Las luchas contra los desahucios en el Estado español siempre han sido un referente para los movimientos sociales griegos, aunque el ataque contra el derecho a la vivienda no ha sido tan fuerte en Grecia. La Ley de Defensa de la Primera Vivienda no permitiría desahucios. Hubo que esperar hasta la subida del Gobierno de Syriza y la firma del memorándum con la troika, que entre otros incluía la suspensión de la protección para la residencia principal, para aprender qué es un desahucio o cómo se puede organizar una respuesta solidaria de los vecinos. Nadie puede olvidar que el Gobierno y Alexis Tsipras habían prometido que ninguna casa iría a parar a manos de los bancos. Ahora se calcula que más de 50.000 familias se enfrentan al peligro de perder sus casas en 2017. En cada juzgado de distrito se están subastando inmuebles todos los miércoles.
En verano el plan era poner en venta entre 2.000 y 5.000 casas. La mayoría de los afectados son familias y gente que tenía préstamos y que ahora no puede pagar las mensualidades a los bancos debido a las grandes pérdidas de ingresos. Son los llamados préstamos rojos. La huelga indefinida de los notarios, que se negaron a participar en las subastas, y las manifestaciones cada miércoles frente a los juzgados han logrado frenar los planes de los bancos. Por ello hasta ahora sólo había habido un intento de desahucio por parte del Eurobank de una casa en Nikaia, en el Pireo, y en algunos casos se ha intentado paralizar subastas. Ahora, en muchos casos, como en Salónica el 19 de octubre, la gente ha tenido que enfrentarse a la fuerza policial, a ataques y a gases lacrimógenos.
Como explica a Diagonal Vasilis Papakostas, miembro del movimiento contra las subastas, “gran parte de los inmuebles en venta lo están por deudas no sólo con los bancos, sino directamente con el Estado. En muchos casos son deudas fiscales de 300, 500 o 600 euros. Son gente que no puede pagar los impuestos, incluso gente en paro. Los bancos están preparando un tsunami de ejecuciones hipotecariasdespués de la finalización de los acuerdos sobre los funds internacionales. Despues del 1 de enero de 2017 veremos toda la codicia bancaria. Los bancos han sido recapitalizados tres veces con dinero público y vemos cómo los ingresos populares se están hundiendo y los suicidios están aumentando”.
Union de Créditos Inmobiliarios
En el juzgado de Peristeri, un municipio al oeste de Atenas, el movimiento logró bloquear la subasta de una vivienda de 77 metros cuadrados. La entidad que la reclama es la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), la misma que ha echado a miles de personas de sus casas en el Estado español. Aunque los notarios estaban en huelga, la entidad quería proceder con la subasta. Centenares de vecinos, miembros de Unidad Popular, Antarsia, estaban allí, defiendo la casa de una mujer desempleada que tenía una deuda de 22.000 euros con esta entidad de créditos hipotecarios filial del Banco Santander.
Como dicen los vecinos que organizaron la manifestación, UCI ha prestado a mucha gente y es muy probable que sigan nuevas subastas. La manifestación logró por ahora parar la subasta y el movimiento ha declarado que no lo va a dejar pasar. “Será una lucha larga y dura –como dice Maria, una vecina solidaria–, pero merece la pena, para que la gente sepa que no está sola, que hay alternativa que se construye paso a paso con nuestras manos y un poco de valentía. Nada más”.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/32203-grecia-se-prepara-para-avalancha-desahucios.html
El Grupo de Mujeres de CGT presentan esta nueva sección en la que pretenden dar visibilidad a la falta del uso del lenguaje inclusivo en el día a día.
Lunes, 7 de noviembre de 2016, CGT junto a los/as trabajadores/as han puesto en marcha una huelga indefinida y total, para intentar frenar a Unipost en sus impagos, fraccionamientos y mentiras hacia los/as trabajadores/as…pero la mayoría del personal ha preferido no luchar y resignarse.
