Mes: junio 2018

Las multinacionales de la llamada “economía digital” utilizan paraísos fiscales para reducir su factura fiscal, al tiempo que utilizan tus datos para hacer negocio. La Comisión Europea quiere acabar con ello, pero primero tendrá que definir por qué y dónde los tienen que pagar.

La economía cambia. Las multinacionales evolucionan expandiendo su actividad por todas las facetas de nuestra vida, por todos los rincones del planeta, bajo nuevas formas de negocio inimaginables hace tan solo unos pocos años. La llamada “economía digital” ha nacido y crece a unos pasos agigantados. Pero el control de los gobiernos y las legislaciones van mucho más lentas y reproduce campos de batallas desiguales entre esas grandes empresas y los Estados.

El terreno fiscal es una de las contiendas en las que los Estados, y por lo tanto los contribuyentes van perdiendo. La empresas tecnológicas que componen esa economía digital están en el punto de mira de la Comisión Europea (CE) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La ardua tarea de desarrollar un sistema de impuestos para estas empresas y para los “datos” se plantea como uno de los principales retos de la economía global.

Según la CE, las empresas de servicios digitales pagan un tipo impositivo real del impuesto de sociedades (IS) de tan solo el 9%. Bastante menos que la media del resto de empresas que, según este mismo organismo, pagan un 23%. Pero un estudio de la Tax Justice Network, organización civil británica que denuncia los sistemas fiscales injustos, revela que las principales empresas de servicios digitales que operan en Europa pagan un tipo de IS efectivo alrededor del 10%.

Esto se suma al dominio mundial que empiezan a ejercer estas empresas. Actualmente, nueve de las veinte mayores empresas del mundo por capitalización bursátil son digitales. Hace diez años, en ese mismo ranking, solo encontrábamos una empresa.

Muchos escándalos protagonizados por este tipo de compañías han puesto en el debate público su poca aportación a las haciendas de los países donde operan y de donde obtienen sus beneficios. Apple protagonizó uno de los más sonados. En septiembre de 2016, la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, multaba a la empresa de la manzana con 13.000 millones de euros más intereses por los impuestos no pagados a Irlanda, cuna europea de la mayoría de las empresas tecnológicas estadounidenses debido a su bajo IS, entre 2003 y 2014.

A Vestager tampoco le tembló el pulso a la hora de multar a Amazon o Microsoft. Pero el mayor escándalo, y a lo que se está intentando poner remedio, no es que esas empresas paguen pocos impuestos en Irlanda, sino que no paguen impuestos en los países donde obtienen los beneficios, venden sus servicios o recolectan datos para luego venderlos.

ECONOMÍA DIGITAL

Son muchas las definiciones que se le han intentado dar a esta nueva etiqueta de la economía. La rapidez con la que cambian este tipo de empresas, y con la que aparecen nuevos negocios y tecnologías, deja obsoletas las definiciones que la intentan acotar y, por lo tanto, regular.

El inspector coordinador en la Subdirección General de Fiscalidad Internacional, Jaime Mas Hernández, explicó en el seminario organizado el 19 de abril por la universidad ESADE El gravamen de la economía digital: presente y futuro que las medidas propuestas por la OCDE para gravar la economía digital en 2015 “hablaban del ‘futuro’ al referirse a las impresoras 3D y hoy, solo tres años después, se fabrican piezas de avión con esas impresoras y cualquiera puede tener una en su casa”, y enfatizó en la velocidad de innovación y cambio de este nuevo sector al explicar que esas medidas “no decían absolutamente nada sobre el blockchain”.

Cuando oímos hablar de las empresas digitales, la imagen que tiene la gran mayoría de la gente es la de cualquier compañía que ofrece sus servicios mediante una página web o plataforma digital, pero la definición que usan organismos como la CE es mucho más acotada.

La economía digital abarca aquellas actividades donde los ingresos son generados por actividades en las que los usuarios desempeñan un papel importante en la creación del valor, o sea, cuando los datos que aportamos —o nos extraen— son usados para obtener un beneficio por parte de la empresa. Ese uso se puede clasificar en tres grupos o formas de rentabilizar esos datos.

La primera actividad que se pretende gravar con estos nuevos impuestos son los ingresos por publicidad en páginas web. Cuando visitamos una página, las cookies, esos programas que se instalan en nuestro ordenador, envían información sobre nuestra localización, últimas búsquedas u otros datos personales y demográficos para clasificarte como potencial cliente de según qué tipo de empresa y vender los espacios publicitarios de esa página web al mejor postor.

Con la legislación fiscal actual se puede dar la paradoja de estar visitando una web en español, en la que puedas estar contratando un servicio o comprando un producto a una empresa que esté a pocos kilómetros de tu casa, ser bombardeados por publicidad de otras empresas españolas y que esa web no pague impuestos en el Estado español. Esto puede ocurrir cuando esa web esté haciendo de intermediario entre esa empresa y tú, pero no tenga residencia fiscal aquí. Si, además, el domicilio fiscal de esa web se encuentra en países como Irlanda, Países Bajos o cualquier paraíso fiscal, posiblemente acabe por no pagar nada.

Para Verónica Grondona, asesora en temas de justicia tributaria para el grupo parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL), la digitalización de la economía “no es más que una característica más de un sistema que permite que una empresa diga que no opera en España porque sus funciones, activos y riesgos están en Bahamas o Luxemburgo, cuando en realidad lo hace”.

La segunda actividad es la de los intermediarios digitales que facilitan la interacción o venta de bienes y servicios entre los usuarios. Plataformas como Airbnb, BlaBlaCar o los place markets, esas webs como Amazon donde se juntan empresas o particulares para vender productos, estarían dentro de esta categoría de multinacionales de la economía digital pero, tal y como explica Mas, la rama de negocio de Amazon Retail, la que vende productos que ha comprado la empresa anteriormente y por lo tanto acepta un riesgo, no deberían pagar estos impuestos específicos.

