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Acción Sindical Comunicados

La fresa amarga

A partir del año 2006, la patronal fresera de la provincia de Huelva empieza a contratar mujeres marroquíes en origen para la recogida de la fresa. Ese año se pone en marcha el programa de Gestión Ética de la Inmigración Temporera y se firma el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Cartaya y la ANAPEC (Agencia Nacional para la Promoción del Empleo y las Competencias de Marruecos).

La situación de esclavitud e indefensión que rodea la contratación de las temporeras marroquíes que realizan la campaña de recogida de la fresa en Huelva, la impunidad con la que actúan los titulares de las explotaciones y los abusos continuados por parte de los mismos y sus manijeros amparados en la opacidad y la falta de control de la Administración, nos lleva a denunciar el sistema de esclavismo y abusos sexuales en el que viven estas mujeres, que no conocen el idioma y viven prácticamente encerradas en las fincas, sin posibilidad de ejercer sus derechos ni de denunciar su situación por miedo a que las devuelvan a su país.
La CGT exige a la Administración que actúe y para ello demandamos los siguientes puntos que nos parecen imprescindibles para acabar con el régimen de violencia laboral, patriarcal y colonial al que están siendo sometidas las temporeras:
– Revisión y seguimiento sobre cómo se contrata a estas mujeres. Por un lado, qué es lo que se les ofrece en sus países de origen, en qué condiciones y bajo qué premisas. Y por otro lado, qué es lo que se encuentran una vez que pisan Andalucía.
– Tras eso, creemos que es primordial una revisión de los convenios colectivos del campo. En este caso ha tocado a Huelva, pero no hay que olvidar convenios que para nada favorecen la inclusión y la dignidad de las mujeres jornaleras y temporeras. Es necesario que las trabajadoras eventuales puedan celebrar elecciones sindicales para tener representación ante la patronal. Un derecho que ahora no existe. Hace falta una revisión con perspectiva de género de la legislación laboral si realmente queremos acabar con la desigualdad en los tajos.
– Creemos que las Inspecciones de Trabajo son fundamentales para poder controlar que no se produzcan situaciones de desamparo, respetándose los derechos laborales dentro de nuestros espacios de trabajo. Es fundamental facilitar a las trabajadoras, desde el origen, mecanismos y contactos para su autodefensa contra la explotación sexual.
– Por último, exigimos a la patronal de la fresa, a organizaciones como Interfresa y Freshuelva que, para que limpien el nombre de sus productos, intervengan directamente sobre estos empresarios que atentan contra la dignidad de las mujeres y las trabajadoras, y que son los verdaderos responsables de lo que allí ocurre.
No vamos a permitir los abusos de un sistema heteropatriarcal y colonial que explota a las mujeres, cualquiera que sea su origen geográfico o étnico.

POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES TRABAJADORAS

Madrid, 13 de Junio de 2018
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT

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Acción Sindical Huelga

El 85% de la plantilla de los almacenes secunda la huelga indefinida de H&M

Más de 250 trabajadoras de la multinacional del textil H&M han secundado la primera jornada de huelga en el almacén logístico de Torrejón, desde el que sale toda la ropa que la marca distribuye a cientos de tiendas en España y Portugal.

Solo 50 de las 318 personas que componen la plantilla de los almacenes de H&M de Torrejón de Ardoz han entrado a trabajar durante la primera jornada de huelga indefinida convocada en el centro logístico de la multinacional sueca del textil. De los 50, especifica Isabel Morales, del Comité de Empresa de H&M, 18 son cargos de la empresa. Según CGT, ningún camión ha salido esta mañana de los almacenes de Torrejón.

La plantilla en huelga se ha manifestado en la puerta del centro logístico de la ciudad del corredor del Henares, desde donde sale toda la ropa y complementos distribuida en las tiendas de España y Portugal. El paro indefinido se produce después de que ayer se rompieran las negociaciones entre la empresa y los sindicatos.

“La gente se ha quemado”, Isabel Morales resume el estado de ánimo de la plantilla ante la posición de la empresa. Pese a las huelgas del 30 de abril y el 3 de mayo, la multinacional ha propuesto una equiparación a la baja de los derechos de los trabajadores. La reivindicación de una subida salarial para los contratados ha sido contestada por la empresa recientemente con la pretensión de que aquellas personas con mejores condiciones se bajen los sueldos hasta 3.000 euros.

Los sindicatos reclaman que se reconozcan las categorías laborales. También denuncian que la empresa se niega a reconocer el origen profesional de algunas enfermedades. Dolencias en la columna o episodios de estrés y depresión son los más frecuentes en las trabajadoras de una plantilla compuesta en un 80% por mujeres.

La huelga indefinida que comienza hoy sigue a una primavera de movilizaciones que surgieron por el impago de salarios atrasados por parte de H&M. Como explicó Isabel Morales a Lorena Cabrerizo en Poder Popular, la empresa adeudaba complementos de los años 2016 y 2017 a la plantilla.

Tras ponerse al día con esos retrasos, la empresa propuso la bajada de sueldos de las trabajadores con mejores convenios para equiparar las diferencias entre la plantilla. La negativa a aceptar esa “tomadura de pelo”, en palabras de Morales, ha dado comienzo a una huelga que comienza hoy y que plantea extenderse hasta que la multinacional textil acepte las reivindicaciones de la plantilla.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/laboral/85-por-ciento-plantilla-almacenes-de-handm-secunda-huelga-indefinida

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Acción Social Videos

#0Contenciones


La contención mecánica consiste en atar a una persona a la cama con correas, sujetándola de la cintura, muñecas y tobillos, para impedir que se mueva libremente. La persona puede permanecer atada durante horas o incluso días. La contención en el estado español se suele practicar de forma opaca y no controlada. Reclamamos normativas que prohíban su uso con un carácter permanente. Exigimos también que cese la impunidad en los casos en los que se producen daños de cualquier índole causados por esta práctica.

