En solidaridad con las compañeras de la Coruña, que están sufriendo la represión de la empresa para condicionar las elecciones sindicales que se avecinan.
¡NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA!
¡SI TOCAN A UN@, NOS TOCAN A TOD@S!
La propuesta de capítulo de la Unión Europea (UE) sobre energía para las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) revela amenazas muy alarmantes para el medioambiente y las energías renovables.
Con ocasión de la 14ª ronda de negociaciones del TTIP que tiene lugar esta semana en Bruselas, la campaña #NoalTTIP del Estado español, junto con organizaciones del movimiento internacional contra el TTIP de Estados Unidos, Alemania, Austria, Francia, Bélgica, Reino Unido y Hungría, filtra a los medios de comunicación unos documentos que la Comisión Europea, en nombre de la Unión Europea (UE), ha presentado recientemente al Gobierno de los Estados Unidos.
1. Exportación sin restricciones de combustibles fósilesEl capítulo de Energía y Materias Primas propuesto por la UE muestra que uno de los objetivos principales de los acuerdos que se quieren alcanzar en este ámbito es el aumento de las exportaciones de gas de EEUU hacia la UE. La UE requiere textualmente en su propuesta que “las Partes deben acordar un compromiso legalmente vinculante para eliminar cualquier restricción sobre las exportaciones de gas” . Esto hace referencia a las restricciones legales que ha tenido EEUU para exportar petróleo y gas desde 1975. Estas restricciones han generado un intenso debate en el Congreso de los Estados Unidos durante las negociaciones del TTIP, hasta el punto de que en enero de 2015 se revocó la prohibición de exportar petróleo.
Un aumento en las exportaciones de gas significa un aumento de la producción de gas mediante fracking en EE UU, técnica de explotación de pozos de baja concentración, que emite una elevada cantidad de gases de efecto invernadero (GEI), aceleradores del cambio climático. También conlleva un elevado riesgo de contaminación de acuíferos. Además, para poder ser exportado, el gas debe ser licuado antes y regasificado en el destino, lo cual implica un proceso más contaminante que el gas natural transportado por gaseoductos.
Con la imposición de un compromiso vinculante, podemos afirmar que EEUU y la UE están apostando por continuar con un modelo energético basado en combustibles fósiles cada vez más contaminantes. Científicos y expertos alertan de la necesidad de abandonar este modelo y reducir las emisiones de GEI entre un 40%-95% respecto a las de 2010 a mediados de este siglo si queremos evitar mayores catástrofes climáticas.
El Artículo 4 constituye una limitación a las Partes (y a todos los gobiernos nacionales y subnacionales) para regular de forma “discriminatoria” por tipo de energía. Esto restringe la posibilidad de crear políticas públicas para promover energías renovables.
Existe una disposición que prohíbe que los precios de exportación sean más altos que los de uso doméstico, lo cual en la práctica imposibilita mantener políticas de regulación de precios que aseguren el suministro energético nacional o que permitan ofrecer un servicio público de los suministros de electricidad y gas.
Contrariamente al capítulo de Energía y Materias Primas, el cual está vinculado a mecanismos que lo hacen de obligado cumplimiento, las disposiciones sobre aspectos climáticos se reducen a una serie de buenas intenciones sin ningún compromiso concreto ni vinculante. Las partes “reconocen” la importancia de los compromisos internacionales climáticos, se comprometen a “hacer todo lo posible” por promover la reducción de GEI. Pero recordemos que el capítulo de Desarrollo Sostenible no está sujeto a mecanismos vinculantes de resolución de diferencias en caso de que una de las partes no cumpliera con sus compromisos. En cambio, sí que puede ser base para una demanda el trato discriminatorio a las energías limpias frente a otros tipos de energía como el petróleo, gas o nuclear.
La propuesta de la UE muestra que el TTIP sigue apostando por un modelo energético basado en combustibles fósiles en vez de facilitar el marco necesario para la transición hacia las energías renovables, necesarias para mitigar el cambio climático.
Después de más de tres meses de lucha diaria contra correos, reivindicado la necesidad de una mayor plantilla para poder dar un servicio de calidad y satisfacer la obligatoriedad que la ley establece. Parece ser que la empresa ha dado su brazo a torcer y acuerda dar una plantilla suficiente para: primero restablecer la normalidad ante el enorme atasco que existe en la unidad y luego mantener a un número suficiente para llevar el reparto de correspondencia a diario. Además de un estudio para ver la realidad actual de las necesidades de personal. El respeto y el trato recibido como secuencias de la imposibilidad de prestar el Servicio Postal ha sido el otro motivo de la lucha.