El último sector, uno de los más polémicos y difíciles de acotar y controlar, es el que está compuesto por empresas que generan beneficios mediante la venta de datos obtenidos de información de los usuarios. El uso del big data o la falta de métodos para valorar los datos dificultan que se puedan gravar. En este grupo de compañías se incluyen las redes sociales como Facebook que, gracias al escándalo de Cambridge Analytica, se ha destapado lo rentable e influyente que puede ser la venta de datos obtenidos por parte de una empresa con el alcance que tiene la red social de Mark Zuckerberg. Pero no solo las grandes redes sociales comercian con nuestros datos: aplicaciones móvil para controlar la menstruación que venden todo tipo de información sobre el Estado de las mujeres o juegos “gratis” para tu teléfono que acceden a tus fotos o contactos, son solo algunos de los ejemplos.

La Unión Europea quiere frenar esta sangría de impuestos y, por eso, el pasado 21 de marzo, la CE publicó una serie de propuestas para modificar los regímenes fiscales de los Estados miembro para las empresas de la economía digital. El comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, declaró tras publicar las propuestas que la economía digital “es una gran oportunidad para Europa, y Europa es una enorme fuente de ingresos para las empresas digitales, pero esta situación positiva para todos plantea problemas jurídicos y fiscales, pero nuestra normativa preinternet no permite a los Estados miembros gravar a las empresas digitales que operan en Europa si tienen escasa o nula presencia física aquí”, lo que representa un agujero negro en constante expansión para los Estados miembros, ya que ven socavada su base imponible y, por lo tanto, los impuestos que consiguen recaudar de estas empresas.

Las propuestas expuestas por la CE constan de una medida a largo plazo y otra a corto. La primera pretende reformar las normas de la Unión Europea relativas al impuesto de sociedades para la economía digital con la intención de que un país pueda gravar los beneficios generados en su territorio, aunque la empresa no tenga presencia física allí.

Pero según la CE, para considerar que una empresa de este tipo tiene una “presencia digital” a la que se le pueda reclamar el pago de impuestos, se tiene que cumplir alguno de los tres siguientes criterios: superar los siete millones de euros de facturación en ese país, tener más de 100.000 usuarios de dicho país durante un ejercicio fiscal o generar más de 3.000 contratos de servicios digitales con los usuarios. Empresas que no pagan impuestos en el Estado español, como Netflix o Facebook, cumplen de largo con dichos criterios.

Esta reforma a largo plazo también debería incluir, según aconseja la CE, nuevas normas para cambiar la manera en la que se reconoce el beneficio de una empresa según el territorio donde lo hace como, por ejemplo, en función de la ubicación del usuario en el momento del uso para garantizar una vinculación mucho más real entre el lugar donde se produce el beneficio y el país donde se pagan los impuestos.

Pero mientras estas medidas a largo plazo no se implementan, la CE también propone un impuesto provisional sobre los ingresos procedentes de estas empresas para que los Estados miembros empiecen a ingresar dinero mediante impuestos a estas grandes multinacionales y evitar que otros países tomen medidas fiscales unilaterales. “Algunos países, como Israel o Italia, han introducido medidas tributarias especializadas dirigidas a empresas digitales, pero las soluciones sin coordinación no pueden dar una respuesta”, escribía en un artículo el portugues Víctor Gaspar, director del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), y añadía que “dado que la economía en su conjunto se está digitalizando, se necesitan soluciones a escala mundial”. Esta visión coincide la de Liz Nelson, directora de Tax Justice Network, que expresó que esta lucha “requiere que la política fiscal se establezca en un foro internacional, rompiendo la hegemonía de los países ricos, a fin de permitir que todos los países actúen contra el abuso fiscal de las multinacionales”. Aunque para Mas existe otra razón para que se haya tomado esta medida a corto plazo: “Se deciden tomar medidas a corto plazo porque hay una fuerte opinión pública y presencia en los medios de este problema y de la elusión que están ejerciendo estas empresas”.

Este impuesto se recaudaría directamente por los Estados miembros en los que se encuentran los usuarios y solo sería aplicable a empresas con unos ingresos mayores a 750 millones de euros a nivel mundial y de 50 millones en la UE, lo que, según la CE, “contribuirá a garantizar que las pequeñas empresas emergentes y en expansión queden exentas de esta carga”. Este impuesto podría ser entre un 1% y un 5%, aunque la CE recomienda que el tipo impositivo sea del 3%, y recaudaría según sus cálculos unos 5.000 millones de euros para el conjunto de los Estados miembro.

Para Grondona, esta medida es efectiva, pero remarca que “el problema es que apunta a un número limitado de empresas, y no termina de equilibrar las cuentas, ya que sigue siendo más lo que dejan de pagar las empresas en concepto de impuesto sobre sociedades que lo que se ingresará mediante este impuesto”.

NUEVOS TIEMPOS

Pero según muchos expertos, lo que destapa esta revolución tecnológica y estas medidas para resolver el problema de la elusión de impuestos corresponde a un cambio total en el paradigma de las legislaciones fiscales globales. Desde hace algo más de un siglo, los sistemas internacionales de impuestos se han basado en el principio del “origen de la riqueza”, debido a que los factores que crean valor, la mano de obra o la maquinaria, solían ser inmóviles y tener un lugar de residencia. Pero los cambios que están provocando estas empresas, sus modelos de negocio y la revolución tecnológica en un mundo globalizado transforman la economía. Estas multinacionales cada vez necesitan menos recursos tangibles, sino que basan la creación de valor de sus negocios en bienes intangibles, en datos. El principio del “origen de la riqueza” está mutando al principio del “destino de la riqueza”.

Para el portavoz del Sindicato de inspectores de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, este cambio va a ser complicado. De hecho, critica Cruzado, estas medidas propuestas por la CE “se plantean como algo transitorio y solo para estas empresas, a pesar de que el problema lo tenemos, de una u otra manera, con todas las transnacionales”.

Grondona cree que, en cualquier caso, lo que se necesita es modificar la definición de establecimiento permanente utilizada en los tratados de doble imposición y en las normativas locales, ya que la actual “no permite considerar la actividad que estas empresas realizan en un país si no tienen presencia física en él”. Pero hay algo en lo que los dos coinciden: será difícil que las empresas de la economía digital, y el resto de transnacionales, paguen lo que les toca mientras no haya voluntad política para ello. Y “es obvio que no lo hay”, lamenta Cruzado.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/big-data/fiscalidad-comercian-tus-datos-no-pagan-impuestos

El derrumbe del Rana Plaza se cobró más de mil vidas y dejó al descubierto el desprecio de la gerencia por la seguridad de los trabajadores. Marienna Pope-Weidemann informa de la lucha por conseguir mejores condiciones para los trabajadores de la industria textil en Bangladesh.