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Acción Sindical Ferroviarios

CGT pide la dimisión de los presidentes de ADIF y RENFE

Para el SFF-CGT, la deplorable situación actual de las empresas ADIF y RENFE es fruto directo de las políticas aplicadas desde los distintos ministerios y cuyos responsables principales son los distintos gobiernos nacionales y por prolongación, los actuales presidentes de las dos entidades públicas. Una vez que el gobierno del PP ha cesado en sus funciones, queda solicitar la dimisión de los actuales presidentes de RENFE y ADIF, por lo que desde este sindicato consideramos una pésima gestión.

Desde la aprobación de la ley de Sector Ferroviario, pasando por la aprobación de las Directrices europeas (la última, aplicación del IV paquete ferroviario) y sobre todo el seguidismo de las actuales políticas económicas y de adaptación a una realidad demandada por Europa que no es cierta, han colocado a Renfe y Adif en una situación de absoluto desmantelamiento: endeudamiento insostenible de Adif y Adif AV, cercana la quiebra de Renfe Mercancías, continua privatización de los servicios de Renfe Fabricación y Mantenimiento, abandono y falta de inversiones en las líneas que no sean AVE -con la estudiada falta de concreción de las OSP-, externalización paulatina de todos los servicios propios de la actividad de las empresas ferroviarias, etc.

En lo que respecta a los aspectos laborales; en ADIF: continua pérdida de poder adquisitivo, desmantelamiento de servicios prestados por personal propio que se privatizan día a día, nulo avance de las negociaciones (clasificación profesional, jubilación parcial, movilidad, etc.) insuficiente potenciación la Seguridad en la Circulación, pilar básico en el ferrocarril y de los sistemas de Seguridad, falta de formación del personal vinculado a la seguridad en la circulación, etc.

En el Grupo Renfe: continua y constante externalización de los servicios que presta el personal ferroviario, creación de distintas escalas salariales que introducen la precariedad, los desequilibrios salariales y las diferencias en el sistema de promoción, pérdida de poder adquisitivo a lo largo de los años, incumplimientos constantes de los acuerdos firmados (desconvocatorias de huelga, desvinculaciones, etc.), acumulación progresiva de problemas en la prestación de los servicios por dejadez empresarial, falta de formación continua en los distintos puestos de trabajo e insuficiente en los nuevos ingresos y ascensos, etc.

En definitiva, un modelo de ferrocarril basado en los rendimientos económicos y las cuentas de resultados, en macro-inversiones cuya rentabilidad social queda en entredicho pero que sin embargo, beneficia a las grandes constructoras. Un ferrocarril que se mantiene alejado de las necesidades de la mayoría ciudadana, de sus necesidades de movilidad y del carácter de un servicio público de calidad.

Debemos también recordar, que ambos presidentes se han negado a cumplir con lo mandatado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en cuanto a la publicación de los salarios de todo el personal de dirección fuera de los Convenios Colectivos de las dos empresas, llegando a recurrir por vía judicial este mandato y que supone de facto, la negación de la transparencia y el incumplimiento de sus respectivos Códigos Éticos de empresa. A todo lo anterior, debemos sumar la imputación del actual presidente de ADIF en el caso Lezo, y pendiente de las conclusiones de la investigación de la empresa Madrid Calle 30, de la que era consejero el actual presidente del Grupo Renfe y que se encargaba del mantenimiento de la M-30 en Madrid.

SFF-CGT

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Acción Sindical

CGT presenta un recurso en el Tribunal de Estrasburgo por el ERE de RTVV

El pasado 30 de abril, la Confederación General del Trabajo presentó recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la sentencia del Tribunal Supremo Español, de 24 de octubre de 2017, en la que confirmaba la de la Audiencia Nacional que declaraba «ajustado a derecho» el Expediente de Regulación de Empleo presentado por RTVV.

CGT fue el único sindicato no firmante de aquel ERE de extinción y el único que presentó las posteriores demandas ante las instancias nacionales. El único sindicato que continúa luchando ante un ERE injusto e arbitrario que pagaron únicamente los trabajadores.

El cierre realizado por el PP, fue avalado por el gobierno supuestamente progresista del Botànic con su defensa en la Audiencia Nacional, un Botànic que estando en la oposición hacía una defensa de los trabajadores y se comprometió con ellos en revertir el ERE.

No sólo se incumplió aquella promesa, también la que hicieron de esclarecer dónde habría ido a parar cada euro en la gestión del PP. No se ha abierto una comisión de investigación para averiguar dónde fueron a parar los 1300 millones del saqueo de Radiotelevisión Valenciana, ni este gobierno se ha personado en los casos que siguen abiertos en diferentes juzgados gracias a las denuncias de la CGT.

El maltrato a los trabajadores de RTVV por parte del Botànic, muchos de los cuales accedieron a su puesto por medio de unas pruebas selectivas que ahora se trata de desprestigiar, les ha llevado a hacerlos únicos culpables tanto de la mala gestión como de la manipulación informativa. La generosidad que se ha tenido con otros colectivos como los trabajadores del hospital de la Ribera, Divalterra o la Fundación Deportiva Municipal entre otros, no se ha aplicado a los trabajadores de RTVV, a los que se ha tratado como auténticos apestados.

Después de todo esto, el gobierno del Botànic va a abrir en breve una nueva radio y televisión sin contar con los ex trabajadores (sólo de una manera provisional), empezando de cero, y con un modelo privatizado, donde sólo serán servicio público los informativos. El resto estará gestionado por empresas privadas con la precarización laboral que ello supone. Eso no es el servicio público que defendían estando en la oposición. Este modelo es el mismo que el ahora detenido Zaplana intentó en el año 2002, o el que en su última etapa también intentó el PP por medio de Alberto Fabra, intentos ambos que fueron paralizados en los tribunales.