Nos satisface anunciar que la lucha laboral que los trabajadores de la unidad de reparto de Algeciras hemos llevado a cabo, durante doce semanas consecutivas, ha culminado con un acuerdo verbal con la empresa «correos» amparado con dos testigos de excepción.
No vamos a olvidar tampoco quien NO nos ha apoyado en ningún momento y deberían ser los primeros en este tipo de reivindicaciones «los sindicatos», a excepción de la CGT, único que parece no tener las manos atadas o estar bajo las faldas de esta gran empresa. Merecidísimo suspenso para la UGT, para CSIF y en especial atención para CCOO con su responsable a la cabeza por no escuchar y apoyar a los numerosos afiliados con los que contaba al principio del conflicto. Estos no son sindicatos y no representan a los trabajadores.
Tras una larga y costosa lucha donde han sido muchísimas las actuaciones llevadas a cabo por el colectivo, la lucha obrera ha vencido a una empresa grande amparada por el sistema actual. Los trabajadores que han secundado la huelga queremos agradecer a todos los que han apoyado para la consecución de este logro con especial atención a la ciudadanía de Algeciras por su paciencia y comprensión de que la lucha era por ellos, a los cuatro compañeros de la CGT por acompañarnos en este viaje y a los dos testigos de excepción que han mediado para la resolución del conflicto el señor Landaluce, alcalde de Algeciras y el señor Gabino, subsecretario de la Junta de Andalucía, asimismo agradecer la intermediación del señor de la Encina, el apoyo del señor Fenoy así como a los distintos grupos políticos que nos han apoyado. También agradecer el apoyo de los distintos colectivos: asociaciones de vecinos, Asociación de afectados por la hipoteca, las limpiadoras del hospital punta de Europa, a los de Algesa… A los numerosos compañeros de otras localidades… A los medios de comunicación de Algeciras que han informado del conflicto. Onda Cero, Cadena Ser, Tv Algeciras… A las autoridades locales por su trato y comprensión… A otros compañeros de la CGT en especial al gran Luis y su incansable voz…, a la Federación Local de Cgt Algeciras por todas las facilidades que nos han brindado, a inspección de trabajo por su actitud durante todo el proceso, la cual pudo comprobar el trato recibido por Correos hacía l@s trabajador@s de Algeciras y cómo y actúa al margen de la ley…
Tampoco queremos olvidarnos de todos los que han colaborado económicamente con nosotros, ya sea comprando la camiseta solidaria o haciendo una aportación en la cuenta de resistencia:
Para terminar agradecer al colectivo que se ha unido y luchado como una piña contra nuestro Goliat particular junto a sus cuatro luchadores de la CGT venidos de otras tierras Candy, Antonio, Julián y al inagotable Iván. Que ya forman parte de nuestro grupo.
Y decirles al resto de los trabajadores del sector postal y de los demás sectores que la lucha obrera existe y que la lucha obrera siempre ha podido y podrá con el tirano poderoso. Desde Algeciras podemos decir bien alto ¡SI SE PUEDE! Nunca lo olvidaremos.
Guillem Martínez
Ermengol Gassiot (Barcelona, 1972) es profesor del Departament de Prehistòria de la UAB. Paralelamente a su experiencia docente y de campo, desde 2004 ha participado, como arqueólogo forense, en diversas iniciativas de exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil. «Aquí es diferente que en Argentina. Allí, tras una intervención arqueológica, se abre causa jurídica, mientras que aquí la excavación no tiene validez jurídica, y finaliza con alguien que pone una placa o un monumento». Ha exhumado fosas en Olesa, Bruc, Gurb, Osona, Villanueva del Rosario, Santaella y la Guijarrosa. En otro orden de cosas, desde 2007 es delegado sindical en la UAB por CGT –“hemos pasado de ser la cuarta fuerza a la primera»– y, desde 2014, es secretario general de la CGT en Catalunya. Con el arranque de la crisis, la CGT catalana, por cierto, ha experimentado un aumento de afiliados de en torno al 40%, y ha aumentado su número de delegados en un 3%, en un momento en el que CC.OO. los ha visto reducirse en un 18% y UGT entre el 18% y el 20%. Desde hace unos días, es también el primer secretario general de un sindicato encausado por causa penal en democracia. La causa se remonta a hechos acaecidos en 2013 cuando, durante una ocupación del Rectorado, Ermengol Gassiot participó en una rueda de prensa frente al edificio ocupado. La fiscalía argumenta que, tanto él como los otros 26 acusados –estudiantes, profesores y trabajadores de la UAB–, «amparándose en el marco de la representación de estudiantes de la UAB, en ejecución de un plan preconcebido, amparándose en el legítimo derecho a la protesta estudiantil, desarrollaron una secuencia de comportamiento criminal ejecutado en varias fases sucesivas, previamente planificadas, con el objetivo de: paralizar progresivamente la gestión de los órganos de gobierno de la UAB, restringir o impedir el derecho de acceso al lugar de trabajo del personal laboral (…), así como causar todos los desperfectos posibles dentro de las instalaciones».