Unipost, de la mano de sus sindicatos amigos, ya había intentado boicotear la lucha “que pedían en los centros de trabajos”, los primeros pagando migajas (50% nómina de septiembre, 20% paga de Verano y poniendo un calendario de pagos a la nómina de octubre, para los días 7 y 11) y sobre todo retirando el ERTE (somos los primeros que nos alegramos, tras meses de batalla en este terreno) para intentar desactivar, la única huelga que sabían que no iba a estar condicionada por 4 señoritos/as liberados.
CGT lo tenía claro…no nos valía que nos pagaran un 50% de la nómina hoy, y otro 50% el 11, ni mucho menos que unilateralmente decidan no abonarnos nuestra paga extra de Verano pendiente o llegando aún más lejos…que en 10 días estemos emplazados por la empresa a una nueva negociación “para un descuelgue salarial” sobre “nuestra paga de Navidad” que veremos, si es firmada o no, por los de siempre.
CGT solicitaba el pago el día 1 de nuestras nóminas (sin fraccionamientos), que desde la firma del famoso acuerdo nos han sido secuestradas, el pago de nuestras 2 extras en tiempo y forma (Verano y Navidad), nuestra retroactividad (ganada en sede judicial) y sobre todo garantías de futuro y respeto hacia la plantilla
Queremos agradecer a todos/as los/as trabajadores/as que han querido usar la herramienta de CGT (por pocos que sean en cada centro) para poder luchar y sobre todo hacer una mención especial a CASTELLÓN (donde se han sumado a la lucha) y sobre todo a la PLATAFORMA DE SAN FERNANDO DE HENARES EN MADRID, donde han dado un auténtico ejemplo (incluidos delegados/as de otros sindicatos) de lucha a toda la plantilla de Unipost llegando a paraliza, por completo, todos y cada uno de los departamentos de la nave.
Por su parte hacer mención especial a todos y cada uno/a de los/as delegados/as de CGT en todo el territorio que llevan varias semanas e incluso meses partiéndose la cara en cada localidad, para defender los derechos de la plantilla de Unipost. Y no olvidarnos de vecinos/as, asociaciones o incluso entes políticos que nos han tendido una mano en nuestro conflicto.
Desde CGT no vamos a agachar la cabeza, volveremos a darle vueltas al coco e intentaremos de una manera o de otra, siempre estar de frente a las agresiones de Unipost hacia los/as trabajadores/as, que para eso fuimos elegidos/as cada uno/a de nosotros/as. Ni vamos a firmar rebajas, ni vamos a permitir que UNIPOST siga ninguneándonos.
Sección Sindical CGT-Unipost
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RNtv 17. Represión
En Rojo y Negro TV hablamos de prisión, prisión preventiva, multas, detenciones y cazas de brujas. De policía, guardia civil, jueces, fiscales y también de la clase política y sus leyes mordaza. Hablamos de represión y de cómo la ejercen.
Participan en este programa:
– Ermengol Gassiot de CGT Catalunya
– Elena Ortega de Madres Contra la Represión
– Arantxa Flores de Comisión Legal Sol
– Oscar Reina del SAT.
Enlace a páginas oficiales del programa RNtv:
Web: http://rojoynegrotv.org/
Canal YouTube: https://www.youtube.com/cha…
Twitter: https://twitter.com/rojoyne…
Compartimos este video que recorre los meses de lucha vecinal en la rotonda de Coia, así como las consecuencias de la misma.
#MoitoPeixeRompeARede es el título de esta pieza de 8 minutos con la que la gente de la Asamblea Abierta de Coia hace un repaso por los meses de lucha veciñal en la rotonda de Coia
Nahuel, miembro de Straight Edge, un grupo que aboga por el antiespecismo y el antifascismo, fue acusado de «pertenencia a organización criminal con fines terroristas» y sigue a la espera de juicio.
Hoy Nahuel sufre un aniversario, un año entre rejas, en prisión preventiva. Pero él no ha sido declarado culpable. Le imputan “pertenencia a organización criminal con fines terroristas”. Hace unos días fue su cumpleaños y su madre lo ve desde el locutorio, no toca bis a bis, en el estricto régimen FIES. La cárcel dentro de la cárcel. Sin causar ninguna víctima.