El recurso presentado en Europa hace hincapié principalmente en el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que declaraba nulo el despido colectivo aplicado por el grupo RTVV. La aprobación de la ley de caso único 4/2013 por mayoría absoluta del PP y que permitió el cierre, supone una vulneración del derecho a un proceso equitativo, ya que tuvo como único objetivo no aplicar una sentencia firme.

Este hecho, entre otros, atenta en nuestra opinión contra los derechos de los trabajadores y vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que esperamos que aunque sea a largo plazo, una revisión del caso y de sus irregularidades permita una sentencia que haga justicia con los trabajadores de RTVV después del cruel maltrato al que han sido sometidos por gobiernos de diferente signo.

La lucha continúa.

Antigua Sección Sindical de CGT en RTVV

7 junio de 2018

Equip Comunicació i Gabinet de Premsa CGT-PV

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Feminismos Huelga Mujer

CGT celebra la decisión del TSJA que ha declarado la nulidad de los servicios mínimos de la Junta de Andalucía ante la huelga del 8M

El tribunal andaluz considera en su fallo que el gobierno socialista y obrero de Susana Díaz vulneró el Derecho a Huelga, reconocido en el artículo 28 de la Constitución.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha mostrado su satisfacción tras conocerse la sentencia que ha declarado nulos los servicios mínimos establecidos por la Junta de Andalucía para la Huelga General Feminista del pasado 8 de marzo.

CGT-A interpuso un recurso contra la orden de servicios mínimos decretada por la Consejería de Salud que debían prestar los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario y el personal de transporte, limpieza y mantenimiento durante la jornada de Huelga General convocada para el Día Internacional de la Mujer.

En este sentido, la CGT ya había mostrado su rechazo a la fijación de estos “servicios mínimos” establecidos en un 100% considerándolos “desproporcionados” porque impedían a las personas trabajadoras ejercer su derecho constitucional a la huelga.

La Fiscalía ya se había mostrado de acuerdo con el planteamiento de CGT alegando que “la resolución recurrida contiene unas indicaciones genéricas, de las que se deducen los criterios valorativos empleados para resolver sobre los servicios mínimos que consideren necesarios, adoleciendo de falta de exposición de cuáles hayan sido los factores y criterios ponderados para determinar de ese modo tan extenso los servicios mínimos”.

CGT se plantea la posibilidad de actuar contra la Junta de Andalucía por presunta prevaricación y manifiesta que continuará velando por los derechos y libertades fundamentales de la clase trabajadora, sin olvidar el motivo fundamental de esta Huelga General del 8M en la que reivindicábamos la igualdad social, laboral y salarial de las mujeres.

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Acción Social Internacional

Autobús a Gijón para recibir a la Flotilla Rumbo a Gaza


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Acción Social Feminismos Internacional

Las zapatistas: rebeldes entre los rebeldes

En las montañas del sureste mexicano las mujeres zapatistas tejen su propia lucha. Dos de ellas, nacidas en diferentes generaciones, comparten un poco de su historia. Sus relatos muestran los avances en la igualdad de género y las batallas que han librado en un país en el que se asesina a siete mujeres cada día.

Caracol Morelia, Altamirano, Chiapas. Al interior del alzamiento indígena zapatista hay otra rebelión: la de sus mujeres. Y esa lucha, como dicen ellas, avanza según su modo, su lugar y su tiempo.

“La rabia por las chingaderas” desde hace siglos cometidas por colonizadores y mestizos las llevó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Y la desigualdad, que no termina, las mantiene en inconformidad.

Antonia y Mayra, separadas por tres décadas de vida, encarnan la subversión de lo cotidiano. Ellas y otras 2 mil zapatistas se reunieron con unas 5 mil mujeres de todo el mundo, del 7 al 11 de marzo pasado, en las montañas del sureste mexicano.

Apartaron a los hombres de sus días, se alejaron de sus comunidades, ciudades y rutinas. Crearon un mundo pasajero en el Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan, convocado por las zapatistas.

Cada mujer y cada comunidad de mujeres pudo comparar los avances, obstáculos y formas de lucha por la igualdad de género. Muchas calificaron el encuentro como histórico. Nunca antes, a llamado de una organización opositora al capitalismo, se había concentrado tal cantidad de mujeres de tantas partes del mundo.

La reunión se llevó a cabo en el Caracol Morelia. Un caracol zapatista es una unidad de autogobierno, el centro administrativo de una región de municipios autónomos. Hasta ahora se han conformado cinco: además de Morelia, La Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios y Oventic.

La convocatoria, emitida en diciembre de 2017, subrayaba que los hombres no estaban invitados. A pesar del aviso, muchos se presentaron, así que acamparon en las afueras. No pudieron ingresar a la vasta sede, conformada por auditorios, aulas, escenarios, cocinas, galerones que sirvieron de dormitorios, baños, regaderas y una explanada.

También estuvieron fuera del caracol los hombres zapatistas, quienes se dedicaron a cocinar los alimentos para sus compañeras. El primer día se les quemó el arroz.

La victoria de las zapatistas

Las indígenas de Chiapas llevan más de 500 años soportando vejaciones, desde la colonización, cuando sus cuerpos fueron utilizados para crear el mestizaje. Luego, a pesar de la emancipación de los mexicanos, ellas seguían sirviendo a caciques, gobiernos y, a veces, hasta a los suyos.

La rebelión zapatista ofrecía a los indígenas luchar por tierra, alimentación, salud, educación, independencia, justicia y paz. Pero las indígenas pronto se dieron cuenta que el movimiento les podría dar también libertades que no habían experimentado antes.

Así que, ya como zapatistas, exigieron facultades: “Queremos que no nos obliguen a casarnos con el que no queremos. Queremos tener los hijos que queramos y podamos cuidar. Queremos derecho a tener cargo en la comunidad”, reclamaron en marzo de 1993.

