CGT Cantabria

LA GUARDIA CIVIL DENUNCIÓ A LOS TRABAJADORES A LOS QUE APALEÓ

Piden cárcel para cuatro trabajadores y dos sindicalistas por hechos de 2004.

Gladys Martínez Lopez
Diagonal

Una lucha laboral para conservar los puestos de trabajo, y una represión brutal por parte de la Guardia Civil, podría acabar 11 años después con cuatro trabajadores y dos asesores sindicales en prisión. Los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2004. Los trabajadores de Expert Polymere, situada en L’Arboç (Tarragona), llevaban meses de lucha y concentraciones frente a la fábrica para enfrentarse a un expediente de regulación de empleo que les afectaba por el cierre de su empresa. Ese día, tras una negociación con la dirección, el comité de empresa y dos delegados sindicales de la CGT explicaron a la asamblea de trabajadores los principios de acuer­do que se habían alcanzado, y que debían ser ratificados o rechazados por éstos.

“Entra la Guardia Civil con porras agrediendo a todo el que se pone por delante”, dijeron los guardias de seguridad

Todo parecía ir bien hasta que, instantes después, la Guardia Civil, que llevaba varios días apostada frente a la fábrica, inició una carga que acabó con varios trabajadores heridos, y uno de los asesores de la CGT detenido. “Se quitaron los números de identificación, cogieron las porras y fueron hacia los trabajadores, cargaron sin justificación alguna”, explica David Santamaría, del grupo de apoyo a los trabajadores del denominado Caso Expert. “Los dos asesores de la CGT fueron a por su coche tras la asamblea y cuando pasaron por delante de la fábrica y vieron la carga bajaron, fueron a mediar y en seguida cuatro guardias se abalanzaron contra uno de ellos, le dieron una paliza, lo esposaron y se lo llevaron”, añade. Los propios agentes de seguridad interna de la empresa escribieron en su parte del día, al que ha tenido acceso Diagonal, y en el que hasta entonces no se habían anotado incidencias: “15 horas: entra la Guardia Civil con las porras en la mano agrediendo a todo el que se ponía por delante. Resultado: tres heridos y una persona detenida. A los heridos se los llevan en ambulancia”.

Contradenuncia

Tras aquella carga, varios trabajadores y trabajadoras, y el delegado sindical, tuvieron que ser atendidos por lesiones y contusiones de diversa consideración y, tras ello, decidieron interponer una denuncia ante los juzgados de El Vendrell. Sin embargo, mientras la denuncia por lesiones fue rápidamente archivada, la Guardia Civil, a partir de los datos de los denunciantes que figuraban en ella, ya que no había habido identificaciones durante la carga, presentó una contradenuncia contra ellos, acusándolos de atentado contra el derecho al trabajo, desconsideración a la autoridad y, en el caso del asesor de la CGT detenido, Pedro Duque, atentado contra la autoridad. La Fiscalía solicitó por ello entre tres años y dos meses y cuatro años y medio de prisión para los denunciados, así como multas que rondan los 3.000 euros.

Paradójicamente, ni la dirección de la empresa ni ningún trabajador interpuso denuncia contra los acusados por vulneración del derecho al trabajo, ya que además no había convocada ninguna huelga. Tam­poco hubo ningún tipo de denuncia de la empresa por los hechos del 20 de julio. Duque explica que, de hecho, tres días después firmaron el acuerdo definitivo con la empresa por el que se evitaban despidos y se recolocaba a los trabajadores.

La única parte acusatoria es la Fiscalía. “Se ha producido una dilación a la que nadie sabe dar una explicación. La instrucción se cerró en 2010 y tiene cerca de 800 folios, parece la Operación Malaya, y ante los recursos que se ha ido presentando siempre se ha dado una negativa de manera injustificada”, dice Santa­maría. Duque añade que en 2010 la propia Fiscalía reconoció que debía archivarse la causa por prescripción de delitos, pero esto nunca llegó a ocurrir. Once años después de los hechos, no sólo el caso no se ha archivado, sino que los trabajadores han sido citados a declarar el próximo 9 de julio ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Tarragona en calidad de acusados. “En el proceso todo es desproporcionado, el proceso en sí es una patraña”, indica Santamaría, que añade que “aunque hubiesen cometido esos delitos, que no lo han hecho, once años después no se puede hacer justicia, sería venganza”.