Hace hoy cinco años, Rosina Atker llegó a trabajar, como de costumbre, con su madre y su hermana a las ocho de la mañana. Pero nunca volvió a casa. Rosina era trabajadora textil en el edificio Rana Plaza. Estaba embarazada de cuatro meses en ese momento. Cuando llegó al trabajo, su hermana le preguntó al encargado si se podían ir a casa; el edificio no parecía seguro y todo el mundo veía las grietas de los muros. Pero les dijeron que «no se preocuparan y siguieran trabajando».

De hecho, las autoridades locales habían recomendado el día anterior que se suspendieran todas las actividades de las fábricas. A los empleados del banco y las tiendas de las plantas bajas se les dijo que se quedaran en casa. Pero obligaron los trabajadores textiles a permanecer bajo amenaza de despido. Solo unas horas más tarde, el edificio se derrumbó y cientos de trabajadores quedaron atrapados en su interior. Los equipos de rescate tardaron cinco días en encontrar el cuerpo sin vida de Rosina entre los escombros. Ella fue una de las más de 1100 personas que murieron en el derrumbe del Rana Plaza.

La tragedia del Rana Plaza descubrió al mundo el coste real del desprecio de la industria de la moda por los derechos de los trabajadores. Pronto se supo que el derrumbe se podía haber evitado, que el peso de la maquinaria y el personal superaba en más de seis veces el peso que el edificio podía aguantar. Habían ignorado el peligro deliberadamente, no solo los jefes de las fábricas, sino también las marcas de moda que habían realizado auditorías del edificio.

Una ola de indignación se extendió a lo largo y ancho del mundo. Más de un millón de personas se manifestaron, protestaron y firmaron peticiones. War on Want [‘Guerra contra la Necesidad’, una organización con sede en Londres] trabajó con los sindicatos sobre el terreno para conseguir indemnizaciones para las familias de los heridos y muertos en el derrumbe del Rana Plaza y para movilizar a la gente en el Reino Unido. Más de 150 grandes marcas y minoristas, fuertemente presionados por la opinión pública, se adhirieron al llamado Acuerdo de Seguridad de Bangladesh, una iniciativa liderada por los sindicatos.

El Acuerdo de Bangladesh fue un acuerdo tripartito pionero entre el gobierno, las empresas y los trabajadores. Ha sido la primera vez que las firmas y los minoristas, que ganan miles de millones a costa de los trabajadores textiles, han aceptado una negociación colectiva con ellos.

En febrero de 2014, el acuerdo cubría a 1600 fábricas. Las fábricas estaban ya obligadas legalmente a someterse a inspecciones independientes y transparentes, a financiar las reparaciones que fueran obligatorias y el derecho de los trabajadores a negarse a trabajar bajo condiciones no seguras, a tener acceso a un sindicato y a emprender acciones colectivas cuando no se cumplieran los estándares de seguridad. Todos y cada uno de los puntos del Acuerdo daban un giro histórico a los pésimos antecedentes de la industria, conformados por acuerdos voluntarios sin poder y autoevaluaciones herméticas.

Pero la imagen de la ropa desparramada sobre un cementerio de hormigón roto no bastó para convencer a todo el mundo. Algunas marcas se negaron a aceptarlo. Las primeras fueron GAP y Walmart, empresa matriz de Asda. En su lugar, promovieron su propia iniciativa para competir con este acuerdo: un plan basado en el anterior enfoque voluntario que se centraba en la responsabilidad corporativa, en lugar de en los derechos de los trabajadores; el sistema que le había fallado a Rosina, a su hijo nonato y a otras 3600 personas que habían muerto o habían resultado heridas en el derrumbe del Rana Plaza. No estaban solos: el Gobierno del Reino Unido lideró a los países de la Unión Europea que se oponían a un tratado vinculante.

En enero de ese año, los sindicatos, en representación de los trabajadores textiles de Bangladesh, alcanzaron un pacto de 2,3 millones de dólares con una multinacional de la industria de la moda, de la que no conocemos su identidad, sobre los retrasos en las reparaciones de riesgos de seguridad en sus fábricas. Cinco años después de que se introdujera el acuerdo, se ha demostrado que merece la pena y el sindicato ha demostrado que es posible traducirlo en acciones que salvan vidas.

Aún así, conseguir aquel acuerdo les costó luchar durante dos años. Y además nos muestra una importante verdad: los acuerdos nunca serán suficiente si no van acompañados del derecho de los trabajadores a organizarse y a utilizar esos acuerdos para luchar por defender sus vidas y sustentos.

Ese objetivo aún está lejos de alcanzarse. En Bangladesh, el acuerdo ha conseguido que las fábricas sean más seguras, pero los derechos a constituir y unirse a sindicatos y a ponerse en huelga todavía se enfrentan con una represión brutal. El año pasado, miles de trabajadores salieron a las calles para exigir que se les doblara el sueldo y poder así acercarse a un salario digno. Se encontraron con que fueron detenidos y encausados, y miles de trabajadores acabaron en las listas negras de la industria. Los salarios de la industria textil de Bangladesh siguen siendo demasiado bajos como para cubrir las necesidades básicas y se sigue obligando habitualmente a los trabajadores, que aún no tienen derecho a sindicarse, a hacer horas extraordinarias.

Los trabajadores a los que afecta han respondido al reto de una forma innovadora. En los lugares en que se les niega que constituyan un sindicato, los comités de empresa de seguridad y salud laboral, introducidos por el Acuerdo de Bangladesh, se ha utilizado como punto de partida para que los trabajadores empiecen a organizarse y como base para la constitución de sindicatos.

En Sri Lanka, por ejemplo, en donde trabajamos en colaboración con Free Trade Zones and General Services Employees Union (sindicato de empleados de zonas de libre comercio y servicios generales), el gobierno y las empresas han contenido la formación de comités de seguridad y salud laboral, pero los trabajadores del textil han seguido adelante con «comités en la sombra». Apoyamos esos grupos informales, que participan en la formación en la fábrica no solo en lo relativo a la seguridad y salud laboral, sino también en lo relativo a los derechos de los trabajadores y en el derecho a constituir un sindicato. Y aunque no los reconozcan, los sindicatos están comenzando a emerger.