Su madre lo vio en Aranjuez, la quinta cárcel en la que ha vivido el último año. Durante un tiempo vivía en aislamiento, sin más de dos libros. Se le aplicó el régimen FIES 1 Control Directo, destinado a internos considerados especialmente conflictivos y peligrosos. Pero él no tuvo ningún parte en ninguna de las cárceles por las que pasó. También sufrió el FIES 3 Banda Armada. Cuando le quitaron el aislamiento fue trasladado. Y otra vez puesto en aislamiento. Pero cada Junta de Tratamiento dijo que es un preso modélico. Con el FIES, Ficheros de Internos de Especial Seguimiento, es controlado cada hora, incluso de noche.
“Estás en un Estado de derecho, podemos denunciar”, le dijo su madre al ver a Nahuel llegar a casa, con heridas, de la movilización Rodea el Congreso, el 25 de septiembre de 2012. Él afirmó que perdió la conciencia tras ser golpeado en la cabeza. Así lo hizo, participó en un informe de Amnistía Internacional que denunciaba las actuaciones de las fuerzas de seguridad durante protestas políticas. Fue el único que no firmó con un pseudónimo. Su madre comenzó a participar en los espacios en los que se movía su hijo, empezó a conocer el Straight Edge. En las Marchas de la Dignidad fue detenido durante 15 horas. María y Natalia, madres de Nahuel y Candela, no vieron que pasara nada.
Por aquel entonces, Nahuel tocaba en el grupo hardcore DSD, Diversión sin Drogas. Él participaba en Straight Edge Madrid que, junto al hardcore, abogan por el antiespecismo y el antifascismo en un ámbito libertario. El 7 de mayo de 2013 una sucursal de Bankia fue incendiada; el 30 de enero de 2015, lo fue una de La Caixa. En ambas aparecieron pintadas anticapitalistas de Straight Edge. Pero no apareció ningún vídeo, ni imagen, ni huella que relacione a Nahuel con estos hechos. El 4 de noviembre Nahuel, Candela, Borja, Diego, Javier y David eran detenidos, acusados de constituir un grupo terrorista.
“Cada cárcel tiene sus propias reglas, es volver a empezar de nuevo”, dice su madre. Cuando se trasladó de Sevilla, no se empezó a respetar su dieta vegana, aceptada por el juez de vigilancia penitenciaria, “por falta de recursos”. Una vez, por dieta vegana, recibió dos hojas de lechuga y un tomate. Tampoco se respetó la Ley General Penitenciaria, que obliga a que los presos estén recluidos cerca de sus familias. Ni las “Reglas Mandela” aprobadas en la ONU, ni la jurisprudencia europea de derechos humanos. Mientras, el juicio se sigue instruyendo, buscando pruebas.
Su madre ya había comenzado a visitar a un psicólogo, asustada. Por momentos se siente bien, en otros siente que choca contra un muro en el que no se puede abrir hueco. “Yo sabía en qué andaba metido mi hijo, eso no era lo que apareció en televisión”. Medios que destacaron su origen peruano y la violencia de estos grupos extremistas. La definición de terrorismo es subvertir el orden constitucional a través de la violencia. La policía registró su casa. Encontró bengalas, usadas en los conciertos, camisetas y banderas libertarias. Nada más. “Si él es un terrorista que subvierte el orden constitucional, ¿son dos sucursales bancarias la base de éste?”, argumentan en su defensa. La libertad provisional fue denegada por “riesgo de fuga” y “falta de arraigo”, ya que él no nació en España. Pero la única nacionalidad que tiene Nahuel es la española, no la peruana.
Tras una nueva instancia, se le quitó el aislamiento en Sevilla, aunque seguía en el módulo más conflictivo. En ésas fue trasladado a Aranjuez, a la espera de comenzar las vistas. Nahuel, con entereza, espera. Pero no ve nada, no ve la plataforma organizada en su defensa, y se desespera. Le animan mucho las cartas, dicen su familia, pero a veces tampoco llegan. Muchas son retenidas sin motivo.