En una carta abierta, los afectados señalan: “Todo esto ha supuesto un duro golpe en nuestras vidas y la de nuestras familias, que se han visto drásticamente alteradas por los delitos de los que injustamente se nos acusa, con las consecuencias a nivel psicológico y emocional que conlleva la perspectiva de una posible pena de prisión. Y todo ello por el simple hecho de haber intentado defender nuestros puestos de trabajo y haber sufrido una agresión policial”.

Por ello, han iniciado una campaña para lograr el archivo de la causa, que han llevado hasta el Parla­ment, donde han logrado el apoyo de los partidos que se encontraban presentes en la Comisión de Inte­rior: CUP, ICV-EUiA, ERC, PSC y CiU. Con campañas a pie de calle y también en las redes, los trabajadores esperan que se amplifique la denuncia y volver a respirar tranquilos once años después.

El lunes 30 de Marzo la policía Nacional ejecutó 17 registros en Palencia, Madrid, Granada y Barcelona. En total 6 centros sociales y 11 viviendas. La operación Piñata (continuación de la operación Pandora), se saldó con la detención de 37 personas; 13 acusadas de resistencia y desobediencia, y otros 11 de Usurpación (ocupación), que han quedado a espera de juicio.

El miércoles 1 de Abril otros 15 pasaron bajo cargos de “organización criminal con fines terroristas”. 10 compañeras quedaron en libertad y a espera de juicio, mientras que 5 fueron enviados a prisión preventiva. A dia de hoy, tras pasar durante casi tres meses en FIES 3 , un régimen de aislamiento que implica que todas sus comunicaciones (cartas y llamadas telefónicas) están restringidas e intervenidas y que sólo tienen 3 horas de patio al día, han salido en libertad sin fianza a espera de lo que pueda pasar.

Uno de estos companeros es Hermano, hijo, y/o amigo nuestro. La prensa oficial (El País) ya se encargó hace unas semanas de presentarle como “el jefe instructor del anarcoterrorismo en España”, demostrando la falta de escrúpulos necesaria para meter miedo a la gente y relacionar anarquismo con terrorismo. Todo este invento de estructura “jerarquizada” demuestra un total desconocimiento de la propuesta organizativa (sin líderes ni mandos) del anarquismo, o una pretensión intencionada para que la represión de quienes luchamos al margen del estado sea un trabajo menos complicado a la hora de aplicar su código penal.

El florecimiento de redes autogestionadas, asambleas y proyectos sociales al margen de las instituciones son una amenaza para el sistema. El descontento social crece y el estado cumple su función; Ley mordaza, endurecimiento del código penal, cadena perpetua revisable (encubierta), ley antiterrorista y planes contra la radicalización violenta. Para justificar dichas medidas represivas se necesita un enemigo interno. Este enemigo hoy no sólo es el movimiento libertario, sino todas aquellas personas que se rebelan contra un sistema que nos roba la vida.

Su arma más potente reside en sembrar desconfianza y confusión en la sociedad, presentando a todas las represaliadas como seres peligrosos y sin apenas vínculos sociales. Si somos un peligro colectivo, es para un sistema que normaliza la violencia y la ejerce sobre la sociedad en cada desahucio, en cada deportación, en cada encierro, en cada salario y en cada ejemplo de explotación a los entornos que habitamos.

Las únicas pruebas que tienen son libros y bombonas de camping gas, pero hemos comprendido que eso es lo de menos. La represión llega, y va a seguir llegando, con pruebas o sin ellas, por ello lo único que podemos hacer es seguir con la lucha y mejorar a la hora de practicar el apoyo mutuo entre todas. Recordamos a las compañeras represaliadas de “Preguntar no es delito”, las encausadas por “aturem el parlament”, y a todas las personas que están sufriendo la represión y que no gozan de tanto apoyo como afortunadamente sí lo hacen otras causas .

“Cuando el sistema que siempre se ha vendido como el único posible y deseable, empieza a rasgar sus vestiduras y mostrar el monstruo que lleva dentro, rápidamente busca el modo de señalar cualquier alternativa como una aberración mayor”.

¡Abajo la operación Piñata!

¡Nuestra mejor arma es la solidaridad!

¡ Libertad a todas las represaliadas por luchar!