Concentración 8 de marzo en la sede de Unitono, en apoyo a las compañeras de Telemarketing en su lucha por un convenio digno.
Proyección Documental sobre el papel de las mujeres en Rojava
El apoyo de PP, Ciudadanos y PSOE casi garantizan la ratificación del polémico acuerdo de libre comercio entre Canadá y la UE. La intención del Ejecutivo es que sea votado en Congreso y Senado antes de verano, aunque para entonces probablemente una parte del tratado ya esté en vigor.
Ya cuenta con el visto bueno de la Eurocámara y, antes de verano, el polémico acuerdo CETA podría tener el respaldo del Congreso de los Diputados y del Senado. El Gobierno de Mariano Rajoy trabaja para que el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá llegue a las Cortes Generales en un corto periodo de tiempo; el texto, hoy en manos del Ministerio de Exteriores, previsiblemente llegará al Consejo de Ministros en un mes, aproximadamente, tal y como explican desde Exteriores a Público.
Las mismas fuentes afirman que, como ocurre con todos los tratados de este tipo, el proceso actual está siendo coordinado por la Secretaría General Técnica del Ministerio, encargada de la «preparación, tramitación, seguimiento y depósito de los tratados internacionales de los que España sea parte», como recoge la web de Exteriores.
Esta secretaría recopila informes de distintas unidades, y posteriormente desde la subsecretaría de Asuntos Exteriores y Cooperación se eleva el expediente completo -con los informes- a la Comisión de Subsecretarios, y de ahí pasa al Consejo de Ministros. Desde Exteriores no concretan qué unidades se ven involucradas en este proceso, ni qué tipo de informes se redactan o quiénes los rubrican, sino que se limitan a señalar que es un procedimiento «estándar», totalmente burocrático e interno.
Tras el Consejo de Ministros, el tratado pasará a la Mesa del Congreso de los Diputados -el órgano de gobierno de la cámara-, donde la mayoría de PP y Ciudadanos, ambos favorables al acuerdo, garantiza que sea tramitado de forma conveniente para los intereses del Ejecutivo de Rajoy.
Por su parte, fuentes de la Comisión Europea afirman que la intención del Gobierno es que el acuerdo haya sido ratificado antes de verano. Teniendo en cuenta que ante el CETA no caben enmiendas -que habitualmente permiten estirar más los tiempos parlamentarios- , y la más que favorable correlación de fuerzas existentes en la Cámara Baja, parece que es bastante probable que el Ejecutivo de Rajoy logre ver cumplidas sus intenciones. De hecho, si el Gobierno del PP ya hacía presión para acelerar los tiempos en Bruselas cuando estaba en funciones, y sin pedir siquiera opinión al Congreso, con este equilibrio de fuerzas no parece probable que vaya a desperdiciar un solo minuto para lograr que el CETA sea una realidad aún más sólida.
La división existente en el grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) durante la votación del CETA en la Eurocámara no afectó a la delegación española: de los 188 eurodiputados del grupo, 97 votaron a favor del acuerdo (algo más de la mitad), entre ellos los 14 parlamentarios del PSOE.
Fuentes del partido reconocen que hasta la fecha no ha habido ninguna reunión del grupo parlamentario para definir la posición sobre el polémico Comprehensive Economic and Trade Agreement (CECTA, en inglés), pero aseguran que su postura es la misma que manifestaron sus eurodiputados en Estrasburgo hace algo más de dos semanas: «A favor», inciden, y «en contra de lo que votará Marine Le Pen«, apostillan, en referencia a la eurodiputada del ultraderechista Frente Nacional francés y candidata a la presidencia gala.
De hecho, durante el debate, socialdemócratas y PP europeo acusaron a grupos como la Izquierda Unitaria (GUE/NGL) -(Podemos, IU)- o Los Verdes -ICV-EUiA, Equo, de votar igual que la xenófoba Le Pen, aunque los motivos para definir su posición fueran distintos.