La ocupación del Rectorado de la UAB es un hecho recurrente desde la primera ocupación, en los 70’s. Esta es la primera ocasión en la que se piden responsabilidades penales –más de 11 años, a cada uno de los acusados– y civiles –unos 380.000 euros–, así como la expulsión de la carrera docente o universitaria, al pedirse también a algunos acusados un destierro de la UAB por cinco años. La última ocupación del Rectorado, si bien resultó la menos conflictiva o violenta, ha resultado la más represaliada. ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué se está dibujando a través de estas peticiones de condena desmesuradas en democracia y de esa descripción de delitos tan aparatosa y extraña? CTXT habla con Ermengol Gassiot sobre todo ello.
¿Cómo se desarrollaron los hechos de los que les acusan?
En la primavera de 2013 se vivieron protestas en la UAB por el despido de centenares de profesores –más de 400– por la vía de la no renovación de contrato, y por el aumento del 66% de la matrícula –Catalunya fue el lugar en el que la subida de tasas fue más elevado, por decisión de la Generalitat–. En la UAB, diversos colectivos de estudiantes y la CGT habían hecho un crítica fuerte a todo esto. Se inició una huelga en febrero. En el Claustro, a su vez, estudiantes, el CAU –Coordinadora Assamblearia de Universitats, un sindicato que agrupa a personal no docente– y la CGT, se impulsaron resoluciones que pedían al Rectorado que no aplique la subida de tasas, transparencia económica, así como poner fin a los despidos. No solo se impusieron en votos, sino que el Claustro rechazó un informe del Rectorado. En abril se inicia la ocupación del Rectorado. Inicialmente, en las primeras dos semanas, los trabajadores del Rectorado entran al edificio a trabajar sin problemas. La Plataforma per a la Universitat Pública –estudiantes y sindicatos– hace suya la ocupación. Muchos compañeros docentes proponen a sus alumnos hacer las clases en el edificio ocupado. No fue mi caso, porque en aquel momento no tenía clases que impartir. En ese punto es cuando hacemos una rueda de prensa, en la que participo, delante del edificio ocupado. Se pedía al Rectorado que cumpliera los puntos de la resolución acordada en el Claustro, para ello se inician negociaciones. Los negociadores, por cierto, también han sido imputados en el auto. A la tercera semana, ante la ausencia de respuesta del Rectorado, se bloquea el acceso al edificio. FInalmente, a la cuarta semana, finaliza la ocupación.
¿Cómo interpreta que se haya producido una demanda fiscal por una ocupación del Rectorado, hasta cierto punto, una tradición periódica en la UAB?
No queda claro quién inicia la denuncia. ¿La UAB? Silvia Carrasco, en aquel momento vicerrectora d’Estudiants, militante de ICV, presenta la denuncia, a título individual. Aparece como abogado el mismo que, entre otros casos, ha participado en el caso de los Pujol, de algún implicado en el caso Nóos y de Messi. La policía realiza indagaciones a partir de esa denuncia. La UAB participa en la información filtrando informes, como alguno que indicaba el nombre de los profesores que impartieron clase en el Rectorado ocupado. O como el peritaje de los daños ocasionados, que la UAB sitúa en 384.000€, una cantidad inverosímil. El Rectorado considera que ese es el importe de los sueldos de las personas que no pudieron acceder a su trabajo en una semana. En 2014, el rector comparece ante la policía. Narra un hilo argumental de los hechos, que comenzaría en la derrota electoral de la candidatura opositora a su lista. Explica que, posteriormente a la derrota, los integrantes de la lista se habían dedicado a desestabilizar la universidad. Explica, y facilita el DNI, quiénes son, a su parecer, los líderes, los ejecutores y los portavoces. Es toda una teoría de la conspiración. El juez, finalmente, ampliará ese listado inicial. En 2015, la UAB se presenta como acusación particular, siempre con el abogado que aparece en la primera denuncia, privada, de Silvia Carrasco.
