [quiebra], es como si estuviéramos dando más importancia a la herencia y al testamento, respectivamente, que a mantener viva a la persona jurídica”.
Ninguna de las fuentes consultadas cree que esta nueva oleada de regulaciones sea suficiente para frenar el peligro de que haya nuevas crisis. “Estas reformas se hacen con la expectativa de que mayores regulaciones van a facilitar el control de los riesgos que asumen los bancos —explica Munevar—, pero es como un gato persiguiendo su propia cola, en la medida que una vez que se crean nuevas regulaciones, el proceso de innovación financiera es imposible de detener debido a que los bancos tienen plantillas enteras de abogados y otros profesionales inventando nuevos instrumentos financieros que les permitan evadir esas regulaciones establecidas, de tal manera que puedan incrementar de manera artificial su apalancamiento y sus niveles de rentabilidad”. Sánchez es más directa: “Se están creando nuevos productos en todo momento, usando eso que llaman ‘creatividad financiera’, que no es más que un eufemismo para poder seguir estafando a la gente y poder huir de las regulaciones”.
NUNCA ACABAR
“Debe de haber pocos ámbitos de la actividad humana en los que la historia cuente tan poco como en el campo de las finanzas”. Así de taxativo fue el economista canadiense John Kenneth Galbraith en su libro Breve historia de la euforia económica (Ariel, 1991). La “extrema fragilidad de la memoria en asuntos financieros” es, según afirmó el economista, el principal motivo para que la economía siga produciendo burbujas financieras especulativas y posteriores crisis tras su estallido. El segundo motivo: “La engañosa asociación de dinero e inteligencia”.
Desde que en 1637 una euforia por la especulación con bulbos de tulipanes en los Países Bajos creara la primera burbuja datada de la historia, el sistema económico ha continuado repitiendo las mismas estructuras y pasos. Las crisis financieras se han ido repitiendo a lo largo de los últimos siglos. Cada vez más virulentas. Cada vez más contagiosas. La pregunta es: ¿cuándo será la próxima?
Según Munevar, la economía estadounidense se encuentra en el periodo de recuperación económica más largo desde la posguerra y los bancos han recuperado los niveles de rentabilidad anteriores a esta última crisis, pero no se puede decir lo mismo de Europa. Las medidas expansivas y de estímulo del Banco Central Europeo, elQuantitave Easing (QE) y los tipos de interés en mínimos históricos mantienen la economía europea en un coma inducido por estímulos. Su director, Mario Draghi, que ya ha visto cómo los mercados aguantan la respiración cada vez que da una rueda de prensa, ha anunciado el retraso del fin de los estímulos, pero finalmente acabarán en el plazo de un año.
Benoît Lallemand, secretario general de Finance Watch: “Está muy claro que tendremos una nueva crisis financiera en los próximos 18 meses
“Está muy claro que tendremos una nueva crisis financiera en los próximos 18 meses”, expresa sin dudar Lallemand. Y advierte de que la siguiente puede ser mucho peor, ya que los bancos centrales han absorbido mucha deuda del sector financiero mediante la compra de su deuda y bonos para inyectar liquidez “en vez de hacerlo en la economía real”, y ahora son sus balances los que están llenos de una deuda muy peligrosa: “Los prestamistas de última instancia, los bancos centrales, son la brigada de bomberos que tiene que apagar el fuego y lo malo es que en el próximo fuego los primeros en arder puede que sean los bomberos, porque tienen todas esas deudas en sus balances y las posibles consecuencias de eso asustan mucho”. Y no solo han comprado deuda de empresas financieras:, lamenta Sánchez: “Han adquirido deuda de empresas como los supermercados españoles DIA, por lo que, cuando acabe el QE, todo caerá como un castillo de naipes”.
Y, mientras todo esto ocurre, los países emergentes se encuentran en un momento de expansión del crédito o, lo que es lo mismo, inflando nuevas burbujas. La guerra comercial entre Estados Unidos y China remueve y reorganiza los mercados mundiales. Trump, como era de esperar, ha eliminado la Ley Dodd-Frank, el paquete de regulaciones adoptado por Estados Unidos en 2010, dejando las cosas tal y como estaban cuando cayó Lehman Brothers. Grandes bancos se resienten de los movimientos de divisas y deudas públicas de países que pueden estar pasando apuros al otro rincón del globo, como se ha comprobado recientemente con los problemas del BBVA con su exposición a la deuda soberana turca. El shadow banking, esas empresas no financieras que sustituyen a los bancos escapando de las regulaciones, no deja de crecer. Ningún gobierno parece tener la intención de abordar una verdadera batería de regulaciones drásticas y son más los que siguen abrazando el mantra del laissez faire al servicio financiero y de la austeridad en el gasto público.
Y en la calles se vuelven a escuchar frases tan preburbuja como “yo voy a comprar porque los alquileres están muy altos y la hipoteca no se me queda mal” o “tengo un dinerillo que voy a meter en acciones porque veo que la cosa se está recuperando y subiendo”, que parecen confirmar los malos augurios de Galbraith sobre la extrema fragilidad de nuestra memoria.
Aun así no hay igualdad de trato para las identidades no normativas que reconoce el heteropatriarcado. Las farmacias pueden hacer objeción de conciencia no facilitando la píldora post coital o preservativo. Una vez tomada la decisión de abortar si acudes a un centro médico has de recapacitar durante tres días en casa. Las menores con 16 y 17 años tienen que ser autorizadas por tutores legales. Pese a que la escolarización obligatoria prevé enseñanza religiosa dentro de un Estado que se declara aconfesional, no se ofrece educación sexual.