“Jamás esperaría que la policía perdiera el tiempo en nosotros. Mi hijo, que milita contra las drogas, que no es violento”. “Soy un caso ejemplarizante”, dice él. “Buscaban presas fáciles”, dice la madre tras salir de la asamblea. Allí la plataforma Libertad Nahuel organiza la manifestación, a las 20h en Callao (Madrid), y el domingo una comida popular y torneos solidarios de fútbol y baloncesto desde las 10h en el parque Casino de la Reina. El día 8 tiene la vista para la puesta en libertad, en la plataforma cuentan los días de encarcelamiento. Después, el juicio.
Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/libertades/32176-nahuel-ano-prision-preventiva.html
Los sindicatos no descartan convocar nuevas movilizaciones tras la gran repercusión que tuvo la última huelga para tratar de reanudar la negociación del convenio que lleva 21 meses parada.
El pasado 6 de octubre, el sector de telemarketing vivía una de sus jornadas más históricas. La huelga convocada por los sindicatos CGT, CCOO y UGT alcanzaba, según las cifras que éstos manejan, entre el 65% y 75% de seguimiento por parte de los trabajadores (unos 35.000 empleados). Bajo la etiqueta #ColgamosLosCascos, la huelga de un sector regularmente invisibilizado alcanzó gran repercusión en la redes sociales, y los medios se hicieron eco de la movilización.
Tras más de veinte meses de negociación para un nuevo convenio colectivo en el sector de telemarketing o contact center, los sindicatos presentes en la mesa negociadora llevaron a cabo dos jornadas de paros parciales previas a la convocatoria de la huelga. Con el éxito de la jornada pretendían dar un golpe sobre la mesa y que las empresas corrigieran, en su opinión, su actitud intransigente.
Pasado casi un mes de la histórica movilización, los trabajadores de contact center han vuelto al segundo plano mediático y resurge el pesimismo en torno a las intenciones de las empresas. La negociación del convenio sigue parada, se cumplen 21 meses sin acuerdoy los sindicatos no descartan convocar nuevas movilizaciones a corto plazo.
Con un salario de media de 650 euros mensuales, los trabajadores se están viendo obligados a encadenar varios contratos con jornadas parciales de 4 horas diarias para llegar a fin de mes
Una de las principales reivindicaciones por parte de CCOO, UGT y CGT reside en la subida salarial. Macarena Zambrano, trabaja desde Sevilla para Qualytel –una de las principales empresas del sector-. Ella, junto al resto de compañeras y compañeros de telemarketing, lleva desde 2014 con el salario congelado. Fruto del desacuerdo para la firma de un nuevo convenio, los empleados no han visto actualizado su sueldo acordado en el anterior convenio.
Con un salario que apenas llega al salario mínimo, la media del sector se encuentra en 650 euros mensuales, los trabajadores se están viendo obligados a encadenar varios contratos con jornadas parciales de 4 horas diarias (dentro del propio sector) para poder llegar a fin de mes. “Y ni siquiera se llega”, añade Julio Fuentes, representante de la Coordinadora Estatal de CGT.
Para Macarena, el problema está en que además del salario, las empresas tampoco cumplen las concreciones horarias pactadas en el convenio: “Trabajamos de lunes a domingo casi once horas seguidas, cuando acordamos que en una semana tuviéramos dos días de descanso. Esto genera un problema de conciliación familiar para los compañeros que tienen hijos, porque no pueden verlos y tampoco existen guarderías en fin de semana”.
En este sentido, el Tribunal Supremo ha dictaminado en dos ocasiones durante último año, que todas las empresas del sector deben garantizar el derecho de los trabajadores a solicitar la reducción de jornada que deseen para el cuidado de sus familiares; tal y como recoge el Estatuto de los Trabajadores en sus artículos 37.5 y 37.6.