En aquel año se discutían las leyes zapatistas en el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI). Debatían, por ejemplo, la legislación agraria, la del trabajo o la de justicia. Las normas eran necesarias para su organización y debían estar listas antes del levantamiento armado de 1994.

La asamblea transcurría sin mayor dificultad, hasta que tocó el turno de la ley de mujeres. El subcomandante Marcos, ahora Galeano, ha relatado que muchos de plano se oponían a consentirla. Entonces, ellas amagaron con no aprobar la ley agraria.

Su estrategia funcionó. El 1 de enero de 1994, cuando el movimiento indígena en Chiapas salió a la luz y sorprendió a medio mundo, las zapatistas tenían ya una ley que les reconocía derechos hasta entonces negados.

“Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente”, dice la octava regla. Sí, era necesario ponerlo en ley.

Las rebeldes iniciaban la guerra contra el gobierno con una victoria sobre sus propios compañeros. El mandato iba incluso contra los usos y costumbres de sus comunidades: “Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio”, establece la séptima norma.

Antonia, de 52 años, recuerda que para esa ley se consultó antes a muchas mujeres, como ella. Ahora siente “felicidad en el corazón” porque una mujer es la vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI): María de Jesús Patricio, Marichuy.

El CNI, que entre sus organizaciones miembro está el EZLN, eligió a Marichuy como su representante cuando intentaron participar en las elecciones presidenciales de este 2018, cosa que no lograron.

Antonia, mala mujer

En las casi tres décadas que Antonia lleva en el zapatismo ha lidiado con gobiernos injustos, un marido alcohólico y un yerno que “regaña” a su hija.

Se casó a los 17 años. A los 23, cuando tenía dos hijos, su esposo le habló de una organización en la que lucharían para que a los indígenas ya “no nos trataran mal”.

Había notado que su marido iba a reuniones de las que nada contaba, pero no se atrevía a preguntar. “No me daba valor. Callada me quedaba”. Era 1989 y el movimiento aún estaba en la clandestinidad. Según relatan otras zapatistas, los hombres no les querían revelar el secreto “porque decían que las mujeres somos chismosas”.

Pero una noche, mientras su esposo tomaba café, le confesó que él ya era integrante de aquella organización de indígenas. “Nomás me preguntó: ‘¿también quieres estar con nosotros?’. Yo le dije que sí, ni modo que lo dejara solo”.

Los meses posteriores al levantamiento en enero de 1994 los pasó llena de angustia, “temiendo que el Ejército Mexicano se llevara a mi esposo, o a los compañeros”, recuerda. Aunque él no participó en la toma de San Cristóbal de las Casas y otras cuatro cabeceras municipales, realizó actividades de vigilancia y bloqueo en una comunidad.

Esta delgada mujer era parte de las bases de apoyo cuando el EZLN se alzó contra el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. También cuando en San Andrés Larráinzar se pactaron acuerdos sobre derecho y cultura indígenas, mismos que las autoridades no cumplieron.

Sin embargo, hubo un periodo en que salió de la organización. “Mi marido tenía carrera alcohólica”, y en las comunidades autónomas zapatistas las drogas y el alcohol están prohibidos. “Poco dinerito que ganaba, lo echaba en trago. A nosotros nos dejaba con hambre”. Ella sola tenía que cuidar a los siete hijos que tuvieron, atender los quehaceres domésticos, sembrar milpa y soportar los maltratos de un hombre embrutecido por el alcohol.

“El alcohol los pone tontos de su cabeza, o sea que no siempre saben”, intenta justificar. Lo mismo pensaban las autoridades municipales, pues aprovechaban cuando su esposo estaba tomado para tratar de afiliarlo a programas sociales del gobierno.

Los zapatistas rechazan la ayuda gubernamental, pues ha sida utilizada para condicionar el voto, y porque es un paliativo que no resuelve el problema de la pobreza. Así que Antonia siempre andaba al pendiente y nunca pudieron inscribirlo.

Pero bien que procuraron. Alguna vez, refiere, el alcalde les envió tabiques para construir su casa. Ella, a nombre de su esposo, repudió la dádiva no solicitada, a pesar de que en ese momento se habían separado del zapatismo. Entonces, el político los mandó llamar. “Dijo que nos daba un mes para que lo pensáramos”.

Al cabo de ese lapso representantes del edil fueron por la respuesta. “No estaba mi esposo, andaba por allá, en el trago. Les dije que no”. En represalia, les cortaron el paso del agua y la electricidad. Antonia tenía más trabajo: acarrear el líquido desde muy lejos.

Defenderse de las presiones del gobierno, hacerse cargo de toda la familia y aguantar la violencia de su esposo no era vida. Y no se resignó. Tal como todos los zapatistas dijeron en 1994: “¡Basta!” a los abusos de autoridades y caciques, ella proclamó un “basta” a esa situación.

Internó a su marido en el centro de ayuda para adictos más cercano, en un pueblo a cinco horas de su casa. Él se escapó dos veces y ella lo llevó de nuevo. Hace casi 15 años que ya no toma ni una gota de alcohol.

“Me dicen que soy mala mujer porque no dejé que siguiera con su carrera alcohólica. Me tenía que aguantar, creen. Pero no es cierto, por algo acá en la organización dicen que a las mujeres no nos deben malhablar”, explica.

De sus siete hijos e hijas sólo una es parte del movimiento rebelde, y está casada también con un miembro de esa comunidad autónoma. “Hay veces que la miro bien, hay veces que no, es que su marido la regaña”.

Antonia les sugiere platicar, pero antes “que contenten su corazón. Le digo que no deje la regañe. Ya nosotras las mujeres no nos dejamos como antes. Pero ella debe hablar bien, sin coraje su corazón.”

La hija de Antonia eligió al hombre con quien está casada. Antonia no, sus padres arreglaron el matrimonio sin su consentimiento.