¿Qué penas les piden?
Cinco años sin pisar la UAB, responsabilidad subsidiaria de 384.000€, 11 años y 6 meses de cárcel, por delito continuado de desórdenes públicos, violación de domicilio de persona jurídica, delito de daños, delito continuado de coacciones y delito de conspiración para delinquir.
¿Cómo valora esta reacción, esta desproporción?
Se entiende a través de las reformas PP para el control del orden público. Es un discurso en el que las protestas se plantean como problemas de orden público. El verdadero problema de todo esto es que el discurso va más allá, a través de medios públicos, de tertulianos. Se está culpabilizando al profesor de impartir ideología.
No existen. por otra parte, precedentes de inculpación de un secretario general de un sindicato en democracia. ¿Cómo valora eso?
En primer lugar, y para encontrar un precedente de una universidad que denuncia penalmente a sus profesores, tendríamos que retrotraernos a 1966. Y sí, se está incrementando la represión sindical desde 2012. Ahí están los casos de Laura Gómez, la secretaria general de CGT Barcelona, o Andrés Bódalo, sindicalista del SAT y concejal por Podemos, ambos detenidos tras la huelga del 29M.
¿Ha experimentado la solidaridad sindical?
Sí, por parte de Intersindical Alternativa Catalana –tienen un trabajador afiliado que está en el sumario–. Los trabajadores de la UAB han escrito un comunicado de solidaridad. UGT y CC.OO. no han dicho nada, sin bien es pronto y hace poco que se ha hecho público el sumario.
¿Se atreve a interpretar el futuro que dibuja este presente?
Es una deriva autoritaria en las democracias parlamentarias. Creo que acabará remitiendo, pero no debemos de estar quietos al respecto. Debemos construir espacios políticos, movilizaciones en la calle para forzar a las instituciones a corregir la deriva.
Martes 12 de julio, 19h
Plaza Alfonso XII (Correos) Santander
La empresa acaba de comunicarnos que desiste de seguir adelante con el ERTE anunciado y por tanto ningún compañero tendrá que ir al paro por este motivo.
Para que la empresa haya tomado la decisión de no llevar a cabo la medida que había anunciado sin duda han sido fundamentales dos cosas, la primera, el masivo apoyo de los trabajadores y trabajadoras de la empresa a la convocatoria de huelga realizada por CGT (la única que lo era para TODA la empresa) y la segunda el trabajo serio y riguroso que han realizado tanto los delegados de CGT como la Asesoría Jurídica de nuestro sindicato, desmontando una a una las teorías y ocurrencias de la empresa. Le hemos dedicado mucho tiempo, pero ha merecido la pena.
Es en situaciones como estas cuando se ve la importancia de que la mayoría del Comité de Empresa corresponda a un sindicato de verdad, que lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, olvidándose de otros intereses… Hemos de señalar que mientras CGT se dejaba la piel intentando y consiguiendo tumbar este ERTE, el resto de sindicatos estaban “conspirando” para conseguir que se repitan las elecciones. Parece ser que vuestra opinión del día 23 de mayo no les ha servido.
Nosotros seguiremos trabajando e informado con rigor y transparencia y dese luego NUNCA firmaremos NADA que signifique que las personas que trabajan en Unísono pierdan ni un solo derecho y mucho menos su puesto de trabajo.
“NI NOS HARAN CREER, NI NOS HARAN CALLAR”
Barack Obama llega a España el día 9 de julio. Sabe que visita un país cliente, donde todos los gobiernos que se han sucedido desde el final de la dictadura franquista han sido complacientes en extremo con el amigo americano, han aceptado siempre sus imposiciones, y se han mostrado firmes en mantener las invisibles cadenas de la sumisión defendiendo la doctrina fatigosa de la soberanía limitada, que llega al punto de que los responsables del gobierno de Rajoy, y buena parte de la prensa, consideran la visita presidencial un premio por el buen comportamiento de España, además de un honor para el país, a la manera del proceder de los capataces de fincas ante la llegada del amo latifundista.