Por su parte, Podemos, IU, Equo, ERC, las confluencias encuadradas dentro de Unidos Podemos y otras fuerzas con representación parlamentaria sí se han posicionado en contra del acuerdo, y en muchos casos han cargado contra la posición del PSOE, que se escuda en que este acuerdo comercial es positivo en su conjunto, a diferencia de su «gemelo» estadounidense, el TTIP.
El hecho de que incorpore mecanismos que permiten a empresas canadienses -y filiales de otras estadounidenses- demandar a estados europeos en los que realicen inversiones cuando sus respectivos gobiernos apliquen cambios normativos que perjudiquen a las «expectativas legítimas» de beneficio de estas empresas, es probablemente uno de los puntos más espinosos del acuerdo, que sigue contando con el beneplácito del Ejecutivo Comunitario, y que avanza a toda máquina a diferencia de su «gemelo» estadounidense.
Por otro lado, la Campaña estatal no al TTIP, que aglutina a más de 350 organizaciones sociales, sindicales o medioambientales críticas con el acuerdo, pidió por carta a la Comisión Gestora que controla el PSOE que se posicionara en contra del CETA, días antes de la llegada del acuerdo al Pleno de Estrasburgo. Denuncian que el PSOE ha adoptado la misma posición que el PP, que sigue vigente la Gran Coalición de socialdemócratas y conservadores que ya ha permitido dar varios pasos a TTIP y CETA en la cámara europea.
«El Congreso de Diputadas/os y el Senado deberían dedicar el suficiente tiempo para asegurar que las preocupaciones sobre el CETA sean consideradas bajo la lupa de interés general, por ejemplo, relacionadas con servicios públicos», asegura Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción y de la Plataforma contra el TTIP.
Kucharz insiste en que se trata de asuntos «de gran peso» para ser debatidos con el máximo rigor y que todas las partes interesadas tengan la posibilidad de presentar sus análisis ante los representantes parlamentarios, para que la ciudadanía tenga la oportunidad de ser escuchada.
«Una pronta ratificación del CETA en el Congreso de Diputadas/os con los votos del PP, Ciudadanos y PSOE confirmaría -una vez más- que los tres partidos trabajan para las élites económicas y financieras, los dueños del IBEX35, secuestrando a la democracia y concentrando la riqueza», explica el miembro de Ecologistas en Acción, que asegura que «todo ello aumentaría el paro, las desigualdades, las tensiones sociales y el miedo. Un caldo de cultivo perfecto para oportunistas, racistas y misóginos como Trump y Le Pen».
En la víspera del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las mujeres concentradas en la Puerta del Sol desde el 9 de febrero, han decidido poner fin a la huelga de hambre que mantenían contra las violencias machistas.
Lo hacen después de que el Partido Popular y el Partido Socialista hayan accedido a estudiar los 25 puntos de un manifiesto que el colectivo Ve-la-luz ha elaborado contra el terrorismo machista. Por primera vez se va a contar con las víctimas de violencia de género a la hora de tratar de erradicar esta lacra de nuestra sociedad. En este sentido, las mujeres de Ve-la-luz lo tienen claro: «a partir de ahora se tendrá que contar con nosotras y con los menores que han sido víctimas de este terrorismo».
Entre los 25 puntos destacan el reconocimiento de las afectadas por violencia de género como «víctimas a las que se les debe proporcionar las mismas ayudas que las establecidas para las víctimas del terrorismo», la pérdida de la patria potestad para los maltratadores, el endurecimiento de la ley, las condenas y el cumplimiento íntegro de las mismas.
Las mujeres de Sol han anunciado en la noche del 7 de marzo y en el mismo lugar donde comenzaron su protesta hace algunas semanas, su satisfacción por lo logrado y sus ganas de continuar peleando por el fin de la violencia contra la mujer.