“Ya no se hace así”, asegura Mayra, una joven de 24 años. “Mis papás no me dicen ‘cásate’. Tampoco me dicen ‘no te cases’. Es cuando yo quiera y orita no quiero”, dice y se echa a reír.

En la apertura del encuentro de mujeres, la capitana Erika enuncia bajo un sol intenso: “Lo que vemos, hermanas y compañeras, es que nos están matando. Y que nos matan por ser mujeres, como que es nuestro delito y nos ponen la sentencia de muerte”.

En la explanada del Caracol Morelia, también llamado “Torbellino de nuestras palabras”, revolotea esa declaración. En particular le da vuelta a las mexicanas, porque las cifras oficiales de asesinatos de mujeres en el país es de siete en promedio cada día.

Pero el aire trae para todas otra voz, también de la capitana. Sugiere que, cuando pregunten a qué se llegó en el encuentro, “ustedes digan: Acordamos vivir. Y como para nosotras vivir es luchar, pues acordamos luchar cada quien según su modo, su lugar y su tiempo”.

Mayra escucha el pacto desde la entrada al caracol, le tocó resguardarla. Se muestra feliz porque está con miles de mujeres. Es una gran ocasión, así que adornó sus ojos cafés con delineador negro, y con rímel se hizo unas pestañas de abanico. Su vestido tradicional de la cultura tojolabal es un arcoíris plisado.

En enero de 1994, cuando el EZLN se levantó en armas, ella aún estaba dentro de su madre. Y su madre dentro del movimiento. A los pocos días vino al mundo. “No conozco qué es vivir de otra manera, nací zapatista”, afirma con orgullo.

Y en ese desconocimiento de otras formas de vida hay algo completamente ajeno a ella: “He oído que en México, bueno, allá en lugares, matan siete mujeres diario”, dice con extrañeza, como si hablara de otro país y no del suyo. “En el territorio autónomo donde vivo eso no pasa”.

Cuando Mayra platica casi siempre sonríe, o eso parece, la máscara le tapa casi toda la cara. Sólo se pone seria cuando toca el tema de las muertes. Es una joven curiosa. “¿Tú has visto eso de la violencia feminicida?”, cuestiona. “¿De dónde eres?, ¿de tan lejos?, ¿cuántos años tienes?, ¿ya conocías aquí?, ¿no quieres ir a La Realidad?”.

Ella vive en el Caracol La Realidad, en la frontera con Guatemala. También se le nombra “Caracol madre de los caracoles del mar de nuestros sueños”, fue el primero de los cinco espacios autonómicos. Se creó en 2003. “Hay hospitales, escuelas, está grande”, describe la joven.

Es la tercera de cuatro hermanos, dos mujeres y dos hombres. Los varones ya se casaron, así que ahora sus esposas les hacen de comer. “Antes nosotras (ella, su mamá y su hermana) les hacíamos”.

Cuando Mayra tenía 21 años tuvo un novio, “pero luego ya no”, confía en entrevista. “Orita no quiero novio”, y su risa franca le da seriedad a su declaración. Un día se casará, admite, pero ahora decide estar soltera. Hace unos años era inusual que a una mujer no la hubieran casado a esa edad.

Apenas comienza a contar que le gusta mucho bailar, como cualquier zapatista que se precie de serlo. Pero en ese momento llega una compañera suya. La llama desde la reja del caracol. Mayra se despide sonriendo con los ojos y dice: “Nos miramos luego, cuando vayas a La Realidad”.

Fuente: http://www.pikaramagazine.com/2018/05/las-zapatistas-rebeldes-entre-los-rebeldes/

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Acción Social

Comercian con tus datos y no pagan impuestos

Las multinacionales de la llamada “economía digital” utilizan paraísos fiscales para reducir su factura fiscal, al tiempo que utilizan tus datos para hacer negocio. La Comisión Europea quiere acabar con ello, pero primero tendrá que definir por qué y dónde los tienen que pagar.

La economía cambia. Las multinacionales evolucionan expandiendo su actividad por todas las facetas de nuestra vida, por todos los rincones del planeta, bajo nuevas formas de negocio inimaginables hace tan solo unos pocos años. La llamada “economía digital” ha nacido y crece a unos pasos agigantados. Pero el control de los gobiernos y las legislaciones van mucho más lentas y reproduce campos de batallas desiguales entre esas grandes empresas y los Estados.

El terreno fiscal es una de las contiendas en las que los Estados, y por lo tanto los contribuyentes van perdiendo. La empresas tecnológicas que componen esa economía digital están en el punto de mira de la Comisión Europea (CE) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La ardua tarea de desarrollar un sistema de impuestos para estas empresas y para los “datos” se plantea como uno de los principales retos de la economía global.

Según la CE, las empresas de servicios digitales pagan un tipo impositivo real del impuesto de sociedades (IS) de tan solo el 9%. Bastante menos que la media del resto de empresas que, según este mismo organismo, pagan un 23%. Pero un estudio de la Tax Justice Network, organización civil británica que denuncia los sistemas fiscales injustos, revela que las principales empresas de servicios digitales que operan en Europa pagan un tipo de IS efectivo alrededor del 10%.

Esto se suma al dominio mundial que empiezan a ejercer estas empresas. Actualmente, nueve de las veinte mayores empresas del mundo por capitalización bursátil son digitales. Hace diez años, en ese mismo ranking, solo encontrábamos una empresa.

Muchos escándalos protagonizados por este tipo de compañías han puesto en el debate público su poca aportación a las haciendas de los países donde operan y de donde obtienen sus beneficios. Apple protagonizó uno de los más sonados. En septiembre de 2016, la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, multaba a la empresa de la manzana con 13.000 millones de euros más intereses por los impuestos no pagados a Irlanda, cuna europea de la mayoría de las empresas tecnológicas estadounidenses debido a su bajo IS, entre 2003 y 2014.