El presidente norteamericano llega procedente de Varsovia, donde los días 8 y 9 de julio se habrá celebrado la reunión de la OTAN convocada para supervisar el rearme de la alianza occidental en las fronteras rusas, para aprobar el establecimiento de nuevos cuarteles generales en el Este de Europa, y para definir los siguientes pasos en su política de acoso a Rusia. Obama ofreció a Moscú el inicio de untiempo nuevo, mensaje que fue verbalizado por Hillary Clinton, pero sus pasos no han ido en la dirección anunciada, sino en el progresivo reforzamiento del dispositivo militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas, evidencia que, en un mundo sujeto a la hipocresía, Washington pretende negar. Para eso llega también a España: el país alberga una parte del escudo antimisiles desarrollado con la excusa de la “amenaza iraní”, y que, en realidad, busca desactivar las fuerzas nucleares estratégicas rusas.
Obama hablará con Rajoy, y también con Sánchez, Iglesias y Rivera, pero es muy poco probable que alguno de ellos se atreva siquiera a censurar la criminal política norteamericana en Oriente Medio, la peligrosa carrera armamentista iniciada en el Este de Europa, el agresivo despliegue del escudo antimisiles, y mucho menos el apoyo norteamericano al terrorismo (por ejemplo, en Siria), ni su ayuda para la planificación del golpe de Estado en Ucrania en 2014. Tampoco se espera que ninguno de los políticos españoles haga referencia al clamoroso incumplimiento de las condiciones de entrada de España en la OTAN, planteadas en el referéndum de 1986, que ganó por escasa ventaja el gobierno de Felipe González en una sucia campaña que mostró al mundo la cercenada soberanía española. Porque, según aquel referéndum, España no debía formar parte de la estructura militar de la OTAN, ni aceptar el paso de armas nucleares, y, mucho menos, su almacenamiento en el país, y, además, el gobierno se comprometía a la progresiva reducción de la presencia militar norteamericana en España. Nada de ello se cumplió. Hasta hoy. Serán protocolarias e inútiles entrevistas que apenas servirán para que políticos recién llegados al escenario se sientan honrados por la mano del emperador.
Con el gobierno, Obama abordará asuntos como la firma del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, área de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea), que Washington quiere poner en marcha cuanto antes, pero el principal interés del gabinete estadounidense reside en seguir contando con España como gran portaaviones militar para sus operaciones en África y en Oriente Medio. Hay otras cuestiones que trae Obama en sus carpetas, como el futuro de la Unión Europea, el Brexit, y la amenaza terrorista, pero éstas apenas ocuparán tiempo en las discusiones.
Obama visitará Madrid, y también Rota, la base militar de la vergüenza, utilizada (junto con la otra base, en Morón de la Frontera) por el ejército norteamericano para sus operaciones de agresión en África y Oriente Medio. Porque Estados Unidos está inmerso en una titánica tarea: detener su relativa decadencia, cerrar el paso a China (ahí está el nuevo foco de crisis creado en el Mar de China meridional), manteniendo a Rusia en una posición secundaria por el procedimiento de sabotear el proyecto de Unión Euroasiática alimentando al mismo tiempo focos de crisis y guerra en sus fronteras, desde Ucrania y el Cáucaso hasta las repúblicas de Asia central. Los escenarios del enfrentamiento son muchos, y África se vigila desde España. Morón de la Frontera se ha convertido en la base más importante del USAFRICOM, el mando militar estadounidense para África que tiene su sede en Stuttgart, Alemania, y Washington incluso está considerando la posibilidad de trasladar el mando central a Morón, abandonando Stuttgart. Y, en Rota, se encuentran cuatro destructores de la U.S. Navy ( USS Donald Cook , USS Ross , USS Porter y el USS Carney) que forman parte del escudo antimisiles. Rota tiene ahora 3.400 norteamericanos; la mayoría, militares. También utiliza Estados Unidos la base militar de Zaragoza, una de las cuatro que le cedió el franquismo, que, aunque devuelta al ejército español, sigue operativa para los estadounidenses en caso de necesidad.