Pero ni siquiera la subida salarial bastaría para la mejora de las condiciones laborales de los empleados de este sector. Otra de las situaciones que denuncian los representantes de los trabajadores es la precariedad de las plantillas, con una rotación laboral que alcanza un 10% mensual. Macarena asegura que la tendencia empresarial está dirigida a la sustitución de trabajadores fijos con contratos estables por empleados de ETTs (empresas de trabajo temporal). “Si a la precariedad le sumas que contratan trabajadores de una empresa temporal para hacer el trabajo que haces tú por uno o dos meses, la situación es aún peor. En la empresa que trabajo hemos llegado a tener al 50% de la plantilla de una empresa temporal”, evidencia Macarena.
A la rotación constante de trabajadores se añade la movilidad geográfica del personal de mayor antigüedad o con contrato indefinido, denuncian desde CGT: “Para conservar tu trabajo de seis horas en el que cobras 600 euros te obligan a desplazarte a otro lugar, impidiendo tener un proyecto de vida”.
Respecto a las mujeres las agresiones son más profundas en un sector altamente feminizado. La profesión de contact center se caracteriza por un elevado porcentaje de mujeres, el 70%; frente a 30% que ocupan los hombres. Pero en los últimos años la tendencia se está revirtiendo, asegura Julio Fuentes (CGT): “Estamos observando que coincidiendo con los años fértiles de la mujer, esa tendencia se invierte y empiezan a contratar a hombres coincidiendo con esos años de edad fértil. Ni siquiera existen planes de igualdad aunque la ley obliga a aplicarlos desde 2007”.
Los trabajadores de contact center tampoco son ajenos a la realidad de los despidos. La reforma laboral emprendida por el Partido Popular en 2012 ha ayudado a acrecentar esta realidad. Antes de la modificación legislativa, las empresas tenían que aludir pérdidas económicas para realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE); desde entonces pueden presentar los ERE como un mero ajuste de la organización productiva.
Otra de las situaciones que denuncian los representantes de los trabajadores es la precariedad de las plantillas, con una rotación laboral que alcanza un 10% mensual
Esta práctica habitual en otros sectores como el de las telecomunicaciones, se suma a una particularidad del telemarketing: el artículo 17 del convenio de contact-center. Este apartado permite a las empresas la extinción anticipada del contrato por disminución del volumen de la campaña, es decir, la empresa puede presentar un gráfico en el que demuestra que en los próximos meses disminuirá el número de llamadas y ejecutar despidos.
Las últimas víctimas de estas prácticas empresariales son los trabajadores de las empresas subcontratadas por Telefónica para prestar su servicio de atención al cliente. A mediados de octubre, Telefónica anunciaba a sus proveedores Emergia, Unitono, Atento, Digitex y Extel que tendrían que dejar de prestar servicio entre 8 y 9 de la mañana, y entre 10 y 12 de la noche.
“Eso implica que a los trabajadores que estuvieran en esos turnos, en torno a unos 4000 empleos, se le va a modificar su horario a un turno partido que comprende una banda horaria de 9:00 a 20:00 con dos horas para comer. Les supone estar todo el día en su centro de trabajo por 800 euros en el mejor de los casos. Además los trabajadores que estaban en la banda de 22:00 a 24:00 y podían aumentar un poquito más su salario con plus de transporte y nocturnidad dejarán de percibirlo”, relata Sofía Castillo (representante de CCOO).
En el caso de la proveedora Extel, su dirección comunicó la decisión de ir más allá planteando un ERE que afectará a 380 empleados. Ayuntamientos como el de Zaragoza o A Coruña expresaron su solidaridad con los trabajadores de Extel ofreciéndose a mediar entre las partes y exponiendo diversas pancartas en el balcón del consistorio. Durante las últimas semanas, la mesa negociadora ha intentado que esos despidos en vez de forzosos fueran voluntarios, sin llegar a un acuerdo.
Solo en el transcurso del último año, los ERE en las empresas Extel e Indra -proveedoras de Telefónica y Vodafone- dejarán a unas 880 personas en la calle. “Este sector no ha acusado económicamente la crisis, han seguido manteniendo beneficios. Los ERE que se presentan nunca son por causas económicas sino por razones organizativas. Saben que no pueden defender en un tribunal que lo presentan por razones económicas”, aseguran desde CGT.