Es una vergüenza que la idea del respeto por los derechos humanos y laborales básicos sea opcional cuando las marcas de moda obtienen miles de millones de beneficios anuales. El Acuerdo ha sido un paso importante y el pacto al que llegaron en enero demuestra que se puede utilizar para obligar a las compañías a pagar por poner en peligro las vidas de sus trabajadores. Pero cuando se trata de anteponer las personas a los beneficios, ya sea en lo relativo a salud y seguridad o a un salario justo, estas empresas siempre se esfuerzan en proteger sus rendimientos.

Por ese motivo, el acuerdo por sí solo no va a proteger a los trabajadores. Es valioso siempre y cuando el trabajador de la fábrica lo haga cumplir y tenga el derecho organizarse para conseguir dignidad y justicia.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/industria-textil/lucha-textil-bangladesh-cinco-la-tragedia-rana-plaza

El coste del desfile militar con motivo del día de las Fuerzas Armadas que recorrerá las calles de Logroño el próximo 26 de mayo duplica el de 2017 y cuatriplica el de 2016, ascendiendo a 733.796 euros. Las molestias ocasionadas ya han comenzado indignar a vecinos y comerciantes de calle General Vara de Rey.

El martes 22 de mayo, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, presumía de llevar el nivel de gasto de su ministerio a niveles precrisis y advirtió que seguirá creciendo, al considerar necesario seguir haciendo un esfuerzo “continuado y sostenible en el tiempo”.

Desde 2016, año en que fue nombrada ministra, el gasto militar no ha dejado de crecer. Los presupuestos de 2017 escalaron la partida de Defensa un 32%, un aumento que se consolida en los presupuestos de 2018, aún sin aprobar, con una nueva subida del 10,7%.

No obstante, desde el centro de estudios por la paz Centre Delàs advierten que el presupuesto militar real asciende cuantiosamente. Desde esta organización cuantifican el gasto militar oculto en las partidas presupuestarias de otros ministerios en 11.000 millones de euros, lo cual supondría un incremento del 145% respecto al presupuesto del Ministerio de Defensa.

Entre los gastos, que en su informe “Los despropósitos del gasto militar” adjudican directamente a Defensa, se encuentran 19,48 millones de euros para “organismos militares internacionales” adjudicados al Ministerio de Exteriores, 302,36 millones de euros dedicados a I+D militar del presupuesto de Industria o 2.654,93 millones de euros destinados a sufragar a la Guardia Civil, un cuerpo de seguridad pública de naturaleza militar y ámbito nacional, según describen en su propia web.

Esta escalada presupuestaria ha tenido su reflejo en el coste que conllevará el desfile del día de las Fuerzas Armadas el próximo 26 de mayo en Logroño, que cuatriplica el coste del llevado a cabo en 2016 en Madrid y duplica el del pasado año en Guadalajara, ascendiendo hasta los 733.796 euros.

UN GASTO QUE VECINOS Y COMERCIANTES DE VARA DE REY NIEGAN QUE COMPENSE

Desde El Salto La Rioja nos hemos acercado a la Calle General Vara de Rey, donde desde hace ya varios días han comenzado los trabajos de preparación del desfile, para conocer la opinión de vecinos y comerciantes.

En contraste con las declaraciones de la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, en las que afirmaba que “la ciudad está nerviosa y expectante”, muchos vecinos muestran su malestar tanto por la gestión, la falta de planificación y los numerosos inconvenientes que se están generando.

Comenzamos nuestro recorrido desde el estanco entre la citada calle y la avenida Gran Vía, donde sus dependientes critican que, mientras “se sabe perfectamente quién viene y quién no viene, nadie nos informa de lo que realmente nos afecta”. Desde este establecimiento denuncian que viven una incertidumbre constante, ya que “cada día emiten un bando donde nos enteramos de las restricciones de tráfico, cortes…”. También se muestran muy preocupados por la retirada de contenedores de basura desde cinco días antes del desfile. “¿Qué vamos a hacer con nuestras basuras? ¿La gente en sus casas, van a coleccionar basura durante una semana?”, se preguntan. Por último, afirman convencidos que todos los negocios de la calle van a verse muy perjudicados.

Seguimos avanzando y entramos en una pastelería donde nos cuentan que se ha notado mucho la reducción de las ventas porque, pese “al barullo”, las dificultades del tránsito ocasionan que la gente no quiera entrar y prefieran ir a otros comercios.

Otro local cercano es una tienda de animales, desde donde ponen especial acento en las cuestiones de limpieza. Critican que, mientras son frecuentes sus quejas al Ayuntamiento por el olor a orines humanos en la calle, únicamente “lo han visto y van solucionar durante esta semana”. Al igual que otros comerciantes de la zona, pone en duda la utilidad del desfile y en su caso propone que el presupuesto sea dedicado a fomentar el comercio local.

Durante todo el recorrido escuchamos comentarios de vecinos enfadados por tener que recorrer hasta 600 metros para cruzar la calle, obligándoles a alargar sus trayectos más de un kilómetro. También nos encontramos con una madre que, al recoger a su hijo le explica que hoy cogerán un taxi por la falta de espacio en aceras y las largas distancias para cruzar la calle.

Subiendo hasta la esquina con la calle Pérez Galdós, encontramos un pequeño kiosco a pie de calle, donde su propietaria se muestra indignada. Critica la retirada de los contenedores, el corte de tráfico desde una semana antes del “evento”, los ruidos desde que comenzaron retirar el mobiliario urbano la pasada semana y del montaje de esta semana, los aviones que desde hace semanas sobrevuelan el cielo logroñés con gran estruendo, las pérdidas que le va a generar durante toda la semana —por la reducción del tráfico y el tránsito y por verse obligada a cerrar el sábado por ser una zona de seguridad—, la pésima gestión y planificación municipal…

Justo al concluir nuestra conversación con ella, nos encontramos a una persona con discapacidad visual que venía de su trabajo. Por la mañana no notó mucha diferencia pero a la hora de salir de trabajar tuvimos que ayudarle a esquivar —mientras que sujetaba nuestro brazo con su mano derecha y con la otra su bastón guía— un carrito de bebé, varias vallas provisionales en el arcén y un perro atrapado con su bastón, en un espacio inferior al metro lineal que había entre una de las gradas y la pared.