Morón es el destino 2.200 militares y 500 civiles norteamericanos, expertos en intervenciones militares y en letales operaciones de castigo. Para hacer posible todo ello, el gobierno de Rajoy aprobó cambios en el Convenio Bilateral de Defensa con EE.UU. (que sigue en vigor y cuyo contenido fue aprobado por el gobierno de Felipe González y Narcís Serra). Para justificar los cambios, el gobierno de Rajoy recurrió al “patriotismo”, y anunció que la “inversión” norteamericana crearía puestos de trabajo, ocultando que el Pentágono se había negado a comprometerse en ese terreno. En esas circunstancias, no dejaban de ser candorosas y torpes las palabras de Rodríguez, la responsable de Podemos en Andalucía, reclamando que “las bases norteamericanas debían crear empleo”.
En Sevilla y en Madrid, se preparan manifestaciones contra Obama, contra la OTAN y las bases militares de la vergüenza, en un gesto de dignidad que, sin embargo, será apoyado sólo por algunos partidos políticos, porque la mayoría se ofrecerán sumisos al protocolo ante el presidente norteamericano, se prestarán a la escenificación de una amistad despótica, peligrosa, que parece indiferente al caos, la degollina y la destrucción que la irresponsable política norteamericana está causando en Oriente Medio; aunque no hay duda de que Cody Keenan, el responsable de la oficina que le escribe los discursos a Obama, habrá incluido algunas frases brillantes para la ocasión, para que la prensa y la televisión puedan ocultar los gritos en las calles de OTAN, no; bases, fuera.
México es un país de seísmos. Entre los recientes, el más recordado es el de 1985, que afectó al este del país y especialmente a la capital. Precisamente en esa década se forjó la política más reciente del PRI, partido actual de gobierno. Ahora, en los últimos meses, se han venido reagrupando fuerzas suficientes alrededor de la oposición a la reforma educativa impulsada de manera exprés por el actual presidente, Enrique Peña Nieto. Las suficientes como para causar un estallido social de gran magnitud tras la matanza de Nochixtlán (Oaxaca) y la respuesta de los diversos sectores sociales.
El vínculo reciente de la lucha magisterial con grandes insurrecciones populares lo marcan la relación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el levantamiento en Oaxaca de 2006. En el logo de la CNTE aparecen cuatro retratos de profesores. Tres de ellos son personajes importantes de la lucha armada guerrillera de los últimos 50 años en México: Arturo Gámiz, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Al otro, Misael Nuñez Acosta, ni siquiera le dio tiempo porque fue asesinado poco después de fundar la organización democrática.
Este espíritu de lucha se ha mantenido en los 36 años de historia de la organización, que realiza un esfuerzo constante por la democratización de su hermano institucional (y corrupto) el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El conflicto en Oaxaca en el año 2006 comenzó como una movilización magisterial de la Sección 22 de la CNTE que devino en la APPO y la Comuna de Oaxaca.
“México, más que un país de leyes, es un país de políticos”, afirmaba un profesor en declaraciones a Diagonal. La reforma educativa que provocó estas luchas es, en realidad, una reforma constitucional. Los maestros la califican de contrarreforma, o de reforma laboral que vuelca principalmente la responsabilidad sobre las familias y profesores. Las primeras podrían ser responsables de mantener las instalaciones. Los maestros denuncian que impone la tecnificación a través de evaluaciones periódicas, que da entrada a la iniciativa privada en la educación pública y obvia la diversidad cultural y los profundos problemas de un país con seis millones de analfabetos.
El otro vínculo con la situación actual es el grito por la vida del pueblo de México tras los sucesos de Ayotzinapa: el ataque del 26 y 27 de septiembre de 2014 contra estudiantes de la Escuela Normal Rural que incluyó la desaparición de 43 estudiantes y la muerte de tres. Esta fecha ya forma parte de una larga serie de represiones contra estudiantes de las normales rurales, en la misma lógica del Gobierno por destruir la educación pública en México. En el contexto del movimiento magisterial, el pasado 19 de junio en Nochixtlan, en la región mixteca de Oaxaca, la Policía Federal asesinó a 11 personas e hirió a decenas en un desalojo violento de un corte de carretera en lo que fue calificado por diversas organizaciones como “ataque armado del Estado a la población civil”.