Según el observatorio del sector que realiza la empresa DBK, el volumen de negocio de las empresas españolas experimentó en el último año un crecimiento del 2%. Entre las claves para este aumento de beneficios, señala el informe, se encuentran el aumento de ventas y las políticas de contención de costes. En los últimos años, las empresas que prestan servicio a las telecomunicaciones han exportado su modelo de negocio a diversos países de Sudamérica: “El salario que les pagan es de 200 euros por una jornada completa, cuando el umbral de la pobreza allí es de 400 euros. Y para dar una atención al cliente en España imagínate los horarios que tienen”, comenta Julio Fuentes (CGT).
Isolina García, presidenta de SINTRAC –sindicato chileno con mayor representación en el sector- relata a Público las prácticas de las empresas españolas en Chile: “En la empresa española Unisono hemos tenido enormes luchas tanto en la negociación colectiva reglada, una de las más restrictivas del mundo (el Ministerio de Trabajo la sitúa en el 10%); como en el incumplimiento sistemático de normas laborales en derechos tan mínimos como el derecho de ir al baño o de maternidad. Muchas de ellas han optado por acudir con pañal al trabajo porque no disponen de pausa. Además, en Chile se utiliza el desafuero legal para despedir dirigentes y aniquilar el movimiento sindical, prácticas que los contact center españoles han utilizado”.
(La empresa aludida, contactada en varias ocasiones, no ha querido aportar su versión a este diario)
Con este panorama, desde los sindicatos consideran que el caballo de batalla debe ser la subrogación de los trabajadores. “El ERE en Extel es un síntoma más. El 60% de las empresas hacen contratos por obra y servicio para una campaña muy concreta que duran unos meses. Por ello es necesario que con ese alto nivel de rotación de plantilla, los trabajadores puedan ir de una empresa a otra conservando su salario y sus derechos”, señala el representante de CGT. Las empresas de telecomunicaciones, aseguradoras o energéticas no son las únicas que realizan esta práctica. Lo grave, afirman, es que desde la propia administración se fomente la externalización y la precariedad de los servicios de atención al ciudadano.
Es el caso de la Línea 010 dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Hasta la llegada de Alberto Ruiz Gallardón, la concesión del servicio a Ferroser –filial de Ferrovial- incluía una cláusula que obligaba a la subrogación de los trabajadores. Desde su desaparición, cada nuevo pliego ha conllevado la supresión de empleos. Con la llegada de Ahora Madrid al consistorio el pasado año los trabajadores convocaron una huelga en noviembre de 2015, cansados de esperar las promesas electorales de remunicipalización de servicios: “El informe jurídico que recibe Ahora Madrid referente a la remunicipalización del servicio, les obligaba a convocar oposiciones y despedir a todo empleado de la empresa Ferroser.
«Fuimos a la huelga porque esperábamos que, como ha ocurrido en León o Zaragoza, la empresa recupera el servicio y subrogara a los trabajadores”, detalla Daniel Palacino (miembro de la sección sindical de CC.OO en Línea Madrid 010). A partir de ese momento la actitud de Ahora Madrid da un giro y deciden hacer caso al informe jurídico, anunciando un nuevo pliego que incluirá cláusulas sociales.
Pasado un año desde el anuncio de la inclusión de dichas cláusulas en los nuevos concursos, la únicas que han salido adelante tienen un mero carácter cosmético. Como, por ejemplo, obligar a las empresas a dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social. “Parece una obviedad. Es una obligación de todas las empresas. Si las cláusulas no van a mejorar el convenio colectivo de nada vale”, señala Daniel Palacino. Aunque el nuevo convenio del sector que se está negociando contiene pequeñas mejoras en horas médicas o permisos retribuidos, la parte sindical mantiene que hasta que no se produzca una subida salarial y se acabe con los despidos masivos tras la finalización de los contratos la situación está lejos de mejorar.
Fuente: http://www.publico.es/economia/telemarketing-aumenta-beneficios-costa-precariedad.html
CGT denuncia que el gobierno autocrático de Erdogan da otro paso más en la escalada represiva contra el pueblo kurdo, los sindicatos, los movimientos sociales y la prensa libre.