También en esta manzana vive Francisco, que relata cómo la policía ha pasado por su casa a identificarle a él y a su mujer por la mera presencia del rey durante el próximo sábado. A esto, añade las molestias ocasionadas por el corte de la calle, que le obliga “a dar un rodeo de más de 300 metros” para cruzar a la acera de enfrente. Junto a esta incomodidad, Francisco explica que, al haber añadido cuatro días antes las gradas, tienen los accesos a los garajes bloqueados y que las calles aledañas se encuentran cerradas impidiendo tanto el estacionamiento como la circulación. También critica la “pésima gestión informativa” del Ayuntamiento, que ha hecho que no sepan qué van a encontrarse en los próximos días, ya que cada mañana se encuentra con una nueva circular de la policía municipal “restringiendo aún más nuestros derechos, sin que quede muy claro lo que implica, y cuando preguntas a la policía tampoco lo tiene claro. Nos vamos enterando de todo por fascículos”. Por último, denuncia que no sólo no les están informado debidamente, sino que además tampoco pueden protestar porque “las decisiones ya están tomadas” y lamenta no poder colgar en su ventana una bandera republicana por miedo a ser multado “ni me voy a arriesgar a hacerlo, porque ya ha pasado antes y la ‘ley mordaza está’ ahí”.

TRABAJO DIARIO EN “LA ZONA 0”

Desde Parques y Jardines comentan que no tienen más trabajo que el habitual; únicamente y por el desfile han adelantado dos semanas la reposición de plantas. Explican que desde el Ayuntamiento se ha comprado más planta que de habitual: unas 2.000 flores rojas y amarillas para esta ocasión, pero no toda esa planta, que ronda 50 céntimos la unidad, será plantada en la zona centro de Logroño, sino que unos 1.000 ejemplares podrían ser repartidos entre las logroñesas y logroñeses el día del desfile.

Una decena de militares del Ejército de Tierra también se encuentra ya en Logroño montando la megafonía en la calle Vara de Rey. Llegaron desde Madrid el 20 de mayo y están alojados en la base militar del ejército de tierra.
Desde otras provincias, como Madrid y Toledo, también llegaron el lunes empresas externas para efectuar labores de montaje y acondicionamiento en las gradas y la tribuna real desde el martes a primera hora de la mañana.
El Parque Municipal de Servicios —unidad municipal tiene su centro de trabajo los funcionarios adscritos a obras, aguas, alumbrado, mecánico, carpintería, pintura y herrería o metalistería— señala que lo que se está viviendo es muy similar al desarrollo que existe antes y durante las fiestas de San Bernabé y la Vendimia en Logroño, “eso sí, en fiestas no quitamos farolas ni semáforos”.

Es una carga muy parecida, por ejemplo, al montaje de los “graderíos” para el reparto del pan, el pez y el vino de junio y como en estas circunstancias existen “golpes de trabajo” y los funcionarios “se apuntan para realizar horas extraordinarias” por la tarde.

Reconocen que hay varios escenarios municipales que no han podido desmontar durante esta semana dado que “dos personas” que pudieran retirarlos supone “dos personas menos aquí y aquí hay mucho jaleo” porque “la casa real es muy real”.

Lo que escucha esta unidad del Ayuntamiento de Logroño por parte de los ciudadanos es que no tiene buzones, no tiene semáforos y “la gente pasa cuando puede y como puede por no tener que desplazarse 300 metros de ida y otros 300 de vuelta máxime si una persona tiene 70 u 80 años y están que muerden”.

También afirman que la policía está cansada de decir a la gente por dónde tiene que pasar, pero que la gente no le hace caso “y yo lo entiendo”.

Este funcionario cree que si le hubieran explicado los pros y contras de esta actividad y se hubiera sacado a referéndum “quizá la gente hubiera votado que no porque el día de las Fuerzas Armadas es muy bonito y tiene mucha repercusión, pero para las personas que viven o caminan por esta zona…”.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/dia-fuerzas-armadas/coste-desfile-militar-duplica-2017-cuatriplica-2016

El 31 de mayo, el Tribunal Constitucional de Bélgica rechazaba un recurso de NML Capital Ltd, que pretendía tumbar la ley belga contra los fondos buitre, una legislación pionera y única a nivel mundial contra estos fondos especulativos.

“Es una victoria en toda regla” contra los fondos buitre, dicen desde el Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM). El 31 de mayo, el Tribunal Constitucional de Bélgica rechazaba el recurso interpuesto por el fondo NML Capital Ltd, dirigido por el magnate Paul Singer, que pedía la anulación de la ley “relativa a la lucha contra las actividades de los fondos buitre”. Esta normativa, que entró en vigor en Bélgica el 12 de julio de 2015, es pionera y única en el mundo en la lucha contra estos fondos especulativos.

Según Renaud Vivien, jurista del CADTM, “esta sentencia histórica es la culminación, en Bélgica, de un largo combate político y jurídico contra los fondos buitre”. El tribunal ha rechazado todos los argumentos presentados por NML, que defendía que “nada prohíbe la recompra de una deuda de un Estado por un fondo de inversión. Tal recompra no puede ser considerada como inmoral por el único hecho de que el Estado afectado esté muy endeudado”.

Los fondos buitre, recuerdan desde el CADTM, “son sociedades privadas que recompran a precios tirados la deuda de los Estados en dificultades para, posteriormente, reclamar el pago al precio de origen, más los intereses y recargos”, y añaden que “alimentándose de las dificultades financieras de los países, obtienen beneficios que representan de media de tres a veinte veces su inversión, lo que equivale a rendimientos de 300% a 2.000%”. Por ello, el Parlamento federal belga legisló en 2015 para que estos fondos, en caso de comprar deuda del país, no pudieran reclamársela al Estado a un precio mayor que el pagado por ella.

Según Vivien, “los Estados ya no tienen excusa y deben adoptar leyes similares a la de Bélgica para acabar con la especulación sobre las deudas. Es lo que exigen los movimientos sociales que luchan contra las deudas ilegítimas, pero también el Parlamento Europeo en su resolución del 17 de abril” de este año. En esta resolución, el Parlamento “Pide a los Estados miembro que adopten, a iniciativa de la Comisión, un reglamento inspirado en la legislación belga relativa a la lucha contra la especulación de los fondos buitre sobre la deuda”.