Hasta la fecha apenas hubo tímidos intentos de diálogo entre las máximas instancias del Gobierno y representantes de las maestras. El de Nochixtlan no era el primer choque. Tan sólo en los dos meses pasados, en Tamulté (Tabasco) y Tuxtla (Chiapas), se sucedieron respuestas represivas del Estado frente al movimiento de maestros. Para Gustavo Esteva, fundador de la Universidad de la Tierra de Oaxaca, “estamos ante una perspectiva muy fea de choque. El Gobierno no puede aceptar el fracaso de la reforma educativa y la CNTE no puede rendirse”. En una dirección similar apuntaba una de las maestras: “La situación está llegando a ahorcarse”.
De esta forma de imponer las reformas neoliberales por parte del actual Gobierno están surgiendo articulaciones entre movimientos que no se daban hacía años en México. “La gente sale a las calles cobijando a los maestros, pero al mismo tiempo convirtiendo la calle en el único foro de diálogo”, explicaba un maestro a Radio Zapatista. De esa fortaleza y siguiendo una táctica de lucha histórica de la CNTE, el Estado de Chiapas fue viendo crecer más de una docena de cortes de carreteras. En la entrada de San Cristóbal de las Casas (en la autopista internacional), el bloqueo comenzó el 28 de junio con unas 3.000 personas.
El ejemplo de Chiapas ilustra la extensión y ampliación del movimiento conforme a la profundidad y lo estructural de las reformas. Este territorio es espejo de otros lugares donde también se ha dado una articulación extensa con el movimiento de trabajadores de la salud –también afectado directamente por las reformas–, acompañado de padres y madres, movimientos vecinales, alumnas, profesores jubilados, pueblo creyente, asociaciones de conductores y otros sectores que han manifestado apoyo a esta lucha creando un cinturón de seguridad que duraba hasta el cierre de esta edición. Chiapas, que vio nacer a la CNTE allá por 1979, podría estar reflejando el nacimiento de otro movimiento popular nacional contra la profundización del neoliberalismo en México. Los y las zapatistas así lo han entendido en su último comunicado (“Lecciones de junio”), donde suspenden su convocatoria de artes para apoyar al magisterio. Va para largo, la lucha sigue.
Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/global/30921-mexico-seismo-movilizacion.html
Victoria con letra pequeña en la batalla contra los tratados comerciales que se negocian con Canadá y Estados Unidos. La Comisión Europea ha reconocido esta tarde que el CETA, el acuerdo con Canadá, es un tratado mixto, por lo que debe ser ratificado por todos y cada uno de los Estados miembros de la UE.
La letra pequeña, y lo que quiere arrancar la Comisión a los Estados-miembro, es la aplicación provisional del acuerdo antes de que los Parlamentos nacionales lo aprueben o rechacen. Así lo comunicaba a primera hora de la tarde la Comisión Europea:
«Desde una perspectiva estrictamente legal, la Comisión considera que este acuerdo es competencia exclusiva de la UE. Sin embargo, la situación política en el Consejo es clara, y entendemos la necesidad de proponer este acuerdo como mixto, como forma de permitir una rápida firma del misma. Después de recibir la luz verde del Consejo y el consentimiento del Parlamento europeo será posible aplicar provisionalmente el acuerdo».
Hace una semana, el militante de Ecologistas en Acción, Tom Kucharz apuntaba que la supuesta cesión por parte de la Comisión Europea era un «chantaje sutil» a los estados miembro: «La Comisión Europea define CETA como mixto y a cambio los Estados miembros aceptan en el Consejo Europeo la aplicación provisional, en contra de los criterios de varios países como Austria o Holanda cuyos parlamentos ya han exigido a sus gobiernos rechazar la aplicación provisional»
El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) fue negociado por la tecnocracia de la Comisión Europea y el Gobierno conservador canadiense entre 2009 y 2014. Es un tratado comercial que se centra en eliminar las llamadas “barreras no arancelarias”, regulaciones económicas y políticas que limitan la acumulación de beneficios privados y que abarcan amplias áreas de políticas públicas como la protección de la inversión, la contratación pública, los servicios públicos, la armonización de las normas, la cooperación reguladora, y el sector agrícola.
Las denominaciones de origen, el paso al dominio público de las patentes farmacéuticas o la rebaja de estándares en materia laboral son algunos de los peligros que. junto a los tribunales ICS –la nueva denominación de las instancias de arbitraje ISDS–, han alertado a las sociedades civiles europeos, que han unido la lucha contra la ratificación del CETA a las movilizaciones que están teniendo lugar para que se detengan las negociaciones del TTIP, el acuerdo con Estados Unidos.