La Confederación General del Trabajo celebra esta buena noticia sin olvidar que la lucha por la consecución de una sociedad justa, solidaria e igualitaria continúa. En lo que llevamos de año más de una veintena de mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas. El último asesinato ocurría en Madrid hace apenas 6 días.
La CGT ha apoyado el paro mundial convocado a partir de las 12 de la mañana en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y anima a toda la sociedad a salir a la calle y participar en todas las movilizaciones convocadas para este día a partir de las 19 horas para reivindicar una igualdad real y el fin de la violencia contra la mujer.
Entrevista a Miren Etxezarreta, catedrática Emérita de Economía Aplicada y miembro del Seminari Taifa
Corren vientos muy favorables para los grandes empresarios, que se están beneficiando en los últimos años de la devaluación salarial y la precariedad en el trabajo. Uno de los casos más notables es el de los presidentes y Consejeros Delegados de las empresas del IBEX 35, cuyos ingresos anuales suman cifras estratosféricas. Esto no se justifica por ningún talento especial ni por tratarse de compañías privadas. Opina de este modo la catedrática Emérita de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, Miren Etxezarreta (Ordicia, 1936). Miembro del Seminari d’Economia Crítica Taifa, es autora de “¿Para qué sirve la economía?” (Paidós) y coautora de “Sin pensiones públicas, ¿Qué futuro?” (Icaria). La entrevista tiene lugar antes de una conferencia-debate organizada en el Ateneu Popular de Xàtiva.
-El presidente de Mercadona, Juan Roig, apareció ayer con aspecto triunfal en las portadas de los periódicos. La principal cadena de supermercados de España batió récords de ventas y contrataciones. Según el listado Forbes, Roig y su esposa, Hortensia Herrero, poseen la segunda mayor fortuna del estado español (8.000 millones de euros). “Nuestros trabajadores son de los más ricos de España”, afirmó en el acto de presentación del balance.
Son años muy buenos para los empresarios, que están obteniendo beneficios muy jugosos a costa de la disminución de los salarios y de la precariedad laboral, que en el estado español se está produciendo desde los años 70 pero sobre todo desde 2008. Que el señor Roig se permita decir que sus empleados son ricos, quiere decir que no tiene ni idea de cómo se vive con lo que se paga a sus empleados. Es un señor al que le va muy bien, y que incluso afirmó: “Estoy totalmente a favor de la reforma laboral, y yo hubiera ido más lejos”.
-El Gobierno celebra que febrero se haya cerrado con 74.080 nuevos afiliados a la Seguridad Social y 9.355 parados menos inscritos en las oficinas públicas de empleo. Mientras, según el Servicio Público de Empleo Estatal, más de un tercio de los contratos firmados en enero duraron menos de un mes. ¿Son realidades compatibles?
Encajan perfectamente. Podemos afirmar que hay más inscritos a la Seguridad porque cada contrato que dura menos de 30 días es una afiliación más. Si se firman contratos muy precarios, de pocos días, al final la suma de filiaciones es mayor. Pero si miramos cuántos afiliados en la Seguridad Social en días de trabajo completo, seguramente las cifras serían distintas.
-Uno de los sectores estratégicos, el de la estiba, se halla durante los últimos tiempos en el punto de mira. A los trabajadores se les califica de “privilegiados” y de hallarse blindados en una organización casi gremial…
Se está utilizando contra los trabajadores el argumento de los salarios. El hecho de que haya unos trabajadores que parece que ganen un sueldo decente en absoluto significa que se trate de unos “privilegiados”. Si les pagan ese jornal, es porque se lo han ganado. Creo que sería gravísimo que perdieran esta batalla, porque se pretende desregular el sector. Me quiero pronunciar públicamente a favor de la huelga de los estibadores. Si se les remunera con 60.000 euros anuales, supongamos, es porque se lo ganaron trabajando. Además, me gustaría saber cuántos pequeños y grandes empresarios perciben cantidades superiores, sin que nadie lo ponga en cuestión.