A Vestager tampoco le tembló el pulso a la hora de multar a Amazon o Microsoft. Pero el mayor escándalo, y a lo que se está intentando poner remedio, no es que esas empresas paguen pocos impuestos en Irlanda, sino que no paguen impuestos en los países donde obtienen los beneficios, venden sus servicios o recolectan datos para luego venderlos.

ECONOMÍA DIGITAL

Son muchas las definiciones que se le han intentado dar a esta nueva etiqueta de la economía. La rapidez con la que cambian este tipo de empresas, y con la que aparecen nuevos negocios y tecnologías, deja obsoletas las definiciones que la intentan acotar y, por lo tanto, regular.

El inspector coordinador en la Subdirección General de Fiscalidad Internacional, Jaime Mas Hernández, explicó en el seminario organizado el 19 de abril por la universidad ESADE El gravamen de la economía digital: presente y futuro que las medidas propuestas por la OCDE para gravar la economía digital en 2015 “hablaban del ‘futuro’ al referirse a las impresoras 3D y hoy, solo tres años después, se fabrican piezas de avión con esas impresoras y cualquiera puede tener una en su casa”, y enfatizó en la velocidad de innovación y cambio de este nuevo sector al explicar que esas medidas “no decían absolutamente nada sobre el blockchain”.

Cuando oímos hablar de las empresas digitales, la imagen que tiene la gran mayoría de la gente es la de cualquier compañía que ofrece sus servicios mediante una página web o plataforma digital, pero la definición que usan organismos como la CE es mucho más acotada.

La economía digital abarca aquellas actividades donde los ingresos son generados por actividades en las que los usuarios desempeñan un papel importante en la creación del valor, o sea, cuando los datos que aportamos —o nos extraen— son usados para obtener un beneficio por parte de la empresa. Ese uso se puede clasificar en tres grupos o formas de rentabilizar esos datos.

La primera actividad que se pretende gravar con estos nuevos impuestos son los ingresos por publicidad en páginas web. Cuando visitamos una página, las cookies, esos programas que se instalan en nuestro ordenador, envían información sobre nuestra localización, últimas búsquedas u otros datos personales y demográficos para clasificarte como potencial cliente de según qué tipo de empresa y vender los espacios publicitarios de esa página web al mejor postor.

Con la legislación fiscal actual se puede dar la paradoja de estar visitando una web en español, en la que puedas estar contratando un servicio o comprando un producto a una empresa que esté a pocos kilómetros de tu casa, ser bombardeados por publicidad de otras empresas españolas y que esa web no pague impuestos en el Estado español. Esto puede ocurrir cuando esa web esté haciendo de intermediario entre esa empresa y tú, pero no tenga residencia fiscal aquí. Si, además, el domicilio fiscal de esa web se encuentra en países como Irlanda, Países Bajos o cualquier paraíso fiscal, posiblemente acabe por no pagar nada.

Para Verónica Grondona, asesora en temas de justicia tributaria para el grupo parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL), la digitalización de la economía “no es más que una característica más de un sistema que permite que una empresa diga que no opera en España porque sus funciones, activos y riesgos están en Bahamas o Luxemburgo, cuando en realidad lo hace”.

La segunda actividad es la de los intermediarios digitales que facilitan la interacción o venta de bienes y servicios entre los usuarios. Plataformas como Airbnb, BlaBlaCar o los place markets, esas webs como Amazon donde se juntan empresas o particulares para vender productos, estarían dentro de esta categoría de multinacionales de la economía digital pero, tal y como explica Mas, la rama de negocio de Amazon Retail, la que vende productos que ha comprado la empresa anteriormente y por lo tanto acepta un riesgo, no deberían pagar estos impuestos específicos.

El último sector, uno de los más polémicos y difíciles de acotar y controlar, es el que está compuesto por empresas que generan beneficios mediante la venta de datos obtenidos de información de los usuarios. El uso del big data o la falta de métodos para valorar los datos dificultan que se puedan gravar. En este grupo de compañías se incluyen las redes sociales como Facebook que, gracias al escándalo de Cambridge Analytica, se ha destapado lo rentable e influyente que puede ser la venta de datos obtenidos por parte de una empresa con el alcance que tiene la red social de Mark Zuckerberg. Pero no solo las grandes redes sociales comercian con nuestros datos: aplicaciones móvil para controlar la menstruación que venden todo tipo de información sobre el Estado de las mujeres o juegos “gratis” para tu teléfono que acceden a tus fotos o contactos, son solo algunos de los ejemplos.

La Unión Europea quiere frenar esta sangría de impuestos y, por eso, el pasado 21 de marzo, la CE publicó una serie de propuestas para modificar los regímenes fiscales de los Estados miembro para las empresas de la economía digital. El comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, declaró tras publicar las propuestas que la economía digital “es una gran oportunidad para Europa, y Europa es una enorme fuente de ingresos para las empresas digitales, pero esta situación positiva para todos plantea problemas jurídicos y fiscales, pero nuestra normativa preinternet no permite a los Estados miembros gravar a las empresas digitales que operan en Europa si tienen escasa o nula presencia física aquí”, lo que representa un agujero negro en constante expansión para los Estados miembros, ya que ven socavada su base imponible y, por lo tanto, los impuestos que consiguen recaudar de estas empresas.

Las propuestas expuestas por la CE constan de una medida a largo plazo y otra a corto. La primera pretende reformar las normas de la Unión Europea relativas al impuesto de sociedades para la economía digital con la intención de que un país pueda gravar los beneficios generados en su territorio, aunque la empresa no tenga presencia física allí.

Pero según la CE, para considerar que una empresa de este tipo tiene una “presencia digital” a la que se le pueda reclamar el pago de impuestos, se tiene que cumplir alguno de los tres siguientes criterios: superar los siete millones de euros de facturación en ese país, tener más de 100.000 usuarios de dicho país durante un ejercicio fiscal o generar más de 3.000 contratos de servicios digitales con los usuarios. Empresas que no pagan impuestos en el Estado español, como Netflix o Facebook, cumplen de largo con dichos criterios.