En la nota de prensa en la que celebran esta victoria, el CADTM llama a continuar la lucha contra estos fondos que especulan tanto con las deudas públicas como con las privadas, y pone como ejemplo la creación en el Estado español de la Plataforma Contra los Fondos Buitre, que, integrada por diversas organizaciones y movimientos sociales, nacía en abril con el objetivo de denunciar las actividades de estos fondos en ámbitos como la deuda soberana, la vivienda, la sanidad y los cuidados y lograr una legislación estatal que ponga freno a estos fondos especulativos.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/fondos-buitre/nueva-victoria-contra-fondos-buitre-belgica

TTIP, CETA, TPP, TISA… una oleada de tratados de comercio y/o inversión se cierne sobre nuestras vidas. ¿Cómo afrontar semejante sopa de letras sin sentirnos abrumadxs o impotentes? ¿Cómo articular una lucha política eficaz?

¿Cómo afrontar esta nueva oleada de tratados de comercio y/o inversión (en adelante, TCI)? Entre todas las dudas, surge una idea clara: necesitamos salir de las miradas productivistas, con las que nos leemos reduciendo nuestras vidas a la faceta de mano de obra, cuando no caemos directamente en la trampa de usar el lenguaje del poder corporativo, que nos invita a pensarnos como consumidoras y/o supuestas emprendedoras jefas de nosotras mismas.¹

SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA E INTERSECCIÓN DE EJES DE PRIVILEGIO/OPRESIÓN

Una potente alternativa es la del feminismo, que hace dos propuestas centrales, en las cuales engarza con otras miradas críticas que intentan escapar del estrabismo productivista.

Plantea poner la sostenibilidad de la vida en el centro. Esto tiene, al menos, dos implicaciones. Por un lado, se desplaza el eje analítico y político de los mercados hacia las condiciones de vida encarnadas y arraigadas en un planeta vivo. Así, el foco se centra en comprender el significado de los TCI en términos de recomposición del conflicto capital-vida, preguntándonos por las condiciones de vida concretas y la reconfiguración de la relación del sistema socioeconómico con el ecosistema. Por otro lado, esta mirada saca a la luz todas las formas de trabajo y resolución de la vida en común que operan en cada lugar, incluyendo aquellas que escapan de alguna manera a la lógica capitalista y la subvierten (las economías otras: popular, social y solidaria, campesina…) y las que son consustanciales al capitalismo heteropatriarcal, aunque invisibles: lo que podemos llamar los cuidados inmolados ², que son la cara B del trabajo asalariado. Estos trabajos son los que se realizan bajo tres condiciones: privatizados, feminizados e invisibilizados; y se encargan de tres tareas: sanar la vida de los daños provocados por el capital, cerrar el ciclo económico asegurando que el conjunto encaje en el sentido de cubrir las necesidades vitales y proporcionar el trabajador champiñón ³ que el sistema exige. Hemos de preguntarnos cuál es la estructura socioeconómica que los TCI (re)construyen, cómo minan el terreno para economías otras y cómo se asientan sobre un colchón de cuidados inmolados.

Por otro lado, sitúa el género como un eje vertebrador del sistema socioeconómico, en intersección con otros ejes de privilegio/opresión en el marco de lo que podemos denominar un sistema de dominación múltiple (o esa cosa escandalosa) que es capitalista, sí, pero también heteropatriarcal, colonialista y medioambientalmente destructor. Esto tiene al menos dos implicaciones. Por una parte, identificar cuáles son esos ejes de privilegio/opresión que operan con mayor fuerza en el contexto en el que vayamos a centrarnos, para poder comprender cómo los TCI reconstruyen esa dominación múltiple e interseccional. En el norte global, estos suelen ser el género, la clase social, el estatus migratorio, la racialización y el ámbito urbano/rural. Por otra, atender a la desigualdad global y al papel de los TCI en la reconfiguración de los ejes de hegemonía global. Esto supone, entre otras cosas, no olvidar los TCI que se firmaron con anterioridad (los que, desde el norte global, se firmaron desde una clara posición de privilegio) y que siguen condicionando las relaciones socioeconómicas actuales, así como atender con la misma intensidad a los TCI que se firman desde una posición de privilegio o subalternidad relativas (por ejemplo, dar igual de importancia al TTIP que al UE-Mercosur).

IDENTIFICAR EL MODELO QUE ASIENTAN LOS TCI

Los TCI no son el todo del problema. Son una herramienta para la consolidación de un sistema que ya está instalado y que, de no aprobarse los acuerdos, buscará otras vías de imposición. Una clave central es no limitarse a hacer análisis de impacto, sino identificar el modelo que los TCI asientan y refuerzan. Hoy, necesitamos entender el papel que la nueva oleada juega como instrumento para favorecer la rearticulación del “capitalismo del siglo XXI”⁴, el modo particular que toma esta cosa escandalosa en los actuales tiempos de transición ecosocial y colapso ecológico.

La nueva oleada puede pensarse como la imposición de una “constitución económica global”. No hablamos de constitución en el sentido de que exista un documento único que vaya a ser firmado por todos los países, sino de un conjunto de normas (dispersas, cambiantes) que, todas juntas, formarán un cuerpo legal que definirá las prioridades político-jurídicas globales. Los TCI traen consigo el contenido de esa carta magna, que asegura que todo se convierte en mercancía (al ampliar inmensamente la definición de comercio internacional) y que los intereses del gran poder corporativo se sitúan como máximo bien jurídico al aprobar los “diez mandamientos corporativos” (principios legales que priorizan los intereses de las transnacionales, como, por ejemplo, el principio de la seguridad de las inversiones). Además, traen consigo los mecanismos de funcionamiento que garantizan que se cumplen esos contenidos: los llamados organismos de convergencia reguladora (órganos de los que las grandes empresas forman parte y que están encargados de garantizar que las normativas laborales, sociales, ambientales, de igualdad, etc. entre países convergen entre sí… ¡a la baja!) y los tribunales de arbitraje (tribunales de justicia privados en los que las transnacionales pueden demandar a los estados si creen que están vulnerando la seguridad de sus inversiones). Se mercantiliza la democracia, posicionando al poder corporativo transnacional como máximo sujeto político por encima de los pueblos. Se crea un “mercado global ultra-autorregulado”: autorregulado porque las transnacionales actúan de forma autónoma, y ultrarregulado porque se establecen las normas que garantizan esa autonomía y la defensa de sus intereses. Esto supone el asentamiento definitivo de la “arquitectura de la impunidad” y la anulación de la soberanía popular.