-Por otro lado el gobierno alardea de macrocifras, por ejemplo el superávit de la balanza por cuenta corriente. ¿Hay una utilización interesada de la estadística?
Es cierto que, en general, los datos macroeconómicos están funcionando bien. Pero se trata de cifras estadísticas de carácter general, y siempre que trazamos medias hay datos que se sitúan por encima y otros por debajo. En el caso de la balanza por cuenta corriente, es verdad que España está exportando bastante bien, pero es lógico, ya que nuestros salarios han disminuido con lo que se abaratan los costes. Y también se reducen las importaciones de la economía española, precisamente porque hay menos ventas en el interior. Pero todo esto tiene muy poco que ver con el bienestar de la población.
-Tal vez sí tenga que ver este titular reciente del periódico Cinco Días, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE): “El consumo de los hogares toca máximos e impulsa el PIB un 3,2% en 2016”.
El dato del consumo de los hogares me cuesta más entenderlo, porque no casa bien con la disminución de los salarios que se está produciendo. Es una media, que seguramente sea correcta, y a la que sólo encuentro dos posibles explicaciones. La primera es que aquellos trabajadores que en los años de crisis no hayan perdido su empleo, no tengan ya el miedo que había en 2008 al hundimiento del euro. De hecho, muchas familias frenaron su consumo por lo que pudiera pasar. Si ese miedo ha desaparecido, estos trabajadores pueden empezar a consumir algo más. Otra razón, menos positiva, es que posiblemente esté aumentando el crédito y el endeudamiento familiar. De hecho, cada día se están dando más facilidades al crédito para el consumo de los hogares: un automóvil, una televisión de plasma…
-Sin embargo, el INE señala que las remuneraciones de los trabajadores acumulan tres años consecutivos de alza.
Este aumento depende de la manera en que se mire. Hace unos años la porción de la riqueza nacional que correspondía a los salarios era superior al 50%, mientras que en 2016 se situó en el 47,23%. Lo importante es el año que se tome como punto de comparación. El porcentaje representado por los salarios seguramente haya disminuido respecto a 2006 y los años anteriores a la crisis.
-Algunos ingresos no han disminuido tanto. En 2016, los del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, fueron de 15,2 millones de euros; los del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, 9,3 millones de euros; la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, percibió 7,3 millones de euros; y el de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, 5,3 millones de euros. ¿Se justifica por el hecho de ser empresas privadas?
Es un escándalo. Se trata de empresas privadas, pero en un país hay que considerar no sólo lo que ocurre en los ámbitos estrictamente privados, sino también el impacto en el resto de la población. Mientras haya tanta gente en el paro y sobre todo con salarios insuficientes, hay personas que cobran esos sueldos sin que ello se justifique por su actividad. En todos los países capitalistas se producen estas diferencias. ¿Un premio al talento? Rotundamente, no. Hay mucha gente trabajando, investigando e impartiendo clases con un gran talento que no se corresponde con su salario.
-En 2016 las empresas del IBEX 35 ganaron en total 34.170 millones de euros, un 67% más que en 2015. El Banco Santander sumó unos beneficios de 6.204 millones de euros, el BBVA de 3.475 millones de euros (un 31,5% más que en 2015) e Inditex de 3.193 millones de euros.
Y normalmente las cifras se dan sin tener en cuenta muchos ítems que se incluyen como gastos, y que realmente se trata de partidas de beneficios. Pero dejémoslo así. Me parece que estas cifras de beneficios de los bancos se tendrían que justificar, sobre todo los que más dinero han recibido para su “rescate”. Tendrían que estar devolviendo al erario público una parte de lo que han recibido, y no hay mucha constancia de ello; o lo que se devuelve son pequeñas cantidades. Además, la “reestructuración” bancaria agrupa y disimula los beneficios, lo que hace más difícil la exigencia de devoluciones.
