CGT/Aena-Enaire se ha concentrado, a las 12:00 del martes 28 junio, frente a la sede del partido del Gobierno funciones, en la calle Génova, para llamar la atención de la ciudadanía por la Junta General de Accionistas de Aena, ante la negativa de la Delegación del Gobierno a autorizarla en la T3 del aeropuerto de Madrid/Barajas, donde se había convocado inicialmente y se celebrará dicha Junta.
La Delegación de Gobierno ha preferido, así, alejar las voces de protesta de los trabajadores de los accionistas de referencia que acudirán hoy a la II Junta General, entre los que se cuentan mayoritariamente fondos de capital extranjeros, radicados en paraísos fiscales.
La nueva sociedad anónima privatizada, casi el único valor del Ibex 35 que ha resistido a la tormenta bursátil tras el efecto del Brexit, decidirá así «de manera apacible» los temas que figuran en su convocatoria de la Junta de Accionistas, entre los que se cuentan la remuneración de sus consejeros y la aprobación de sus cuentas, que incluyen la fijación del dividendo por acción.
Tema central de la protesta es el expolio a la ciudadanía ya que, en algo más de un año, la privatización de Aena nos ha privado a los ciudadanos de unos 8.750 millones de euros, dado el ridículo precio inicial de salida en que fue tasada la acción del primer operador mundial aeroportuario en su salida a Bolsa, que a día de hoy duplica su valor.
CGT/Aena-Enaire se opone igualmente desde el principio a la segregación de la parte que hoy sigue siendo pública, la Navegación Aérea, hoy llamada Enaire. La segregación se ha demostrado como un absurdo económico, empresarial y de gestión, así como de economía de escalas. En estos días lo hemos podido comprobar con la primera huelga del SDP privatizado (servicio de dirección en plataforma), así como en la multiplicación de incidentes en plataforma, que merman la seguridad operacional. A día de hoy, según las cuentas de Aena, los servicios de tránsito aéreo de aeródromo son el único apartado deficitario que se computa en sus cuentas.
Por último, pero no menos importante, queremos centrar la luz pública en la próxima aprobación del DORA en Consejo de Ministros, que se realizará de espaldas a la ciudadanía e, incluso, sin ningún control parlamentario. El DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria), que se implantará por primera vez en el sector aeroportuario, debe fijar los estándares de calidad del servicio que debe ofrecer Aena, los mínimos de inversión que realizará quinquenalmente para mantener la seguridad operacional, así como las tasas y precios públicos que cobrará a pasajeros y compañías por la utilización de la red pública de aeropuertos de interés general.
En una economía tan dependiente del sector del turismo han sido reiterados los choques y cambios de criterio con compañías y con su regulador, la CNMC, aunque finalmente ha sido Aena quien ha conseguido imponer sus criterios. Debe destacarse que ACETA, ALA, AOC, ELFAA, IACA e IATA, las patronales del sector del transporte aéreo, mostraron desde el inicio del proceso su desacuerdo con la propuesta de DORA por no recoger el contenido de la Resolución de la CNMC de Tarifas 2016 en aspectos tan relevantes como el reparto de costes comerciales y aeroportuarios que obligaría a revisar la propuesta de Aena en 335 millones de euros y la inexistencia de un déficit de 555 millones de euros correspondiente al periodo 2013-2016 pendiente de recuperarse.
Pero la voracidad de los fondos buitre con presencia en la Junta, interesados únicamente en la rentabilidad a corto plazo, han presionado para no rebajar las tasas, aun poniendo en riesgo la competitividad del sector, y en dejar en el aire la recomendación de la CNMC de revisar las inversiones para los próximos cinco años en función de unos tráficos que, en las previsiones presentadas por Aena, parecen claramente ponderados a la baja. Mención aparte merece que las pérdidas de los años de la crisis se utilicen ahora para compensar los ingresos de la entidad cuando ya es privada.
Este documento, que ha pasado desapercibido a la ciudadanía, y que no pasará por control parlamentario para su aprobación, determinará este sector estratégico durante los próximos cinco años.
CGT, inmersa en una campaña de defensa de los servicios públicos como garantes de los derechos del ciudadano, denuncia que cada privatización es una pérdida de derechos, de cesión de renta desde las clases populares a los grandes lobbies inversores, en muchos de los casos (como el de Aena) en manos de fondos extranjeros transnacionales y, por tanto, una pérdida de soberanía para todos nosotros.