Esta constitución económica global implica una virulenta agudización del conflicto capital-vida en tres sentidos. Primero, se profundiza la mercantilización al (1) convertir en mercancía nuevas esferas de lo vivo, ampliando el radio de acción de la lógica de acumulación a lo que no estaba mercantilizado (por ejemplo, muchos servicios) e incluso a aquello que aún no existe (funcionamiento de las listas negativas, que implican incluir todo aquello que no se excluye expresamente, incluso aquello que no puede nombrarse porque no existe); y (2) reducir la vida a su faceta de mercancía (por ejemplo, el poder mover transnacionalmente a las personas sin trabas, siempre y cuando no se trate de personas que migran y reconstruyen proyectos vitales, sino de mano de obra que las transnacionales movilizan en el marco del comercio internacional como un recurso productivo más). Segundo, lo que se mercantiliza y lo que ya estaba mercantilizado se somete a un capital mucho más agresivo, el transnacional, que en esa tensión con la vida tiene mucha mayor capacidad de hacer daño (por ejemplo, servicios públicos que ya estaban privatizados ahora se someten a las transnacionales). Y, tercero, se amputan las capacidades de las instituciones públicas para amortiguar el conflicto, para incidir en él poniendo coto a la voracidad de la lógica de acumulación.

En última instancia, la nueva oleada significa reforzar el proceso de acumulación de poder y recursos⁵ en torno a quienes detentan el poder corporativo global, el BBVAh⁶ . Esto profundiza un proceso de hipersegmentación socioeconómica, que va más allá de una simple escisión entre los de arriba y los de abajo, el norte y el sur globales, los hombres y las mujeres. A su vez, se pone mayor presión en las dimensiones invisibilizadas del sistema socioeconómico, que deben resolver la vida en un contexto de dificultad agudizada y ataque más virulento, garantizando esa cara oculta sobre la que se apoyan los procesos de acumulación. En otras palabras, se reorganizan las cadenas (globales) de cuidados. E implica que se rearticulan los procesos globales de dominación, reconfigurando la división del mundo en zonas de acumulación y de despojo, así como la relación campo-ciudad. Finalmente, y en clave de metabolismo socioeconómico, la estructura socioeconómica que se asienta con los TCI es de mayor tamaño (poniendo por tanto aún mayor presión sobre un planeta colapsado) y agudiza la distribución desigual del consumo de materia y energía a nivel global y por grupos sociales.

Una pregunta central, que hemos de esforzarnos por responder, es qué papel tiene esta nueva oleada en el paso de una cosa escandalosa que durante el neoliberalismo de colores jugaba más bien a la seducción (prometiendo sueños de éxito individual urbi et orbe, economía de mercado junto a libertades políticas y civiles), a otra que es más abiertamente violenta, un proyecto de expulsión y orden jerárquico expreso: Si los sueños para todos no son factibles, lo serán para los míos, si se portan bien. ¿En qué sentido la nueva oleada está atravesada por un incremento generalizado de la violencia, en sus diversas formas y, sobre todo, en sus cruces (la violencia heteropatriarcal, la violencia corporativa, la violencia represora de los estados y la violencia del fascismo social)?

¿LOS IMPACTOS?

Si, a pesar de todo, queremos atender a los impactos, hay varias claves a tener en cuenta. (1) No pensarlos en términos de unos países frente a otros, sino de pueblos contra capitales, entendiendo al mismo tiempo las desigualdades que atraviesan a los pueblos. Es en ese sentido que proponemos pensar en términos del impacto en la virulencia del conflicto capital-vida y en las condiciones de vida de sujetos desigualmente posicionados en ese sistema de dominación múltiple. (2) Hablar en términos vitales, que entendamos todxs y que acerquen los TCI a la vida concreta, en lugar de alejarlos. (3) Atender a la vida de las mujeres como un lugar privilegiado para comprender el significado y los impactos de los TCI (en el norte global, priorizar mirar desde las vidas de las mujeres migrantes, que enlazan las diversas oleadas de tratados). (4) No usar solo metodologías cuantitativas; recurrir también a las cualitativas y huir de la obsesión por replicar las técnicas economicistas del discurso oficial. (5) Calibrar bien el esfuerzo que ponemos en este análisis de impacto, para evitar los tres riesgos de un sobredimensionamiento de lo técnico: perderse en el laberinto de información, desanimarse, y poner en marcha una movilización a dos niveles (el técnico y superior, que conoce; el afectado, que se moviliza a golpe de batuta de lo técnico).

Hay dos formas de entrada a los impactos. Podemos ver los impactos sobre lo que ya hay, es decir, sobre la estructura socioeconómica que ya existe (los servicios públicos, la agricultura, determinados sectores productivos…). O podemos preguntarnos por los impactos sobre lo que querríamos que hubiera, intentando entender qué implican los TCI en términos de la posibilidad de poner en marcha alternativas, creándolas o reforzando las que están. Se trataría, por ejemplo, no de preguntarse cómo afectan al sector agrario, sino a la soberanía alimentaria. La segunda opción es mucho más potente, porque significa abordar uno de los problemas centrales que se han detectado en lo que podríamos englobar bajo el paraguas de lucha antiglobalización: alcanzar amplios niveles de acuerdo en el diagnóstico, pero no en la contrapropuesta, dejando esta para un segundo momento y llegando sin fuerzas o abordándola desde el conflicto. Si queremos ver los impactos en términos de amputación de la capacidad de asentar alternativas, tenemos que abordar estos debates desde el principio: resistimos y luchamos al mismo tiempo.