Esta reforma a largo plazo también debería incluir, según aconseja la CE, nuevas normas para cambiar la manera en la que se reconoce el beneficio de una empresa según el territorio donde lo hace como, por ejemplo, en función de la ubicación del usuario en el momento del uso para garantizar una vinculación mucho más real entre el lugar donde se produce el beneficio y el país donde se pagan los impuestos.

Pero mientras estas medidas a largo plazo no se implementan, la CE también propone un impuesto provisional sobre los ingresos procedentes de estas empresas para que los Estados miembros empiecen a ingresar dinero mediante impuestos a estas grandes multinacionales y evitar que otros países tomen medidas fiscales unilaterales. “Algunos países, como Israel o Italia, han introducido medidas tributarias especializadas dirigidas a empresas digitales, pero las soluciones sin coordinación no pueden dar una respuesta”, escribía en un artículo el portugues Víctor Gaspar, director del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), y añadía que “dado que la economía en su conjunto se está digitalizando, se necesitan soluciones a escala mundial”. Esta visión coincide la de Liz Nelson, directora de Tax Justice Network, que expresó que esta lucha “requiere que la política fiscal se establezca en un foro internacional, rompiendo la hegemonía de los países ricos, a fin de permitir que todos los países actúen contra el abuso fiscal de las multinacionales”. Aunque para Mas existe otra razón para que se haya tomado esta medida a corto plazo: “Se deciden tomar medidas a corto plazo porque hay una fuerte opinión pública y presencia en los medios de este problema y de la elusión que están ejerciendo estas empresas”.

Este impuesto se recaudaría directamente por los Estados miembros en los que se encuentran los usuarios y solo sería aplicable a empresas con unos ingresos mayores a 750 millones de euros a nivel mundial y de 50 millones en la UE, lo que, según la CE, “contribuirá a garantizar que las pequeñas empresas emergentes y en expansión queden exentas de esta carga”. Este impuesto podría ser entre un 1% y un 5%, aunque la CE recomienda que el tipo impositivo sea del 3%, y recaudaría según sus cálculos unos 5.000 millones de euros para el conjunto de los Estados miembro.

Para Grondona, esta medida es efectiva, pero remarca que “el problema es que apunta a un número limitado de empresas, y no termina de equilibrar las cuentas, ya que sigue siendo más lo que dejan de pagar las empresas en concepto de impuesto sobre sociedades que lo que se ingresará mediante este impuesto”.

NUEVOS TIEMPOS

Pero según muchos expertos, lo que destapa esta revolución tecnológica y estas medidas para resolver el problema de la elusión de impuestos corresponde a un cambio total en el paradigma de las legislaciones fiscales globales. Desde hace algo más de un siglo, los sistemas internacionales de impuestos se han basado en el principio del “origen de la riqueza”, debido a que los factores que crean valor, la mano de obra o la maquinaria, solían ser inmóviles y tener un lugar de residencia. Pero los cambios que están provocando estas empresas, sus modelos de negocio y la revolución tecnológica en un mundo globalizado transforman la economía. Estas multinacionales cada vez necesitan menos recursos tangibles, sino que basan la creación de valor de sus negocios en bienes intangibles, en datos. El principio del “origen de la riqueza” está mutando al principio del “destino de la riqueza”.

Para el portavoz del Sindicato de inspectores de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, este cambio va a ser complicado. De hecho, critica Cruzado, estas medidas propuestas por la CE “se plantean como algo transitorio y solo para estas empresas, a pesar de que el problema lo tenemos, de una u otra manera, con todas las transnacionales”.

Grondona cree que, en cualquier caso, lo que se necesita es modificar la definición de establecimiento permanente utilizada en los tratados de doble imposición y en las normativas locales, ya que la actual “no permite considerar la actividad que estas empresas realizan en un país si no tienen presencia física en él”. Pero hay algo en lo que los dos coinciden: será difícil que las empresas de la economía digital, y el resto de transnacionales, paguen lo que les toca mientras no haya voluntad política para ello. Y “es obvio que no lo hay”, lamenta Cruzado.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/big-data/fiscalidad-comercian-tus-datos-no-pagan-impuestos

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Acción Social

La lucha del textil en Bangladesh cinco años después de la tragedia de Rana Plaza

El derrumbe del Rana Plaza se cobró más de mil vidas y dejó al descubierto el desprecio de la gerencia por la seguridad de los trabajadores. Marienna Pope-Weidemann informa de la lucha por conseguir mejores condiciones para los trabajadores de la industria textil en Bangladesh.

Hace hoy cinco años, Rosina Atker llegó a trabajar, como de costumbre, con su madre y su hermana a las ocho de la mañana. Pero nunca volvió a casa. Rosina era trabajadora textil en el edificio Rana Plaza. Estaba embarazada de cuatro meses en ese momento. Cuando llegó al trabajo, su hermana le preguntó al encargado si se podían ir a casa; el edificio no parecía seguro y todo el mundo veía las grietas de los muros. Pero les dijeron que «no se preocuparan y siguieran trabajando».

De hecho, las autoridades locales habían recomendado el día anterior que se suspendieran todas las actividades de las fábricas. A los empleados del banco y las tiendas de las plantas bajas se les dijo que se quedaran en casa. Pero obligaron los trabajadores textiles a permanecer bajo amenaza de despido. Solo unas horas más tarde, el edificio se derrumbó y cientos de trabajadores quedaron atrapados en su interior. Los equipos de rescate tardaron cinco días en encontrar el cuerpo sin vida de Rosina entre los escombros. Ella fue una de las más de 1100 personas que murieron en el derrumbe del Rana Plaza.

