El pasado 30 de abril, la Confederación General del Trabajo presentó recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la sentencia del Tribunal Supremo Español, de 24 de octubre de 2017, en la que confirmaba la de la Audiencia Nacional que declaraba «ajustado a derecho» el Expediente de Regulación de Empleo presentado por RTVV.
CGT fue el único sindicato no firmante de aquel ERE de extinción y el único que presentó las posteriores demandas ante las instancias nacionales. El único sindicato que continúa luchando ante un ERE injusto e arbitrario que pagaron únicamente los trabajadores.
El cierre realizado por el PP, fue avalado por el gobierno supuestamente progresista del Botànic con su defensa en la Audiencia Nacional, un Botànic que estando en la oposición hacía una defensa de los trabajadores y se comprometió con ellos en revertir el ERE.
No sólo se incumplió aquella promesa, también la que hicieron de esclarecer dónde habría ido a parar cada euro en la gestión del PP. No se ha abierto una comisión de investigación para averiguar dónde fueron a parar los 1300 millones del saqueo de Radiotelevisión Valenciana, ni este gobierno se ha personado en los casos que siguen abiertos en diferentes juzgados gracias a las denuncias de la CGT.
El maltrato a los trabajadores de RTVV por parte del Botànic, muchos de los cuales accedieron a su puesto por medio de unas pruebas selectivas que ahora se trata de desprestigiar, les ha llevado a hacerlos únicos culpables tanto de la mala gestión como de la manipulación informativa. La generosidad que se ha tenido con otros colectivos como los trabajadores del hospital de la Ribera, Divalterra o la Fundación Deportiva Municipal entre otros, no se ha aplicado a los trabajadores de RTVV, a los que se ha tratado como auténticos apestados.
Después de todo esto, el gobierno del Botànic va a abrir en breve una nueva radio y televisión sin contar con los ex trabajadores (sólo de una manera provisional), empezando de cero, y con un modelo privatizado, donde sólo serán servicio público los informativos. El resto estará gestionado por empresas privadas con la precarización laboral que ello supone. Eso no es el servicio público que defendían estando en la oposición. Este modelo es el mismo que el ahora detenido Zaplana intentó en el año 2002, o el que en su última etapa también intentó el PP por medio de Alberto Fabra, intentos ambos que fueron paralizados en los tribunales.
El recurso presentado en Europa hace hincapié principalmente en el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que declaraba nulo el despido colectivo aplicado por el grupo RTVV. La aprobación de la ley de caso único 4/2013 por mayoría absoluta del PP y que permitió el cierre, supone una vulneración del derecho a un proceso equitativo, ya que tuvo como único objetivo no aplicar una sentencia firme.
Este hecho, entre otros, atenta en nuestra opinión contra los derechos de los trabajadores y vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que esperamos que aunque sea a largo plazo, una revisión del caso y de sus irregularidades permita una sentencia que haga justicia con los trabajadores de RTVV después del cruel maltrato al que han sido sometidos por gobiernos de diferente signo.
La lucha continúa.
Antigua Sección Sindical de CGT en RTVV
7 junio de 2018
Equip Comunicació i Gabinet de Premsa CGT-PV