-El Tribunal de Cuentas ha cifrado en más de 120.000 millones de euros los recursos públicos comprometidos en el “rescate” financiero. ¿Son reales estas cifras?
Las considero bastante conservadoras. Otras estimaciones apuntan la cantidad de 250.000 millones de euros, y no me extrañaría que fuera así. Hay que considerar muchos factores. Por ejemplo, cuando se inició la crisis en 2008, de inmediato se aumentó la cantidad asegurada en los depósitos bancarios de 20.000 euros a 100.000 euros. ¿Cuánta gente tiene en el estado español 100.000 euros ahorrados? Se trataba claramente de un mensaje a los no muy ricos, pero sí bastante poderosos, a quienes se les venía a decir: no os preocupéis que el Estado va a responder.
-Por último, el FMI examinará a la banca española en marzo, según ha informado el diario El País. ¿Constituyen una garantía estos controles?
El FMI es una institución pública organizada exclusivamente para reforzar los valores neoliberales, por lo que le parece muy bien que la banca gane mucho dinero. No sólo responde a los intereses del gran capital internacional, sino que está insistiendo en que España endurezca la reforma laboral y pague más rápidamente la deuda. Dicen que de ese modo la economía será cada vez más competitiva.
La Confederación General del Trabajo ha presentado un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pidiendo la adopción de medidas cautelares para Rato y Blesa tras conocerse hace unos días la sentencia condenatoria por el caso de las tarjetas Black.
CGT pide prisión provisional sin fianza y, subsidiariamente, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio del Estado sin autorización judicial para Miguel Blesa, y retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio del Estado sin autorización judicial para Rodrigo Rato por la existencia de riesgo de fuga.
La organización anarcosindicalista funda su solicitud en las concretas circunstancias del caso –con unas graves condenas de 6 y 4 años de prisión respectivamente- y las personales de los condenados, su posición económica, sus contactos y medios constatan que existe un riesgo de eludir la acción de la justicia, que previamente a la condena no existía, pero que ahora con las penas impuestas por ésta, además de otras causas, en las que se encuentran como investigados, en algunas ya con importantes peticiones de penas privativas de libertad, las hace necesarias.
CGT celebró hace unos días la sentencia que condenó a Rodrigo Rato y a Miguel Blesa por el caso de las tarjetas Black por entender que existen graves responsabilidades de los directivos de Caja Madrid y Bankia, quienes se apropiaron de enormes sumas de dinero mediante estas tarjetas opacas.
CGT señala también la responsabilidad de las personas que fueron designadas por partidos y sindicatos, supuestamente de izquierdas, que aun conociéndose su participación en el caso de las tarjetas Black continuaron manteniendo en cargos orgánicos a muchas de las condenadas por apropiación indebida de fondos de una entidad rescatada con dinero público.
Venezuela (1999), Brasil y Argentina (2003), Bolivia y Uruguay 82005), Ecuador (2007), Paraguay (2008)… Gobiernos de izquierda, progresistas y transformadores? “Ha entrado en crisis un proyecto que buscó administrar el capitalismo realmente existente (o sea extractivo) pero con buenos modales”. Y al que se agregó el “ascenso de nuevas camadas de gestores que se incrustaron en los altos escalones del Estado”. Más aún, sostienen los periodistas Decio Machado y Raúl Zibechi, la lucha contra la pobreza y las desigualdades encubrió la cooptación de los líderes populares y el aplanamiento de los movimientos sociales. A desarrollar esta hipótesis dedican los dos autores 120 páginas del libro “Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo”, editado en 2016 por Zambra y Baladre. El libro empieza el 27 de febrero de 1989, cuando los pobres descendieron de los “ranchos” para tomar Caracas. Fue el llamado “caracazo” contra el alza de los precios de la gasolina y el transporte, cuya represión se saldó con una cifra de muertos que oscila entre los 276 y el millar. Gobernaba Venezuela el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, de acuerdo con las recetas del FMI para afrontar el déficit fiscal. En febrero de 1992 tiene lugar una rebelión cívico-militar frustrada en la que participa Hugo Chávez, quien no saldrá de la prisión hasta dos años después. “A partir de entonces Hugo Chávez Frías va ocupando el centro del escenario, nada será igual en las protestas”.