¿Cómo podríamos incluir una mirada feminista en la primera opción, la más clásica? (1) Atendiendo a la cara B de la economía, las dimensiones feminizadas que suelen desatenderse al mirar los impactos en determinadas áreas (por ejemplo, preguntarnos por los impactos de la privatización de servicios públicos en términos de aumento de trabajo de cuidados no remunerado). (2) Preguntándonos dónde y cómo termina resolviéndose la vida en un contexto de mayor dificultad (por ejemplo, si se destruirán redes de apoyo mutuo, o cómo abordarán los hogares el encarecimiento de productos básicos, si reduciendo el consumo, aumentando el trabajo no remunerado, etc.). (3) Ampliando los sectores a analizar, prestando especial atención a aquellos feminizados que suelen ser más opacos para una mirada productivista, entre otros: la atención a la dependencia, el cuidado infantil y el empleo de hogar, así como las bioeconomías de la reproducción asistida. (4) Atendiendo a las desigualdades de género, en intersección con otros ejes de privilegio/opresión, que atraviesan los sectores que miremos (por ejemplo, al ver el impacto en el empleo, prestar atención a los sectores laborales feminizados, e incluir datos desagregados por sexo y por aquellas otras variables que hayamos definido como más pertinentes para nuestro contexto).

La segunda opción nos obliga a abordar una pregunta muy potente, si bien difícil de responder: ¿cuál es nuestro horizonte de subversión, desde una mirada feminista, ecologista, decolonial y de clase? Hay horizontes que sí tenemos claros, como, por ejemplo, la soberanía alimentaria, aunque precisen de una redefinición feminista. Otros están asentándose, como quizá sea el caso de la soberanía energética. Otros más no están claros, sino que son objeto de importantes debates. Por ejemplo, ¿cuál es el horizonte respecto al trabajo/los trabajos?: ¿La desaparición del trabajo asalariado y su contracara de los cuidados inmolados? O, de una manera más limitada, ¿la redistribución de los trabajos existentes y el freno de la precarización laboral? Otra posibilidad sería hablar del impacto en términos de acceso a derechos, enfatizando aquellos que el feminismo reivindica y quedan a menudo desplazados (por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la vivienda…). Una pregunta con especial relevancia para el feminismo es cuál es nuestro horizonte en materia de cuidados: ¿la garantía universal de un derecho al cuidado?, ¿la socialización de los cuidados?, ¿la desaparición de los cuidados inmolados para construir una economía donde el cuidado de la vida sea el eje gravitatorio? Otro elemento que podría marcar nuestro horizonte son los comunes como modo de articulación de la vida en común.

No se trata de tener los horizontes niquelados antes de preguntarnos sobre los impactos de los TCI en ellos, sino de aprovechar la ocasión para lanzar una propuesta tentativa y provisional de horizontes aglutinadores. Quizá podríamos pensar en aquellos horizontes que suscitan mayor movilización social, para enganchar el trabajo sobre TCI con las movilizaciones políticas en marcha. Desde los feminismos, se está proponiendo pensar estos horizontes en términos de diversas soberanías vinculadas. Así, Bilgune Feminista plantea la soberanía feminista como “el proceso de transformación global de las relaciones sociales capitalistas, que son en sí mismas heteropatriarcales. Es el marco común de subversión que debe articular el cambio hacia otra organización de la economía orientada a la satisfacción de las necesidades sociales y al bienestar colectivos”⁷. A su vez, Justa Revolta entrecruza soberanía (re)productiva, de curas y afectos (entendiendo que dentro de esta soberanía productiva también está la reproductiva); soberanía popular; soberanía ecológica (dividida en dos: alimentaria y energética); soberanía cultural y soberanía del propio cuerpo.

CONFRONTANDO DESDE LA VIDA

En definitiva, cualquier cosa que hagamos sobre los TCI ha de servirnos para construir un lenguaje de confrontación que enganche con la vida concreta y se dirija no solo contra los TCI, sino contra el sistema del que son herramienta; para identificar las rearticulaciones que está experimentando ese sistema así como comprender el funcionamiento de dimensiones que tienden a permanecer ocultas; y para ir definiendo un horizonte de subversión que pueda ser compartido y mine al poder corporativo a la par que nos obliga a afrontar las desigualdades que nos atraviesan.

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1- Este texto se basa en el trabajo realizado con OMAL a lo largo de 2017 y 2018 en torno a los TCI y, en concreto, en los siguientes documentos:

• Amaia Pérez Orozco (2018), “Manual de instrucciones para leer un tratado”, Revista Pueblos, 76
• Amaia Pérez Orozco (2017), Aprendizajes de las resistencias feministas latinoamericanas a los Tratados de Libre Comercio e Inversión. Del no al ALCA al cuestionamiento del capitalismo patriarcal , OMAL-Paz con Dignidad.
• Gonzalo Fernández (2018a, próxima publicación), Mercado o democracia. Los tratados comerciales en el capitalismo el siglo XXI, Icaria.
• Gonzalo Fernández (2018b), “Claves para interpretar la nueva oleada de tratados y acuerdos de comercio e inversión”, Revista Pueblos, 76.

2-  Usamos este término para distinguirlos de otra forma deseable de cuidados (entendidos como la gestión corresponsable de la vida en común) que sería más bien una contrapropuesta a las formas de trabajo dominantes hoy, ambas alienadas: el trabajo asalariado y los cuidados inmolados.

3- Con este término irónico nos referimos al trabajador (aparentemente) libre de cuidados aquel que, aparentemente, no tiene necesidades propias ni responsabilidades sobre la vida de otras personas que condicionen su inserción en el mercado laboral.

4- Todos los términos entrecomillados en este apartado los tomamos de Fernández (2018a).

5- Lo cual no significa que el poder corporativo logre efectivamente salir de la crisis de rentabilidad en la que está, o poner en marcha otra onda larga de acumulación capitalista.

6- Acrónimo con el que irónicamente nos referimos al sujeto que domina el proceso de acumulación y que se sitúa en la cúspide de la intersección de ejes de privilegio: el blanco, burgués, varón, adulto y hetero.

7- Tomamos este extracto de Uzuri Aboitiz (2018), “Soberanía feminista: una aproximación a la soberanía desde la vida cotidiana”, en VVAA, Conjugando la soberanía , Iratzar Fundazioa.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/vidas-precarias/oleada-de-tratados-contra-la-vida-no-son-los-impactos-es-el-sistema