La tragedia del Rana Plaza descubrió al mundo el coste real del desprecio de la industria de la moda por los derechos de los trabajadores. Pronto se supo que el derrumbe se podía haber evitado, que el peso de la maquinaria y el personal superaba en más de seis veces el peso que el edificio podía aguantar. Habían ignorado el peligro deliberadamente, no solo los jefes de las fábricas, sino también las marcas de moda que habían realizado auditorías del edificio.

Una ola de indignación se extendió a lo largo y ancho del mundo. Más de un millón de personas se manifestaron, protestaron y firmaron peticiones. War on Want [‘Guerra contra la Necesidad’, una organización con sede en Londres] trabajó con los sindicatos sobre el terreno para conseguir indemnizaciones para las familias de los heridos y muertos en el derrumbe del Rana Plaza y para movilizar a la gente en el Reino Unido. Más de 150 grandes marcas y minoristas, fuertemente presionados por la opinión pública, se adhirieron al llamado Acuerdo de Seguridad de Bangladesh, una iniciativa liderada por los sindicatos.

El Acuerdo de Bangladesh fue un acuerdo tripartito pionero entre el gobierno, las empresas y los trabajadores. Ha sido la primera vez que las firmas y los minoristas, que ganan miles de millones a costa de los trabajadores textiles, han aceptado una negociación colectiva con ellos.

En febrero de 2014, el acuerdo cubría a 1600 fábricas. Las fábricas estaban ya obligadas legalmente a someterse a inspecciones independientes y transparentes, a financiar las reparaciones que fueran obligatorias y el derecho de los trabajadores a negarse a trabajar bajo condiciones no seguras, a tener acceso a un sindicato y a emprender acciones colectivas cuando no se cumplieran los estándares de seguridad. Todos y cada uno de los puntos del Acuerdo daban un giro histórico a los pésimos antecedentes de la industria, conformados por acuerdos voluntarios sin poder y autoevaluaciones herméticas.

Pero la imagen de la ropa desparramada sobre un cementerio de hormigón roto no bastó para convencer a todo el mundo. Algunas marcas se negaron a aceptarlo. Las primeras fueron GAP y Walmart, empresa matriz de Asda. En su lugar, promovieron su propia iniciativa para competir con este acuerdo: un plan basado en el anterior enfoque voluntario que se centraba en la responsabilidad corporativa, en lugar de en los derechos de los trabajadores; el sistema que le había fallado a Rosina, a su hijo nonato y a otras 3600 personas que habían muerto o habían resultado heridas en el derrumbe del Rana Plaza. No estaban solos: el Gobierno del Reino Unido lideró a los países de la Unión Europea que se oponían a un tratado vinculante.

En enero de ese año, los sindicatos, en representación de los trabajadores textiles de Bangladesh, alcanzaron un pacto de 2,3 millones de dólares con una multinacional de la industria de la moda, de la que no conocemos su identidad, sobre los retrasos en las reparaciones de riesgos de seguridad en sus fábricas. Cinco años después de que se introdujera el acuerdo, se ha demostrado que merece la pena y el sindicato ha demostrado que es posible traducirlo en acciones que salvan vidas.

Aún así, conseguir aquel acuerdo les costó luchar durante dos años. Y además nos muestra una importante verdad: los acuerdos nunca serán suficiente si no van acompañados del derecho de los trabajadores a organizarse y a utilizar esos acuerdos para luchar por defender sus vidas y sustentos.

Ese objetivo aún está lejos de alcanzarse. En Bangladesh, el acuerdo ha conseguido que las fábricas sean más seguras, pero los derechos a constituir y unirse a sindicatos y a ponerse en huelga todavía se enfrentan con una represión brutal. El año pasado, miles de trabajadores salieron a las calles para exigir que se les doblara el sueldo y poder así acercarse a un salario digno. Se encontraron con que fueron detenidos y encausados, y miles de trabajadores acabaron en las listas negras de la industria. Los salarios de la industria textil de Bangladesh siguen siendo demasiado bajos como para cubrir las necesidades básicas y se sigue obligando habitualmente a los trabajadores, que aún no tienen derecho a sindicarse, a hacer horas extraordinarias.

Los trabajadores a los que afecta han respondido al reto de una forma innovadora. En los lugares en que se les niega que constituyan un sindicato, los comités de empresa de seguridad y salud laboral, introducidos por el Acuerdo de Bangladesh, se ha utilizado como punto de partida para que los trabajadores empiecen a organizarse y como base para la constitución de sindicatos.

En Sri Lanka, por ejemplo, en donde trabajamos en colaboración con Free Trade Zones and General Services Employees Union (sindicato de empleados de zonas de libre comercio y servicios generales), el gobierno y las empresas han contenido la formación de comités de seguridad y salud laboral, pero los trabajadores del textil han seguido adelante con «comités en la sombra». Apoyamos esos grupos informales, que participan en la formación en la fábrica no solo en lo relativo a la seguridad y salud laboral, sino también en lo relativo a los derechos de los trabajadores y en el derecho a constituir un sindicato. Y aunque no los reconozcan, los sindicatos están comenzando a emerger.

Es una vergüenza que la idea del respeto por los derechos humanos y laborales básicos sea opcional cuando las marcas de moda obtienen miles de millones de beneficios anuales. El Acuerdo ha sido un paso importante y el pacto al que llegaron en enero demuestra que se puede utilizar para obligar a las compañías a pagar por poner en peligro las vidas de sus trabajadores. Pero cuando se trata de anteponer las personas a los beneficios, ya sea en lo relativo a salud y seguridad o a un salario justo, estas empresas siempre se esfuerzan en proteger sus rendimientos.

Por ese motivo, el acuerdo por sí solo no va a proteger a los trabajadores. Es valioso siempre y cuando el trabajador de la fábrica lo haga cumplir y tenga el derecho organizarse para conseguir dignidad y justicia.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/industria-textil/lucha-textil-bangladesh-cinco-la-tragedia-rana-plaza