Decio Machado es sociólogo y periodista de origen hispano-brasileño, director de la fundación Alternativas Latinoamericanas de Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos (ALDHEA) y miembro del equipo fundador del periódico Diagonal. Es coautor de “Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y del progresismo” (2016) y “La restauración conservadora del correísmo” (2014). En cuanto a Zibechi, es responsable de la sección Internacional del semanario uruguayo Brecha, columnista del periódico mexicano La Jornada e investigador vinculado a los movimientos populares. Zambra y Baladre han publicado una parte de su extensa obra, por ejemplo “Latiendo Resistencia. Mundos nuevos y guerras de despojo” o “Descolonizar el pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias”.
En perspectiva histórica, uno de los periodos de fuerte pujanza de las organizaciones sociales en América Latina es el comprendido entre 1989 y 2005. En apenas 15 años, y de manera directa o indirecta por las movilizaciones en la calle, se produce la caída de once gobiernos (tres en Ecuador, dos en Argentina y otros dos en Bolivia). Excepto en Perú, en todos los países donde se ha desarrollado un ciclo de luchas y protestas, las tendencias progresistas y de izquierda accedieron al poder por la vía electoral. Una vez instalados y aunque pudieran gobernar en solitario, afirman Decio Machado y Raúl Zibechi, “tomaron el camino del fortalecimiento del aparato estatal”. Pese a la tipología diversa, los periodistas señalan trazos más o menos comunes: un modelo extractivo basado en los hidrocarburos, la minería a cielo abierto y el despliegue de monocultivos como la soja; éste sería el fundamento del “éxito económico”. Además, los gobiernos progresistas y de izquierda basarían su legitimidad en políticas sociales “ancladas en las transferencias monetarias”. El resumen de la idea central del libro tal vez se halle en las palabras del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en una entrevista publicada por El Telégrafo en 2012: “Básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo (…)”.
Los autores de “Cambiar el mundo desde arriba” rebaten la afirmación de que los gobiernos progresistas hayan reducido las desigualdades. Sí que se redujo la pobreza, por ejemplo en Ecuador en el periodo 2007-2014, donde según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la pobreza nacional medida por ingresos disminuyó en un 14,2%. En una reciente entrevista publicada por el brasileño Instituto Humanitas de Unisinos-Adital, Decio Machado apunta lo que considera efectos de no haber intervenido en los desequilibrios de renta: actualmente el 10% más rico de la población latinoamericana concentra el 71% de la riqueza regional. El sociólogo advierte además de la recesión que padece América Latina, “la primera de carácter bianual en más de tres décadas”; existe el riesgo, por tanto, de que sectores incorporados a las clases medias puedan retroceder en el escalafón social. Machado apunta otro dato que hace presagiar nubarrones. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2015 el número de pobres en América Latina aumentó en siete millones.
Los dos periodistas toman como punto de referencia el gigante brasileño para desmentir lo que consideran lugares comunes. “Los grandes bancos de Brasil están obteniendo las mayores ganancias de su historia”, afirman. Si durante los ejecutivos neoliberales de Cardoso (1995-2003), los beneficios de la banca aumentaron entre el 10% y el 11%, durante el mandato de Lula da Silva (2003-2011) lo hicieron en un 14%. Uno de los factores que explica el fenómeno es el endeudamiento familiar destinado al consumo privado. En un artículo publicado el pasado 18 de febrero en La Jornada (“La vieja izquierda no recuperará hegemonía), Zibechi recuerda que el Partido de los Trabajadores (PT) “estrechó alianzas con los grandes empresarios y con el sector financiero; fue el gran defensor del agronegocio (…); la corrupción que ahora se destapa, interesadamente por parte de las derechas, no es una anomalía, sino intrínseca al sistema”. Se refiere a la operación “Lava Jato” (en referencia al lavado de dinero), que investiga la corrupción en la petrolera estatal Petrobras, de la que se beneficiaron los principales partidos y constructoras de Brasil. La operación se hizo pública en marzo de 2014, y hasta noviembre de 2015 había más de cien personas encarceladas y más de 75 condenadas. La columna de Zibechi parte de un comentario del filósofo italiano, Antonio Negri, sobre el recorrido de la izquierda brasileña: “terriblemente decepcionante”.