En la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT hemos sabido recientemente de la detención de los dos colíderes y hasta nueve diputados y diputadas más del opositor Partido Democrático de los Pueblos (el HDP, que cuenta con un sistema de presidencia compartida). Desde el 22 de junio de 2014 son el líder kurdo Selahattin Demirtaş y la socialista Figen Yüksekdağ quienes comparten dicha presidencia del partido. En las elecciones generales celebradas el 7 de junio de 2015 consiguió el 13,1 % de los votos y 80 escaños. De los 550 candidatos, 268 eran mujeres. En las listas del HDP estaba Baris Sulu, el primer candidato abiertamente gay en Turquía. Defiende también la igualdad de derechos para las mujeres, los derechos de las minorías, la protección del medioambiente y los derechos de la comunidad LGBT.
Creemos que desde el resto de Europa debemos apoyar y difundir la denuncia y las protestas contra la acción continuadamente represiva de los sucesivos gobiernos turcos – y mucho más del actual – contra el pueblo kurdo y cualquiera de sus instituciones. Ese actual gobierno que dirige con mano de hierro Erdogan es el mismo ejecutivo con el que la UE firmó el vergonzoso acuerdo de trata legal de migrantes, por el que Turquía recibirá 6.000 millones de euros (en dos pagos de 3.000) a cambio de frenar la llegada de inmigrantes y refugiados a la Europa comunitaria, encerrándoles en campamentos que no reúnen las condiciones humanitarias exigibles.
Ese mismo gobierno de Erdogan que juega a ser amigo de Putin para cabrear a EEUU y la OTAN para así obtener más beneficios y acelerar el proceso para su entrada en la UE.
El mismo gobierno que lleva años persiguiendo, deteniendo y reprimiendo al sindicalismo combativo, a los periodistas independientes, a los jóvenes que protestan contra la represión y despidiendo a los profesores y funcionarios que no son serviles al gobierno.
El mismo gobierno que también ha seguido un proceso de depuración de un ejército que tradicionalmente, desde los tiempos de Mustafá Kemal Atatürk, ha sido defensor de la laicidad del Estado (y conste que ni los ejércitos ni los estados son instituciones que gocen de la simpatía de la CGT) para irlo convirtiendo en su instrumento represivo de la disidencia y otra vía de islamización de la vida social.
En cualquier caso, la detención por la policía de Erdogan de parlamentarios opositores, así como la falta de garantías democráticas para para el ejercicio del periodismo o la docencia, merece un rechazo total. Pero no sólo de esta modesta organización anarcosindicalista, sino que debería recibirlo de quienes se llenan la boca a diario con frases huecas sobre la democracia y la representatividad de los elegidos por el pueblo. Pero, lamentablemente, esas instituciones cuyas voces tendrían más eco, callan. Nosotros denunciamos esas detenciones y la falta de libertades para el pueblo y la prensa.
Y denunciamos también lo que tras ellas existe: la continuidad en la represión al pueblo kurdo que quiere ser libre. Para el gobierno turco (este y sus antecesores) toda posibilidad de creación de un territorio kurdo autónomo ha sido algo a evitar, recurriendo a las medidas represivas que fuera necesario.
Y ahí también la CGT se pronuncia, frente al nuevamente cómplice silencio de potencias que en su día decidieron repartir el territorio de ese pueblo entre cuatro países (Turquía, Siria, Irak e Irán) creando así diáspora, genocidio y confrontación entre personas, pueblos y culturas.
Por todo ello, desde la CGT vamos a difundir las denuncias que nos puedan llegar y apoyaremos los actos de solidaridad que se convoquen en nuestro país, para acreditar que compartimos ese proceso de Confederalismo Democrático que se está dando en amplias zonas del Kurdistán. Como anarcosindicalistas creemos en la posibilidad de construir pueblos y sociedades sin Estado mediante procesos de autonomía personal y colectiva. También impulsamos estas campañas porque ninguna dictadura debe quedar sin denunciar y ninguna acción represiva a quienes defienden la libertad debe ser silenciada.
Gabinete de Prensa
Comité Confederal de CGT