El texto publicado por Zambra y Baladre se detiene en las burguesías emergentes que han promocionado con los gobiernos progresistas. Aunque los autores rechazan las generalizaciones, sí que apuntan en el cooperativismo minero boliviano la tendencia a una “élite bien posicionada, que atrapa una parte sustancial del plusvalor generado por los obreros”. Pero Raúl Zibechi y Decio Machado consideran que hace falta perspectiva y distancia para comprobar si estos casos se consolidan. Además la represión se configura como la otra cara del “neodesarrollismo”. “La historia represiva ha venido siendo una constante del régimen correísta”, afirman. Por ejemplo, con motivo del “levantamiento” indígena ocurrido entre el 2 y el 26 de agosto de 2015. Se contabilizaron hasta 229 agresiones, detenciones (o intentos de detención) y allanamientos, sobre todo en las provincias de la Amazonía y la Sierra Sur. En Bolivia, Evo Morales trató de “neutralizar” a dos de las organizaciones sociales más críticas, Cidob y Conamaq, apuntan Zibechi y Machado, a lo que añaden otro ejemplo de represión; las medidas adoptadas en Uruguay por el gobierno de Tabaré Vázquez durante las huelgas y paros de la enseñanza, ocurridos en agosto de 2015.
¿Cuándo se produce el divorcio entre los movimientos sociales que elevaron al poder a los gobiernos progresistas y estos? Aunque no ha pasado tiempo suficiente como para realizar afirmaciones categóricas, tal vez en Argentina se produjera la separación en diciembre de 2010, durante la ocupación del Parque Indoamericano en Buenos Aires por miles de familias sin hogar; en Brasil, durante las manifestaciones masivas de junio de 2013 y en Ecuador, con motivo de las protestas populares e indígenas de agosto de 2015. “En Bolivia la población rechazó la propuesta oficialista sobre las autonomías y en Venezuela dos millones de personas le dieron la espalda al Gobierno de Nicolás Maduro el seis de diciembre de 2015”, abundan los autores de “Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo”. El libro cuenta asimismo con artículos de Alicia Alonso, Rosa Zafra y Paloma Monleón (“¿Qué hay de la lucha contra el patriarcado?”); Luis González Reyes y Nacho García (“Entre la toma de las instituciones y la creación”); Ruth López e Isa Álvaro (“El escenario: 15 de mayo de 2011”); y Jordi Martí Font (“Las peligrosas relaciones entre institución y movimientos en la ‘catalana terra’”
Desde el SP del Comité Confederal de la CGT, manifestamos públicamente nuestro apoyo y solidaridad a la movilización “Paro Internacional de mujeres” para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se está organizando en diferentes países, bajo el lema común “La Solidaridad es nuestra arma”. Apoyamos y animamos a secundar el paro internacional feminista en los empleos, cuidados y consumo durante el 8 de marzo.
Compartimos la esencia de los objetivos de esta movilización internacional, como son:
Así mismo, desde este SP hacemos un llamamiento y animamos a toda la organización a participar masivamente en las movilizaciones (concentraciones, performance, manifestaciones, debates…), que para estos días tenemos convocadas como CGT y con otros colectivos feministas en las diferentes ciudades y territorios.